*Sofia Rios Oliveros, subdirectora Determinantes en Salud de la Secretaría Distrital de Salud y María José Tapias Lozada, médica salubrista de la subdirección de Determinantes en Salud*
La “doble carga nutricional”, recién llamada doble carga de malnutrición – DCM-, es un fenómeno crítico de salud pública a nivel global, caracterizado por la coexistencia de dos formas de malnutrición: el déficit de nutrientes, que incluye desnutrición y deficiencias de micronutrientes (ejemplo: anemia), y el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) que se manifiesta en una misma población, familiar o individuo. Esta
paradoja, impulsada por el acceso generalizado y la dependencia de alimentos ultra procesados en el diario vivir, afecta cada vez más a la población.
Estas comidas –ricas en azúcares, grasas saturadas, sal y aditivos– se han convertido en una fuente principal de energía, pero aportan poco o nada en términos de vitaminas y minerales esenciales, lo que genera “hambre oculta” que, aunque no visible de inmediato, tiene consecuencias significativas para la salud.
Curso de vida e intergeneracionalidad
Desde el enfoque de curso de vida, la doble carga de malnutrición se entiende como el resultado de interacciones biológicas y sociales que afectan la salud de manera intergeneracional. En este contexto, la intergeneracionalidad se refiere a cómo las experiencias y condiciones de vida de una generación, incluidos los riesgos o factores de protección en salud, se transmiten y moldean la salud y el bienestar de las generaciones posteriores. Por ejemplo, los desequilibrios de la microbiota intestinal y las alteraciones metabólicas pueden generar problemas de inflamación y una absorción deficiente de nutrientes, conduciendo tanto a la desnutrición como al sobrepeso.
Estos efectos se manifiestan en enfermedades no transmisibles y afectan el bienestar en etapas posteriores de la vida. Además, como señala INCAP (2020), la exposición a la desnutrición en la infancia, seguida de sobrepeso en la adultez, incrementa el riesgo de complicaciones durante el parto en mujeres, ilustrando cómo las condiciones de salud en una generación predisponen a la siguiente.
Este ciclo se refuerza con la transmisión intergeneracional de hábitos alimentarios. Las prácticas de alimentación heredadas, que solían basarse en alimentos naturales en generaciones anteriores, han evolucionado hacia el consumo de productos ultraprocesados, exacerbando la doble carga de malnutrición especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Estos factores amplifican las desigualdades en salud y dificultan las intervenciones, mostrando cómo los patrones nutricionales de generaciones previas pueden disminuir la capacidad de respuesta metabólica y aumentar la carga de enfermedades crónicas en las futuras generaciones, además de ampliar las desigualdades en salud y dificultar la implementación de intervenciones efectivas.
Determinantes sociales de la doble carga de malnutrición
Los determinantes sociales de la doble carga de malnutrición (DCM) incluyen factores sociales, económicos y ambientales que influyen en las oportunidades de las personas para llevar una vida saludable. La DCM se encuentra estrechamente ligada al rápido desarrollo económico y al aumento del ingreso per cápita en muchos países, aunque su impacto está determinado por factores culturales, comportamentales y tecnológicos. Las personas más vulnerables a esta carga suelen ser aquellas con menor capacidad para contrarrestar las influencias sociales y comerciales que promueven productos comestibles de baja calidad y estilos de vida sedentarios.
La desigualdad de género, por ejemplo, incrementa la susceptibilidad de mujeres a la doble carga de malnutrición (DCM). Un claro ejemplo de esto es la prevalencia de obesidad abdominal nacional en mujeres de 18 a 64 años, que alcanza el 59,6%, en comparación con el 39,3% en hombres, lo cual está asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, síndrome metabólico, cáncer y otras afecciones. Este dato sugiere una mayor predisposición de las mujeres a esta condición, influenciada tanto por factores biológicos como por las diferencias en los roles y prácticas sociales que impactan sus hábitos alimentarios y de actividad física.
Por otro lado, los gobiernos enfrentan desafíos significativos para regular prácticas comerciales que priorizan el crecimiento económico por encima de la salud pública. Para abordar eficazmente la DCM, es
fundamental una respuesta política que priorice la soberanía alimentaria, la igualdad de género y el fortalecimiento de sistemas agroalimentarios sostenibles, reconociendo cómo estos determinantes sociales se intersectan y afectan el bienestar general.
Otro de los determinantes de la DCM que influye en el acceso a alimentos nutritivos y en la capacidad para mantener una alimentación saludable es la relación entre el nivel socioeconómico y el territorio. En Bogotá, la Encuesta Multipropósito evidenció que entre 2017 y 2021 aumentó la inseguridad alimentaria, reflejada en un incremento del porcentaje de personas que reportaron haberse quedado sin alimentos por falta de recursos, pasando de 4,2% en 2017 a 10,5% en 2021.
Las localidades de Usme (20,3%), Bosa (19,1%) y Ciudad Bolívar (18,2%) presentaron los mayores porcentajes en esta situación, reflejando una fuerte desigualdad en el acceso a recursos alimentarios según el contexto territorial. Estos datos resaltan cómo las desigualdades socioeconómicas y las particularidades del contexto territorial afectan directamente el acceso a una dieta equilibrada y aumentan la exposición a la DCM en el Distrito.
Contexto en Colombia y Distrito Capital: datos que preocupan e invitan a la acción
En Colombia, el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado considerablemente en los últimos años, generando serias preocupaciones de salud pública. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional indica que el 25% de los niños en el país presentan sobrepeso, y un 17,7% de los adolescentes están en riesgo de sobrepeso u obesidad. Entre 2017 y 2023, el Instituto Nacional de Salud reportó la muerte de 1.748 niños menores de cinco años por desnutrición y otras complicaciones en todo el país. Aproximadamente la mitad de estas muertes ocurrieron en zonas rurales dispersas donde el acceso a servicios de salud y alimentación adecuada es limitado, resaltando una brecha significativa entre las áreas urbanas y rurales.
En Bogotá, la situación de la malnutrición infantil presenta particularidades. Según SaluData, en la población de 5 a 17 años, la proporción de delgadez en 2023 fue del 2,8%, con un leve aumento respecto al 2,7% de 2022, siendo Suba (3,1%), Antonio Nariño (3,0%), Engativá (2,9%) y Usaquén (2,9%) las localidades más afectadas. Respecto al exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en esta población, la prevalencia alcanzó el 28,8% en 2020, un año marcado por el confinamiento debido a la pandemia.
Durante ese periodo, el aumento en la inseguridad alimentaria y el sedentarismo impactaron significativamente estos indicadores. Desde entonces, la cifra ha disminuido progresivamente, situándose en 22,4% en 2023; no obstante, estos valores aún reflejan una problemática considerable. Sumapaz (28,0%), Puente Aranda (23,6%) y Barrios Unidos (23,6%) son las localidades con las mayores tasas de exceso de peso en la ciudad.
Para los adultos, el panorama también es preocupante. A nivel nacional, el 56% de los adultos tienen exceso de peso: un 37,7% con sobrepeso y un 18,7% con obesidad, en esta misma vía, en Bogotá el 57,2% de los adultos entre 18 y 64 años presenta exceso de peso, mientras que el 2,3% presenta delgadez, un aumento respecto al 1,7% registrado en 2022, y alcanzando su mayor proporción desde 2011. En los mayores de 65 años en la ciudad, el 12,7% presenta delgadez, posiblemente relacionado con una menor ingesta alimentaria y problemas de salud que limitan la ganancia de peso corporal. No obstante, el 42,5% de los mayores de 65 años tiene exceso de peso, aunque con una tendencia decreciente desde 2019.
Este panorama evidencia la complejidad de la malnutrición en Bogotá y Colombia, marcada por factores sociales, culturales y económicos que influyen tanto en la obesidad o sobrepeso como en la desnutrición o delgadez, especialmente en poblaciones rurales y en grupos vulnerables como la primera infancia y los adultos mayores.
Regulación y recomendaciones para una toma de decisiones informadas
El país ha dado pasos importantes hacia la regulación del consumo de alimentos ultraprocesados mediante la Ley 2120 de 2021, conocida como la Ley de Comida Chatarra. Esta legislación exige la inclusión de etiquetas frontales de advertencia en productos que contienen altos niveles de azúcar, sodio y grasas, alertando a los consumidores sobre los riesgos asociados al consumo excesivo. Sin embargo, la
implementación de esta medida representa solo un componente en el esfuerzo por reducir la doble carga nutricional, la cual requiere no solo advertencias en los envases, sino también estrategias educativas que promuevan la toma de decisiones informadas desde edades tempranas.
Además, el distrito cuenta con el CONPES 09, el cual da cuenta de la política pública denominada “Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: construyendo ciudadanía alimentaria”, en donde la educación para la salud es un pilar fundamental para lograr el objetivo de “mejorar las condiciones de acceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, enmarcando su estrategia bajo un enfoque de derechos, con énfasis en la reducción de desigualdades y la promoción de
una ciudadanía alimentaria”.
Bajo esta apuesta el sector educativo juega un rol esencial en promover hábitos saludables entre niños, niñas y adolescentes, reforzando conocimientos sobre nutrición y fomentando prácticas que contribuyan a una mejor calidad de vida. A nivel local, iniciativas como los programas de alimentación escolar buscan garantizar el acceso a alimentos de alta calidad nutricional en las poblaciones con mayor vulnerabilidad económica y social, aunque la efectividad de estos programas enfrenta retos logísticos y financieros.
Finalmente, se están considerando políticas adicionales que promuevan entornos saludables, como restricciones en la publicidad de productos ultraprocesados dirigidos a niños y niñas y la implementación de impuestos a bebidas azucaradas. Estas estrategias buscan reducir la exposición a productos poco saludables y estimular una elección consciente, fortaleciendo así la capacidad de las familias para optar por opciones más nutritivas y sostenibles.
Para enfrentar esta situación, es fundamental que los consumidores tomen decisiones informadas que les permita adoptar medidas para la prevención de la malnutrición. Algunas estrategias recomendadas incluyen:
1. Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla hasta los 24 meses o más, fortaleciendo la nutrición y el sistema inmunológico del bebé.
2. Promover hábitos saludables en niños y niñas, incluyendo una alimentación equilibrada, actividad física regular, reducción de conductas sedentarias y asegurar una buena calidad y duración del sueño.
3. Para toda la familia, limitar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías, promoviendo una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.
4. Incentivar la actividad física como parte de la vida cotidiana y reducir el tiempo frente a pantallas para mejorar el bienestar físico y mental.
5. Asistir a controles durante el embarazo para asegurar un desarrollo materno – fetal adecuado.
La doble carga nutricional es un reto que la ciudad solo podrá superar mediante una movilización integral de diversos sectores. Este desafío exige no solo decisiones informadas y regulaciones adecuadas, sino también el compromiso del sistema educativo, del sector privado y de la sociedad civil para generar entornos que faciliten opciones saludables. Con un esfuerzo conjunto entre gobierno, empresas, instituciones y comunidades, podremos transformar hábitos, asegurar el acceso a alimentos nutritivos y crear un cambio cultural que permita más bienestar.
