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Proyecto de ley que dará dientes a la Supersalud

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Las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado aprobaron este miércoles el proyecto de Ley 198 de 2018, que le da a la Superintendencia de Salud las facultades necesarias para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud.

Según el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, el respaldo unánime de los congresistas que integran las comisiones séptimas de Cámara y Senado, donde hay representación de 13 partidos, demuestra que la salud no tiene un color político y que, por el contrario, es un tema de interés nacional sobre el que apremia una intervención más profunda y severa.

El proyecto de ley: fortalecimiento a la Supersalud

El proyecto de ley que lleva mensaje de urgencia del Gobierno Nacional busca el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud a través del endurecimiento de las medidas de control y la elevación de las multas que ahora pasan de un máximo de 2.500 SMLMV a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 2.000 SMLV para personas naturales, monto ajustado por los mismos congresistas; el proyecto inicial planteaba que el máximo fuera hasta de 1.000.

En este, se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y de hasta 300 SMLMV a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

Podrá además la Supersalud, suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.

Así mismo, se plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Otro de los alcances está enfocado en consolidar al Juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

Así mismo, fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.

La próxima semana este proyecto de ley, que ya tuvo un respaldo en bloque de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, pasa a segundo debate en plenarias en las dos corporaciones y finalmente a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República, antes de que finalice el 2018.

“Con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud, la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional y el reenfoque de las facultades como juez de la salud en los asuntos técnicos y no en los administrativos, la Superintendencia contará con las herramientas necesarias para que quienes atentan contra los recursos de la salud no lo sigan haciendo”, puntualizó el Superintendente Aristizábal Ángel.

 

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119 países sufren por insuficiencia en el suministro de sangre

Esa es la conclusión de una revisión de un nuevo estudio que mide la brecha entre la oferta y demanda mundial de sangre.

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El suministro total de sangre a nivel mundial está alrededor de 272 millones de unidades. En 2017 la demanda mundial total fue de cerca de 303 millones de unidades, lo que refleja un déficit de casi 30 millones de estas.

Esa es la conclusión de un estudio publicado en la revista The Lancet Haematology para estimar la brecha entre la oferta y la demanda mundial de sangre. Según el estudio de los 195 países del mundo, 119 reportan suministro insuficiente, el déficit ascendió a más de 100 millones de unidades, lo que equivale a unas 1.849 unidades por cada 100.000 personas.

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Es por ello, y considerando la evidencia de este déficit que la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo énfasis  en que, por cada 1.000 personas en cualquier país, se necesitan de 10 a 20 donantes para proporcionar suministros adecuados. Sin embargo, los nuevos hallazgos sugieren que se subestima el volumen real de sangre necesario para muchos países. Los investigadores proponen entre los objetivos que la donación debería variar de acuerdo a cada país y según el tipo de enfermedad prevalente.

Carga de morbilidad entre países

Además, el artículo enfatiza que los países de ingresos más bajos presentan una demanda relativamente menor en comparación con los países de ingresos altos, lo que puede atribuirse a una disminución en la carga de morbilidad por lesiones y enfermedades crónicas, señalan los autores. Sin embargo, también calcularon que estos países tienen las mayores carencias de suministro. Por lo tanto, el abastecimiento de sangre total y de los tres componentes derivados de la misma, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, varía considerablemente de un país a otro.

Según esta revisión, en la mayoría de los países de ingresos altos, la oferta pudo satisfacer la demanda. Por ejemplo, se estimó que Dinamarca tenía el mayor abastecimiento de los tres componentes sanguíneos, con 14.704 unidades de productos sanguíneos por cada 100.000 personas. En cambio, Sudán del Sur tuvo el suministro más bajo, con 46 unidades por cada 100.000 habitantes.

Transfusiones de sangre

Las causas de las transfusiones de sangre también variaron regionalmente. La demanda en los países de ingresos altos se debió principalmente a lesiones y enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en Europa Central, casi 30% de las transfusiones se hicieron para tratar lesiones, 1.716 unidades por cada 100.000, y más del 20% para patologías cardiovasculares 1.283 por cada 100.000.

Los investigadores también mencionan que por ejemplo en el África subsahariana meridional y Oceanía, más del 20% de las transfusiones fueron para enfermedades respiratorias y tuberculosis, 789 por cada 100.000 en el África subsahariana meridional y 858 en Oceanía. En el África subsahariana occidental, oriental y central, más del 10% de las necesidades totales se referían a deficiencias nutricionales, incluidas las de hierro, más de 300 unidades por cada 100.000 habitantes.

Ante la evidencia acumulada, los autores son enfáticos en señalar que para satisfacer la demanda en 2017, los 195 países tendrían que haber superado el objetivo de la OMS de 10 a 20 donaciones por cada 1.000 personas. Suponiendo que se puedan obtener alrededor de 1.5 unidades de componentes sanguíneos de una donación, 40 países requerían más de 30 donaciones, mientras que cuatro en Europa oriental requerían más de 40 donaciones por cada 1.000 habitantes.

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Panorama del gasto per cápita de las farmacias frente al de la OCDE

Nuevo informe presentado por la OCDE muestra como están los diferentes países en términos de gastos per cápita en salud.

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Nuevo informe presentado por la OCDE muestra como están los diferentes países en términos de gastos per cápita en salud.
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Proyecto que otorga beneficios a niños con cáncer pasó primer debate

Ley Jacobo establece que las modificaciones en la red de prestadores de la EPS no afectarán la prestación de los servicios en menores con cáncer.

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Con nueve votos a favor se aprobó en primer debate el proyecto de ley que garantiza la prestación de los servicios de salud  de oncopediatría y se declara atención prioritaria a los menores con cáncer, iniciativa conocida como la Ley Jacobo.

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Objetivos del proyecto

El objeto del proyecto es establecer medidas que hagan efectiva la protección del derecho fundamental a la salud de los menores de 18 años, con diagnóstico o presunción de cáncer, declarar su atención integral como prioritaria, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud de oncopediatría y fortaleciendo el apoyo social que recibe esta población.

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El senador Honorio Henríquez, ponente de la iniciativa, dio lectura al informe de la subcomisión, en el cual se propone la modificación en el título para reemplazar ‘urgencia médica’ por ‘atención prioritaria’, dado que son pacientes que se encuentran en riesgo inminente. Precisó, además, que el artículo primero se deja igual; en el artículo segundo denominado prioridad y giro directo a prestadores de servicios de salud de menores con cáncer, se declara que “el prestador de servicios de salud de menores con cáncer, sin importar el régimen de afiliación del menor, tendrá prelación en el pago de su facturación. Las modificaciones en la red de prestadores de la EPS no afectarán la continuidad en la prestación de los servicios a estos pacientes. Y en el artículo tercero se incluye el término de “atención prioritaria y continuada”.

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