Este viernes, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó una medida cautelar en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que por medio de la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas que están siendo accionadas, adelanten todas las gestiones que corresponde para el saneamiento de la cartera que se encuentra debidamente acreditada a favor de las IPS. Asimismo, deberán garantizar el flujo de recursos que permita hacer el pago oportuno y completo de las obligaciones para que se pueda garantizar a la población los servicios de salud en Medellín.
Órdenes de la medida cautelar
El fallo ordena que, en un plazo de 30 días calendario, las entidades nacionales mencionadas adelanten todas las gestiones necesarias para:
- Hacer efectivo e inmediato el pago de la cartera vencida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de Medellín.
- Garantizar el flujo completo y oportuno de giros directos por parte de la ADRES, principalmente frente a las facturas radicadas ante las EPS intervenidas.
- Realizar el pago a gestores farmacéuticos y proveedores, para asegurar el suministro de medicamentos, insumos y la continuidad en la prestación del servicio.
Fundamento de la acción popular
La solicitud fue presentada por el Distrito de Medellín con el fin de evitar un daño inminente en la vida, salud e integridad de la población. La demanda describe una situación crítica: cierres de servicios de salud, mora en el pago a trabajadores del sector, suspensión de medicamentos, cancelación de citas, y colapso de servicios de urgencias, lo cual motivó la declaratoria de alerta hospitalaria distrital mediante la Circular No. 202560000083 de 2025.
Entre las pruebas aportadas figuran certificados de cartera de hospitales públicos, comunicaciones de proveedores suspendiendo servicios por falta de pago, y oficios de clínicas como El Rosario, Cardio VID y Promotora Médica Las Américas, evidenciando la afectación financiera.
Posturas de los demandados
- ADRES argumentó que actúa únicamente como pagador y que no tiene relación contractual con las IPS.
- EPS como Coosalud, Sanitas, Nueva EPS y Savia Salud pidieron negar la medida, alegando que no se probó el perjuicio inminente, que no es procedente ordenar pagos contractuales mediante acción popular, y que no hay evidencia de la violación a derechos colectivos.
- La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que no tiene competencias de coadministración y que su función es de inspección y vigilancia.
No obstante, IPS privadas como Clínica El Rosario y Cardio VID respaldaron la medida cautelar, describiendo situaciones de suspensión de servicios y acumulación de cartera por cientos de millones de pesos.
El Tribunal consideró que se cumple con los requisitos para dictar medida cautelar conforme a la Ley 472 de 1998 y el artículo 231 del CPACA. Además identificó un daño actual y verificable que afecta el acceso a la salud en Medellín, el cual debe cesar y prevenirse, dado que su progresión puede hacer ineficaz una eventual sentencia definitiva.
Nota: Aclaramos que el titular inicial de esta nota se basó en el comunicado oficial de la Alcaldia de Medellín, en el cual se menciona que “El fallo ordena al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas que paguen $20.3 billones de deuda con las clínicas y hospitales públicos y privados en un plazo máximo de 30 días“.
