El sistema de aseguramiento en salud cerró 2025 con un aumento de las obligaciones pendientes, una mayor concentración de afiliados en EPS sometidas a intervención o medidas especiales y un deterioro en el cumplimiento de las condiciones financieras exigidas a las aseguradoras. La Contraloría General de la República consolidó este panorama en su informe sobre la situación financiera de las EPS, que ubicó la deuda reportada en $58,06 billones y encontró que solo cuatro entidades cumplían integralmente los indicadores financieros y de solvencia evaluados.
La radiografía se construyó con la información financiera y operativa reportada por las propias aseguradoras durante la vigencia 2025. La revisión incluyó estados financieros, facturación, pagos, solvencia, deuda, giro directo, afiliación y la situación de las entidades intervenidas. El ejercicio tuvo una limitación relevante en Nueva EPS, que al momento de elaborarse el documento no contaba con estados financieros certificados y dictaminados en firme correspondientes a 2025.
El comportamiento del aseguramiento también figura entre los resultados centrales. Al cierre del año, 29.731.482 personas, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, estaban vinculadas a EPS bajo intervención forzosa administrativa para administrar o medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud. Frente a 2024, este grupo aumentó en 194.868 afiliados.
La deuda de las EPS aumentó 26,5 % durante 2025
Las obligaciones reportadas por las aseguradoras pasaron de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025, un incremento aproximado del 26,5 %. Para su cálculo se tuvieron en cuenta obligaciones derivadas de servicios de salud, medicamentos y tecnologías, así como reservas asociadas con servicios conocidos, pendientes de liquidación y obligaciones causadas que todavía no habían sido conocidas por las entidades.
La mayor concentración del pasivo se encuentra entre las EPS sometidas a medidas de intervención. Del total registrado, $47,9 billones, equivalentes al 82,65 %, corresponden a estas entidades. El documento advierte que el crecimiento de las obligaciones puede afectar la liquidez de las IPS, la continuidad de la prestación y la sostenibilidad financiera del sistema.
Los principales resultados sobre deuda fueron
- La deuda total creció aproximadamente 26,5 % frente a 2024.
- El 82,65 % del pasivo reportado corresponde a EPS bajo medidas de intervención.
- La deuda con operadores farmacéuticos pasó de $2,85 billones a $3,80 billones.
- El crecimiento de las obligaciones con estos operadores fue de 33,1 %.
Durante 2025, los operadores farmacéuticos radicaron facturas por $17,93 billones y recibieron pagos por $17,10 billones, equivalentes al 95,4 % del valor facturado. Del saldo acumulado de cuentas por pagar, el 69,15 % correspondía a obligaciones generadas durante la propia vigencia, mientras que el resto provenía de 2024, 2023 y periodos anteriores.
¿Cuántas EPS cumplieron las condiciones financieras y de solvencia?
El número de aseguradoras que cumplían integralmente los requisitos financieros disminuyó frente al año anterior. En 2024 eran seis entidades, mientras que al cierre de 2025 el grupo se redujo a Aliansalud, Anas Wayúu EPSI, EPM y Salud Mía. En conjunto reunían 641.713 afiliados, equivalentes al 1,24 % de la cobertura nacional.
El resultado implica que 98,76 % de la población asegurada estaba afiliada a EPS que incumplían al menos una de las condiciones financieras y de solvencia exigidas por la normatividad. La evaluación tuvo en cuenta capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de las reservas técnicas.
Los incumplimientos identificados quedaron distribuidos de la siguiente manera
- 17 EPS no cumplieron el requisito de capital mínimo.
- 19 EPS incumplieron patrimonio adecuado.
- 22 EPS presentaron incumplimientos en el régimen de inversión de reservas técnicas.
- Solo cuatro EPS cumplieron integralmente las condiciones evaluadas.
| Indicador | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| EPS con cumplimiento financiero integral | 6 | 4 |
| Deuda total reportada | $45,89 billones | $58,06 billones |
| Deuda con operadores farmacéuticos | $2,85 billones | $3,80 billones |
| Afiliados en EPS intervenidas o con medidas especiales | 29,54 millones | 29,73 millones |
Este comparativo reúne los principales movimientos entre ambas vigencias y permite observar simultáneamente la reducción en el número de aseguradoras que cumplieron integralmente los requisitos financieros y el incremento de las obligaciones acumuladas y de la población vinculada a entidades bajo medidas especiales.
Diecisiete EPS reportaron pérdidas operacionales
De las 26 EPS que reportaron información financiera, 17, equivalentes al 65 %, registraron pérdidas operacionales durante 2025. La pérdida consolidada de ese grupo llegó aproximadamente a $5,73 billones, mientras nueve aseguradoras alcanzaron resultados operacionales positivos por cerca de $744.826 millones.
Los resultados muestran que para la mayoría de las entidades evaluadas los ingresos ordinarios no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos relacionados con la prestación de servicios de salud. Además, Sanitas, Sura, Salud Total, Compensar, Coosalud y Famisanar concentraron en conjunto el 68,72 % del costo total de la prestación incluido en el estudio.
La siniestralidad promedio se situó cerca del 110 %. Este indicador relaciona el costo de la atención con los ingresos recibidos por concepto de aseguramiento y, según los resultados consignados, muestra que en términos generales los costos de atención superaron los ingresos provenientes de la UPC.
El gasto administrativo mostró comportamientos distintos entre aseguradoras
La revisión del gasto administrativo identificó diferencias entre las EPS durante 2025. Para 26 entidades, los porcentajes respecto de los ingresos por UPC se ubicaron entre los rangos contemplados para los regímenes Contributivo y Subsidiado. A.I.C., Salud Bolívar y Ferrocarriles Nacionales presentaron valores señalados en el documento para revisión posterior mediante auditoría por las diferencias observadas frente al promedio de las entidades analizadas.
Al comparar 2024 y 2025, Asmet Salud incrementó su indicador en 4,3 puntos porcentuales, AIC EPSI en 3 puntos, Savia Salud en 2,3 y Capital Salud en 1,3 puntos dentro del Régimen Subsidiado. En el Contributivo, Coosalud registró un incremento de 3,5 puntos porcentuales. En sentido contrario, EPS Familiar de Colombia, Mallamás, Mutual Ser, Emssanar y Comfaoriente redujeron el porcentaje de gasto administrativo.
El documento también identifica diferencias en la metodología utilizada para calcular este indicador. Las EPS sostienen que no existe una parametrización específica establecida en la ley para efectuar el cálculo, mientras la Superintendencia aplica su interpretación del marco normativo. Como resultado, las aseguradoras continúan utilizando metodologías propias para establecer el porcentaje de gasto administrativo.
Más de la mitad de los afiliados estaba en EPS bajo medidas
Colombia cerró 2025 con 52.450.874 personas afiliadas al sistema de salud, frente a 52.142.772 en 2024, lo que representó un crecimiento del 0,59 %. Nueva EPS mantuvo la mayor población asegurada con 11.648.980 afiliados, seguida por Sanitas con 6.011.209, Sura con 5.500.762, Salud Total con 5.349.595 y Coosalud con 3.357.788.
Dentro del total nacional, 29,73 millones de personas estaban vinculadas a entidades bajo intervención forzosa administrativa para administrar o medidas especiales. Este grupo representaba el 56,68 % de toda la población asegurada y aumentó en 194.868 usuarios frente al registro correspondiente a 2024.
Las cifras de aseguramiento dejan cuatro datos principales
- Colombia registró 52,45 millones de afiliados al finalizar 2025.
- 29,73 millones estaban en EPS bajo intervención o medidas especiales.
- Esas entidades concentraban 56,68 % de la población asegurada.
- Nueva EPS tenía 11,65 millones de afiliados y mantenía la mayor participación dentro del sistema.
Los recursos reconocidos por la ADRES alcanzaron $93,89 billones
Los recursos reconocidos a las aseguradoras continuaron aumentando durante 2025. La ADRES registró $93,89 billones entre UPC, promoción y prevención y presupuestos máximos, frente a $87,89 billones durante 2024. La variación total fue de 6,8 %.
El comportamiento no fue igual en todos los componentes. Los recursos correspondientes a la UPC del Régimen Contributivo y del Subsidiado crecieron, mientras los presupuestos máximos disminuyeron. En las conclusiones se señala que las principales dificultades observadas no se concentran en el reconocimiento de los recursos, sino en procesos posteriores relacionados con su administración, auditoría, legalización y aplicación por parte de algunas EPS.
| Recursos reconocidos por la ADRES | Valor en 2025 | Variación frente a 2024 |
|---|---|---|
| UPC del Régimen Contributivo | $44,82 billones | 7,3 % |
| UPC del Régimen Subsidiado | $44,63 billones | 7,3 % |
| Promoción y prevención | $526.380 millones | 0,4 % |
| Presupuestos Máximos | $3,91 billones | -2,2 % |
| Total reconocido | $93,89 billones | 6,8 % |
El seguimiento encontró diferencias entre los recursos reconocidos y la capacidad de algunas entidades para convertirlos en pagos oportunos a la red prestadora. Los procesos de administración, auditoría, legalización y aplicación aparecen señalados como parte de las dificultades relacionadas con el flujo financiero posterior al reconocimiento.
Las metodologías de pago cambian entre las EPS
Las aseguradoras utilizan procedimientos diferentes para gestionar sus obligaciones con IPS y operadores farmacéuticos. Los modelos reportados combinan el giro directo a través de la ADRES con pagos efectuados por tesorería, además de mecanismos internos para auditoría, radicación, validación, reconocimiento y priorización de cuentas.
La revisión documentó diferencias en aspectos como porcentajes anticipados, modalidades contractuales y criterios utilizados para determinar los pagos. Algunas entidades aplican mecanismos asociados con cápita, pago global prospectivo, evento y presupuestos máximos, mientras otras utilizan controles financieros y comités internos para establecer la priorización.
Las conclusiones advierten que la ausencia de criterios uniformes en auditoría, radicación, reconocimiento y pago genera demoras en el flujo de recursos, dificultades de liquidez para las IPS y acumulación de obligaciones pendientes, con un mayor impacto sobre los prestadores que tienen menor capacidad económica.
¿Qué encontró la revisión en las EPS intervenidas?
Las entidades sometidas a intervención fueron evaluadas de manera específica para determinar la evolución de sus principales indicadores entre 2024 y 2025. En las EPS que pudieron ser examinadas con información financiera disponible, todas continuaban registrando patrimonio negativo y niveles de endeudamiento ubicados en condición crítica bajo la metodología utilizada para el seguimiento.
Algunas entidades presentaron variaciones favorables marginales que no modificaron su condición financiera, mientras otras registraron un deterioro adicional. Asmet Salud pasó de -2,58 a -2,18 en el indicador de endeudamiento patrimonial, Emssanar de -4,92 a -4,25 y SOS de -3,51 a -3,47. En contraste, Capresoca pasó de -1,86 a -2,59, Coosalud de -0,44 a -1,28, Famisanar de -2,57 a -3,24 y Savia Salud de -8,23 a -10,73.
Entre los hallazgos consolidados figuran
- Las EPS intervenidas evaluadas continuaron con patrimonio negativo.
- El pasivo superaba ampliamente el valor de los activos en las entidades revisadas.
- Varias aseguradoras presentaron deterioro adicional frente a 2024.
- Se planteó fortalecer el seguimiento y la evaluación de las medidas administrativas y verificar resultados en saneamiento financiero y recuperación patrimonial.
Las conclusiones sostienen que persisten las condiciones financieras y administrativas que dieron origen a varias intervenciones y que las acciones implementadas no habían sido suficientes, al cierre de 2025, para corregir las deficiencias identificadas en las entidades evaluadas.
El giro directo alcanzó $68,67 billones
El giro directo tuvo un peso considerable dentro del flujo de recursos en 2025. Sobre una UPC reconocida de $89,45 billones entre los regímenes Contributivo y Subsidiado, la ADRES efectuó giros directos por $68,67 billones, equivalentes al 76,8 % del valor considerado para este mecanismo.
La programación incluyó 7.865 prestadores entre ambos regímenes. Del total, el 67,04 % correspondía a prestadores privados, el 24,72 % a públicos, el 8,02 % a proveedores y el 0,22 % a instituciones de naturaleza mixta. La distribución guarda relación con la composición de la red habilitada incluida en los procesos de postulación.
En el Régimen Subsidiado, los prestadores privados recibieron el 53,02 % del giro directo programado y los públicos el 25,74 %. En el Contributivo, los privados concentraron el 67,53 % y los públicos el 7,25 %.
El balance final reconoce que este mecanismo ha contribuido parcialmente a mejorar la liquidez de algunos prestadores al reducir la intermediación financiera, aunque señala que por sí solo no ha contenido el crecimiento de la cartera ni corregido los problemas estructurales de administración financiera identificados en las EPS.
Los reportes financieros mantienen diferencias entre entidades
La calidad y consistencia de la información financiera aparece como otro de los frentes identificados durante la revisión. Se encontraron diferencias entre los datos financieros y operativos que las EPS entregan a distintas entidades del Estado, situación que limita la comparabilidad y dificulta verificar la coherencia entre las fuentes disponibles para el ejercicio de control fiscal.
A esta situación se suma la heterogeneidad de las bases de datos utilizadas dentro del sistema de salud. Los registros provienen de sistemas que no siempre se encuentran estandarizados y presentan distintos niveles de calidad, condición que dificultó su integración durante la consolidación de la información correspondiente a 2025.
Entre las conclusiones se plantea avanzar hacia un modelo único de reporte e interoperabilidad que mejore la comparabilidad, consistencia y confiabilidad de los datos. La uniformidad de estos registros es señalada como una condición necesaria para facilitar el seguimiento de los recursos públicos y fortalecer el control sobre la información financiera y operativa del aseguramiento.
¿Por qué Nueva EPS tiene una evaluación financiera limitada?
Nueva EPS ocupa un apartado particular debido a la disponibilidad de su información. Al momento de elaborarse el documento, la aseguradora no contaba con estados financieros certificados y dictaminados correspondientes a 2025, situación que impidió calcular varios de los indicadores utilizados para evaluar su patrimonio, nivel de endeudamiento y desempeño operacional.
Para incorporar sus obligaciones dentro del consolidado de deuda, la entidad entregó una certificación expedida por contador público. La revisión registra además $17,1 billones en anticipos pendientes por legalizar relacionados con UPC y presupuestos máximos. Nueva EPS planteó un Plan Integral de Saneamiento Contable frente a los hallazgos encontrados en sus procesos de revisión y auditoría.
Esta limitación adquiere una dimensión particular por el tamaño de la aseguradora. Nueva EPS concentra más del 20 % de la población afiliada al sistema y cerró 2025 con 11,65 millones de usuarios. La ausencia de estados financieros certificados y dictaminados restringió así la posibilidad de realizar una evaluación integral de la entidad con mayor número de afiliados del país y de medir completamente los resultados financieros de su intervención.
Descargue aquí el informe de la Contraloría:
