El Superintendente presentará denuncia por difamación ante la Fiscalía y desmiente las declaraciones realizadas la mañana del 14 de noviembre a través del portal ‘Zona Cero’ y la emisora Atlántico por el señor Iván Gabriel Reátiga Hernández, representando a la Fundación Campbell IPS, sobre una supuesta extorsión por parte de un funcionario de la Superintendencia.
En respuesta a estas acusaciones, la entidad desea informar a la ciudadanía que:
Ulahí Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud, presentará una denuncia penal por difamación en contra del señor Reátiga ante la Fiscalía General de la Nación a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.
Supersalud aclara enfáticamente que el presunto funcionario mencionado por el señor Reátiga como colaborador de la entidad nunca ha formado parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ni como empleado ni como contratista. Respecto de Alberto Mario Llinás, presunto funcionario, la Superintendencia también presentará una denuncia por difamación y solicitará a la Fiscalía realizar una investigación.
La gestión del Superintendente Ulahí Beltrán López se ha caracterizado por restablecer el control sobre los actores y supervisados que operan en el sistema de salud de Colombia, respetando y aplicando tanto el marco regulatorio existente como el debido proceso en cada una de las acciones administrativas iniciadas con fines sancionatorios.
Respecto a la Fundación Campbell, a la que el señor Reátiga representa legalmente, Supersalud inició un proceso administrativo sancionador el pasado 11 de septiembre.
Supersalud realiza auditorías a las IPS del país
Asimismo, durante la gestión del Superintendente Beltrán López se han realizado 32 auditorías a prestadores de servicios de salud y empresas de transporte especial de pacientes, como parte de las acciones de inspección y vigilancia que se realizan a los prestadores de servicios que atienden a personas amparadas por las pólizas del SOAT. Estas auditorías técnicas se han realizado en 10 departamentos del país, con el único objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones y criterios que aseguran la prestación de los servicios de salud a los usuarios víctimas de accidentes de tránsito.
