La W radio en primicia dio a conocer un auto conferido por la Corte Constitucional el 19 de febrero, que pide investigar el posible detrimento patrimonial en recobros al sistema de salud. Por lo que le da un plazo de tres (3) meses al Ministerio de Salud y Protección Social para rediseñar el mecanismo de recobros.
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Después de siete años de proferida la sentencia que declaró la salud como un derecho fundamental -T760 de 2008-, la Corte Constitucional ha conceptuado que el Ministerio de Salud ha dado un bajo cumplimiento a la orden concreta de regular y rediseñar los recobros del sistema, con el fin de garantizar el flujo de recursos y corregir los problemas persistentes en la financiación de los servicios médicos no incluidos y excluidos del catálogo de beneficios.
La Corte ha dado un nuevo plazo improrrogable al Ministerio: tres meses para que lleve a cabo esa tarea.
También le acaba de dar traslado a la Contraloría para que investigue si hubo “un eventual detrimento patrimonial en las arcas del Estado” por cuenta del incumplimiento de la orden de reformar el mecanismo de recobros, y a la Procuraduría para que investigue “y determine los responsables ante la posible incursión en faltas disciplinarias”.
Ya en el auto 263 de 2012 la Corte conceptuó que el Ministerio había incumplido totalmente la orden de rediseñar el mecanismo de recobros, y le ordenó adoptar “las medidas necesarias para salvaguardar los recursos asignados al sector salud y que tiendan eficazmente a proscribir los actos de corrupción y las prácticas defraudatorias que aquejan el sistema”.
También le había ordenado adoptar “las medidas necesarias para controlar y recuperar los recursos malversados y dilapidados en el SGSSS, conminado a reinvertir tales dineros en la atención en salud de los colombianos”.
Ahora, en este nuevo auto proferido el 19 de febrero, no sólo pide investigaciones, cuestiona que “persisten los bajos resultados a pesar del tiempo transcurrido de manera que no se ha superado la inobservancia de los deberes estatales declarada en el fallo estructural de 2008, como tampoco el incumplimiento general de la orden decretado hace más de 3 años. De tal forma, es alarmante que en esta segunda calificación del cumplimiento del mandato bajo examen, nuevamente se decrete un grado insatisfactorio”.
“A este Tribunal le preocupa si las soluciones implementadas por el Gobierno Nacional son idóneas para superar la grave situación que originó el numeral vigésimo séptimo de la Sentencia T-760 de 2008 y el Auto 263 de 2012, como quiera que no advierte resultados favorables en todos los parámetros y, en algunos casos, ni siquiera se cuenta con datos para corroborar los avances o retrocesos”, agrega el alto tribunal.
Fuente: W Radio
