‘Estado de Cosas Inconstitucional’ Procuraduría alerta sobre el colapso del sistema

Procuraduría solicita a la Corte Constitucional declarar un 'Estado de Cosas Inconstitucional' por la crisis en salud

La Procuraduría General de la Nación ha elevado una solicitud crucial a la Corte Constitucional: declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema de salud colombiano. La petición, contenida en un informe, evidencia un deterioro sistemático en la prestación de servicios de salud, una regulación ineficiente y un incumplimiento reiterado de mandatos constitucionales. Este escenario, según el Ministerio Público, pone en riesgo los derechos fundamentales de los pacientes y la sostenibilidad del sistema.

Aumento de la UPC: una medida controvertida

El detonante de esta solicitud es la polémica generada por el aumento de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para 2025, medida adoptada por el Ministerio de Salud. Según la Procuraduría, esta decisión, lejos de aliviar la crisis, podría agravar la situación de clínicas y hospitales ya al borde del colapso financiero. Además, el informe denuncia que el acto administrativo que sustentó este incremento careció de transparencia, se basó en fuentes parciales y desatendió mandatos constitucionales.

El aumento, que según el Ministerio de Salud se fundamentó en estudios técnicos, ha sido cuestionado por su impacto sobre los pacientes. “La falta de financiación adecuada para cubrir servicios y tecnologías esenciales podría derivar en un colapso del sistema, afectando directamente el acceso de los colombianos a una atención oportuna y de calidad”, señala el documento.

Incumplimientos y desfinanciación

El informe de la Procuraduría también detalla incumplimientos por parte del Ministerio de Salud respecto a la Sentencia T-760 de 2008. Este fallo buscaba garantizar la cobertura universal y la sostenibilidad del sistema de salud, pero según el ente de control, las advertencias sobre la necesidad de estudios rigurosos y decisiones basadas en evidencia han sido sistemáticamente ignoradas.

Entre las omisiones más graves destacan:

  • La falta de información clara y oportuna sobre los recursos asignados.
  • La demora en implementar medidas estructurales para resolver los problemas financieros del sistema.
  • La desfinanciación inicial del presupuesto destinado para los Presupuestos Máximos de 2025, calculado en $502.000 millones, muy por debajo de los $2.3 billones ejecutados en 2024.
  • Deudas acumuladas desde 2022, que reflejan la incapacidad del sistema para cubrir sus obligaciones.

Estas inconsistencias, según la Procuraduría, violan principios fundamentales de la Ley Estatutaria de Salud y podrían constituir también infracciones disciplinarias y penales.

Propuesta de declaratoria de ECI

Ante este panorama, la Procuraduría propone que la Corte Constitucional evalúe la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema de salud. Esta figura jurídica se aplica en contextos donde la vulneración de derechos fundamentales es generalizada y persistente, requiriendo medidas excepcionales para garantizar su protección.

“La seguridad social en salud es un servicio público esencial a cargo del Estado. La Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 obliga al Gobierno a garantizar la regulación necesaria para que toda la población acceda a servicios de salud en condiciones de igualdad y suficiencia”, subrayó el Ministerio Público.

La declaratoria de un ECI podría movilizar recursos adicionales y medidas urgentes para evitar un colapso del sistema. Además, serviría como un mecanismo para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del Ministerio de Salud y otras entidades relacionadas.

El futuro del sistema de salud en juego

La solicitud también pone de manifiesto un preocupante panorama financiero. Según el informe, los ajustes realizados en 2024 para cubrir los déficits acumulados resultaron insuficientes, dejando una carga significativa para el 2025. La falta de recursos amenaza con desestabilizar a las instituciones prestadoras de servicios de salud, muchas de las cuales ya operan bajo una presión financiera insostenible.

El Ministerio de Salud, por su parte, ha defendido sus decisiones argumentando que los incrementos en la UPC han sido calculados con base en la inflación y otros factores económicos. Sin embargo, la Procuraduría insiste en que estas medidas no han sido suficientes para abordar las profundas falencias estructurales del sistema.

Expectativa por el fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional enfrenta ahora una decisión crucial. Si acepta la declaratoria de ECI, podría establecer un precedente histórico en la defensa del derecho a la salud en Colombia. El fallo podría movilizar recursos y estrategias para garantizar que los colombianos tengan acceso a un sistema de salud funcional y sostenible.

Mientras tanto, la crisis en el sector de la salud sigue siendo una preocupación central para millones de ciudadanos. La resolución de esta situación dependerá de un esfuerzo conjunto entre las instituciones, el Gobierno y la sociedad civil para priorizar el derecho a la salud como un pilar fundamental del bienestar social.

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