La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) emitió la Resolución 2024320030012632-6, prorrogando por un año la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de FAMISANAR EPS S.A.S., una entidad promotora de salud que opera dentro del régimen contributivo en Colombia. Esta intervención, que ya se había ordenado inicialmente en septiembre de 2023 y que ahora se prorroga hasta el 15 de septiembre de 2025, responde a múltiples incumplimientos financieros y administrativos que ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios de salud a sus más de 2.8 millones de afiliados.
Como tal, el sistema de salud colombiano, el cual se basa en principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, requiere que las entidades promotoras de salud (EPS) cumplan con estrictas normativas financieras y de solvencia para operar. Sin embargo, desde 2023, FAMISANAR ha presentado graves deficiencias en este aspecto, incumpliendo con lo establecido en los artículos del Decreto Ley 663 de 1993 y otras normativas relevantes.
¿Por qué la Supersalud ha tomado esta medida?
Las causales que llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a tomar medidas respecto a Famisanar EPS están fundamentadas en varios incumplimientos graves establecidos en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993.
- Incumplimiento del capital mínimo y patrimonio adecuado: Famisanar EPS ha presentado un déficit significativo en términos de capital mínimo y patrimonio adecuado. Según los informes financieros, a junio de 2023 el capital mínimo era de -$1,104 billones y el patrimonio adecuado de -$1,480 billones. Esta situación se agravó en junio de 2024, con un capital mínimo de -$1,562 billones y un patrimonio adecuado de -$1,944 billones. Este déficit impacta directamente la solvencia de la EPS, dificultando su capacidad para garantizar la prestación adecuada de servicios de salud.
- Graves inconsistencias en la información financiera reportada: La EPS ha presentado inconsistencias graves en los datos financieros suministrados a la Superintendencia. Estas inconsistencias impiden conocer de manera precisa la situación económica y contable de la entidad, afectando la transparencia y dificultando las acciones de inspección y control por parte de la Superintendencia. En particular, se identificaron errores en los reportes relacionados con los pagos a prestadores y proveedores, los cuales no coinciden con las diferentes bases de datos consultadas.
- Incumplimiento de obligaciones de pago a la red de prestadores: Famisanar EPS ha incumplido con sus obligaciones de pago a la red de prestadores de salud, lo que ha afectado la calidad y oportunidad de la atención médica. Este incumplimiento, junto con los problemas financieros mencionados, pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de los afiliados. Además, se ha reportado un incremento del 11,22% en las reclamaciones por falta de acceso a los servicios de salud en los últimos 12 meses.
- Incremento de las pérdidas acumuladas: Las pérdidas acumuladas por la EPS han incrementado la brecha en el cumplimiento de las obligaciones financieras. La entidad ha demostrado una incapacidad para reducir estas pérdidas, lo que refuerza la necesidad de intervención por parte de la Superintendencia para salvaguardar los recursos del sistema de salud y garantizar la prestación de los servicios a los usuarios.
- Incumplimiento de normas contractuales por parte de Famisanar EPS: Este fue uno de los factores más graves que motivaron la prórroga de la intervención forzosa. La Supersalud identificó varias fallas importantes en la gestión y liquidación de contratos con prestadores y proveedores, las cuales afectaron directamente la prestación de los servicios de salud a los afiliados. A julio de 2024, Famisanar EPS tenía 779 contratos pendientes de liquidar, lo que significa que no se habían finalizado adecuadamente los acuerdos con los prestadores de servicios de salud. Además, se destacó que la EPS no había realizado un adecuado seguimiento a los contratos vigentes, lo que afectaba la supervisión de las obligaciones contractuales relacionadas con los servicios efectivamente prestados por terceros.
Implicaciones para los afiliados con esta medida
De acuerdo con la resolución, uno de los aspectos más preocupantes de la situación financiera de FAMISANAR es su impacto directo en la prestación de servicios a los afiliados. Durante el último año, la EPS ha visto un aumento del 11,22% en las quejas y reclamaciones relacionadas con la negación de citas médicas y la falta de acceso oportuno a servicios de salud. En especial, se han identificado fallas en la atención a casos de cáncer y en la prestación de servicios esenciales como la consulta médica general.
Además, FAMISANAR no ha logrado implementar de manera efectiva las estrategias del Plan Nacional de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, lo que ha resultado en un insuficiente control sobre la mortalidad materna, a pesar de algunos avances en la captación de gestantes.
Entre tanto, la intervención forzosa administrativa, encabezada por la agente especial Sandra Milena Jaramillo Ayala, busca restaurar la viabilidad financiera de la EPS y garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados han sido mixtos. Si bien se ha logrado controlar ciertos riesgos, como la desnutrición en menores de cinco años, persisten graves problemas en la oportunidad y calidad del acceso a los servicios.
El deterioro financiero de FAMISANAR ha generado incertidumbre sobre la sostenibilidad de sus operaciones. La EPS continúa incumpliendo con las condiciones mínimas de capital para su funcionamiento, lo que pone en duda su capacidad para seguir operando en el sistema de salud.
Retos y futuro de la intervención de Famisanar EPS
El futuro de FAMISANAR sigue siendo incierto. La prórroga de la intervención tiene como objetivo estabilizar la situación, pero la magnitud de los problemas financieros y administrativos hace que la viabilidad a largo plazo de la EPS sea cuestionable. La Superintendencia Nacional de Salud continuará supervisando de cerca la implementación de las medidas correctivas y evaluará si es necesario extender aún más la intervención.
Para los afiliados, la incertidumbre se traduce en dificultades continuas para acceder a los servicios de salud a los que tienen derecho, un desafío que FAMISANAR y las autoridades deben abordar con urgencia para garantizar la protección del derecho fundamental a la salud.
Descargue aquí la Resolución 2024320030012632-6:
