En medio de la expectativa por el rumbo que tomará el sistema de salud durante el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella, el XVI Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), realizado en el marco de Meditech 2026, se convirtió en el escenario para conocer las primeras señales sobre la agenda sanitaria del nuevo Ejecutivo. En representación del mandatario electo, el doctor Iván Sánchez, líder del empalme del sector salud, presentó la conferencia “El nuevo gobierno: hacia dónde avanzará la salud en Colombia”, en la que expuso las prioridades que orientarían la política pública del sector y los principales retos para garantizar la sostenibilidad, el acceso y la transformación del sistema de salud.
Un diagnóstico de crisis con foco en pacientes y hospitales
El Dr. Sánchez, presentó un panorama preliminar sobre la situación que recibirá el nuevo Gobierno. Durante su intervención afirmó que el equipo de transición ha recibido reportes que evidencian cerca de 900.000 alertas de pacientes con atenciones pendientes o interrumpidas, alrededor de 1,6 millones de pacientes crónicos con tratamientos o entrega de medicamentos represados y aproximadamente 3.000 pacientes trasplantados expuestos a interrupciones en la dispensación de medicamentos indispensables para preservar la funcionalidad de los órganos trasplantados. Aunque aclaró que estas cifras aún deberán ser verificadas y auditadas caso por caso, sostuvo que representan señales que no pueden ser ignoradas durante el proceso de empalme.
La cartera hospitalaria y las deudas laborales, entre las prioridades
Sánchez también se refirió a la situación financiera de la red prestadora, citando información de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), según la cual la cartera hospitalaria asciende a 25,7 billones de pesos, de los cuales el 58 % corresponde a entidades intervenidas. A ello se suman reportes sobre obligaciones laborales vencidas en la red pública, una situación que, advirtió, compromete la continuidad de los servicios al dificultar el pago oportuno del talento humano en salud y aumentar el riesgo de cierre de servicios asistenciales.
Como primera respuesta, el delegado anunció la movilización de 10 billones de pesos, recursos que calificó como una inyección extraordinaria y condicionada para atender las prioridades más urgentes del sistema. De acuerdo con la propuesta expuesta, 4 billones de pesos se destinarían al pago de nóminas adeudadas en instituciones públicas y privadas, 3 billones a la atención de medicamentos represados y tratamientos interrumpidos, 2 billones al manejo de pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas, y 1 billón de pesos para otras necesidades prioritarias del sector. Precisó que la distribución se realizará mediante un decreto de priorización basado en criterios objetivos como riesgo vital, continuidad terapéutica, vulnerabilidad de los pacientes, sostenibilidad de los servicios esenciales y validación de las obligaciones financieras. Además, anunció que el proceso estará acompañado por mecanismos de giro directo, cronogramas públicos de desembolsos, auditoría permanente y tableros de seguimiento para garantizar la trazabilidad de los recursos.
Un pacto de corresponsabilidad para todos los actores del sistema
Sánchez insistió en que la recuperación del sistema de salud no dependerá exclusivamente del Estado, sino de un compromiso conjunto entre todos los actores. Bajo el principio de que “todos ponen”, señaló que el Gobierno aportará recursos, capacidad regulatoria, coordinación institucional y mecanismos de transparencia, mientras que las EPS deberán fortalecer la gestión del riesgo, garantizar redes suficientes y mejorar la rendición de cuentas. A las IPS les atribuyó el compromiso de avanzar en eficiencia, transparencia en los costos y calidad de la información, mientras que la industria farmacéutica y de tecnologías en salud deberá garantizar la continuidad del abastecimiento, mayor transparencia en los precios y el desarrollo de esquemas de riesgo compartido.
Asimismo, destacó el papel de los profesionales de la salud y las sociedades científicas en la actualización de guías clínicas basadas en evidencia y en los procesos de autorregulación. En ese contexto, afirmó que la autonomía médica será respetada, pero advirtió que no podrá utilizarse para justificar prácticas alejadas de la evidencia científica o de la ética profesional, las cuales deberán ser evaluadas por las instancias disciplinarias competentes.
Un sistema nacional de datos para fortalecer la supervisión
Como parte de la estrategia de transformación del sistema, el líder del empalme anunció la creación de un Sistema Nacional de Datos en Salud, concebido como una plataforma de supervisión que integrará información proveniente de múltiples fuentes, entre ellas la ADRES, la Registraduría, la facturación electrónica, MIPRES, los registros de dispensación de medicamentos, la historia clínica interoperable, la afiliación y los procesos de contratación.
De acuerdo con Sánchez, el propósito será contar con información en tiempo real que permita verificar la trazabilidad de los recursos públicos, identificar retrasos en la atención, validar que los servicios facturados correspondan a las prestaciones efectivamente realizadas y detectar patrones atípicos que puedan afectar la eficiencia o la transparencia del sistema. Añadió que las herramientas de inteligencia artificial se utilizarán como apoyo para la toma de decisiones y la identificación de riesgos, pero no sustituirán el juicio humano ni el debido proceso en las actuaciones administrativas.
Un debate sobre sostenibilidad sin afectar el derecho a la salud
También anunció la convocatoria de un diálogo nacional para discutir la sostenibilidad del sistema de salud y revisar el alcance de la financiación pública de algunas tecnologías y servicios. En su intervención enfatizó que el derecho fundamental a la salud no estará en discusión y que ningún paciente deberá renunciar a tratamientos necesarios. Sin embargo, planteó la necesidad de abrir un debate técnico sobre la financiación de intervenciones de bajo valor o con evidencia insuficiente, con el fin de priorizar los recursos públicos hacia aquellas prestaciones que generan mayor beneficio clínico y social.
Según explicó, las decisiones deberán sustentarse en evidencia científica, evaluación de tecnologías sanitarias, análisis de costo-efectividad, impacto presupuestal y participación ciudadana.
“No se trata de recortar derechos, sino de utilizar mejor los recursos para garantizar de manera efectiva aquello que realmente salva vidas”, concluyó el delegado del presidente electo.
“No venimos contra ningún actor del sistema”
En el cierre de su intervención, Sánchez aseguró que la propuesta del nuevo Gobierno no busca confrontar a ninguno de los actores del sistema de salud, sino enfrentar las causas que, a su juicio, han profundizado la crisis del sector. “No venimos contra los hospitales, ni contra las clínicas, ni contra la industria, ni contra los médicos, ni contra los pacientes. Venimos contra la opacidad, el desorden, la corrupción, la indiferencia y la negación de los servicios”, afirmó al resumir los principios que orientarán la política sanitaria de la administración entrante.
El delegado señaló que la estrategia del nuevo Gobierno se sustentará en cuatro pilares: atender la crisis humanitaria, sanear y pagar las deudas acumuladas, proteger el flujo oportuno de los recursos y reconstruir la confianza entre los diferentes actores del sistema. En ese sentido, reconoció el papel que durante años han desempeñado gremios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) en la defensa técnica del sector y destacó la importancia de mantener espacios de diálogo para construir soluciones que beneficien al sistema en su conjunto y, especialmente, a los pacientes.
Finalmente, Sánchez anunció que en los días siguientes el presidente electo Abelardo De la Espriella presentará oficialmente la propuesta de salud del nuevo Gobierno. Indicó que el documento entregado al mandatario es el resultado de varios meses de trabajo técnico liderado por el equipo de empalme, conformado por 13 coordinadores y más de un centenar de profesionales de distintas disciplinas. “He trabajado todos estos meses no por un cargo, sino por una causa”, concluyó, al reiterar que continuará apoyando el proceso de transición desde el equipo técnico.
