Casi dos años después del inicio de la intervención, Nueva EPS volvió a quedar bajo una fuerte alerta de la Procuraduría General de la Nación. En un informe fechado el 23 de julio de 2026, el organismo de control concluyó que la medida no ha acreditado resultados suficientes y sostenidos para mejorar el acceso a los servicios ni la sostenibilidad financiera de la EPS y señaló que, después de 23 meses, se habían deteriorado significativamente varios de los indicadores que dieron origen a la intervención.
La situación descrita por la Procuraduría abarca problemas que afectan directamente a usuarios, hospitales y demás prestadores. El informe registra un incremento de PQR y tutelas, dificultades para recibir medicamentos, barreras en el acceso a especialistas, problemas de continuidad de tratamientos, crecimiento de las cuentas médicas pendientes y deficiencias en la información financiera y operativa de la aseguradora. A ello se suman alertas territoriales que, según el organismo, muestran que las dificultades de Nueva EPS no corresponden a hechos aislados.
La revisión también alcanzó las actuaciones de quienes han tenido responsabilidades durante la intervención. La Procuraduría identificó posibles conductas con incidencia disciplinaria relacionadas con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes especiales interventores de Nueva EPS. Entre las personas mencionadas figura Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, junto con quienes ocuparon la Supersalud y administraron la entidad durante diferentes momentos de la medida.
La intervención no ha acreditado las mejoras que debía conseguir
La conclusión principal de la Procuraduría surge de comparar los objetivos que dieron origen a la intervención con las condiciones encontradas casi dos años después. Tras revisar visitas administrativas, mesas de seguimiento, informes de empalme, comunicaciones y datos remitidos por la EPS, el organismo estableció que la intervención no acredita resultados suficientes y sostenidos para mejorar el acceso de los afiliados ni la sostenibilidad financiera de Nueva EPS.
El informe también señala que no se cumplieron las finalidades consignadas en el acto administrativo mediante el cual se ordenó la medida. Con corte al primer trimestre de 2026 habían transcurrido 23 meses desde la toma de posesión y, de acuerdo con la Procuraduría, los indicadores que justificaron la intervención se habían deteriorado significativamente, con afectaciones en las condiciones técnico científicas, administrativas y financieras de la aseguradora.
Entre los principales problemas identificados aparecen el aumento de PQR, tutelas y desacatos, la ausencia de estados financieros certificados y dictaminados, una siniestralidad superior al 100 %, anticipos que no han podido ser amortizados, mayores pérdidas y cuentas por pagar y dificultades de liquidez. Estos elementos llevaron al organismo a advertir sobre el alcance que puede tener la situación de Nueva EPS, teniendo en cuenta que atiende a más de 11 millones de afiliados y que alrededor del 57 % pertenece al régimen subsidiado.
La Procuraduría considera que los problemas persistentes ya no pueden explicarse únicamente como situaciones coyunturales. En su análisis sostiene que se mantiene un riesgo sobre la garantía del derecho a la salud de los afiliados y sobre la sostenibilidad financiera del sistema, particularmente por los efectos que los pasivos de Nueva EPS pueden generar sobre las instituciones prestadoras.
Las PQR aumentaron con fuerza después de la intervención
El comportamiento de las reclamaciones fue uno de los indicadores utilizados para evaluar lo ocurrido con el acceso a los servicios. Durante 2024 se radicaron 624.690 PQR, un 38 % más que al cierre de 2023. Para 2025 la cifra aumentó a 934.936, equivalente a un crecimiento de 107 % frente al mismo año de referencia.
En el primer trimestre de 2026 ya se habían registrado 216.308 PQR. A partir del promedio mensual, la Procuraduría estimó que ese comportamiento representaba un nivel 92 % superior al registrado al cierre de 2023, antes de la intervención. El organismo utiliza esta evolución como uno de los indicadores que muestran que las barreras de acceso no se han reducido durante el periodo evaluado.
Las reclamaciones estuvieron relacionadas con problemas que aparecen de manera repetida en el seguimiento. Entre ellos se encuentran la entrega de medicamentos, la oportunidad en citas y procedimientos, las autorizaciones, el acceso a especialistas y la suficiencia de la red prestadora. En otro seguimiento citado dentro del informe, Nueva EPS registró una tasa mensual de 33,97 reclamos por cada 10.000 afiliados, superior a la tasa nacional allí consignada.
Evolución de las PQR registrada por la Procuraduría
| Periodo | PQR registradas |
|---|---|
| 2024 | 624.690 |
| 2025 | 934.936 |
| Primer trimestre de 2026 | 216.308 |
Las tutelas llegaron a 155.200 durante 2025
El crecimiento de las PQR estuvo acompañado por un aumento todavía más pronunciado de las acciones de tutela. Los datos suministrados por Nueva EPS y consolidados en el informe muestran 68.070 tutelas en 2023, 87.304 en 2024 y 155.200 durante 2025. Esto significó que las tutelas de 2025 estuvieron 128 % por encima de las registradas en 2023 y aumentaron 78 % frente a 2024, y para el primer trimestre de 2026 ya se habían contabilizado 40.668 acciones, con un promedio mensual de 13.556.
La Procuraduría relaciona este comportamiento con las barreras que persisten en la prestación de los servicios. Según el informe, el aumento de tutelas posterior a la intervención muestra que la medida no acredita una mejora en varios de los indicadores examinados y que algunas de las dificultades que originalmente justificaron la toma de posesión han seguido aumentando.
Los casos judicializados también estuvieron vinculados con medicamentos, tratamientos, autorizaciones y cumplimiento de órdenes médicas. De esta forma, las acciones de tutela no aparecen en el informe únicamente como una estadística, sino como parte del seguimiento a usuarios que habían tenido que recurrir a decisiones judiciales para obtener atención.
¿Qué encontró la Procuraduría en los casos que llegaron directamente a su seguimiento?
Además de revisar las cifras generales, el organismo analizó 1.088 registros acumulados entre septiembre de 2025 y junio de 2026 vinculados con solicitudes de usuarios, requerimientos institucionales, tutelas, incidentes de desacato y otras actuaciones relacionadas con la atención de afiliados de Nueva EPS.
El seguimiento encontró que una parte importante de los casos no recibió respuesta dentro de los tiempos establecidos y que algunas necesidades de atención continuaban pendientes pese a que ya existían órdenes médicas, actuaciones administrativas o decisiones judiciales. La revisión buscó establecer no solamente si existía una respuesta formal de Nueva EPS, sino si el usuario había recibido efectivamente el servicio requerido.
Entre los principales resultados se encontraron
- 70,5 % de los registros presentó incumplimiento en los tiempos de respuesta.
- 72,1 % de los casos radicados durante 2025 terminó siendo respondido durante 2026.
- Las tutelas, desacatos y otras actuaciones constitucionales representaron alrededor de 37,6 % de los registros revisados.
- La Procuraduría identificó 26 actuaciones con compulsa de copias, principalmente relacionadas con tutelas, desacatos y presuntos incumplimientos de órdenes judiciales.
Estos casos también permitieron identificar dificultades reiteradas en entrega de medicamentos, autorizaciones, acceso a especialistas, continuidad de tratamientos, disponibilidad de la red y cumplimiento de decisiones judiciales.
Medicamentos y especialistas continúan entre las principales barreras
La dispensación de medicamentos aparece de manera reiterada en la información revisada por la Procuraduría. El seguimiento señala que Nueva EPS no demuestra capacidad efectiva para garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos e insumos en todos los departamentos donde tiene afiliados.
Las dificultades también alcanzaron el acceso a especialistas. El informe identifica una brecha entre las necesidades de los usuarios y la capacidad de respuesta de la EPS, particularmente en oftalmología, ortopedia, otorrinolaringología, urología y medicina interna, además de la entrega oportuna de tecnologías en salud.
Sin embargo, el problema no estuvo únicamente en la disponibilidad del servicio, dado que la Procuraduría encontró limitaciones en la calidad y cobertura de los datos, insuficiente incorporación de gestores regionales y debilidades contractuales y financieras que dificultaban detectar y corregir incumplimientos. Según el seguimiento, estas fallas han generado interrupciones de tratamientos y un mayor número de reclamaciones y acciones judiciales.
En la red prestadora también se identificaron diferencias según el tipo de institución. Las IPS primarias mostraron un desempeño general favorable, aunque sin impacto suficiente en territorios críticos, mientras las IPS domiciliarias presentaron inestabilidad y barreras operativas y tecnológicas. Para las IPS hospitalarias, el informe registró resultados deficientes y dificultades de acceso.
¿Qué ocurrió con los pacientes de alto costo?
El seguimiento dedicó especial atención a pacientes con VIH, cáncer, enfermedades huérfanas, enfermedad renal crónica, hemofilia y otras enfermedades crónicas o de alto costo, además de personas trasplantadas que requieren medicamentos inmunosupresores y controles periódicos.
Las mesas adelantadas con Nueva EPS y organizaciones de pacientes permitieron documentar dificultades en Boyacá, Huila, La Guajira, Atlántico y Caldas. Allí se reportaron problemas para poner en operación algunos gestores farmacéuticos, ausencia de operadores en determinados territorios, entregas incompletas de insumos y limitaciones relacionadas con el flujo de recursos hacia prestadores.
La revisión de la información también mostró problemas para determinar si las entregas reportadas coincidían con lo efectivamente recibido por los pacientes
- Los reportes de gestores farmacéuticos no permitían establecer con claridad cuántos pacientes habían recibido completamente sus medicamentos.
- Se identificaron diferencias entre órdenes, fórmulas, unidades entregadas, pacientes atendidos, porcentajes de cumplimiento y pendientes acumulados.
- La Procuraduría solicitó información adicional ante la necesidad de contar con datos consolidados, depurados y certificados.
La principal preocupación institucional sigue siendo establecer si las medidas implementadas se han traducido en entrega completa y oportuna de medicamentos, continuidad de los tratamientos y acceso efectivo a los servicios requeridos. El informe advierte que la interrupción de un medicamento, procedimiento o control puede generar deterioro del estado de salud y complicaciones evitables en esta población.
El represamiento de cuentas médicas pasó de $5,7 billones a $14,9 billones
Mientras continuaban las dificultades en la atención, el componente financiero mostró un fuerte crecimiento en las cuentas pendientes de procesamiento. Al inicio de la intervención se había identificado un rezago de $5,7 billones en cuentas médicas, pero para diciembre de 2025 el valor había aumentado a $14,9 billones. Ese monto correspondía a más de 14,2 millones de facturas pendientes de procesar. La Procuraduría señala que este represamiento impide conocer con certeza el pasivo real de la EPS y afecta la confiabilidad de la información utilizada para establecer su situación financiera.
Los anticipos girados a prestadores también crecieron durante el periodo. A noviembre de 2025 habían aumentado 115 % hasta alcanzar $17,1 billones, mientras continuaban los procesos necesarios para su legalización y aplicación frente a las cuentas correspondientes.
Las cuentas por pagar a la red siguieron la misma tendencia. La información financiera preliminar citada por la Procuraduría muestra que pasaron de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025, un aumento de 24 % equivalente a aproximadamente $7,7 billones.
Principales cifras financieras consignadas en el informe
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Rezago de cuentas médicas al inicio de la intervención | $5,7 billones |
| Rezago a diciembre de 2025 | $14,9 billones |
| Facturas pendientes de procesamiento | Más de 14,2 millones |
| Anticipos a noviembre de 2025 | $17,1 billones |
| Cuentas por pagar en diciembre de 2024 | $18,38 billones |
| Cuentas por pagar en noviembre de 2025 | $26,09 billones |
La falta de estados financieros dificulta establecer la situación real de la EPS
El crecimiento de las cuentas pendientes ocurre en medio de otra dificultad señalada reiteradamente por el organismo de control. Nueva EPS no contaba con estados financieros certificados y dictaminados para las vigencias revisadas, una situación que ha limitado la posibilidad de establecer con precisión sus condiciones financieras y de solvencia.
La falta de aprobación de los estados financieros de 2023 bloqueó además el cierre contable de los periodos posteriores y afectó el reporte oficial ante la Superintendencia Nacional de Salud. Por esta razón, parte de la información utilizada durante el seguimiento corresponde a cifras preliminares sujetas a ajustes.
La Procuraduría también encontró limitaciones en la interoperabilidad de los sistemas y falta de articulación entre facturación, registros contables y costos. Estas inconsistencias dificultan seguir el recorrido de las cuentas y verificar de manera uniforme las obligaciones, pagos y costos de la operación.
Estas debilidades en la información no se limitan al componente financiero. También aparecieron en el seguimiento a medicamentos, donde las diferencias entre órdenes, fórmulas, unidades y pacientes atendidos dificultaron establecer si lo reportado por los gestores coincidía con la atención efectivamente recibida.
Hospitales y clínicas reportaron cartera, glosas y riesgo para la continuidad de servicios
Las dificultades financieras de Nueva EPS también se reflejaron en los reportes enviados por prestadores. Hospitales, clínicas y proveedores informaron sobre cartera vencida, devoluciones de facturas, glosas, incumplimientos de acuerdos y riesgos para la continuidad asistencial.
Entre las instituciones mencionadas aparecen el Instituto Nacional de Cancerología, la Fundación CTIC, el Hospital de Alta Complejidad del Putumayo y unidades renales, además de otros prestadores especializados. La Procuraduría incorporó estas comunicaciones al seguimiento para mostrar cómo los problemas de cartera estaban alcanzando directamente a la red que atiende a los afiliados.
Uno de los casos registrados fue el del Hospital de Alta Complejidad del Putumayo, que había anunciado la suspensión de servicios electivos por una cartera superior a $49.351 millones. Situaciones similares fueron conocidas en otras regiones, aunque con montos y alcances diferentes. El organismo considera que los problemas financieros y contractuales de la EPS tienen implicaciones asistenciales cuando los prestadores limitan o suspenden servicios. Por ello, las dificultades de cartera aparecen conectadas en el informe con la continuidad de la red y con las barreras que enfrentan los afiliados para recibir atención.
Las alertas abarcaron 11 territorios y más de 15 prestadores
Durante el primer semestre de 2026, la Procuraduría consolidó afectaciones documentadas en 11 departamentos o territorios, situaciones específicas en 16 municipios, más de 15 prestadores afectados o en riesgo y más de 25 oficios, alertas y solicitudes de intervención.
Quindío, Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Boyacá, Risaralda, Cauca, Cesar, Santander, Arauca y Bogotá aparecen en esa relación. Según el informe, estos territorios concentran más del 35 % de la población afiliada a Nueva EPS.
Las alertas provinieron de autoridades locales, Procuradurías Regionales, Defensoría del Pueblo, ICBF, alcaldías, prestadores y organizaciones de usuarios. Los reportes incluyeron interrupciones de servicios, dificultades de red, retrasos en citas, procedimientos y tratamientos y problemas en la entrega de medicamentos.
A partir de esa información, la Procuraduría concluye que las dificultades no corresponden a situaciones aisladas y que las medidas implementadas hasta el momento no han resultado suficientes para superar los problemas que continúan afectando a los afiliados de Nueva EPS.
Cinco agentes interventores han estado al frente de Nueva EPS
Los cambios en la administración de la EPS también quedaron bajo revisión. Con corte al primer trimestre de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud había designado cinco agentes especiales interventores, una rotación que la Procuraduría relacionó con las dificultades para cumplir los objetivos de la toma de posesión.
Los interventores registrados fueron Julio Alberto Rincón, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, Gloria Libia Polanía Aguillón, Luis Oscar Galves Mateus y Jorge Iván Ospina Gómez. Este último figuraba como interventor en ejercicio al momento de elaboración del informe.
La Procuraduría sostiene que los planes de trabajo presentados durante la intervención no se cumplieron o no estuvieron adecuadamente orientados a mejorar las condiciones de la EPS. Según el organismo, la situación financiera y las condiciones de acceso se deterioraron seriamente desde la implementación de la medida.
Las demoras en el procesamiento de cuentas médicas, la legalización de anticipos, la aplicación de pagos, la celebración de acuerdos con prestadores y las evaluaciones de desempeño también quedaron bajo revisión. El informe señala que estas circunstancias podrían estar relacionadas con acciones u omisiones de los agentes interventores y eventualmente configurar incumplimientos de deberes funcionales.
¿Quiénes aparecen vinculados con la revisión disciplinaria?
La Procuraduría identificó a las personas que ocuparon responsabilidades institucionales durante el periodo examinado para que sus actuaciones sean valoradas dentro del proceso disciplinario. Por parte del Ministerio de Salud aparece Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.
Por la Superintendencia Nacional de Salud figuran Luis Carlos Leal Angarita, Jaime Hernán Urrego Rodríguez, Helver Giovanny Rubiano García, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, Luz María Múnera y Daniel Quintero Calle, correspondientes a distintos periodos y formas de vinculación. A ellos se suman los cinco agentes interventores relacionados anteriormente.
Por esa razón, el documento no puede presentarse simplemente como una solicitud para investigar a 13 exfuncionarios distintos. Algunos nombres aparecen en más de una condición o periodo y uno de los interventores permanecía en ejercicio cuando se elaboró la actualización. Lo que sí quedó planteado fue la revisión de las actuaciones de servidores, exservidores y agentes interventores vinculados con las decisiones examinadas.
Entre las posibles conductas señaladas por la Procuraduría se encuentran
- La persistencia y agravamiento de barreras de acceso, reflejadas en el crecimiento de PQR y acciones de tutela.
- La ausencia de estados financieros certificados y dictaminados, que impide una evaluación fiable de la situación financiera.
- Las demoras en cuentas médicas, legalización de anticipos, aplicación de pagos y acuerdos con prestadores, situaciones que podrían configurar eventuales incumplimientos de deberes funcionales.
La identificación de estas personas no establece por sí misma una responsabilidad disciplinaria. Corresponderá al operador disciplinario determinar qué actuaciones pueden constituir una falta y establecer, si procede, la responsabilidad individual.
¿Qué medidas pidió la Procuraduría frente a los hallazgos?
Frente a las dificultades documentadas, la Procuraduría considera necesario fortalecer el seguimiento interinstitucional y exigir al agente interventor planes de acción con resultados verificables. El organismo plantea que esos planes incluyan metas, indicadores y cronogramas que permitan establecer si las medidas adoptadas están resolviendo efectivamente los problemas encontrados.
Las prioridades planteadas incluyen
- Garantizar un flujo oportuno de recursos hacia hospitales, clínicas y demás prestadores.
- Fortalecer la estabilidad de la red y garantizar la continuidad de los servicios.
- Mejorar el cumplimiento de órdenes judiciales y la atención de PQRS.
- Implementar metas, indicadores y cronogramas verificables.
- Mantener una articulación permanente con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y las entidades territoriales.
La Procuraduría señala que ese seguimiento debe permitir verificar los compromisos adquiridos y adoptar oportunamente medidas preventivas o correctivas. Las acciones, según el informe, deben evitar que las deficiencias identificadas continúen afectando la prestación de los servicios en las regiones y comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
La conclusión territorial es igualmente clara. Las solicitudes provenientes de autoridades, organismos de control, prestadores y organizaciones de usuarios muestran, según la Procuraduría, que las acciones implementadas hasta el momento no han sido suficientes para superar las dificultades y que se requieren medidas estructurales y verificables.
La investigación disciplinaria deberá establecer las responsabilidades
La actualización del 23 de julio fue elaborada para incorporarse al material probatorio de una investigación disciplinaria que ya se encontraba en curso. El proceso había sido abierto el 8 de abril de 2026, después de que un informe anterior de la Procuraduría pusiera en conocimiento posibles conductas con incidencia disciplinaria relacionadas con Nueva EPS.
Los nuevos hallazgos amplían la información que deberá valorar la autoridad disciplinaria. Allí quedaron documentadas posibles conductas relacionadas con las barreras de acceso, la falta de información financiera certificada, el procesamiento de cuentas médicas, la legalización de anticipos y otros deberes asociados a la administración de la entidad durante la intervención.
El proceso deberá establecer si estas situaciones configuran faltas disciplinarias, qué actuaciones corresponden a cada funcionario o interventor y si existe responsabilidad individual. Mientras esa determinación continúa pendiente, la conclusión de la Procuraduría sobre el resultado de la intervención permanece vigente. Después de 23 meses, el organismo sostiene que la medida no ha acreditado resultados suficientes y sostenidos y que varios de los indicadores que llevaron a intervenir Nueva EPS se han deteriorado significativamente.
