Procuraduría anuncia investigación contra directivos de ADRES por presuntas irregularidades por $140mil millones

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la dirección de tecnología de la ADRES por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato por más de $140.000 millones.
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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la dirección de tecnología de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato por más de $140.000 millones. 

También le puede interesar: Contraloría investiga a la ADRES por multiafiliaciones y pagos injustificados por $1,4 billones.

Los investigados por la Procuraduría son:

  • El jefe de la oficina Jurídica, encargado de las funciones de director administrativo y financiero, Juan José Trillos Ramírez
  • La directora de Otras Prestaciones, Laura Beltrán
  • el director de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Hisnardo Ubaque.

EN CONTEXTO

La Procuraduría busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias en la celebración y ejecución del contrato No 080 de 2018 suscrito con la Unión Temporal Auditores de Salud.

Lo anterior, ante un supuesto incumplimiento del negocio jurídico que tenía por objeto realizar la auditoría integral a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios con cargo a la UPC. 

Luego del cierre de la acción preventiva, el Ministerio Público advirtió supuestos incumplimientos del contratista para atender las obligaciones del negocio jurídico, al no auditar integralmente los recobros y no garantizar su continuidad por los inconvenientes presentados con el sistema de información, que fue aprobado en el momento en que se suscribió el acta de inicio.    

Indagación por supuesta falta de gestión

Al mismo tiempo, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por determinar de la ADRES, por supuesta falta de gestión eficiente en la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Al parecer, se estarían presentando inconsistencias en la aprobación y el pago de los recobros con cargo a los recursos del sistema.  

Además, se indaga presunta dilación en la toma de decisiones de los encargados de proteger el derecho fundamental a la salud y falta de transparencia en el uso de los recursos.  

Hallazgos

En una acción preventiva y de vigilancia, la Procuraduría encontró que desde abril de 2018 hasta la fecha se han radicado cuentas por un valor aproximado de 6.6 billones de pesos por concepto de recobros, y a través de la medida excepcional de giro previo se han pagado 3.6 billones de pesos.   

Para el órgano de control esta figura excepcional no puede ser utilizada como regla general para asegurar el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), aún cuando las bases de datos que se utilizan para los giros previos, al parecer, contienen información inexacta e incompleta.  

El órgano de control ordenó la práctica de pruebas encaminadas a verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento, el perjuicio causado a la administración pública.  

¿Qué dice la ADRES?

En primer lugar, la ADRES, mediante un comunicado, manifestó respetar las decisiones de la Procuraduría entorno a su función de control disciplinario de los funcionarios públicos”.

Asimismo, la ADRES precisó que el contrato 080 se adjudicó a la Unión Temporal Auditores de Salud en noviembre de 2017 tras determinar si existían razones jurídicas que impidieran la suscripción contrato.

Al hallar todos los requisitos legales en orden, la ADRES procedió a firmar el contrato en julio de 2018.

La ADRES agregó que durante la ejecución del contrato, la administración de la ADRES ha venido conminando al contratista para que cumpla con las obligaciones contractuales, utilizando las figuras jurídicas existentes.

En ese sentido, la ADRES aseguró que dados los retrasos en la entrega de resultados de auditoría, las demoras en los pagos de las obligaciones laborales de los trabajadores, la falta de personal, entre otras causales, impuso a la Unión Temporal cuatro multas que suman el valor de $2.328 millones.

“Actualmente se encuentra en curso otro proceso que tiene como fin determinar el incumplimiento contractual y hacer efectiva la cláusula penal del contrato”, agrega el comunicado de la ADRES.

La ADRES aclaró que la modalidad de pago del contrato 080 es contra entrega de resultados de auditoría, razón por la cual, a la fecha, el contratista UT Auditores de salud no ha recibido pagos por la ejecución del contrato.

“La ADRES se pone en completa disposición del ente de control para atender todos los requerimientos necesarios en el desarrollo del proceso investigativo”, concluye el comunicado.

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