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¿Qué significa la inembargabilidad de los recursos del SGSSS?

En este artículo de Consultorsalud damos a conocer algunas bases legales que sustentan el principio de inembargabilidad en el sistema de salud y cómo afecta a las EPS

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que es inembargabilidad recursos sistema de salud

La noticia acerca de la toma de posesión de Coomeva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ha generado múltiples reacciones dentro del sistema de salud colombiano. Debe recordarse que esta promotora se encuentra bajo vigilancia especial desde hace 4 años y medio, medida adoptada para modificar sus indicadores operacionales sin el éxito esperado.

En parte, la falta de liquidez que experimenta Coomeva se debe al embargo de $164.025 millones, siendo $53.563.824.953 pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Como este monto hace parte del sistema, en teoría la legislación colombiana los considera como recursos inembargables como consta en la Ley 1564 del 2012 en su artículo 594: “no se podrán embargar: los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social”. Este argumento también se ve reflejado en la Ley 1751 de 2015 en su artículo 25: “Los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente“.

Tras conocer dos bases sobre la normatividad, dentro de los usuarios y actores surge la misma pregunta: ¿es legal la decisión de embargar los recursos mencionados? De acuerdo con varias decisiones de la Corte Constitucional, se ha establecido que la inembargabilidad no opera de forma absoluta: “(…) podrán imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica (…)”. (Sentencia C- 313 de 2014). Hoy en día, en materia legal se contemplan cuatro excepciones, que serán enunciadas tal y como han sido presentadas por las autoridades en la materia:

  • La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
  • La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. “Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos“.
  • La tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación.
  • Las reglas de excepción anteriormente descritas lejos de ser excluyentes son complementarias, pero mantiene plena vigencia la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

En la evaluación de la inembargabilidad de recursos del sistema de salud, los lectores deben tener presente que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió mediante Circular 24 de abril 25 de 2016, las responsabilidades que recaen sobre los diferentes agentes del SGSSS, al administrador fiduciario (ADRES) para velar por la protección de estos recursos parafiscales cuando se imponga al embargo como medida cautelar:

i) Las autoridades judiciales o administrativas que tengan en su conocimiento procesos en los que se soliciten medidas cautelares sobre bienes considerados inembargables, en caso de decretarlas, deberán sustentar la procedencia de la excepción a la regla de inembargabilidad.

ii) Las entidades responsables de dar cumplimiento a las órdenes de embargo se abstendrán de cumplirlas si no se les indica el fundamento de la excepción, y en tal caso, deberán informar sobre el no acatamiento de la medida, en respuesta a lo cual, la autoridad que la decretó, deberá pronunciarse sobre si procede alguna de las excepciones.

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¿Cómo opera el principio de inembargabilidad de recursos para estos casos?

Las excepciones del principio de inembargabilidad aplican cuando los recursos estén cobijados bajo una o varias de las presentadas, aunque en su concepto primario sean inembargables. Esto también aplica para los valores de la UPC dentro de los que también están contemplados los gastos administrativos, necesarios para el funcionamiento de la EPS o de otras entidades del sector salud colombiano. Antes de conocerse la decisión del juzgado de Barranquilla, en 2019 Coomeva EPS dirigió un recurso de reposición y subsidio de apelación en un proceso ejecutivo distinto al que hoy está bajo la lupa luego de que se decretaran medidas cautelares en su contra, destacando entre sus argumentos los siguientes:

  • “Se observa que el embargo recae sobre gastos de administración conforme lo regulado
    en el artículo 23 de la ley 1438 de 2011
    (…) “En la sentencia C-1040 de 2003, en vista de una demanda contra el artículo 111 (parcial) de la ley 788 de 2002 bajo el argumento de que desconocía la destinación específica de los recursos de la seguridad social al gravar en porcentajes del 20% – en el régimen contributivo- y 15% -en el régimen subsidiado- los recursos que reciben las EPS de la UPC con el impuesto de industria y comercio, la Corporación explicó que los recursos del SGSSS son parafiscales y que la destinación específica cobija tanto los rubros dirigidos a la prestación de los servicios del POS, como los de gastos de administración del sistema, los cuales consideró que son los destinos de la UPC””.
  • La Corte reiteró que las cotizaciones, tarifas, copagos y bonificaciones que las EPS recaudan son contribuciones parafiscales que no se pueden confundir con su patrimonio, e indicó que uno de los destinos de esos recursos permitido por la Constitución es el pago de los gastos administrativos en los que incurren las EPS. Para la Corporación, los gastos administrativos que paga la UPC son necesarios para la prestación del servicio de seguridad social en salud.
  • Lo contrario ocurre con los recursos propios de las EPS originados en sus ganancias, contratos de medicina prepagada, etc., los cuales, precisó la Corporación, no son recursos del sistema y, por tanto, sí pueden ser gravados. Por estas razones se declaró inexequible la expresión “diferentes a los que financian gastos administrativos” del precepto demandado”.
  • Los dineros de unidad de pago por capacitación UPC, que se encuentran a cargo y bajo el manejo de COOMEVA E.P.S, como ocurre con los recursos que pretenden ser objeto de medidas cautelares por el despacho, no hacen parte del patrimonio de las EPS, sino que son los recursos utilizados para financiar el PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD y por tal motivo dichos recursos son inembargables.

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Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se ha afirmado que recae sobre los jueces del país decidir si los recursos en pleito son inembargables o si se ven condicionados por alguna de las excepciones descritas. Por supuesto, en la decisión debe fundamentarse la elección realizada teniendo en cuenta los parámetros y la jurisprudencia existente frente a este tema. Aquí, los integrantes de la Rama Judicial se enfrentan, entre otros, a este problema jurídico descrito en el documento de apelación: existe una confusión recursos relacionados con los gastos de administración transferidos a las EPS.

En concreto, lo anterior se refiere a los recursos UPC (Unidad de Pago por Capitación). Estos recursos de acuerdo con la Corte Constitucional, basada en el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, reitera que éstos incorporan “en un todo indivisible los costos que demanda la organización y los que garantizan la prestación del servicio público de la salud”. Para el caso Coomeva EPS, de acuerdo con declaraciones hechas por el Grupo Coomeva al diario El Espectador, la situación financiera de la empresa promotora es compleja debido a los múltiples embargos que recaen sobre ella y que alcanzan los $236.477 millones. En distintos casos, Coomeva EPS se ha adherido al concepto de recursos inembargables para que dichas medidas no generaran mayores perjuicios, no obstante, no se han resuelto las peticiones de manera favorable.

“(…)en el sentido de la inembargabilidad de los recursos de la salud, especialmente de los aportes de los afiliados a las EPS, dado que estos recursos pertenecen al Sistema de Salud y no a la entidad aseguradora, lo que impacta directamente el proceso de compensación de la EPS ante la ADRES. Dicha problemática afecta no solo a la EPS, sino también a su red de prestadores de servicios de salud”. De manera que, lo que se busca con la toma de posesión de la Superintendencia Nacional de Salud es cuidar los recursos pertenecientes al SGSSS, sin que la EPS interrumpa los servicios de salud que ofrece a sus 1.382.357 afiliados con las garantías de atención oportuna y de calidad que rigen a todas las EPS operantes en el territorio nacional.

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10 EPS entre el ranking de las compañías más grandes por ingresos operacionales de 2020

Solo las 50 empresas más grandes del país representan el 40% de los ingresos operaciones, esto equivale a $282 billones de pesos.

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10 EPS entre el ranking de las compañías más grandes por ingresos operacionales de 2020

Anualmente la Superintendencia de Sociedades publica un informe de alta relevancia para el sector empresarial del país, en éste se destacan las 1.000 compañías más grandes del país, teniendo como base la información financiera reportada con corte a 31 de diciembre de 2020, medida por ingresos operacionales, reportada por 27.952 sociedades que entregaron los reportes.

Cabe resaltar, que los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes del país suman $697 billones de pesos, presentando una disminución de 7,6% frente al año anterior ($754 billones). De este gran total, un 51% es aportado por las 100 empresas más grandes del país ($360 billones).

Además, el actual informe corresponde a la información de estados financieros individuales de las empresas para el año 2020 con corte a 31 de diciembre. Para este reporte, se integró información de la Superintendencia de Sociedades (834 sociedades), la Superintendencia Financiera (30 sociedades), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (12 sociedades), la Superintendencia de Salud (107 entidades), la Superintendencia de Transporte (1 sociedad) y la Superintendencia de Servicios Públicos (16 sociedades).

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Top 10 empresas más grandes por ingresos operacionales en Colombia

Solo las 50 empresas más grandes del país representan el 40% de los ingresos operaciones, esto equivale a $282 billones de pesos, mientras que las primeras 10 representan casi el 20%, equivalente a $137 billones. Estas son:

  1. ECOPETROL S.A
  2. COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
  3. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
  4. ALMACENES EXITO S A
  5. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
  6. NUEVA EPS
  7. REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S.
  8. CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.
  9. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
  10. KOBA COLOMBIA SAS

Siendo un poco más amplios entre el top 50 de las empresas con mayores ingresos operacionales, se posicionan 10 EPS, la primera en figurar es es la administradora más grande del país, la Nueva EPS que cerró el 2020 con $9.9 billones en ingresos operacionales ocupando el puesto 6.

En el puesto número 13 aparece Sura con ingresos operacionales de más de $6 billones de pesos; en la posición 15 figura Sanitas con $5.6 billones en ingresos operacionales en 2020. El puesto 23 en el ranking es para la EPS salud total que cerró el 2020 con más de $4.0 billones de pesos.

En los puestos 27,28 aparecen Medimás EPS y Compensar con más de $3 billones de pesos cada una. Para concluir, en los puestos 35, 38, 43, y 49 están Famisanar, Coosalud, Coomeva y Mutual respectivamente con más de $2 billones de pesos de ingresos operacionales.

Otras compañías del sector salud que se destacan en la lista, es Cruz Verde que ocupa la posición 39 con $2.6 billones de pesos en ingresos operacionales y Audifarma en la posición 42 con $2.4 billones de pesos.

Afectaciones en el sector salud

Finalmente, la SuperSociedades desataca los efectos de la crisis generada por el coronavirus en los sectores y subsectores de la economía colombiana:

afectacion sectores ingresos

Para concluir, en el top 10 de las compañías con mayor patrimonio negativo del país, figuran 7 EPS:

EmpresaTotal patrimonio 2020
C.I. PRODECO S.A.-2.6 billones
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA-1.0 billones
ASMET S.A.S.-758.364 millones
EMSSANAR S.A.S-591.723 millones
COOMEVA-486.899 millones
MERCADERIA SAS-463.280 millones
COMPARTA-441.526 millones
SAVIASALUD-422.536 millones
CONVIDA-259.565 millones
COMFAMILIAR HUILA-230.051 millones

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4 desafíos en el manejo del cáncer de próstata

Si bien ha aumentado la tasa de supervivencia al cáncer de próstata y muchos pacientes tienen varias opciones de tratamiento sigue siendo insuficiente.

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4 desafios manejo del cancer de prostata

Este 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, enfermedad que afectará a 1 de 8 hombres en el transcurso de su vida. De acuerdo con la American Cancer Society, aproximadamente 6 de 10 casos se diagnostican en individuos desde los 65 años hasta edades más avanzadas, en el caso de hombres menores de 40 años se trata de una patología poco frecuente.

Desde la perspectiva global, este es el tipo de cáncer más común en la población masculina aunque se tiene una supervivencia actual de 10 años (según datos de la American Cancer Society). Y si bien se ha evidenciado un incremento en el número de casos, también se ha visto una mejor respuesta a los tratamientos, lo que ofrece al paciente una buena calidad de vida a pesar de sufrir la enfermedad. Lo anterior no quiere decir que las alternativas existentes son perfectas, de hecho, no todos los individuos gozan de una atención oportuna.

En relación a esto, se publicó en la página web Medscape se publicaron los desafíos que todavía deben enfrentar los urólogos, oncólogos y demás profesionales involucrados en el abordaje del cáncer de próstata. Las opiniones son del Dr. Bert Vorstman, quien se pregunta si la atención que se ofrece en realidad está basada en la evidencia, considerando que todos los pacientes tienen derecho a esperar que su cribado, diagnóstico y tratamiento estén respaldados por la ciencia y este método que ha ganado confianza entre los especialistas.

1. Aumentan los casos de cáncer de próstata pero no su supervivencia

Para el Dr. Vorstman, a tasa de mortalidad anual en EE.UU. es de unos 30.000 casos y disminuye lentamente con el paso de cada década. Este fenómeno no se debe a los resultados de los tratamientos médicos o al aumento en la detección temprana; las autoridades sanitarias han evidenciado una aumento gradual de la esperanza de vida debido a un mejor tratamiento de las infecciones y las comorbilidades. Por último, el especialista indica que el mercado farmacéutico estadounidense está preparado para alcanzar los 30.600 millones de dólares en 2025.

2. El cáncer de próstata no aplica para la puntuación Gleason 6

El Dr. Laurence Klotz y otros han determinado que el grado 3 de la puntuación de Gleason 3+3 = 6 carece de los rasgos distintivos del cáncer sobre la base de su resultado clínico y su biología molecular. Lo anterior significaría que el grado 6 de Gleason no debería diagnosticarse como cáncer y no debería tratarse ni incluirse en las estadísticas de cáncer de próstata, aunque en múltiples guías se indique lo contrario.

Debido a la complejidad y subjetividad del sistema de clasificación de Gleason, son frecuentes los errores de interpretación y los diagnósticos incorrectos basados en las puntuaciones de este sistema.

Además, los cánceres de próstata no sólo presentan diferentes grados de agresividad, sino que también se ven afectados por el fenómeno de los efectos de campo, que pueden producirse a través de cambios genéticos o epigenéticos. Esto explica por qué el cáncer puede detectarse en más de una zona de la próstata o desarrollarse en otra parte y ser de diferente grado cuando se encuentra durante la vigilancia en una fecha posterior.

Entonces, ¿qué cánceres de próstata son potencialmente letales y responsables de las 30.000 muertes anuales en Estados Unidos? Esencialmente, los diagnosticados con grados de Gleason 4+3, 4+4 y cualquier otro con 5. Por otra parte, los que tienen 3+4 y, en particular, los que tienen cantidades bajas de enfermedad de patrón 4 -la cantidad crítica está aún por establecer- parecen tener una historia natural similar a la de la falsa enfermedad de grado 6 de Gleason descrita anteriormente.

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3. La cirugía del cáncer de próstata localizado no mejora la supervivencia

En su texto, el Dr. Vorstman recurre a diferentes investigaciones para sustentar esta idea. Iniciando con el estudio Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT), el especialista considera que éste arroja más dudas sobre la utilidad del tratamiento quirúrgico en comparación con la vigilancia activa. “Entre los hombres con cáncer de próstata localizado detectado durante la primera época de las pruebas del PSA, la prostatectomía radical no redujo sustancialmente la mortalidad por todo tipo de cáncer o por cáncer de próstata, en comparación con la observación, durante al menos 12 años de seguimiento. Las diferencias absolutas fueron inferiores a 3 puntos porcentuales”, se lee en las conclusiones.

Un segundo estudio citado, realizado por urólogos, hizo un seguimiento de los pacientes durante 29 años. En sus conclusiones dio a entender que la prostatectomía radical permitió “ganar una media de 2,9 años de vida”. Sin embargo, esta investigación incluyó a hombres con enfermedad de Gleason 6 y trató a otros participantes con supresión de testosterona, que en sí misma puede producir una prolongación de la vida.

Para aumentar la confusión, como indica el esoecialista, los estudios quirúrgicos suelen incluir a pacientes con una mezcla de grados de Gleason, puntuaciones y volúmenes tumorales. En cuanto a la estadificación del cáncer de próstata, ésta se ha realizado habitualmente sobre la base de tomografías computarizadas y gammagrafías óseas, ambas muy poco fiables porque estas tecnologías no son lo suficientemente sensibles como para detectar la propagación del cáncer en volúmenes pequeños.

“Esta preocupación particular se ha visto respaldada por los estudios de aspiración de médula ósea y el uso de sofisticadas técnicas de tinción, que sugieren la presencia de micrometástasis en la médula ósea de hombres con estudios de estadificación negativos”, señala.

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4. La seguridad y la eficacia de la prostatectomía robótica nunca se han evaluado adecuadamente

A pesar de que un estudio clínico de bajo nivel realizado en México no registró ningún beneficio del dispositivo robótico en la cirugía de la vesícula biliar y la fundoplicación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó esta herramienta quirúrgica, tremendamente costosa, en 1999 sobre la base de que el dispositivo robótico “demostraba un potencial para futuras mejoras de la cirugía”, señala el especialista.

Dado que la prostatectomía robótica no se somete a pruebas de seguridad y eficacia, no es de extrañar que la lista de complicaciones asociadas a esta cirugía sea alarmantemente larga:

  • Son habituales los problemas de vejida y de la función sexual.
  • Innumerables hombres se deprimieron con sus resultados tras la operación de cáncer de próstata.
  • Se creó una industria de prótesis para fabricar dispositivos implantables de control urinario y de erección del pene.

“El fracaso de estos artilugios ha dado lugar a más cirugías “correctivas”, mayores costes y mayor sufrimiento para los pacientes que luchan por mantener las relaciones con sus seres queridos”, enfatiza el Dr. Vorstman.

“Lamentablemente, la historia ha dejado muy claro que el mantra de la detección precoz y el tratamiento del cáncer de próstata no sólo es costoso, inexacto y arriesgado, sino que simplemente no salva a un número significativo de hombres. Como comunidad, la pretensión de la urología de ofrecer una medicina basada en la evidencia y en el estándar de atención necesita urgentemente una revisión seria”, concluye el doctor en su texto.

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Invima: ‘ningún privado está autorizado para la importación y aplicación de vacunas contra covid-19’

El Invima informó que hasta el momento ninguna compañía privada tiene autorización de importación o aplicación de vacunas contra el coronavirus.

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Invima 'ningún privado está autorizado para la importación y aplicación de vacunas contra covid-19'

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima– emitió un comunicado con el que informa que hasta el momento no se ha realizado ningún cambio en las Autorizaciones Sanitarias de Uso de Emergencia – ASUE otorgadas a vacunas contra el Covid-19 ya sea para prevenirlo o tratarlo. Específicamente, detalló que no hay autorización de importación de vacunas para personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado.

Recordemos, que la resolución 507 de 2021 publicada por el Ministerio de Salud establece los requisitos para la importación, adquisición y aplicación de las vacunas contra covid-19 por parte de privados:

  • Las vacunas objeto de importación deben contar con una Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1787 de 2020.
  • Garantizar la aplicación de las vacunas importadas en prestadores de servicios de salud o en espacios diferentes a estos, que tenga el servicio de vacunación habilitado. En el respectivo acuerdo con el prestador de servicios autorizado o la entidad autorizada, deberá dejarse constancia acerca de que la aplicación de las respectivas vacunas no afectará la ejecución del Plan Nacional de Vacunación-PNV.
  • Garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas.
  • Contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos durante el tiempo que el agente de derecho privado tenga la custodia del mismo.
  • Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vacuna.
  • Asumir no solamente los costos de la importación y de los biológicos, sino también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma.
  • Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
  • Establecer el procedimiento, registrar y asumir los costos del registro, de las personas vacunadas con los biológicos importados, en la plataforma PAIWEB 2.0.
  • Radicar en el Ministerio de Salud y Protección Social el Plan de Vacunación que seguirá con las vacunas adquiridas.

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Pero además de estos requisitos la resolución menciona que  que los privados interesados en importar dichas vacunas deben solicitar la modificación de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia – ASUE ante el Invima para ser incluidos como importadores, diferentes al titular de la Autorización.

Con base en esto, el Invima informa que ninguna persona  jurídica  de  derecho  privado o persona jurídica con participación pública que se  rija  por  el  derecho privado se encuentra autorizada para la importación de estas vacunas.

Adicionalmente, el proceso de inmunización contra el Covid-19 como se dispone en el Plan Nacional de Vacunación y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 507 de 2021 debe efectuarse a cero costos para los beneficiarios de su aplicación.

Finalmente, el Invima hace un llamado y recomienda a los ciudadanos abstenerse de adquirir y/o aplicarse cualquier vacuna contra covid-19 diferente a las autorizadas y aplicadas de manera gratuita, en ejecución del Plan Nacional de Vacunación.

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