En medio de las discusiones sobre el preocupante estado del sistema de salud en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) interpuso una recusación formal ante la Procuraduría General de la Nación. La solicitud señala una presunta falta de imparcialidad por parte de la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda. Según lo argumentado por la cartera ministerial, las declaraciones emitidas por la funcionaria habrían generado un “juicio anticipado” respecto a la situación del sector, lo cual podría afectar la legitimidad de las decisiones administrativas relacionadas.
Este pronunciamiento del ministerio surgió tras la solicitud de la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en la que se propuso evaluar la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el sistema de salud, una figura jurídica se aplica en contextos donde la vulneración de derechos fundamentales es generalizada y persistente, requiriendo medidas excepcionales para garantizar su protección.
El Ministerio Público argumentó que existe un deterioro progresivo en la calidad y el acceso a los servicios de salud. Además, en el documento remitido al alto tribunal, el organismo cuestionó la reciente política del Ministerio en relación con el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando que esta medida podría profundizar la crisis financiera del sistema y comprometer los derechos fundamentales de los pacientes.
Como tal, el informe detalla el incumplimiento por parte del Minsalud respecto a la Sentencia T-760 de 2008. Este fallo buscaba garantizar la cobertura universal y la sostenibilidad del sistema de salud, pero según el ente de control, las advertencias sobre la necesidad de estudios rigurosos y decisiones basadas en evidencia han sido sistemáticamente ignoradas.
Entre las omisiones más graves que detalle el documento está la falta de información clara y oportuna sobre los recursos asignados; la demora en implementar medidas estructurales para resolver los problemas financieros del sistema; la desfinanciación inicial del presupuesto destinado para los Presupuestos Máximos de 2025, calculado en $502.000 millones, muy por debajo de los $2.3 billones ejecutados en 2024; y las deudas acumuladas desde 2022, que reflejan la incapacidad del sistema para cubrir sus obligaciones.


¿Qué dice el escrito de recusación emitido por Minsalud?
En el documento se lee que “las afirmaciones de la dra. Ojeda atentan contra el correcto ejercicio de la función pública que con mucho honor, respeto y dedicación se ha venido realizando desde el Ministerio de Salud”. Por ello, la cartera de salud solicitó formalmente que la procuradora delegada se abstenga de intervenir en cualquier actuación administrativa relacionada con el sector salud y pidió que se asigne a otro funcionario para asumir dichas responsabilidades.
Asimismo, la cartera ministerial advirtió sobre las posibles repercusiones negativas derivadas de lo que calificó como un “prejuzgamiento,” considerando el delicado contexto que atraviesa el sistema de salud en el país.
El Minsalud también expresó que Ojeda está “desligándose de sus obligaciones constitucionales y legales de asumir una postura imparcial y objetiva frente a las actuaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, expresando, sin lugar a duda, sus posturas adversas, lo cual no solo quebranta el principio de imparcialidad y transparencia, sino que a su vez vulneran, los principios al debido proceso, defensa y contradicción y demás que gobiernan la función administrativa”.