La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.055 millones de pesos contra el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el denominado ‘Cartel de los enfermos mentales’.
El ‘cartel de los enfermos mentales’ se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones, a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.
Guerra fue vinculado al proceso y deberá responder en versión libre ante la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en el departamento de Sucre. El proceso se inició por los pagos irregulares efectuados por la Gobernación, de 155 facturas a favor de diferentes IPS, en cuantía superior a los 1.055 millones de pesos.
Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.
Según el ente de control fiscal, el total de los pagos irregulares superó los 5 mil millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron.
Tampoco hubo autorización del Ministerio de Salud para efectuar la entrega del dinero a IPS privadas ni se hallaron soportes que probaran la capacidad de estas para prestar los supuestos servicios contratados.
En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.
Por la gravedad de las irregularidades evidenciadas, la Contraloría puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, denunciando el denominado cartel, en la Gobernación de Sucre.
