En defensa del derecho a la salud y la ética en la gestión de recursos públicos, la Junta Médica Nacional ha emitido un contundente comunicado en el que solicita la reforma estructural del sistema de salud colombiano y la investigación urgente de las irregularidades detectadas en las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La preocupación de la entidad surge a raíz de los recientes informes publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de Recursos Públicos de la Salud (ADRES). Dichos informes, elaborados con base en los estados financieros de las EPS para 2023-2024, revelan presuntas irregularidades graves y posibles actos de corrupción que comprometen la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud.
Entre las irregularidades más alarmantes se encuentra el cobro por atención médica a 23.410 personas fallecidas, lo que representa un gasto superior a los 79.000 millones de pesos. También se reportó un incremento del 63 % en el número de afiliados en 2023 respecto a 2022, acompañado de un aumento del 119 % en los valores ejecutados. Estas cifras incluyen crecimientos que no coinciden con la capacidad instalada del sistema, como un incremento superior al 60 % en consultas médicas, cercano al 80 % en servicios radiológicos y de laboratorio, más del 50 % en tratamientos oncológicos y más del 100 % en servicios domiciliarios, todo en un solo año.
Asimismo, los informes destacan un incumplimiento en la regulación de precios de medicamentos en más de 2,5 millones de registros, con sobrecostos que ascienden a 138.000 millones de pesos. Estas variaciones, que no corresponden con las tendencias históricas ni con la capacidad real del sistema, plantean serias dudas sobre la veracidad de los datos reportados.
Junta Médica Nacional exige justicia social y transparencia como prioridad
La Junta Médica Nacional señala que, a pesar de las evidencias de corrupción, algunos sectores continúan promoviendo un aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sin estudios técnicos ni pruebas suficientes. En este contexto, la organización insta al Congreso de la República a debatir y aprobar una reforma estructural del sistema de salud que priorice la justicia social, la equidad y el bienestar de la población sobre intereses particulares.
Adicionalmente, se solicita la aceleración de auditorías forenses en todas las EPS y la apertura de investigaciones penales en los casos más graves. También se hace un llamado para la convocatoria de mesas técnicas que permitan revisar de manera conjunta la información proporcionada por el gobierno y las EPS, garantizando así la transparencia en la gestión de los recursos.
El comunicado enfatiza que el sistema de salud colombiano, basado en la Ley 100 de 1993, ha demostrado ser insostenible, al priorizar la rentabilidad financiera sobre el bienestar colectivo. Para superar esta crisis, la Junta Médica Nacional propone fortalecer la atención primaria y resolver los problemas de desfinanciación, desorden y corrupción que aquejan al sector.
Finalmente, la organización apela a la ciudadanía para que exija responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. “La salud no es un negocio, sino un derecho fundamental que debe ser protegido con integridad”, concluye el comunicado.