En el último día de la legislatura 2022-2023, el Congreso de Colombia no aprobó la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.
La iniciativa fue radicada en marzo y se esperaba que fuera avalada en primer debate antes del 20 de junio, fecha en que terminaban las sesiones ordinarias. Sin embargo, la falta de tiempo y el gran número de proyectos que se estaban discutiendo en el Legislativo obstaculizaron su aprobación. Además, algunos partidos políticos bloquearon el proyecto de ley, lo que impidió que hubiera quórum para aprobarlo.
La reforma laboral estuvo agendada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero las sesiones debieron ser aplazadas por falta de personal para discutirla y votarla. La única vez que pudo ser debatida fue el pasado 15 de junio, cuando se logró quórum gracias al conservador Jorge Alexander Quevedo y se le dio luz verde al informe de ponencia. Sin embargo, esto le supuso al congresista una sanción de parte de su partido, que incluyó un veto en su voz y voto.
Todos los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara fueron recusados nuevamente el 20 de junio, lo que impidió discutir el proyecto y finalmente se hundió en el Congreso. Es posible que el Gobierno lo radique nuevamente en la nueva legislatura, que iniciará el 20 de julio, una vez se discuta en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, junto con empresarios y sindicatos.
“Todos son empleadores o al menos de sus UTL y pueden ser beneficiarios de la aprobación del proyecto de ley 367 de 2023 cámara, por medio del cual se adopta la reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia y se modifica parcialmente el código sustantivo del trabajo, Ley 50 de 1990, ley 789 de 2002 y otras normas laborales (…) Todos los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara Constitucional tienen familiares dentro del segundo grado de consanguinidad, primero civil o primero de afinidad y pueden ser beneficiados de la aprobación del proyecto de Ley número 367 de 2023 cámara”.
María Fernanda Carrascal, integrante de la Comisión Séptima y representante a la Cámara del Pacto Histórico mencionó su frustración tras conocerse las recusaciones a los 21 representantes: “Nos recusaron a todos los representantes de la Séptima para el debate de hoy de #ReformaLaboral. Con todo respeto (o no), qué pelotudeces se inventan para dilatar. Por el mal uso de la figura deberían responder” dijo a través de su cuenta de twitter.
La representante del Pacto Histórico Martha Alfonso afirmó “Si esta reforma se hunde es culpa de las ‘jugaditas’ antidemocráticas y antiéticas, e incluso inconstitucionales (…), que llevaron a retrasar la agenda legislativa de todo el Congreso”
Por su parte el presidente Petro declaro a través de su cuenta de twitter que el hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. (…) El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador, terminó afirmando el mandatario.
El proyecto de reforma laboral que acaba de hundirse en el congreso atravesó análisis favorables y grandes oposiciones técnicas
Hace algunas semanas, el informe trimestral del Grupo de Análisis del Mercado Laboral, una subdivisión del Banco de la República, presentó un análisis de la reforma laboral. En dicho informe, se menciona que el aumento de costos de contratación como resultado de la reforma podría impactar negativamente el empleo.
El informe, que fue cuestionado por el presidente Petro, lleva la firma del hijo del ministro Bonilla. Los autores consideraron los cambios propuestos en la reforma para calcular el incremento de los costos laborales y la posible destrucción de empleos. Estos cambios incluyen aspectos como el aumento de los costos por horas nocturnas y dominicales, el pago de aprendices por parte de las empresas y el ajuste salarial obligatorio para aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, entre otros.
Estas medidas de la reforma buscan brindar más protección a los trabajadores en caso de despido, pero también aumentan los costos laborales y hacen más rígidas las normas que los benefician.
La hipótesis planteada es que debido al incremento en los costos para los empresarios al contratar personas que trabajen horas extras o nocturnas, y al aumento de los costos de despido, habrá menos incentivos para crear empleos, lo que podría resultar en la destrucción de empleos formales.
Los investigadores argumentan sobre los costos laborales basándose en los resultados de la reforma tributaria de 2012, liderada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. En ese momento, la reforma redujo los costos en un 13%, lo que contribuyó a un aumento del 3,7% en la formalidad laboral.
No obstante, los defensores de la reforma laboral argumentaron que el aumento de los costos laborales no está directamente relacionado con la creación o destrucción de empleos. Como muestra de ello, citan estudios realizados después de la reforma liderada por Uribe.
Según Diego Cortés, economista y asesor legislativo de la congresista Jennifer Pedraza, las empresas contratan la cantidad de personal necesaria para producir lo que consideran necesario y creen que pueden vender. Si los costos de contratación de una persona disminuyen, las empresas simplemente se ahorran esos recursos y no necesariamente contratan más personal.
En cuanto al estudio, Cortés señaló que es discutible establecer una relación directa entre los costos y la reducción de empleos. Menciona que el modelo utilizado por el Banco de la República plantea supuestos como que todos los impuestos se utilizan en “gasto improductivo” o que existe una relación causal entre el salario mínimo y la inflación. Según él, el modelo utilizado para calcular estos efectos debe ser considerado con cautela.
Al final no se lograron los acuerdos mínimos y la reforma laboral no será sometida a más presiones parlamentarias y el gobierno a un mayor desgaste político en las sesiones extraordinarias, sino que será nuevamente presentada en la siguiente legislatura que comienza el 20 de julio.
