La situación financiera de los hospitales y clínicas en el Valle del Cauca ha llegado a un punto crítico, con cierre de servicios esenciales y millonarias deudas acumuladas que amenazan la estabilidad del sistema de salud regional. Esta crisis afecta tanto a las instituciones públicas como a las privadas, dejando a miles de pacientes sin atención adecuada en áreas fundamentales como pediatría, gineco-obstetricia y neonatología.
“Tenemos el recurso humano que depende de las plantas pagado, pero a los especialistas y a los contratistas externos les debemos hasta dos meses, eso en lo público. En lo privado hay cierre de servicios como los de pediatría, de gineco-obstetricia y muchas especialidades porque no hay cómo financiarlos, es crítica la situación financiera en lo público y lo privado”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.
Ante este panorama, Santiago Laverde, director médico de la Clínica Palmira habló con CONSULTORSALUD sobre la situación que actualmente está enfrentando este centro médico. Aclaró que no se ha cerrado el área de neonatología; sin embargo señaló que “se han tenido dificultades logísticas que nacen de la severa limitación en los flujos de recursos, lo que ha generado que se cierren dentro de la clínica algunos servicios como consultorios de consulta externa y quirófanos como tal”.
Deudas millonarias de las EPS: el factor clave del colapso en los servicios de salud
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) adeudan al sistema público y privado 250.000 millones de pesos mensualmente, según datos oficiales. Esta cifra ilustra un escenario financiero alarmante que limita la capacidad operativa de las instituciones. El gerente del hospital Mario Correa Rengifo, ubicado en Cali, reveló que “solamente en el 2024 tuvimos una deuda de 19.000 millones de pesos, un recurso bastante importante para nuestra institución, y con vigencias anteriores se eleva a 46.000 millones”. Estas cifras reflejan la magnitud del problema que amenaza con colapsar el sistema de salud de la región.
El cierre de áreas clave, como gineco-obstetricia y neonatología, afecta directamente a las poblaciones más vulnerables: mujeres embarazadas y recién nacidos. Estas áreas son fundamentales para garantizar una atención especializada y constante, evitando complicaciones que podrían ser prevenidas con servicios adecuados. La falta de estos servicios puede resultar en complicaciones graves que, en muchos casos, podrían haberse prevenido con una atención adecuada y oportuna.
La situación también genera un efecto dominó en otros hospitales y clínicas que deben absorber la demanda creciente, sobrecargando su infraestructura y recursos humanos. Esto aumenta el riesgo de colapso en un sistema que ya enfrenta múltiples limitaciones en cuanto a infraestructura, recursos humanos y capacidad de respuesta.
Hospitales en riesgo de colapso
Instituciones como el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, el San Juan de Dios de Cali y el Isaías Duarte Cancino enfrentan también esta situación crítica. La incapacidad para solventar deudas y financiar operaciones básicas ha llevado al cierre parcial de servicios esenciales y al retraso en el pago de salarios de especialistas y contratistas.
La secretaria de Salud del Valle del Cauca ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para implementar medidas urgentes que permitan estabilizar el sistema. Entre las propuestas destacan el aumento de los recursos asignados a los hospitales y la implementación de políticas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de las EPS. “Deseamos que el Gobierno considere esta situación como una prioridad. Sin estas acciones, el riesgo de colapso del sistema de salud regional podría extenderse a otras zonas del país”, advirtió Lesmes.
Gobernación del Valle solicita recursos urgentes para la salud ante el Incremento de migrantes
Por otra parte, la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para aumentar la cofinanciación en el sector salud ante la posible llegada de un mayor número de migrantes a la región. Este escenario se suma a la ya crítica situación financiera del sistema de salud debido a las multimillonarias deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la intervención de seis EPS en el departamento.
“Nosotros lo que estamos solicitando es que nos apoyen, sobre todo, en el sector salud para que la Nación nos dé una cofinanciación mayor y de esa manera, nosotros podamos suplir esas necesidades, porque no vamos a ser capaces de asumir toda esa problemática si se nos viene como se está estableciendo”, expresó la mandataria.
Demanda creciente en servicios críticos
Las autoridades regionales han identificado que los servicios más demandados ante un aumento en el flujo migratorio incluyen pediatría, ginecobstetricia, salud sexual y reproductiva, atención a personas mayores y urgencias. En el caso de los niños menores de un año, los migrantes requieren hasta 12 controles médicos anuales, lo que implica una mayor inversión en vacunas y atención con especialistas.
“Nosotros no negamos la atención a ningún venezolano, ni a ningún migrante de cualquier país, entonces eso que atienden los hospitales, pues son unos recursos que ellos gastan y eso nos lo cobran a nosotros y es una política nacional. Nosotros le decimos al Gobierno: está bien, nosotros asumimos algunos costos, pero el Gobierno Nacional debe cofinanciar con más recursos para poder suplir esas necesidades que están teniendo los migrantes”, agregó Toro.
Asimismo, María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle, enfatizó la preocupación por la atención a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes ya enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios de salud y medicamentos. “Hoy en el departamento del Valle del Cauca, los hipertensos no están recibiendo más allá del 50% de su medicación mensual. Así que el incremento del flujo migratorio que se va a dar en vista de las consecuencias de lo ocurrido con la democracia del vecino país va a incidir en el estado financiero de las instituciones prestadoras de servicios de salud y va a generar unas barreras de acceso a los mismos colombianos y al sistema”, señaló Lesmes.
El último aporte del Gobierno Nacional para la atención a migrantes fue de 14.000 millones de pesos, una cifra insuficiente frente a las necesidades actuales. Según los datos de la Secretaría de Salud del Valle, existe un déficit de 25.000 millones de pesos en el pago de servicios, lo que exacerba la presión sobre las instituciones prestadoras de salud.
Las autoridades locales insisten en que, sin un incremento en los recursos asignados por la Nación, el sistema de salud del departamento podría colapsar, afectando no solo a los migrantes, sino también a la población colombiana que ya enfrenta restricciones severas para acceder a servicios esenciales.