A pocos días del cierre de las plenarias del Congreso, el legislativo colombiano avanzó en una jornada decisiva para evitar el archivo de múltiples iniciativas. Entre las normas aprobadas, una de las de mayor relevancia para el sector salud fue el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”, aprobado en cuarto debate por la plenaria del Senado y pendiente de sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
La iniciativa prohíbe la mutilación genital femenina, también conocida como ablación, en todo el territorio nacional. Sin embargo, su alcance no se limita al componente sancionatorio. El proyecto incorpora un enfoque intercultural, reparador e interseccional, lo que introduce una lectura más amplia del problema: no solo como una forma de violencia de género, sino también como un desafío de salud pública, protección de derechos, registro institucional y respuesta territorial.
Para el sistema sanitario, la aprobación del proyecto implica una agenda concreta. Prestadores, aseguradores, autoridades sanitarias, equipos de salud pública y servicios sociales deberán avanzar en la adopción de protocolos obligatorios, rutas de identificación del riesgo, mecanismos de reporte y acciones de acompañamiento que respondan a los contextos culturales sin relativizar la vulneración de derechos que representa esta práctica.
Una legislación específica frente a una práctica históricamente invisibilizada
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que introduce una respuesta normativa específica frente a la mutilación genital femenina, una práctica documentada desde hace dos décadas en diferentes zonas del país y que hasta ahora había permanecido con altos niveles de invisibilidad institucional.
La aprobación de la iniciativa ubica a Colombia dentro del grupo de países que han decidido abordar la ablación mediante una legislación propia, con medidas orientadas no solo a la prohibición, sino también a la prevención, la pedagogía, la atención y la erradicación progresiva de esta forma de violencia basada en género.
La organización Equality Now ha señalado que solo 59 de los 94 países donde se ha identificado esta práctica cuentan con leyes específicas para hacerle frente. A nivel global, Unicef estima que la mutilación genital femenina ha afectado a cerca de 230 millones de mujeres y niñas.
En Colombia, el subregistro continúa siendo uno de los principales desafíos. Las cifras disponibles no permiten dimensionar con precisión la magnitud real del fenómeno. De acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, en 2024 se reportaron alrededor de 54 casos. Expertas citadas durante el proceso legislativo han advertido que estos datos pueden estar por debajo de la realidad, especialmente en territorios donde la práctica permanece invisibilizada o donde las barreras culturales, geográficas e institucionales dificultan la notificación.
Protocolos obligatorios: el eje operativo para el sector salud
Desde una perspectiva sanitaria, la obligación de adoptar protocolos dentro del sistema de salud puede convertirse en el eje operativo de la ley. Para que la prohibición tenga efecto real, los lineamientos deberán ser claros, aplicables y diferenciales según el nivel de atención, el territorio y el perfil de riesgo.
Esto implica definir cómo deben actuar los equipos médicos, de enfermería, trabajo social, psicología, salud pública y gestión del riesgo ante casos sospechosos o confirmados. También exige establecer criterios para la detección temprana, la atención clínica, el acompañamiento psicosocial, la activación de rutas de protección y la articulación con autoridades competentes.
El reto no será únicamente normativo. Las instituciones deberán capacitar a sus equipos para reconocer señales de riesgo, abordar el tema con sensibilidad cultural y registrar la información sin revictimizar a niñas, adolescentes o mujeres afectadas. En este punto, la ley plantea una tensión fundamental: intervenir con respeto por los contextos comunitarios, pero con absoluta claridad frente a la protección de la vida, la integridad y los derechos de las niñas y mujeres.
Sistemas de información: condición clave para medir el problema
El fortalecimiento de los sistemas de información será determinante para que la ley no se quede en una declaración formal. Sin datos confiables, el país difícilmente podrá identificar territorios prioritarios, estimar la prevalencia, evaluar las intervenciones o diseñar políticas públicas con enfoque territorial.
Para médicos, administradores de clínicas, equipos territoriales y autoridades sanitarias, este componente abre una nueva responsabilidad institucional: reportar, seguir y analizar los casos bajo criterios técnicos. La información deberá servir no solo para la vigilancia, sino también para orientar acciones preventivas, acompañar a las comunidades y monitorear el cumplimiento de la política pública nacional para la erradicación de la mutilación genital femenina.
La falta de precisión en las cifras actuales muestra la urgencia de mejorar los mecanismos de recolección y publicación periódica de datos. El subregistro no solo limita la comprensión del fenómeno, también reduce la capacidad del Estado para intervenir de manera oportuna.
Construcción con comunidades indígenas y liderazgo de mujeres emberá
El proyecto fue liderado por las congresistas Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano. No obstante, uno de sus elementos centrales fue la construcción conjunta con comunidades indígenas, especialmente con lideresas emberá, pueblo en el que se han documentado más casos.
Claudia Queragama, quien viajó más de siete horas desde su resguardo en el Alto Andagueda, en Chocó, participó en la jornada legislativa para insistir en la aprobación de la propuesta. Tras la votación favorable en la plenaria del Senado, afirmó que regresaba feliz a su comunidad y subrayó la necesidad de defender a las niñas.
También intervino Juliana Domicó, consejera y representante de la Gran Nación Emberá en Colombia, quien advirtió que el mayor desafío será la implementación. Su mensaje fue directo: las mujeres emberá llevaron esta propuesta desde el territorio al Congreso, pero esperan que la ley no se quede en letra muerta.
Ese llamado resume el punto crítico para el país. La aprobación legislativa representa un avance, pero el impacto dependerá de la capacidad institucional para convertir el mandato legal en acciones efectivas, sostenibles y culturalmente pertinentes.
El desafío: convertir la ley en capacidades reales
La aprobación del proyecto “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina” marca un hito en la protección de niñas y mujeres en Colombia. Sin embargo, el reto más complejo comienza después del trámite legislativo: implementar una respuesta que articule salud, justicia, protección social, educación comunitaria y vigilancia epidemiológica.
Para el sector salud, la norma exige pasar del reconocimiento del problema a la construcción de capacidades reales. Esto incluye protocolos, talento humano capacitado, registros confiables, rutas de atención, trabajo comunitario y seguimiento institucional.
La prohibición de la mutilación genital femenina no puede entenderse únicamente como una medida jurídica. Es también una responsabilidad sanitaria y ética para prevenir daños irreversibles, proteger a niñas y mujeres, y garantizar que las intervenciones del Estado lleguen a los territorios donde esta práctica ha permanecido históricamente oculta.
