Los exministros y exviceministros de salud y protección social emitieron un comunicado, donde expresan sus preocupaciones a los recientes avances que está teniendo la Reforma a la Salud. En ella expresan que la salud de los colombianos no puede ser subestimada y trasciende cualquier interés político o promesa de algún gobierno.
Los exministros enfatizan en cómo han sido testigos del rápido deterioro que ha experimentado el sistema de salud en Colombia, lo cual ha generado preocupaciones con respecto al proyecto de reforma 339 de 2023. Donde exponen que las voces que han expresado preocupaciones han sido ignoradas, por lo que en la actualidad es más importante que nunca centrarse en la humanización de los servicios y en el bienestar de los pacientes.
86.000 mujeres colombianas luchan contra el cáncer de mama. Ellas y sus familias han confiado en una red de hospitales y clínicas para recibir los tratamientos y medicamentos necesarios, sin importar su posición política, social o económica. Sin embargo, se plantea la pregunta de si el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS), propuesto por el gobierno, será capaz de gestionar y garantizar la continuidad de estos tratamientos vitales.
Asimismo, surge la incertidumbre de cómo responderá el Estado cuando la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) se vea abrumada por la administración de millones de facturas anuales, lo que podría amenazar la sostenibilidad de los hospitales. Además, es importante considerar el futuro de medio millón de colombianos que enfrentan enfermedades graves, como el cáncer, y que luchan día a día junto a médicos y enfermeras por salvar sus vidas.
Expresan también que, los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma. Sus necesidades, propuestas y preocupaciones han sido pasadas por alto. Junto con la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil del sector salud, se ha insistido en la importancia de trabajar en una reforma que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos. Esta reforma debe estar fundamentada en los principios constitucionales, así como en la Ley Estatutaria de Salud y en los avances logrados en el goce efectivo de este derecho fundamental.
Para los exministros es lamentable la aprobación en bloque por parte de la mayoría de los representantes a la Cámara de Representantes, sin un análisis profundo ni discusiones basadas en evidencia técnica y científica. Afirman que no han escuchado a las voces expertas que se han manifestado en contra y han señalado las deficiencias y contradicciones del proyecto de ley. La forma en que se ha llevado a cabo la votación, especialmente en los últimos días, dista mucho de ser un diálogo democrático, amplio y transparente, tal como se requiere para una reforma en un sistema que protege y regula un derecho fundamental como el de la salud.
Riesgos expuestos por los exministros
Por todo esto, se reafirman su preocupación por los vicios de forma y de fondo y por el contenido del proyecto de ley 339 de 2023 que actualmente se encuentra en el Congreso de la República. Estos son los principales riesgos que se presentan, de acuerdo con lo dicho los exministros.
- Incumple mínimos constitucionales. El proyecto de ley no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. No ha definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que se van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición que proteja adecuadamente a los pacientes en sus tratamientos y tampoco ha permitido para su definición y discusión una participación ciudadana amplia, transparente y efectiva.
- Dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad: Si se aprueba la reforma a la salud como está, múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a que los usuarios y pacientes tengan que acudir a muchas instancias que no tienen claras sus nuevas responsabilidades y funciones.
- Elimina la libre elección: Si se aprueba la reforma a la salud, desaparecerá la posibilidad de elegir dónde seremos atendidos los usuarios y pacientes.
- Desaparece el aseguramiento: Si se aprueba la reforma a la salud, la cuatro funciones esenciales de las EPS quedan dispersas en hospitales públicos de mediana y alta complejidad, secretarias de salud, ADRES y Minsalud, y en los CAPS (entidades que no tienen el conocimiento, las capacidades ni la experiencia, lo que pone en riesgo la continuidad, oportunidad e integralidad de la atención), lo que lleva a una desarticulación del sistema y refleja poca claridad de cara a las personas que deberán moverse por el sistema a través de múltiples instituciones que no tienen precisas sus nuevas responsabilidades y funciones.
- Sin UPC, mayor ineficiencia y menor protección financiera: Si se aprueba la reforma a la salud, ese valor fijo mensual dejará de pertenecer a cada persona y pasará a ser asignado directamente a los más de 25.000 CAPS para que atiendan a la población, siempre y cuando el presupuesto les alcance, sin que el acceso sea equitativo y sin garantías de que dicho cambio mejore los indicadores de salud de la población.
- Se arriesga la gestión financiera: Si se aprueba la reforma, la ADRES no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando. Al sistema le costó 30 años alcanzar la madurez institucional de operar el esquema actual, confiar en el desarrollo esporádico de capacidades ocasionará serias dificultades a la hora de girar los recursos y, por ende, un caos en el flujo financiero.
- Presenta mayor riesgo de corrupción: Si se aprueba la reforma la concentración de las decisiones de ejecución de gasto en un solo actor, multiplica los riesgos de corrupción, error e inoperancia; la ejecución de recursos públicos exige controles. No se pueden olvidar los múltiples aprendizajes en la operación del sistema derivados de desfalcos en instituciones públicas y privados que han simulado la existencia de pacientes y atenciones para cobrar altas cuantías de dinero al sistema.
- Los trabajadores de la salud quedan en riesgo: Si se aprueba la reforma cientos de miles de trabajadores del sector salud tienen en riesgo su bienestar y condiciones laborales. Engañosamente se ha argumentado que la reforma a la salud mejorará las condiciones de empleo del talento humano en salud. Sin embargo, no existe un solo artículo dirigido a financiar el costo adicional de la formalización laboral en el sector.
- Carece de aval fiscal para su sostenibilidad: Si se aprueba la reforma se desconoce su financiamiento. El análisis que debe recibir el Congreso debe hacerse a la luz del marco fiscal de mediano plazo incluyendo sus fuentes
Mientras en el congreso se discute la reforma, el sistema de salud se encuentra al borde del colapso debido a la falta de liderazgo, gestión y decisiones acertadas por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, aseguran los exministros. La desfinanciación del sector no ha sido atendida por el gobierno nacional, a pesar de las advertencias. Miles de usuarios y pacientes han dejado de acceder a los servicios y tratamientos que recibían regularmente hace apenas unos meses.
La responsabilidad del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y del Congreso de la República es enorme. No se puede poner en riesgo la vida y la salud de los colombianos. Así mismo expresan: “Requerimos un cambio que no destruya y una reforma de salud que garantice la progresividad del derecho. Le demandamos al Congreso de la República grandeza, responsabilidad, dignidad y profundidad en el debate.”
Los firmantes son los exministros de salud: Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez. Exviceministros de salud: Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa, Blanca Elvira Cajigas, Iván Darío González, Germán Escobar Morales. El exministro de protección social: Diego Palacio Betancourt. Exviceministros de protección social: María Andrea Godoy, Diana Cárdenas y los exviceministros técnicos: Jairo Nuñez y Carlos Jorge Rodriguez.
