Por: Omar Niño, Profesional en Salud y Derecho con especializaciones en Auditoría Médica, Seguros y Seguridad Social y Derecho Procesal Civil, MBA con enfoque en Dirección de Empresas y con amplia experiencia en procesos indemnizatorios, actividades jurídicas y de consultoría relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT.
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia continúa enfrentando graves problemas de evasión, afectando directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Sin embargo, más allá de la evasión, los cambios normativos recientes, como el Decreto 2497 de 2022 y el Decreto 2644 de 2022, han terminado por agravar la crisis en el sistema de reclamaciones y financiamiento, poniendo en jaque la sostenibilidad de las IPS.
El Decreto 2497 de 2022: una barrera en el proceso de reclamación
La expedición del Decreto 2497 de 2022 tenía como objetivo regular el uso del SOAT y optimizar el manejo de los recursos destinados a la atención de accidentes de tránsito mediante la implementación de los rangos diferenciales por riesgo, lo cual no es otra cosa que disminuir el costo del SOAT a los vehículos de más alta siniestralidad para alivianar el costo del seguro. Sin embargo, en la práctica, ha traído más problemas que soluciones para las IPS y para el sistema de salud en general.
Uno de los mayores obstáculos es la diferencia de los procesos de reclamación ante las aseguradoras SOAT y ante la ADRES, regidas por normativas diferentes para el mismo fin, lo deja en medio al mayor afectado en el proceso indemnizatorio. La IPS.
Un problema adicional para las IPS es la obligación de agotar primero la cobertura de gastos médicos iniciales con la aseguradora antes de poder presentar reclamaciones ante la ADRES. Este proceso se ha convertido en un trámite engorroso y demorado, marcado por la falta de vigilancia y control sobre las aseguradoras que administran el ramo SOAT.
Las IPS se enfrentan a la necesidad de conciliar los saldos de reclamaciones con las aseguradoras, que en muchos casos ya han definido unilateralmente las liquidaciones. Esto deja a las IPS en desventaja, pues sus argumentos y pruebas para reconsideraciones son fácilmente desestimados, incrementando la incertidumbre financiera y afectando el flujo de recursos.
Además, el incremento en los tiempos de resolución ha impactado negativamente la capacidad operativa de las IPS, quienes deben seguir prestando servicios sin contar con el respaldo económico oportuno para cubrir los costos generados.
El Decreto 2644 de 2022: tarifas desactualizadas y un golpe adicional
El ajuste implementado mediante el Decreto 2644 de 2022, que modificó el cálculo de las tarifas del Manual Tarifario de Servicios de Salud del SOAT, también ha perjudicado a las IPS. Este cambio, que pasó de estar basado en salarios mínimos legales vigentes (SMLV) a Unidades de Valor Tributario (UVT), supuso una reducción del 5% en las tarifas pagadas a las IPS durante 2023.
Aunque la intención inicial era estabilizar los costos asociados al SOAT, este ajuste no tomó en cuenta el incremento anual en los gastos operativos de las IPS, derivados de aumentos en salarios, insumos médicos y costos de operación. Mientras los gastos de las IPS crecen cada año al ritmo del salario mínimo, las tarifas permanecen congeladas o incluso disminuyen, deteriorando la capacidad financiera de estas instituciones.
Este desbalance ha generado:
- Déficit en la cobertura de costos operativos.
- Limitaciones en la contratación de personal.
- Desincentivo para atender víctimas de accidentes de tránsito.
Un problema de fondo: evasión y sobrecarga al ADRES
El panorama se agrava con el incremento de la evasión del SOAT. Datos del RUNT revelan que más del 48% del parque automotor en Colombia no cuenta con este seguro, trasladando los costos de atención al ADRES y a las IPS.
En octubre de 2024, la ADRES recibió 92.258 reclamaciones por accidentes sin SOAT, por un valor cercano a los $193.583 millones. Esto representa un incremento del 75,9% en un solo mes, según informes oficiales. Mientras tanto, las aseguradoras han disminuido las indemnizaciones por gastos médicos, argumentando ajustes normativos y altos niveles de fraude, lo que ha creado un cuello de botella en el sistema de pagos.
Conclusión: el SOAT necesita reformas urgentes
La implementación del Decreto 2497 de 2022 no ha cumplido su propósito inicial de agilizar los procesos de reclamación, sino que ha impuesto nuevas barreras para las IPS. A esto se suma la afectación provocada por el Decreto 2644 de 2022, que ha desfinanciado aún más a estas instituciones al reducir sus ingresos frente a gastos crecientes.
Es urgente que el Gobierno Nacional:
- Simplifique y unifique el proceso de reclamación ante las Aseguradoras SOAT y la ADRES y establezca mecanismos de control más estrictos sobre las aseguradoras.
- Actualice las tarifas del Manual Tarifario SOAT, considerando los costos reales de operación de las IPS.
- Genere normatividad para establecer convenios o acuerdos en la prestación de servicios entre Aseguradoras e IPS, para optimizar la calidad de la prestación del servicio y el gasto en salud.
- Fortalezca las campañas de fiscalización y sanción contra la evasión del SOAT.
La sostenibilidad financiera de las IPS y el acceso oportuno a los servicios de salud para las víctimas de accidentes dependen de acciones inmediatas. No puede permitirse que las decisiones normativas sigan debilitando el sistema mientras la evasión y el desorden administrativo ahogan las finanzas de las instituciones que sostienen la atención de emergencias en el país.
