Por: Dr. Germán Fernández, médico con amplia experiencia en procesos sociales, políticos y financieros de la Seguridad Social, del Sistema de Salud y de Riesgos Laborales.
Hace unos 7 años, CONSULTORSALUD tuvo la amabilidad de invitarme a exponer una conferencia en su afamado congreso anual, que cuenta con la mayor convocatoria de opinión sobre análisis del sector de la salud, desde hace tiempo. Indudable éxito debido a la aplicada gestión empresarial de su disciplinado líder Dr. Carlos Felipe Muñoz Paredes. Para cumplir el encargo titulé la exposición: “Crisis Crónica del Sistema de Salud en Colombia”, que ya, por entonces, evidenciaba signos y síntomas que lo continúan aquejando, sólo que ahora la patología que afecta al conjunto empresarial que lo sustenta en aseguradoras EPS se encuentra esperando la aplicación de los aceites para su tránsito definitivo, llamados los “santos óleos”.
Pero el acontecer expositivo que relato tiene antecedentes: en publicación del órgano escrito oficial de la Academia Nacional de Medicina (Revista Medicina – ISSN 0120-5498 –Vol. 33 No. 3 – Edición Julio-Septiembre de 2011 – Pág. 186 a 203), advertí la crisis creciente del entonces llamado Sistema General de Seguridad Social en Salud – GSSS – hoy denominado, Sistema de Salud – SS, (Ley Estatutaria 1751 de 2015) que ha llegado a límites de catástrofe, crisis política y expectativa afanosa para pacientes y familias.
Hace trece (13) años, en 2011, precisé con meridiana claridad y franqueza las distorsiones jurídicas, conceptuales, financieras y contables que los administradores privados de los abundantes recursos de la salud –aseguradoras EPS- aplicaban en su cuotidiano manejo frente a pacientes, a proveedores de servicios, clínicas, hospitales, contratistas y proveedores y referenciaba las enormes desviaciones de nuestros recursos públicos parafiscales con destinación específica (dineros originados en las UPC), que utilizaban para enriquecer sus propios patrimonios por medio de mecanismos francamente ilegales o artificiosamente legales.
El asunto del enriquecimiento ilícito e incausado de estas entidades intermediarias EPS, mayoría de ellas liquidadas, –dicen que han tenido existencia jurídica 152, de las que ahora sólo quedan 27 que dejaron en el camino centenares de afectados- tomó características más abrumadoras cuando quisieron y lograron artificiosamente confundir el seguro social obligatorio en salud – sujeto a los principios del derecho público y el propósito del bien común- con el seguro comercial que tiene como fin y propósito el lucro de las empresas. Adicionalmente, omitieron la aplicación del principio constitucional de “destinación específica” involucrando los billonarios recursos públicos de la UPC dentro de una “Caja Única” con sus propios recursos patrimoniales, pagando con cargo a esos recursos públicos, ajenos a los propios, multitud de cuentas que correspondían a gastos de externalidades que correspondían a su propio resorte empresarial y a voluntad de sus ejecutivos.
Por supuesto que voluntariosamente descartaron y hoy siguen omitiendo la aplicación del Art.182 de la Ley 100/93, que las obliga a manejar en cuentas separadas los recursos provenientes de la UPC, lo que en la Contabilidad General, no amañada, se denominan como “Cuentas de Orden” o “Cuentas de Terceros”, lo que desconocieron con connivencia de sus contadores y revisores fiscales. Por eso es que hoy día, aún con herramientas de minucioso registro, nadie sabe o conoce a cuánto asciende el costo real del servicio de salud ni se puede calcular la real cuantía de la UPC.
Para tal efecto deletéreo sobre el “bien común” contaron con la precaria, desorientada, encubridora, inexistente o cómplice vigilancia de una sucesión de superintendentes de salud, quienes ocasionalmente sancionaban alguna precariedad en un servicio de salud o permitían el pago de sanciones con el mismo recurso público que administraban.
No se puede dejar de mencionar en la derivación y pérdida de nuestros billonarios recursos públicos, la función que han desempeñado las complejas estructuras empresariales que han crecido vertiginosamente a la sombra de las EPS, con clínicas, centros médicos y paramédicos y otras múltiples empresas con muy diversos propósitos y fines, todas ellas acrecidas, protegidas y generadas por el mercado oligopólico, auspiciadas por leyes promovidas por parlamentarios que han sido partícipes y/o auspiciadores de lo que se ha denominado integración vertical y también integración transversal. Aquí hay para todo.
Y, ¿qué decir de la actuación omisa, precaria, cómplice y contumaz de ministro y viceministro de Salud quienes han ejercido la “Rectoría del Sistema”, conducción y gobernanza durante 10 años, lapso durante el cual hemos llegado a deudas de más de $25 Billones de pesos y ausencia de Reservas Técnicas, sin la legal “inversión cierta” de más de $12,4 billones de pesos?
Hoy, a mayo-junio de 2024, abocados a la quiebra empresarial sistémica de las empresas privadas delegadas aseguradoras EPS del seguro social obligatorio público de salud, la opinión informada se pregunta: ¿Qué sucederá con los enfermos afectados? ¿Y con los servicios cuotidianos? ¿Quién es responsable? Se escuchan explicaciones bizarras exculpatorias de algunos responsables, que aparecen por ahí en campaña. Precario escenario, precaria, conciencia, que no da respuestas.
Lo prioritario por ahora, que siempre lo ha sido, es que entidades prestadoras de servicios de salud y sus profesionales continúen atendiendo a afiliados, pacientes y afectados de patologías urgentes, crónicas y cuotidianas. Para eso el control, recepción y pago de recursos, bajo administración de la ADRES, debe continuar ejerciendo su labor financiera como garante receptor de recursos y pagador estatal de los servicios del Sistema de Salud que SÍ tiene recursos para el pago de los servicios. Son las EPS, entidades privadas intermediarias, las que carecen de sustento financiero empresarial para responder por sus afiliados, sus obligaciones y billonarias deudas.
Los medios, entidades privadas con intereses mediados en la publicidad, deben aquilatar la inquietud y eventual pánico público que se ocasione con la publicitada crisis de sus pautadores. Deben hacer entender claramente al público afectado que lo que está en condición crítica es la organización empresarial financiera de unas entidades privadas aseguradoras EPS, y no el sistema de servicios de salud público-privado de hospitales, clínicas, atención primaria y proveedores farmacéuticos, cuyas instituciones y profesionales siguen y seguirán atendiendo a sus pacientes con ética y profesionalismo humanitario, las que requieren y exigen el pago oportuno de sus servicios.
Así tenemos que, hoy día, estamos afrontando la más grande crisis empresarial de aseguradoras que ha vivido nuestra historia económica republicana, con gravísimas afectaciones a la protección de la salud y la vida de los habitantes de nuestra Colombia, la que es consecuencia de los descuidos, permisividades, complacencias y complicidades de funcionarios cuya función constitucional ha sido la inspección, vigilancia y control de los servicios de salud que pagamos y merecemos, y la precaria Rectoría del Sistema.
Habrá ocasión de adicionales opiniones en esta prolongada crisis. Y pendiente queda el análisis del Sistema de Riesgos Laborales, que también es parte integral del sistema de atención en salud.
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