La alerta fue presentada después de una mesa de trabajo con representantes de los servicios de urgencias de instituciones públicas y privadas del departamento. El balance expuesto por la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, muestra una combinación de problemas financieros y asistenciales que afecta la disponibilidad de talento humano, medicamentos, camas hospitalarias y mecanismos de atención domiciliaria.
Crisis humanitaria en salud en el Valle por retrasos de hasta cinco meses
De acuerdo con la funcionaria, existen instituciones que llevan hasta cinco meses sin recibir el pago de los servicios prestados a Emssanar, Asmet Salud, Nueva EPS y SOS, señaladas como las aseguradoras con mayores retrasos.
“Eso significa una crisis en la prestación de servicios, cierres parciales, temporales, pero continuos, por falta de recurso humano y medicamentos”, afirmó Lesmes.
El señalamiento permite dimensionar que el problema no se limita al crecimiento de las cuentas por cobrar. La falta de liquidez ya estaría condicionando la capacidad de las instituciones para mantener abiertos sus servicios, contratar o pagar al personal y garantizar la disponibilidad de insumos esenciales.
Para clínicas y hospitales, los retrasos prolongados generan una presión acumulativa sobre la operación. Cada mes sin pago obliga a financiar con recursos propios la atención de los afiliados, mientras continúan los costos laborales, farmacéuticos, administrativos y de mantenimiento de la infraestructura.
Diferencias entre los giros de la ADRES y los pagos recibidos
Otro punto crítico corresponde al flujo de recursos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Según Lesmes, la entidad ha girado los valores reportados por las EPS. Sin embargo, esos montos no coincidirían con los pagos que finalmente reciben las instituciones prestadoras de servicios de salud.
“De parte del Gobierno nacional, ninguna respuesta. La ADRES ha girado lo que las EPS les reportan, pero esos recursos no coinciden con los pagos que finalmente reciben las instituciones prestadoras de salud”, aseguró la secretaria.
Para el sector hospitalario, esta diferencia resulta relevante porque el giro directo no garantiza por sí solo la suficiencia del pago. Su efecto depende de que las cuentas reportadas, auditadas y autorizadas correspondan con los servicios efectivamente prestados y con las obligaciones pendientes.
Urgencias reciben pacientes con mayor gravedad
La crisis financiera coincide con un aumento de la presión asistencial sobre los servicios de urgencias. Durante la reunión, las instituciones reportaron un incremento de los pacientes clasificados como Triage I, categoría correspondiente a personas con riesgo inminente para la vida.
También se informó un aumento de hasta el 80 % en la atención de pacientes clasificados como Triage III. Según el balance departamental, parte de esta demanda estaría relacionada con las dificultades para acceder a consultas con especialistas, atención ambulatoria y tratamientos programados.
El crecimiento de los casos de Triage III muestra cómo las barreras en otros niveles de atención terminan trasladándose a las urgencias. Pacientes que requieren evaluación especializada, continuidad terapéutica o manejo ambulatorio acuden a estos servicios cuando no encuentran una respuesta oportuna en la red asignada.
Este desplazamiento de la demanda incrementa los tiempos de espera, consume capacidad hospitalaria y dificulta la priorización de los pacientes con mayor gravedad clínica.
Cali reporta saturación de camas en todos los niveles
La Secretaría de Salud aseguró que en Cali se encuentran colapsadas las camas del primer, segundo y tercer nivel de complejidad. De acuerdo con Lesmes, no habría disponibilidad suficiente para responder al volumen de pacientes que requieren hospitalización.
La saturación también estaría relacionada con los retrasos en la asignación de servicios de atención domiciliaria o home care. La funcionaria explicó que numerosos pacientes permanecen hospitalizados pese a que podrían continuar su recuperación en casa con acompañamiento médico.
Esta situación tiene un doble impacto. Por una parte, prolonga innecesariamente la ocupación de camas; por otra, reduce la capacidad de ingreso para pacientes que requieren atención aguda o procedimientos de mayor complejidad.
La atención domiciliaria funciona como un mecanismo de continuidad asistencial y descongestión hospitalaria. Cuando su autorización o asignación se retrasa, las instituciones deben conservar pacientes que ya no necesitan el mismo nivel de cuidado intrahospitalario, pero que no pueden ser dados de alta sin una alternativa segura.
Traslados entre servicios presentan demoras de hasta 43 días
La revisión de las plataformas de referencia de las EPS también habría identificado retrasos de hasta 43 días para trasladar a un paciente de un servicio a otro.
Las demoras afectarían tanto a personas que necesitan avanzar hacia una atención de mayor complejidad como a aquellas que podrían continuar su manejo en un nivel de menor intensidad.
Un sistema de referencia eficiente debe permitir que cada paciente sea atendido en el lugar correspondiente a su condición clínica. Cuando el traslado no se realiza oportunamente, se interrumpe la continuidad del tratamiento y se utilizan de manera inadecuada los recursos disponibles.
En pacientes que requieren mayor complejidad, la demora puede aplazar procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En quienes pueden ser trasladados a servicios menos complejos, la permanencia prolongada bloquea camas necesarias para nuevas urgencias.
El llamado se concentra en recuperar el flujo de recursos
La Gobernación del Valle vinculó la congestión hospitalaria, el aumento de la mortalidad y las demoras asistenciales con la crisis financiera que atraviesan las instituciones públicas y privadas de la región.
El llamado al Gobierno nacional se concentra en adoptar medidas que garanticen un flujo oportuno de recursos hacia clínicas y hospitales, eviten el cierre de servicios y permitan sostener la atención.
El reporte departamental no presenta una cuantificación consolidada de la mortalidad, la cartera o el número de servicios afectados. Sin embargo, reúne señales operativas relevantes: pagos atrasados hasta por cinco meses, incremento de hasta el 80 % en pacientes de Triage III, falta de camas y demoras de hasta 43 días en los traslados.
En conjunto, estos indicadores describen una red asistencial sometida simultáneamente a restricciones financieras, congestión hospitalaria y fallas de continuidad. La respuesta requerirá establecer con claridad qué recursos fueron girados, cuáles obligaciones siguen pendientes y qué medidas inmediatas pueden evitar que la falta de liquidez continúe trasladándose a la atención de los pacientes.
