Gremios médicos rechazan el proyecto de ley 10 de reforma a la salud
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Gremios médicos rechazan el proyecto de ley 10 de reforma a la salud

Varias agremiaciones médicas de Colombia se unieron para enviar una carta al senado en la que expresaron su descontento con el proyecto de ley 10.

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Gremios médicos rechazan el proyecto de ley 10 de reforma a la salud

La Federación Médica Colombiana -FMC-, el Colegio Médico Colombiano -CMC-, la Asociación Médica Sindical de Colombia -ASMEDAS-, la Asociación Nacional de Internos y Residentes -ANIR-, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil -ACOME-, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos -FECOLMED- y la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar -SOCMEF- enviaron una misiva dirigida al Senado para expresar su preocupación sobre las consecuencias que podría traer la aprobación del Proyecto de Ley 10 del 202 por el que se realizan varios ajustes al marco del sistema de salud.

Los gremios señalan que aunque el proyecto se  presenta como la reglamentación de la ley estatutaria 1751 de 2015, en su desarrollo, por el contrario, constituye una negación de esta norma en sus elementos fundamentales, lo que supone un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud, profundiza la privatización del sistema de salud, la negación de servicios, e introduce elementos inconstitucionales, frente a la propia ley estatutaria de salud y la autonomía universitaria.

Adicionalmente, sostienen que en materia de talento humano la ley propone asuntos que ya están contemplados en la normatividad vigente y que los actuales suponen incluso más beneficios. Es preciso mencionar, que proximadamente el 90% de los trabajadores de la salud trabajan en el sector privado, que es mayoritario en el sistema, y el 80% de la totalidad de los trabajadores están bajo formas inestables e ilegales de contratación, incluidas las órdenes de prestación de servicios, y diversas formas de tercerización e intermediación laboral.

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Esta es parte de la carta que los gremios anteriormente mencionados enviaron al senado:

Análisis del proyecto de ley 10

Capítulo 1: en el artículo 5 se establece la garantía del derecho a la salud, reduciéndola a un plan único de salud. La ley estatutaria en salud (LES) y la Sentencia C-313 de 2014, que recoge el bloque de constitucionalidad desarrollado en la Observación General 14 del Comité DESC de Naciones Unidas, establece que no debe existir plan obligatorio de salud, ni plan de beneficio, es decir, resulta una limitación del derecho, el supeditarlo a un listado de tecnologías y tratamientos para ser provistos. La Corte Constitucional ha acotado, como la definió el Congreso de la República, que “Todo está incluido, menos lo excluido”, los criterios de exclusión están definidos en el artículo 15 de la LES y están supeditados al ejercicio de la autonomía profesional, que es uno de los ejes rectores del derecho fundamental a la salud. Luego, no tiene sentido que el Congreso de la República retroceda con este proyecto de ley respecto a logros del derecho fundamental a la salud consagrados en el bloque de constitucionalidad y recogidos en una ley estatutaria emanada de la misma corporación, que es de mayor rango constitucional que una ley ordinaria como sería el presente proyecto de ley.

Salud Pública

Capítulo 2: en cuanto a la salud pública, el proyecto no plantea nada distinto a lo que opera en la actualidad, relacionado a la existencia de planes territoriales; no obstante, estos están a cargo de los entes territoriales y en el artículo 10 se insiste en que deben efectuarse con las aseguradoras, que privilegian su acción en la atención individual. Dicen que las evaluaciones realizadas por los entes territoriales serán un insumo para habilitación y permanencia de las aseguradoras en el territorio y para un componente variable del pago de la UPC. Es decir, estas evaluaciones no tienen un carácter vinculante para definir si un asegurador continúa o no, solo serán uno de los insumos; no se observa en el proyecto los mecanismos materiales para que los entes territoriales puedan desarrollar esa evaluación, que consistiría en primer lugar, en tener un sistema de información público en línea, como lo estipula la ley estatutaria en salud.

Gestión Integral del Riesgo en Salud

Capítulo 3: El artículo 11 insiste en que las llamadas aseguradoras, hoy EPS, hagan lo que nunca han hecho en 27 años de vigencia de la ley 100, que les delega la responsabilidad de gestionar el riesgo en salud, individual y colectivo, que se ocupen de la prevención, cosa que no cumplen, como ha sido demostrado en la pandemia.

También, en el artículo 12 atribuyen el sistema de información en salud a las aseguradoras, esto es contrario a la LES, que en su artículo 19 ordena que este debe ser un sistema único a cargo del estado, en tanto este es el garante del derecho y ejerce la rectoría del sistema, hasta en la más elemental forma y neoclásica acepción del estado, donde opera solo como regulador. Es el Estado quien debe garantizar y proveer la información veraz y completa en salud a la ciudadanía, no los particulares.

Adicionalmente, la misiva sostiene que este proyecto de ley persiste en el yerro de incomprensión el acto médico, pues crea un agrupador único nacional en donde se enlistan diagnósticos y procedimientos, como si hubiera una correspondencia unívoca entre uno y otros. Con este procedimiento desconoce la cantidad inmensa de variables que afectan los resultados al intervenir a un ser vivo, máxime de la complejidad de un ser humano. Pretende evaluar “la gestión clínica”, es decir, el acto médico como una acción administrativa, tecnocrática, carente de autonomía profesional, de la autonomía del paciente, y de la compleja variabilidad de la historia natural de la enfermedad. Esto contraría a todas luces el principio constitucional de la autonomía profesional, consagrada en el artículo 17 de la LES y terminaría siendo una nueva forma de restricción del acto médico.

Aseguramiento

Capítulo 4: En el artículo 14 se cambia el nombre de las EPS a aseguradoras, otorgándoles funciones que la ley estatutaria y la ley 1438 le otorgan al estado, tales como la conformación de las redes integradas de servicios de salud, esto les da mas poder del que ya poseen y les otorga mayor hegemonía en el sistema para dirigir negocios y contrataciones con los recursos públicos de los colombianos. El Ministerio solo tendrá la función de reglamentar las relaciones comerciales entre estas instituciones, “mecanismos de pago y compras de intervenciones”.

Así mismo, En el artículo 18 se crea el régimen único de salud, esto es la unificación de los regímenes subsidiados y contributivo, algo que el gobierno nacional está obligado a hacer por mandato de la corte constitucional en la sentencia T-760 de 2008 que tiene continuidad con la ley estatutaria en salud (LES), lo que significaría la unificación de la UPC de los dos regímenes existentes, esto requeriría de una voluntad política del Ministerio de Salud en cumplimiento de una orden el tribunal constitucional, y podría lograrse de inmediato sin el trámite de una ley. Así mismo como el artículo 19 de este proyecto de ley que habla de la unificación del plan de beneficios, mandato de la Corte de igual forma desde el año 2008, que en la actualidad a la luz de la ley estatutaria debe replantearse en función del sistema incluyente que contempla criterios médicos de exclusión para seis situaciones específicas, dado que el orden legal está regentado por la ley estatutaria en su artículo 15.

Del mismo modo, en En el artículo 21 cambian el esquema del régimen subsidiado, que dijeron en los artículos anteriores que desaparecería, puesto que dan continuidad a lo aprobado en el Plan de Desarrollo del actual gobierno en el cual generan una contribución solidaria por parte de los desempleados, que aumentarán a causa de la pandemia por Sars Cov2 – Covid-19, para poder permanecer en el régimen subsidiado después de un año. Se retrocede, incluso, respecto al principio de solidaridad de la ley 100 de 1993, en donde quienes más tienen ayudan a subsidiar a quien no tenga.

Modelo de Atención

Capítulo 5: Se plantea como modelo de atención, un enfoque de atención primaria integral, familiar y comunitario (Articulo 24), esto suena bien, sin embargo es retórico, en tanto a renglón seguido se dice que esto se va a operativizar mediante las rutas de atención integral, la unidad funcional básica del MIAS, que no es mas que la atención de la enfermedad por evento, es decir todo lo contrario a lo integral, comunitario y familiar. Y de otro lado, se ha demostrado en múltiples experiencias nacionales que la atención primaria en salud y el enfoque familiar y comunitario, no son posibles en un modelo de aseguramiento individual pues, de facto, rompe la continuidad y longitudinalidad; el eje del modelo en este proyecto de ley son las aseguradoras, entidades que han demostrado su incapacidad en el asunto durante 27 años.

En el artículo 26 se habla de la prestación de servicios, en donde se contradicen con la creación de redes integrales de servicios de salud que estipula la ley estatutaria. Crean la figura de prestadores primarios y complementarios, fragmentan la prestación de servicios conforme a contratos y a paquetes de tratamientos y procedimientos que ofrece cada uno; nada más contrario al derecho fundamental a la salud y al concepto de redes integrales e integradas de servicios de salud, para establecer la referencia y contrarreferencia entre los distintos niveles de complejidad. Igualmente, en contradicción con la atención primaria integral propone unos prestadores primarios que prestarían una cantidad limitada de servicios en el marco del aseguramiento con lo cual privilegia y fortalece de nuevo la alta complejidad, la concentración del dinero del sistema de salud y los recursos de educación e investigación en manos privadas.

Prestadores de Servicios de Salud y ESE

Capítulo 6: ntre el artículo 28 y el 33 se expresa la contradicción de las redes integrales de servicios de salud, que serán organizadas por las aseguradoras, las fragmentan en prestadores primarios, complementarios y centros de excelencia, fragmentan un plan de salud para cada uno de estos servicios. E incurren de nuevo en una contradicción respecto a la coherencia interna de la ley, porque inicialmente dicen que estas redes las deberán conformar los aseguradores, aquí refieren que los habilitara el Ministerio de Salud con el visto bueno de los entes territoriales, nada distinto a lo que ocurre ahora, en tanto quien tiene el poder de contratación, define las condiciones de la red.

En el artículo 37 se insiste en la fallida figura de las Alianzas Público Privadas para la dotación, construcción y administración delegada de los hospitales, estas figuras, estudiadas en el Reino Unido, han demostrado ser mas costosas e ineficaces para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria que si el estado lo hiciera solo. Es un artículo que está en contravía de la evidencia mundial sobre el tema.

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 Transaccionalidad y Mecanismos de Pago

Capítulo 7: establecen unas directrices comerciales para la contratación por evento de las Rutas Integrales de Servicios de Salud RIAS, una figura que atenta contra el principio de integralidad de atención en salud, y por tanto el derecho fundamental.

En el artículo 40 mantienen la contratación del Plan de Intervenciones colectivas con los hospitales públicos, no obstante en el articulo 41 dejan a discrecionalidad del Ministerio de Salud el porcentaje que deben contratar las aseguradoras con los hospitales públicos. Esto corresponde a las medidas recientes, en donde de manera paulatina se ha ido exonerando a las EPS de la obligatoriedad de la contratación con los hospitales públicos, tema que ha sido expresado en reiteradas ocasiones por estos gremios, dado que estas medidas sumen en la inviabilidad financiera a la red de hospitales públicos. En el parágrafo de este artículo se establece que el estado pueda concurrir con subsidio a la oferta al prestador primario público que sea monopólico en un territorio. No obstante, consideramos, que en aplicación de la LES, el subsidio a la oferta debería ser a toda la red pública hospitalaria.

Talento Humano en Salud

capítulo 8: en el articulo 43 se dictamina la existencia de un sistema de información del recurso humano en salud, esto resulta loable, en la actualidad existe el Rethus, y la ley de residencias medicas 1917 de 2018 estipuló uno para los fines pertinentes.

El artículo 44 crea un examen único nacional para acceso a las residencias medicas a cargo del Ministerio de Educación y el ICFES, esto podría ser un primer requisito, pero se debe concertar con las Instituciones de Educación Superior-IES, los mecanismos subsiguientes para la admisión a sus programas conforme a su autonomía académica. Se señalan unos incentivos para las IES por la apertura de programas, esto deberá supeditarse a que efectivamente disminuyan las matrículas o apelen a la gratuidad de las residencias, conforme lo estipula la ley de residencias medicas.

 Dignificación laboral del talento humano en salud

Capítulo 9: este capítulo en general es inocuo, no supera la legislación laboral existente, las garantías otorgadas por el artículo 17 y 18 de la ley estatutaria en salud, y las garantías establecidas en el bloque de constitucionalidad y los acuerdos establecidos por el estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo. Es una burla con los trabajadores de la salud establecer como lo hace en este capítulo, establecer una serie de principios que no tienen ningún carácter vinculante sino meramente exhortativos. Es una burla a los cerca de 700 mil trabajadores del sector de la salud existentes en el país.

Insistimos en que la sola formalización del sector de los trabajadores públicos en salud de la red hospitalaria no es suficiente y por lo demás condena a la liquidación de la red pública pues mientras estos sigan operando con la lógica del mercado los servicios que presten serán más caros por lo más elevados costos laborales de los hospitales de la red pública. Esto solo podría mejorarse si el subsidio a la oferta fuera asumido con cargo a las finanzas públicas nacionales destinado al subsidio de plantas básicas de personal para cada centro hospitalario público.

Financiación y sostenibilidad

Capítulo 10: en nuestro concepto no se contemplan medidas de fondo que superen el déficit financiero en la que se encuentra sumido el sistema, los planes de saneamiento y patrimoniales de los agentes del sistema, son parte de la normatividad vigente, el fondo que se crea es similar al FONSAET para el salvamento de aseguradores y prestadores, no obstante, en la actualidad este está desprovisto de recursos. Todas estas medidas contempladas en la normatividad vigente, y aún así no han resuelto el problema de financiación y sostenibilidad del sistema.

En la dirección de la privatización es particularmente nocivo y peligroso el parágrafo 2 del artículo 57 que le da atribuciones para que la Superintendencia de salud solicite a las Asambleas de las entidades de salud de naturaleza cooperativa, mutual o solidaria como las Cajas de Compensación, que podrían disponer la conversión de la entidad en una sociedad de carácter comercial. Esto es grave porque se trataría de convertir propiedad social en propiedad privada. Hay que tener en cuenta que una buena parte de las más importantes EPS tienen esa naturaleza, pertenecen a los trabajadores y son parte de su salario social, por lo que no son de esencia comercial.

Inspeccion, Vigilancia y Control

Capítulo 11: en el artículo 65 se apelan a medidas punitivas para los evasores de la afiliación, bajo la creencia que esto resolverá ese problema.

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Estrategia busca transformar atención de la salud mental en América Latina

OPS crea estrategia para que los países de América Latina y el Caribe transformen el tratamiento de las personas con trastornos en salud mental desde sus entornos comunitarios.

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Un informe presentado por la Organización Panamericana de la Salud -OPS sobre la desinstitucionalización de la atención psiquiátrica, indicaría algunas estrategias para que los países de América Latina  y el Caribe transformen el tratamiento de las personas con trastornos en salud mental desde sus entornos comunitarios.

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Atención comunitaria en salud mental

“La atención comunitaria no solo es la atención más eficaz, también salvaguarda los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos de salud mental”, afirmó la Directora de la OPS, doctora Carissa Etienne. “Hemos recorrido un largo camino para alcanzar nuestro objetivo de ofrecer un tratamiento más humano y desinstitucionalizado, pero todavía queda mucho por hacer. Demasiadas personas están todavía confinadas en instituciones que no les permiten alcanzar su pleno potencial como seres humanos.”

En este sentido, Etienne  destacó que  aproximadamente un 2% del presupuesto en salud se destina a la atención de salud mental en la Región y cerca de un 60% de este monto se emplea en financiar hospitales psiquiátricos. Los países de la Región han fomentado legislación a favor de la transición hacia servicios comunitarios de salud mental, pero solo unos pocos países proporcionan residencias comunitarias para personas con trastornos graves de salud mental.

Sin embargo, la OPS subraya que, en los últimos años, la Región ha tenido algunas experiencias fructíferas con la elaboración de planes y regulaciones de externamiento psiquiátrico a nivel nacional y la creación de servicios comunitarios de salud mental, que pueden servir de ejemplo para ampliar la atención comunitaria.

“Entre algunos de los obstáculos a los que se enfrenta la desinstitucionalización psiquiátrica se cuenta un presupuesto limitado destinado a la atención de salud mental, un número muy bajo de trabajadores de salud mental, la promoción desigual de la causa y una grave falta de apoyo político”. Puntualizó la OPS.

Estrategias que promueve el proyecto en salud mental

Dentro de las estrategias que promueve esta iniciativa que busca transformar la atención en salud mental en América Latina están las siguientes:

  • Obtener un apoyo político sostenido a la desinstitucionalización psiquiátrica, en el que se incluyan políticas de salud mental, leyes, programas y servicios con un enfoque comunitario.
  • Incrementar la inversión financiera para reestructurar los sistemas de salud mental que permitan la desinstitucionalización psiquiátrica.
  • Fortalecer los servicios de salud mental en las comunidades y ofrecer apoyo a la vivienda antes y después de que la desinstitucionalización psiquiátrica tenga lugar.
  • Integrar la salud mental en la atención general de salud, especialmente en la atención primaria de salud.
  • Abogar por que se protejan los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental.
  • Aumentar la concientización general en las comunidades sobre los trastornos de salud mental.

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Finalmente, el doctor Renato Oliveira e Souza, jefe de Unidad de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la OPS, señaló que “a pesar del compromiso con los principios de la Declaración de Caracas (1990), no hemos avanzado tanto como esperábamos. Sabemos cómo alcanzar la desinstitucionalización psiquiátrica y hay estrategias basadas en la evidencia. Sin embargo, debemos trabajar con mayor ahínco para conseguir la voluntad y los recursos financieros para ejecutarlas.”

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Aprueban guselkumab para la artritis psoriásica en Europa

La Comisión Europea -EU- autorizó el uso de guselkumab para pacientes adultos con artritis psoriásica activa.

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Aprueban en Europa guselkumab para la artritis psoriásica activa

La Comisión Europea -EU- autorizó el uso de guselkumab para pacientes adultos con artritis psoriásica activa, el tratamiento sólo podrá ser administrado a pacientes que no han respondido a tratamientos previos con medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, también podrá administrarse si el paciente no toleró tratamientos anteriores.

“Para los pacientes es una buena noticia disponer de opciones terapéuticas más innovadoras que mejoren su calidad de vida. Ahora debemos trabajar para que los pacientes de toda la Unión Europea puedan acceder a este tratamiento”, afirmó el presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Psoriasis, Jan Koren.

El guselkumab es un pionero monoclonal 100% humano autorizado que se adhiere selectivamente a la subunidad p19 de la IL-23, inhibiendo su interacción con este inhibidor. Con la aprobación se podrá usar en adultos con psoriasis en placas moderada o grave.

Recordemos, que la IL-23 es un detonante fundamental para la progresión de enfermedades inflamatorias como la psoriasis y la artritis psoriásica entre otras.

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DISCOVER 1 y 2 para aprobar guselkumab

Los resultados de los estudios llamados Discover-1 y Discover-2 fueron los que permitieron que se aprobará el uso del medicamento. En estos ensayos se evaluó la seguridad y la eficacia del fármaco en presentaciones de 100 mg administrado en lapsos de 2 semanas a un mes. Los resultados concluyentes fueron publicados por la revista científica “The Lancet”,

En los ensayos se pudo evidenciar que guselkumab es efectivo para mejorar las lesiones articulares y cutáneas y además mostró potencial en la reparación de daños estructurales a las articulaciones. Con estos dos beneficios se convierte en el medicamento ideal para tratar la artritis psoriásica.

Finalmente, los estudios mostraron altos índices de tolerabilidad y los efectos adversos fueron pocos y leves, ninguno de ellos fue relevante ya que en estudios previos ya se habían evidenciado. Esta autorización de comercialización se ha concedido tras la opinión positiva emitida el 15 de octubre por el Comité de Medicamentos para Uso Humano  de la Agencia Europea del Medicamento.

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El 69% de adultos mayores sienten inseguridad para retomar vida laboral en el país

Según la encuesta realizada sobre población adultos mayores de las principales ciudades del país indica que el 69% sienten inseguridad para retomar a la vida por causa de la covid-19.

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El 69% de adultos mayores sienten inseguridad para retomar vida laboral en el país

Una encuesta dirigida a población adultos mayores reveló que de  los encuestados  mayores de 65 años de las principales ciudades colombianas el 69% sienten inseguridad para retomar a la vida laboral esto debido a que son la población más vulnerable frente al covid-19.

Los hallazgos que entregó el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en alianza con la firma Raddar, indican además que, en el campo laboral, los adultos mayores no se sienten seguros ante la actual coyuntura que vive el país por la emergencia sanitaria.

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En cuanto a materia de ingresos, el 28% de esta población encuestada que no cuenta con un fondo de pensión sostuvo que su principal fuente de ingresos proviene de negocios propios; el 23% reciben ayuda económica por parte de sus hijos; el 21% depende del salario del empleo actual; y un 17% recibe recursos de arriendos.

Además,  la encuesta también reveló que las personas que no cuentan con una pensión son quienes más han tenido que acceder a ayudas económicas o en especie (21%). Quienes cuentan con una pensión aseguraron tener una mayor estabilidad, acceso a salud y una mejor calidad de vida.

Impacto de la pandemia en la población adultos mayores

Por otra parte, luego de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional tras considerar que la población de adultos mayores era la que más afectaciones en su salud podrían tener por la emergencia sanitaria y adoptar la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Según la encuesta as diferencia de lo que muchos colombianos piensan, la soledad no ha sido un problema para esta población. El 87% de los encuestados afirmaron que sus familiares han sido la principal fuente de compañía en esta pandemia; la ciudad donde mayor acompañamiento han tenido los adultos mayores es Barranquilla con un 96%.

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El informe también destaca que solo el 2% de los encuestados dicen haber recibido acompañamiento psicológico. En materia de salud, el 51% de los adultos mayores se sienten optimistas en cuanto a sus condiciones.

Finalmente, Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir indicó.  “Los resultados de este estudio nos impulsan a seguir estructurando programas como el que realizamos en 2019 con la Universidad del Rosario donde pusimos en marcha un programa de emprendimiento para personas que no lograron pensionarse y que hoy ya han materializado sus ideas de negocio, esta encuesta confirma que quienes no tienen la posibilidad de pensionarse son en quienes más debemos concentrar nuestros esfuerzos”.

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