La instalación del Congreso de la República el 20 de julio abrió una nueva legislatura y, con ella, la radicación de iniciativas relacionadas con los principales problemas del sistema de salud. Entre las primeras propuestas presentadas aparece un proyecto que busca intervenir las condiciones laborales, la formación, la distribución territorial y la protección de quienes trabajan en el sector.
La iniciativa fue radicada el 21 de julio de 2026 ante la Secretaría General del Senado y propone crear una Estrategia Nacional de Protección contra la Violencia al Talento Humano en Salud. El documento cuenta con 21 artículos organizados en cinco capítulos y apenas comienza su trámite legislativo, por lo que sus disposiciones todavía no están vigentes y pueden cambiar durante los debates.
El proyecto busca garantizar condiciones dignas de vinculación, pagos justos y oportunos, jornadas acordes con la legislación laboral, formación continua y mejores herramientas de protección frente a agresiones, acoso y afectaciones de salud mental. Su alcance cobijaría al talento humano definido por la Ley 1164 de 2007, que incluye diferentes profesiones, ocupaciones y niveles de formación del sector.
¿Qué cambiaría en la contratación y el pago del personal de salud?
El componente laboral es uno de los ejes principales de la propuesta. Como regla general, las instituciones y demás actores del sector tendrían que vincular al talento humano mediante modalidades previstas en el Código Sustantivo del Trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria cuando se trate de entidades públicas.
También se prohibirían las formas de intermediación o tercerización que afecten derechos constitucionales, legales o prestacionales. El texto no elimina todas las modalidades de contratación permitidas por la ley, pero busca impedir que figuras excepcionales sean utilizadas para encubrir relaciones laborales permanentes o trasladar al trabajador obligaciones que corresponden al empleador.
Las principales disposiciones laborales serían
- Vinculación bajo modalidades reconocidas por la legislación
- Prohibición de esquemas que encubran intermediación laboral lesiva
- Respeto por las jornadas máximas legales
- Pago prioritario de salarios, honorarios y demás obligaciones
- Reconocimiento de intereses cuando se incumplan los plazos
- Investigación y sanción por parte de las autoridades competentes
El proyecto mantiene una regulación diferenciada para los especialistas de las ciencias de la salud. Su contratación podría realizarse mediante las modalidades legales disponibles cuando el servicio no pueda ser prestado por personal de planta, requiera características profesionales específicas o corresponda al ejercicio independiente.
Cuando el especialista esté vinculado mediante una modalidad diferente a las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, su remuneración tendría que pagarse dentro de los diez días calendario siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, factura o documento equivalente. El incumplimiento generaría intereses moratorios equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, sin superar el límite de usura.
Las entidades responsables del pago también tendrían que registrar mensualmente el valor de sus obligaciones laborales y contractuales. Cuando reciban recursos del sistema, los montos correspondientes al talento humano tendrían destinación exclusiva y no podrían utilizarse para cubrir otros compromisos institucionales.
| Tema | Regla propuesta |
|---|---|
| Vinculación general | Contrato laboral o relación legal y reglamentaria |
| Especialistas | Modalidades legales para trabajo independiente o especializado |
| Pago | Prioridad sobre otras obligaciones |
| Plazo para especialistas | Diez días calendario |
| Incumplimiento | Intereses moratorios e investigaciones |
| Autoridades | Ministerio del Trabajo, Supersalud y entidades competentes |
El texto también incorpora el cumplimiento laboral dentro de los criterios de suficiencia patrimonial y financiera de las IPS. Para esa evaluación se tendrían en cuenta las quejas, los periodos de mora y las sanciones relacionadas con el pago al personal. El Ministerio del Trabajo y la Supersalud deberían certificar esta información a las autoridades territoriales de salud.
¿Qué obligaciones asumirían las IPS, empleadores y administradoras de riesgos laborales?
Las instituciones públicas y privadas tendrían que garantizar los insumos, recursos, tecnologías y demás elementos necesarios para una atención segura. Esta obligación tendría aplicación sin importar el tipo de contrato del trabajador y buscaría vincular las condiciones laborales con la calidad del servicio y la seguridad del paciente.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cubriría a todo el talento humano. Las entidades que vinculen personal deberían destinar recursos suficientes, identificar los riesgos propios de la atención sanitaria y desarrollar acciones de bienestar que incluyan componentes laborales, familiares, académicos, deportivos y culturales.
Las nuevas responsabilidades incluirían
- Garantizar los insumos y tecnologías requeridos para trabajar
- Cubrir a todo el personal mediante el sistema de seguridad y salud laboral
- Realizar actividades de promoción y prevención al menos dos veces al año
- Brindar acompañamiento en casos de burnout, adicciones y violencia intrafamiliar
- Crear programas especiales para profesiones o especialidades de alto riesgo
- Reportar al Gobierno las actividades desarrolladas y sus evidencias
Las administradoras de riesgos laborales, los prestadores y los empleadores tendrían que coordinar las actividades de prevención y acompañamiento. El proyecto establece que su aplicación sería gradual y estaría sujeta al Marco Fiscal de Mediano Plazo y a la reglamentación posterior del Gobierno.
La propuesta también obliga a las IPS a formular planes anuales de formación continua. Los contenidos tendrían que responder a las necesidades profesionales del personal y a los problemas de salud de la población, con énfasis en atención primaria, enfoque diferencial, gestión del riesgo, calidad, trato al usuario y actualización tecnológica.
En materia académica, los ministerios de Salud, Educación, Ciencia y Relaciones Exteriores, junto con el Icetex y las instituciones de educación e investigación, gestionarían mecanismos de reconocimiento y movilidad. El objetivo sería facilitar intercambios profesionales y académicos temporales en el exterior para el talento humano en salud.
¿Cómo se protegería al talento humano frente a la violencia y el maltrato?
La iniciativa crea una Estrategia Nacional de Protección contra la Violencia al Talento Humano en Salud. Su finalidad sería identificar las agresiones, conocer sus causas, medir sus efectos y plantear soluciones para proteger la vida, la salud mental, la integridad y el buen nombre del personal sanitario.
La estrategia tendría un enfoque intersectorial y obligaría a las instituciones a implementar acciones pedagógicas y mecanismos de protección. También establecería indicadores y metas para evaluar periódicamente los resultados de las medidas adoptadas.
Los componentes previstos serían
- Prevención de la violencia en los ámbitos laboral, social y académico
- Coordinación entre instituciones de salud y autoridades
- Sistemas de información sobre causas, modalidades y efectos de las agresiones
- Canales para recibir denuncias y acompañar a las víctimas
- Protección especial durante pandemias, epidemias y emergencias sanitarias
- Integración con las rutas de atención a víctimas de violencias de género
- Medidas para proteger el buen nombre y el debido proceso
Para dirigir estas acciones se crearía un Comité Interinstitucional permanente adscrito al Ministerio de Salud. Estaría integrado por representantes del Ministerio, la Supersalud, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. Tendría que sesionar al menos tres veces al año y rendir informes a las comisiones séptimas del Congreso.
El Ministerio de Salud, con apoyo de la Fiscalía, la Policía y la Defensoría, tendría que diseñar un canal de comunicación para atender las denuncias. La ruta incluiría orientación y acompañamiento a la víctima para presentar el caso ante las autoridades, además de una respuesta especial cuando las agresiones ocurran en contextos de pandemia, epidemia o grave afectación de la salud pública.
La protección también se extendería a la reputación profesional. Quienes publiquen información sobre títulos, desempeño, investigaciones o procesos relacionados con el personal de salud tendrían que hacerlo de manera completa, veraz e imparcial. Cuando una decisión judicial o administrativa sea favorable al profesional, deberá divulgarse en los mismos términos y medios utilizados para la publicación inicial.
La formación médica también quedaría bajo nuevas medidas de protección
El proyecto ordena también promover una política integral contra las formas de violencia física, sexual, intelectual y psicológica que se presenten durante la formación del talento humano. La disposición cobijaría a universidades, hospitales universitarios y demás instituciones utilizadas como escenarios de práctica.
Dentro de los seis meses siguientes a una eventual promulgación, los ministerios competentes tendrían que solicitar información sobre la atención y el control de estos hechos. El reporte permitiría conocer las medidas implementadas por las instituciones educativas y los hospitales para enfrentar el acoso, el maltrato y otras formas de violencia en internados, residencias y prácticas clínicas.
La exposición de motivos relaciona esta propuesta con las denuncias sobre jornadas extenuantes, presiones laborales, retrasos en los pagos, acoso y afectaciones de salud mental durante la formación y el ejercicio profesional. Sin embargo, los datos citados por los autores forman parte de la justificación del proyecto y deberán ser evaluados durante el debate legislativo.
La planificación tendría un enfoque territorial, cultural y de género
El Ministerio de Salud, con asesoría del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, tendría que determinar las necesidades actuales y futuras de personal en los territorios. La planificación se apoyaría en información sanitaria, capacidad de prestación, carga laboral, jornadas, condiciones de salud mental y requerimientos para actividades de promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo.
El proceso incluiría la participación de autoridades territoriales, asociaciones, agremiaciones y actores sociales. También tendría enfoques multidisciplinarios, territoriales, culturales y de equidad de género, con especial atención a la medicina familiar y comunitaria, el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas.
Para enfrentar las brechas de personal, el Gobierno establecería incentivos académicos, investigativos y económicos dirigidos a quienes trabajen por un mínimo de seis meses continuos en zonas de alta dispersión geográfica o difícil acceso. El Ministerio de Salud tendría que definir posteriormente qué territorios cumplirían esas condiciones y cuáles estímulos estarían disponibles.
Los plazos dependerían de la aprobación y la reglamentación
El proyecto establece un plazo máximo de seis meses para reglamentar las medidas de formación y planificación del talento humano. Para consolidar la estrategia nacional y crear el Comité Interinstitucional contra la violencia, el Gobierno dispondría de doce meses contados desde la expedición de la eventual ley.
Estas disposiciones todavía no son obligatorias. El proyecto deberá ser asignado a la comisión competente, superar los debates en Senado y Cámara, completar la conciliación cuando corresponda y recibir sanción presidencial antes de entrar en vigencia.
De aprobarse con su estructura actual, la iniciativa tendría efectos para IPS, profesionales, especialistas, empleadores, administradoras de riesgos laborales, universidades, hospitales universitarios y entidades de inspección y vigilancia. El debate deberá definir si los mecanismos propuestos cuentan con reglas suficientemente claras y con la capacidad institucional necesaria para pasar de la protección en el papel a cambios verificables en las condiciones de trabajo.
Descargue aquí el proyecto de Ley de Talento Humano en Salud:
