Las actividades sexuales pagadas en Bogotá están atravesadas por condiciones de salud, acceso a servicios, seguridad alimentaria, discriminación y violencia que no pueden analizarse de manera aislada. Un estudio presentado por la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Foro Cívico, construido a partir de 1.074 encuestas y espacios de escucha, identificó brechas que afectan a esta población y aportó nuevos elementos para orientar las respuestas institucionales desde la salud pública.
El informe, examina las condiciones de vida y trabajo de quienes realizan estas actividades en la ciudad. Entre los hallazgos aparecen indicadores relacionados con malestar psicológico, ideación suicida, inseguridad alimentaria, falta de afiliación al sistema de salud y experiencias de violencia y discriminación.
La Secretaría Distrital de Salud plantea que el estudio busca superar la toma de decisiones basada en información fragmentada y producir evidencia propia sobre una población diversa. El documento también señala que su elaboración surgió de una solicitud de las propias personas que realizan actividades sexuales pagadas y que sus resultados serán considerados en la actualización de la política pública.
Actividades sexuales pagadas y salud mental muestran una relación con las condiciones de vida
Entre las personas encuestadas, el 23,9 % presentó malestar psicológico probable, mientras que el 12,6 % reportó ideación suicida. El estudio muestra, además, diferencias según las condiciones sociales de las personas participantes.
Entre quienes experimentaron inseguridad alimentaria, el malestar psicológico alcanzó el 25,4 %, frente al 13,4 % registrado entre quienes no reportaron esa situación. Al mismo tiempo, el 87,7 % manifestó haber tenido falta de dinero para comprar alimentos durante el último mes.
Los resultados no permiten establecer por sí mismos relaciones causales entre estas variables, pero sí muestran que las condiciones económicas, sociales y laborales forman parte del contexto en el que debe interpretarse la situación de salud de esta población.
| Indicador reportado | Resultado |
|---|---|
| Malestar psicológico probable | 23,9 % |
| Ideación suicida | 12,6 % |
| Falta de dinero para comprar alimentos | 87,7 % |
| Personas sin afiliación al sistema de salud | 16 % |
| Sin consulta médica durante el último año | 28,3 % |
| Personas que se han sentido discriminadas | 57,4 % |
| Personas que reportaron violencia | 38 % |
Persisten brechas de afiliación y uso de servicios de salud
El acceso al sistema también presenta diferencias importantes. El 16 % de las personas encuestadas no estaba afiliado al sistema de salud, proporción que ascendió al 62 % entre quienes nacieron fuera de Colombia.
Además, el 28,3 % no tuvo ninguna consulta médica durante el último año. El estudio identifica entre las barreras el estigma, la discontinuidad de la atención, los horarios de los servicios, las distancias y el temor frente a las instituciones.
Estos resultados ubican el problema más allá de la existencia formal de una oferta sanitaria. La información recogida muestra que la posibilidad de utilizar los servicios también está relacionada con condiciones prácticas de acceso y con la manera en que las personas perciben su interacción con las instituciones. La Secretaría plantea, a partir de estos hallazgos, fortalecer servicios más cercanos, ampliar la atención en salud mental, reducir el estigma y mejorar el acceso para la población migrante.
Discriminación y violencia aparecen entre los principales hallazgos
El lugar donde se desarrolla la actividad también constituye una dimensión del estudio. El 65,1 % de las personas encuestadas realiza actividades sexuales pagadas en la calle o en espacios públicos.
En materia de entorno social, el 57,4 % manifestó haberse sentido discriminado y el 38 % reportó situaciones de violencia. Entre las mujeres transgénero encuestadas, este último indicador alcanzó el 47 %.
La encuesta señala además que la fuerza pública figura como el segundo actor reportado en situaciones de violencia, con un 30,8 %. La información llevó a incluir dentro de las líneas planteadas por el estudio la necesidad de fortalecer las rutas frente a las violencias, junto con medidas orientadas a disminuir el estigma y mejorar las condiciones de acceso a la atención.
¿Qué muestran los datos sobre autocuidado y prevención?
El estudio también identifica elementos relacionados con capacidad de decisión y prácticas de autocuidado. El 84,6 % de las personas encuestadas declaró tener mucho o total control sobre su actividad, mientras que el 85,3 % afirmó realizar acciones de seguridad.
En prevención, el uso inconsistente del condón alcanza el 38,2 % en la modalidad virtual y llega al 39 % cuando no existe fácil acceso a este método.
Estos datos permiten observar que la población estudiada no puede caracterizarse únicamente desde las situaciones de vulnerabilidad. Los resultados también documentan capacidad de decisión y conductas de cuidado, aunque persisten factores que pueden dificultar la adopción consistente de medidas preventivas.
El estudio propone, en este sentido, fortalecer las acciones de prevención y facilitar condiciones que permitan mantener prácticas de cuidado en los distintos contextos donde se desarrollan las actividades sexuales pagadas.
¿Cómo pueden estos resultados orientar la respuesta de salud pública en Bogotá?
La Secretaría Distrital de Salud considera que la evidencia obtenida ofrece una base para fortalecer la respuesta institucional en varios frentes: servicios más cercanos, salud mental, reducción del estigma, atención de población migrante, prevención y rutas frente a las violencias.
El estudio parte de las experiencias de quienes realizan actividades sexuales pagadas y busca conectar dimensiones que habitualmente pueden abordarse por separado. Salud, condiciones de vida y trabajo, cuidado, acceso a servicios y violencias. Según el comunicado, estos resultados aportarán elementos para la actualización de la política pública.
Las 1.074 encuestas ofrecen una fotografía institucional sobre múltiples dimensiones de esta población. El siguiente reto será traducir esa evidencia en intervenciones medibles y establecer si las acciones adoptadas logran reducir barreras de acceso, mejorar la atención en salud mental y fortalecer la respuesta frente a las violencias y la discriminación.
