La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reportó ingresos percibidos por $110,64 billones entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, un crecimiento de 13,9 % frente a los $97,10 billones del periodo anterior. Durante esos mismos doce meses, la entidad ejecutó $105,64 billones en pagos presupuestales, cifra que aumentó 11,4 % y estuvo concentrada principalmente en la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Los resultados fueron presentados el 30 de julio durante la rendición de cuentas de la ADRES. El balance expuso una operación financiera de mayor tamaño y una ampliación del giro directo a prestadores y proveedores, pero también señaló asuntos pendientes relacionados con la dispersión de presupuestos máximos, la cobertura de las auditorías de campo y la consolidación de los sistemas automatizados de revisión de cuentas médicas.
Aportes de la Nación y cotizaciones concentraron los ingresos
De los $110,64 billones percibidos durante el periodo, $40,41 billones provinieron de aportes de la Nación para el aseguramiento en salud, equivalentes al 36,5 % del total. Las cotizaciones al sistema representaron $38,15 billones, el 34,5 %, mientras que el Sistema General de Participaciones destinado al régimen subsidiado aportó $16,93 billones, correspondientes al 15,3 %.
Otros ingresos estuvieron asociados con una disponibilidad inicial de $4,30 billones, la contribución del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y la prima del Fonsat por $2,75 billones, y las rentas cedidas territoriales por $2,73 billones. Frente al periodo anterior, los aportes de la Nación aumentaron $5,59 billones y las cotizaciones crecieron $4,80 billones.
En la ejecución del gasto, las UPC de los dos regímenes concentraron el 89,7 % de los pagos presupuestales. El régimen contributivo recibió $47,30 billones y el subsidiado $47,48 billones. A estos conceptos se sumaron $3,24 billones por incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, $804.452 millones por reclamaciones y $463.055 millones asociados con internos y residentes médicos.
El informe registra además $3,84 billones en presupuestos máximos dentro de la ejecución general, valor que incluye ajustes. En el capítulo específico sobre estos recursos, la ADRES reporta reconocimientos por $3,83 billones. Las dos cifras responden, por tanto, a alcances contables diferentes y no deben utilizarse como si fueran exactamente el mismo indicador.
Durante la presentación, el director general de la ADRES, Félix León Martínez Martín, destacó la velocidad del procesamiento de las transferencias. “Recibimos los dineros de Hacienda, por ejemplo, el tercer día hábil de cada mes y el día quinto hábil ya los tenemos ubicados en más de tres mil, casi cuatro mil hospitales y clínicas del país”, aseguró.
El giro directo a prestadores superó los $75 billones
Entre julio de 2025 y junio de 2026, la ADRES liquidó $47,30 billones de UPC para el aseguramiento de 21,91 millones de afiliados equivalentes mensuales en el régimen contributivo. De ese monto, $37,10 billones fueron transferidos mediante giro directo a 3.870 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, de acuerdo con las postulaciones enviadas por las EPS.
En el régimen subsidiado se liquidaron $48,74 billones para un promedio mensual de 26,7 millones de afiliados. La ADRES giró directamente $38,54 billones a IPS y proveedores, mientras que otros $8,69 billones fueron transferidos a las EPS. La suma de los recursos enviados directamente a prestadores y proveedores en ambos regímenes asciende a aproximadamente $75,64 billones.
Este mecanismo reduce el tránsito de los recursos por las cuentas de las aseguradoras, pero no cambia la responsabilidad de las EPS sobre su distribución. “Quienes ordenan cuánto se paga a cada clínica y a cada hospital son las EPS”, precisó Martínez al responder una pregunta sobre las variaciones observadas entre los prestadores beneficiarios.
La ADRES ejecuta las transferencias con base en esas instrucciones y publica el detalle de los movimientos, pero no selecciona autónomamente a los beneficiarios ni establece los valores individuales. Esta distinción resulta necesaria para no atribuirle decisiones contractuales y de distribución que corresponden a las entidades responsables del aseguramiento.
Presupuestos máximos: la postulación quedó por debajo de lo previsto
Entre julio de 2025 y junio de 2026, la ADRES reconoció $3,83 billones para financiar servicios y tecnologías no cubiertos con cargo a la UPC. El resultado superó en $40.467 millones los $3,79 billones reconocidos durante los doce meses anteriores, una variación cercana al 1,1 %.
Para 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó $4,48 billones en presupuestos máximos a las EPS y entidades obligadas a compensar. A junio se habían reconocido $756.252 millones, aunque el informe señala que para ese momento deberían haberse dispersado $1,75 billones entre la red prestadora y los proveedores de tecnologías en salud.
La ADRES atribuyó esa diferencia al incumplimiento de algunas entidades en la postulación de los recursos asignados entre sus prestadores. Por esa razón, el rezago no debe presentarse como una deuda originada por la administradora: el documento lo relaciona con una actuación pendiente de las entidades responsables de pago, requisito necesario para efectuar la dispersión correspondiente.
Reclamaciones aumentaron y las auditorías de campo fueron menores
Los pagos por reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas alcanzaron $804.452 millones, frente a $673.031 millones durante el periodo precedente. El aumento acumulado fue de 19,5 %, con giros por $730.847 millones a personas jurídicas y $73.606 millones a personas naturales.
El Sistema de Auditoría por Alertas derivó en medidas administrativas que involucraron a 28 IPS. Dependiendo de los hallazgos, estas actuaciones pueden incluir la suspensión de giros, restricciones para presentar nuevas reclamaciones, análisis de reintegros y denuncias ante las autoridades competentes.
La ADRES realizó 225 visitas de auditoría en campo entre julio de 2025 y junio de 2026. El documento compara este resultado con 321 visitas efectuadas en un intervalo que identifica como junio de 2024 a julio de 2025, por lo que los periodos no son estrictamente equivalentes. La entidad explicó la menor actividad porque durante el periodo más reciente contó con una firma auditora externa, mientras que antes tenía cuatro contratos en ejecución.
¿Qué cambiará con la auditoría automatizada de cuentas médicas?
La ADRES puso en operación el Procesamiento y Análisis Automático de Cuentas Médicas (PAACME), una plataforma que combina reglas normativas, analítica e inteligencia artificial para revisar reclamaciones. El producto mínimo viable fue certificado durante el primer cuatrimestre de 2026 y el nuevo esquema de radicación y auditoría comenzó el 1 de mayo.
La primera etapa se concentra en cuentas derivadas de accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT o no identificados. El desarrollo se ejecuta mediante un convenio por $10.535 millones con HighTech S.A.S., aliado de Amazon Web Services, y se encuentra en una fase de evolución funcional y entrenamiento con auditores médicos.
Martínez afirmó que la herramienta permitirá reducir el procesamiento y pago de estas cuentas “de cinco meses a 15 o 20 días en un futuro inmediato”. El plazo mencionado corresponde a una proyección de la dirección de la ADRES y no a un resultado consolidado en el informe, dado que el sistema apenas inició su operación durante el periodo evaluado.
¿Qué controles y tareas quedan pendientes?
La Contraloría General de la República emitió una opinión sin salvedades sobre los estados financieros de la Unidad de Recursos Administrados y la Unidad de Gestión General de la ADRES. También entregó un concepto razonable sobre la gestión presupuestal y un pronunciamiento favorable sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal correspondiente a 2025.
La misma auditoría estableció ocho hallazgos para los cuales la entidad debe definir acciones de mejoramiento. Los dos resultados no son contradictorios: la opinión sin salvedades se refiere a la razonabilidad de los estados financieros, mientras que los hallazgos pueden identificar aspectos específicos de los procesos y controles que requieren corrección o seguimiento.
Entre los desafíos institucionales, el informe incluye la estabilización del sistema financiero SUMAS, la protección de las plataformas críticas, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la ampliación de PAACME hacia recobros, presupuestos máximos y auditoría concurrente del giro directo. La siguiente etapa deberá mostrar si estas capacidades se traducen en menores tiempos de respuesta, mayor cobertura de las verificaciones y controles más oportunos sobre los recursos administrados.
