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Proyecto de ley que dará dientes a la Supersalud

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proyecto de ley que dara dientes a la supersalud

Las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado aprobaron este miércoles el proyecto de Ley 198 de 2018, que le da a la Superintendencia de Salud las facultades necesarias para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud.

Según el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, el respaldo unánime de los congresistas que integran las comisiones séptimas de Cámara y Senado, donde hay representación de 13 partidos, demuestra que la salud no tiene un color político y que, por el contrario, es un tema de interés nacional sobre el que apremia una intervención más profunda y severa.

El proyecto de ley: fortalecimiento a la Supersalud

El proyecto de ley que lleva mensaje de urgencia del Gobierno Nacional busca el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud a través del endurecimiento de las medidas de control y la elevación de las multas que ahora pasan de un máximo de 2.500 SMLMV a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 2.000 SMLV para personas naturales, monto ajustado por los mismos congresistas; el proyecto inicial planteaba que el máximo fuera hasta de 1.000.

En este, se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y de hasta 300 SMLMV a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

Podrá además la Supersalud, suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.

Así mismo, se plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Otro de los alcances está enfocado en consolidar al Juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

Así mismo, fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.

La próxima semana este proyecto de ley, que ya tuvo un respaldo en bloque de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, pasa a segundo debate en plenarias en las dos corporaciones y finalmente a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República, antes de que finalice el 2018.

“Con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud, la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional y el reenfoque de las facultades como juez de la salud en los asuntos técnicos y no en los administrativos, la Superintendencia contará con las herramientas necesarias para que quienes atentan contra los recursos de la salud no lo sigan haciendo”, puntualizó el Superintendente Aristizábal Ángel.

 

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Decomisan medicamentos fraudulentos en Popayán

En un trabajo articulado con el Invima y la policía se logró el decomisó de 192 goteros del medicamento Interferón Beta sublingual en Popayán.

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Decomisan medicamentos fraudulentos en Popayán

En un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Policía Fiscal y  Aduanera (Polfa) se logró el decomisó de  192 goteros del medicamento Interferón Beta sublingual, que se encontraba siendo comercializado en la FUNDACIÓN JULIO KLINGER, en la ciudad de Popayán de manera fraudulenta.

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decomiso de medicamentos fraudulentos

Según la medida sanitaria impuesta por la autoridad, “la FUNDACIÓN JULIO KLINGER no cuenta con habilitación en ningún servicio de salud, ni con Certificación de Buenas Prácticas de Elaboración para la preparación y manipulación de medicamentos; tampoco está autorizada por el Invima para adelantar estudios clínicos en relación con el medicamento Interferón”.

Así mismo, la investigación apunta a que  los goteros de 30 ml, decomisados se encontraban almacenados en cadena de frío sin control de temperatura, sin etiquetas o información del producto allí contenido, cada uno con un costo de COP $80.000.

También se encontraron volantes del producto con información de su composición, contraindicaciones y usos, los cuales no están certificados por el Invima, lo que implica que presuntamente, se trata de un producto fraudulento, debido a que no cuenta con registro sanitario.

El Invima resaltó que desconoce la composición del medicamento y que la publicidad que se estaba realizando respecto de las indicaciones y usos de este producto como tratamiento para el SARS-CoV-2, o síntomas asociados, no solo contraviene la normatividad sanitaria vigente, sino que, al no contar con respaldo ni evidencias científicas, generan riesgo para la salud individual y colectiva. 

Medidas impuestas por medicamento fraudulento

Las medidas sanitarias de seguridad aplicadas en este caso son tres:

  1. Suspensión total de los procesos de fabricación de medicamentos biológicos
  2. Decomiso de los productos y volantes informativos
  3. Suspensión de trabajos o servicios de publicidad en el sitio web www.doctorjuliocesarklinger.com y en la red social www.facebook.com/Fundacionjulioklinger/?ref=page_internal 

Cabe mencionar, que según la institución sanitaria, estas medidas son de carácter preventivo y de inmediato cumplimiento, y su no acatamiento pueden generar la imposición de multas sucesivas hasta por 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, debido a su renuencia. (Art. 90 de la Ley 1437 de 2011. Ejecución en caso de renuencia.)

De igual manera, el Invima, a través del Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 de la Dirección de Operaciones Sanitarias, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y el Grupo Unidad de Reacción Inmediata – GURI de la Secretaría General, de manera articulada con la Polfa, continuará trabajando contra la ilegalidad, en salvaguarda de la salud pública. 

Finalmente, la autoridad sanitaria indicó, “estos hechos son materia de investigación por la Dirección de Responsabilidad Sanitaria del Invima, encargada de adelantar el proceso administrativo sancionatorio, para definir si se infringió la normatividad sanitaria y si por estos hechos, hay lugar a la imposición de sanciones, garantizando el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción de los presuntos infractores. Además, estos hechos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de Nación para que se tomen las medidas a que haya lugar y se determine si se trata de delitos que atentan contra la salud pública”.

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Avances de intervención en el Hospital San Rafael de Leticia

21.000 millones en subsidio a la oferta y el plan de intervenciones colectivas serán destinados a la ESE San Rafael de Leticia, en Amazonas.

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Hospital San José de Maicao aumentó capacidad hospitalaria para enfrentar al Covid-19

Luego de una visita realizada para verificar los avances de la intervención administrativa; las adecuaciones efectuadas para aumentar la capacidad de atención por la COVID-19 en la  ESE San Rafael de Leticia, en Amazonas, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, destacó que después de tres meses de ordenada la medida administrativa, el hospital presenta una mejoría en los servicios que presta; en la recuperación de la cartera; el pago de nómina, y en la gestión de los equipos indispensables para su funcionamiento. 

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“Me agrada mucho encontrar profesionales con caras amables, tranquilos, después de haber tenido momentos de mucha angustia. El hospital ha avanzado. Hoy cuenta con elementos de protección, medicamentos necesarios para atender la población, y con gran satisfacción veo que va a cumplir el propósito de tener 18 camas en la Unidad de Cuidado Intermedio”, manifestó el Superintendente.

El alto funcionario afirmo que este es un trabajo en equipo, donde todos debemos seguir sumando para proteger la salud y la vida de los usuarios en esta región del país.

Avances en la ESE de Leticia

Por su parte, el equipo interventor indicó que durante el este trimestre se ha logrado el suministro de elementos de bioseguridad para todos los empleados; el mantenimiento de la planta de oxígeno, y la gestión de una nueva planta eléctrica. Así mismo, se ha tramitado el acceso a recursos para el hospedaje y alimentación del personal asistencial y operativo.

Las acciones también se focalizaron en el recaudo de 6.500 millones de pesos que le adeudaban las EPS por servicios prestados, y 1.200 millones de pesos en anticipos, de los cuales, se destinaron 2.000 millones de pesos al pago del personal de la institución y la realización de adecuaciones locativas.

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Flujo de recursos para la ESE de Leticia

Tras destacar los avances en materia asistencial y administrativa logrados por la interventoría, el gobernador del departamento, Jesús Galdino Cedeño dijo que, con el apoyo de la Asamblea Departamental, se espera agilizar el proceso de la entrega de más de 21.000 millones de subsidio a la oferta y el plan de intervenciones colectivas.

El mandatario aseguró que mencionados recursos ya se encuentran en la cuenta de la Gobernación de Amazonas, y que éstos serán transferidos al hospital San Rafael para continuar con su fortalecimiento y la correcta prestación de los servicios. 

Por su parte, la interventoría designada por la Supersalud también gestionó, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, la asignación de más de 1.300 millones de pesos para dotación e insumos. Igualmente, se avanza en la gestión de otros 2.000 millones de pesos ante esta misma cartera, y el Ministerio de Hacienda, para el pago de nóminas de vigencias anteriores.

Nueva agente especial interventora

El Superintendente, Fabio Aristizábal Ángel anunció que la Entidad designó a Saida Viviana Herreño Prieto, como nueva agente especial interventora del Hospital San Rafael de Leticia, para que siga liderando el proceso de recuperación de la institución asistencial.

Herreño Prieto, reemplaza a Albert Ferney Giraldo, quien presentó renuncia al cargo, el pasado 16 de julio, por quebrantos de salud y dificultades de carácter familiar, que le impedían continuar con su función.

La nueva interventora deberá ejecutar el plan de acción aprobado por la Superintendencia para el hospital, con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios de manera oportuna, continua y segura, sosteniendo y mejorando los resultados obtenidos hasta la fecha.

Cabe recordar que, el Hospital San Rafael de Leticia fue intervenido por la Supersalud, el 27 de abril de 2020, por el término de un año, luego de concluir una fase de seguimiento en la que se identificaron fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico, que impedían el correcto funcionamiento de la institución y la adecuada atención de sus usuarios.

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Colombia: ¿cómo está el país frente a su inflación anual?

Según el Dane el sector que mayor registro de variación tuvo en Julio fue el de la Salud, quien registró una variación de IPC de 0,56%.

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Inflación anual en Colombia

En un informe presentado en Julio de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dio a conocer la inflación anual del índice de precios al consumidor (IPC) en 2020 fue de 1,97%, es decir, 1,82 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año 2019, cuando fue de 3,79%.

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iNFLACIÓN EN SALUD

Según el Dane, en el mes de julio de 2020 la variación mensual del IPC fue 0,00%, frente a  la reportada en junio de este mismo años. El  sector que mayor registro de variación mensual tuvo fue el de la Salud, quien registró una variación de 0,56%.

En este mes, los mayores incrementos de precio se registraron en los servicios odontológicos con odontólogos particulares (0,91%), exámenes de laboratorio para particulares (0,76%), productos farmacéuticos y dermatológicos (0,72%).

De acuerdo con la entidad, la única disminución de precio para el sector de la salud se reportó en los servicios médicos auxiliares no hospitalarios (-1,24%).

Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Por Divisiones 2020 (julio)

VARIACION DEL DANE
Fuente: DANE

Variación IPC EN rESTAURANTES Y HOTELES

Por otra parte, sectores como los Restaurantes y hoteles registraron una inflación mensual del IPC de 0,27%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En julio de 2020 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,44%), gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%).

Las mayores disminuciones de precio  en esta categoría fueron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (-1,01%), bebidas calientes (-0,13%).

aLIMENTOS Y BEBIDAS

En cuanto a la  división Alimentos y bebidas no alcohólicas según el Dane se registró una variación mensual de IPC de -0,80%, siendo esta la menor variación mensual.

pRENDAS DE VESTIR

Así mismo, para el sector de prendas de vestir y calzado se registró una variación mensual de -0,09%, siendo esta la segunda menor variación mensual en IPC. En julio de 2020 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: prendas de vestir para niña y niño (-0,78%), otros artículos y accesorios de vestir para hombre y mujer, incluyendo artículos de vestir para adulto y bebé y materiales (-0,68%) y calzado para mujer (-0,51%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: prendas de vestir para hombre (0,54%), lavado y planchado de ropa (0,35%).

Finalmente, en julio de 2020 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC  en total se registraron en las siguientes subclases: suministro de agua con 0,03 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,03 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: arroz con -0,04 puntos porcentuales y frutas frescas con -0,03 puntos porcentuales.

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