La Alcaldía de Medellín ha interpuesto una acción popular contra el Gobierno Nacional, señalando una crisis sin precedentes en el sistema de salud que pone en riesgo la vida de millones de ciudadanos. La demanda, respaldada por gremios y entidades de salud, busca medidas urgentes para garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos.
Contexto de la demanda: una crisis estructural
El 30 de mayo de 2025, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La demanda se dirige contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las EPS intervenidas Savia Salud, Coosalud, Nueva EPS y Sanitas. El objetivo es que se tomen medidas cautelares para garantizar el flujo oportuno de recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y se actualice la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Deudas millonarias y colapso operativo
Según el Estudio de Cartera n.º 53 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda del Ministerio de Salud con las IPS supera los 20,3 billones de pesos a nivel nacional. En Medellín, las EPS intervenidas adeudan más de 135.000 millones de pesos al Hospital General de Medellín, 34.000 millones a Metrosalud y casi 12.000 millones al Hospital Infantil Concejo de Medellín. Estas cifras reflejan una asfixia financiera que ha llevado al cierre de servicios, despidos de personal y una saturación del 130% en las salas de urgencias de la ciudad.
Alerta hospitalaria: una medida desesperada
Ante la crítica situación, la Alcaldía de Medellín declaró la alerta hospitalaria. Esta medida busca activar protocolos para agilizar la liberación de camas, priorizar la atención domiciliaria y garantizar la disponibilidad de citas prioritarias en las EPS. La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, explicó que la sobreocupación hospitalaria en Medellín llegó al 130%, afectando tanto a hospitales públicos como privados que atienden a pacientes de diversas regiones del país.
Apoyo de gremios y entidades de salud
La acción popular ha recibido el respaldo de gremios y entidades de salud. La Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (ASSOSALUD) anunció su adhesión a la demanda, destacando la necesidad de defender el derecho a la salud y los derechos laborales de los profesionales del sector. Además, se han sumado Asosalud y el Sindicato del Hospital General de Medellín, entre otros, recogiendo evidencias y testimonios para presentar al Tribunal de Antioquia.
Exigencias al Gobierno Nacional
La demanda presentada por la Alcaldía de Medellín incluye varias solicitudes clave:
- Ordenar al Gobierno Nacional el pago inmediato de las carteras vencidas a las IPS de la ciudad.
- Garantizar el flujo completo de los giros a las IPS por las facturas radicadas ante las EPS intervenidas.
- Realizar el pago completo a los gestores farmacéuticos y proveedores de servicios.
- Actualizar la UPC, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, para reflejar adecuadamente los costos del sistema de salud.
Estas medidas buscan evitar el colapso del sistema de salud y garantizar el acceso oportuno y eficiente a los servicios médicos para la población.
Implicaciones para el sistema de salud colombiano
La acción legal emprendida por la Alcaldía de Medellín pone en evidencia las profundas fallas estructurales del sistema de salud colombiano. La falta de pagos oportunos, la intervención de EPS sin garantizar recursos a las IPS y la insuficiencia de la UPC han generado una crisis que afecta directamente a los pacientes y al personal de salud. La situación en Medellín podría ser un reflejo de una problemática más amplia que requiere atención inmediata y reformas estructurales para garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia.