Las 31 ciudades capitales de Colombia se encuentran en niveles altos o críticos de riesgo para la continuidad de sus sistemas de salud. La salud en las capitales presenta señales comunes de presión sobre el acceso, la prestación y la sostenibilidad, según la Línea Base 2026 sobre el Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales, presentada por Asocapitales con apoyo de UNIPS Colombia y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
El diagnóstico fue construido con información reportada por las secretarías de salud de las 31 capitales y presentado al Ministerio de Salud y Protección Social. El estudio analizó 77 variables relacionadas con acceso, prestación de servicios, aseguramiento y sostenibilidad, y alcanzó una cobertura del 100 % de las ciudades consultadas.
El riesgo territorial alcanza un promedio de 71 puntos sobre 100
El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud alcanzó un promedio de 71 puntos sobre 100. De las 31 ciudades analizadas, 15 quedaron ubicadas en la categoría crítica y 16 en la categoría alta, mientras ninguna fue clasificada en niveles bajo o moderado.
El acceso a los servicios aparece como uno de los componentes con mayor presión. Treinta de las 31 capitales registraron riesgo alto o crítico en esta dimensión y 27 señalaron que las barreras de acceso aumentaron significativamente durante el último año. Ninguna ciudad reportó una mejoría en este indicador.
Las dificultades se concentraron principalmente en dos frentes. Los medicamentos fueron señalados como una barrera grave por 24 ciudades, mientras que 21 identificaron problemas relacionados con el acceso a consultas especializadas.
El suministro de medicamentos concentra las principales alertas
El abastecimiento ambulatorio de medicamentos aparece entre los puntos más sensibles del diagnóstico. Veintitrés ciudades reportaron dificultades críticas en este componente y siete las clasificaron en nivel moderado, según la información recopilada por Asocapitales.
Los problemas también alcanzan tratamientos para enfermedades de alto impacto. Veintisiete capitales reportaron dificultades en el suministro de medicamentos oncológicos, 26 en tratamientos cardiovasculares y 25 en antidiabéticos e insulinas.
El desabastecimiento de medicamentos fue identificado como un evento crítico por 29 ciudades. A esto se suma la interrupción de tratamientos de alto costo, señalada por 28 capitales dentro de los principales riesgos observados en sus territorios.
La situación de las EPS y las IPS presiona la prestación de servicios
El informe también recoge dificultades financieras y contractuales en las ciudades capitales. De las 197 EPS que operan en los territorios consultados, 87 fueron reportadas bajo medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación, con una mediana territorial del 50 %.
En dos capitales ubicadas en la Amazonía y la Orinoquía, la única EPS que opera se encuentra bajo alguna de estas medidas especiales. Este escenario hace parte de las condiciones de aseguramiento identificadas por las secretarías de salud durante la construcción de la línea base.
La situación también se refleja en la red prestadora. Treinta de las 31 ciudades calificaron sus redes públicas y privadas como inestables, con signos de deterioro o en riesgo de colapso. Catorce reportaron deterioro, 13 riesgo de colapso y tres inestabilidad, mientras solo una ciudad clasificó su red como estable.
Entre las principales causas reportadas de suspensión o cierre de servicios se encuentran
- La cartera y falta de pago de las EPS, mencionada por 23 ciudades.
- La insuficiencia financiera de las IPS, reportada por 20 capitales.
- La terminación de contratos, identificada por 16 ciudades.
De acuerdo con el diagnóstico, la presión financiera reportada se encuentra asociada principalmente con ingresos no percibidos por los prestadores, más que con incrementos en sus costos de operación.
Los tratamientos de alto costo registran la mayor severidad esperada
Los riesgos identificados también alcanzan directamente la continuidad de la atención. Treinta ciudades señalaron la interrupción de tratamientos en curso como un riesgo clínico y 26 advirtieron sobre la progresión de enfermedades por falta de atención oportuna. Otras 18 mencionaron el aumento de la mortalidad evitable.
En la matriz elaborada por Asocapitales y UNIPS Colombia, la interrupción de tratamientos de alto costo registró la mayor severidad esperada, seguida por la saturación de los servicios de urgencias. Los diez riesgos priorizados quedaron ubicados en el cuadrante de alta probabilidad y alto impacto.
Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias también registraron aumentos. Veintitrés ciudades reportaron incrementos superiores al 30 % durante el último año, mientras otras seis informaron aumentos de entre 10 % y 30 %.
¿Qué solicitan las ciudades capitales al Gobierno Nacional?
El diagnóstico muestra una amplia coincidencia entre las capitales sobre las acciones consideradas prioritarias. Treinta de las 31 ciudades solicitaron garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y el mismo número pidió avanzar en el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS.
La continuidad de los tratamientos de pacientes de alto costo también aparece dentro de las prioridades territoriales. Veintisiete ciudades solicitaron que este componente sea atendido dentro de las medidas dirigidas a responder a las dificultades identificadas en el sistema.
Las principales solicitudes planteadas por las ciudades incluyen
- Garantizar medicamentos, tecnologías y servicios de alto costo.
- Establecer mecanismos para el saneamiento de cartera entre aseguradores y prestadores.
- Garantizar la continuidad de la contratación entre EPS e IPS.
- Fortalecer el flujo directo de recursos hacia la red prestadora.
- Mejorar las condiciones para el ejercicio territorial de inspección, vigilancia y control.
¿Cuál es la agenda planteada por Asocapitales tras el diagnóstico?
A partir de los resultados de la línea base, Asocapitales anunció que llevará al Gobierno Nacional una agenda construida alrededor de las prioridades identificadas por las ciudades. El planteamiento comprende medidas relacionadas con medicamentos, tecnologías de alto costo, cartera, contratación entre aseguradores y prestadores y flujo de recursos hacia la red.
La agenda también contempla fortalecer las condiciones para que las autoridades territoriales desarrollen sus funciones de inspección, vigilancia y control. Estas propuestas surgen de un diagnóstico que reunió información de las 31 secretarías de salud de las ciudades capitales y que ubicó a todas ellas en niveles altos o críticos del Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud.
La publicación de esta línea base pone en manos del Gobierno Nacional y de las autoridades territoriales un punto de comparación concreto para seguir la evolución de los principales riesgos reportados por las capitales. Su utilidad estará en verificar si las decisiones que se adopten sobre medicamentos, cartera, contratación y flujo de recursos logran modificar las condiciones que hoy están afectando la continuidad de la atención.
El siguiente paso será observar cómo se traducen estas solicitudes en medidas concretas y qué capacidad tendrán para responder a realidades territoriales muy distintas entre sí. Ese seguimiento permitirá establecer si las acciones adoptadas consiguen reducir las barreras de acceso, estabilizar la prestación y proteger la continuidad de los tratamientos en las ciudades con mayor nivel de riesgo.
