Tras los fallidos debates sobre la reforma a la salud que hoy ponen en vilo el sistema de salud del país, la Junta Médica Nacional, conformada por organizaciones médicas de carácter gremial, científico y académico de Colombia, expresó por medio de un comunicado su respaldo absoluto al proyecto de reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La organización gremial aseguró que dicha reforma es resultado de la discusión que lideró la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, con organizaciones de la sociedad civil por varios años. De modo que difieren de las afirmaciones de las organizaciones gremiales denominadas Acuerdos Fundamentales que, junto a los partidos políticos Centro Democrático y Cambio Radical, donde niegan la posibilidad de corregir las fallas estructurales del sistema de salud colombiano.
Entre tanto, la junta médica también señala que la principal área de desacuerdo se basa principalmente en la administración pública de los recursos, siendo esto impulsado por distorsiones difundidas a través de diferentes medios de comunicación. Por ello, la organización gremial listará a continuación las interpretaciones erróneas para dar claridad a la información que los ciudadanos deben tener acerca de la reforma a la salud.
Junta Medica Nacional critica la divulgación imprecisa sobre el proyecto
1. En primer lugar, la reforma estructural al sistema de salud está respaldada por un exhaustivo estudio económico de 103 páginas liderado por el Doctor en Economía, Luis Jorge Garay.
-La primera parte se dan a conocer las condiciones iniciales del proceso de reforma, analizando indicadores de inequidades de salud, evolución de recursos, situación financiera de EPS, deudas, estado de trabajadores en el sector, y más.
-La segunda parte se centra en los cambios propuestos, como la nueva arquitectura institucional, estrategias de asignación de recursos, control de costos, mecanismos anticorrupción, inversión en sistemas de información, proyección de recursos para infraestructura, entre otros. A pesar de su disponibilidad pública, el estudio es constantemente omitido por la oposición, que insiste en la supuesta falta de respaldo económico para la reforma de salud.
Este estudio también cuenta con dos anexos que refiere a los modelos de UPC y otro sobre la ADRES. Entre tanto, este texto, que es de dominio público, “por alguna razón, siempre es omitido en los argumentos de la oposición que insiste, de manera reiterada, en que “la reforma de salud carece de un estudio económico”.
2. Fuentes financieras: estos recursos del Sistema de Salud están definidas constitucionalmente y no pueden ser modificadas mediante una ley ordinaria. El artículo 55 destaca que el financiamiento del sistema se compone de recursos parafiscales de cotizaciones y aportes, así como de recursos fiscales a nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y promover la solidaridad en toda la población, abarcando diversas categorías como generaciones, géneros, empleados, desempleados, personas sanas o enfermas, población urbana y rural, y regiones con diferentes niveles de desarrollo, así como entre personas con ingresos altos y bajos.
3. Entre los puntos a aclarar por parte de la Junta Médica Nacional, detalla que la reforma propuesta no implica la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En cambio, sugiere la transferencia directa de recursos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), retirando a las EPS de la gestión financiera.
Este aspecto ha generado considerable resistencia, destacado por el director de la ANIF, quien enfatiza que la función de las EPS es manejar los fondos. De este modo, el debate central de la reforma de salud se basa en el manejo financiero, con opiniones como la de Acuerdos Fundamentales que defienden la idoneidad de la administración de los recursos públicos por parte del sector privado.
4. A pesar del aumento en la cobertura tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), persisten barreras que han llevado a numerosas acciones legales como último recurso para acceder al derecho a la salud. Con ello, es claro que todos los sistemas de salud tienen la obligación de ser sostenibles, equitativos y de calidad, pero hay evidencia de debilitamiento en sus funciones fundamentales de promover, restablecer y mejorar la salud individual y colectiva. Esta disfunción se traduce en un descontento generalizado debido a la incapacidad del sistema para ofrecer un servicio digno, lo que, además, obliga a los ciudadanos a aumentar sus gastos de bolsillo.
5. La falta de transparencia en la gestión financiera de las EPS, junto con auditorías cuestionables y un control casi total de 84 billones de pesos al año, plantea serias dudas sobre la eficacia y legitimidad del actual modelo de salud. Frente a esto, la Superintendencia de Salud ha revelado que 20 EPS no cumplen con requisitos legales, como destinar al menos el 8% del costo anual en inversiones para respaldar sus reservas técnicas, una condición reglamentada por el Decreto 2702 de 2014. De manera preocupante, 12.4 billones de pesos han sido asignados a reservas técnicas sin estar respaldados por activos, pero esto no ha generado mayores reacciones, protestas ni solicitudes de investigación por parte de congresistas opositores o gremios médicos que se oponen a eliminar la intermediación financiera.
6. La ponencia aprobada en segundo debate establece la creación de las Gestoras de Salud y Vida, con funciones de coordinación en el sistema de salud, resultado de un consenso entre los partidos políticos desde la presentación del proyecto de ley. El artículo 49 del Capítulo III detalla claramente sus 24 funciones, el artículo 52 establece el mecanismo de inspección, vigilancia y control, mientras que el artículo 53 define el pago del 5% de la población adscrita a los Centros de Atención Primaria (CAPS) por dicha gestión administrativa.
7. Se ha llevado a cabo una evaluación parcial del sistema de salud por parte de la oposición, donde no se han considerado las deudas acumuladas de las EPS con clínicas y hospitales públicos, así como el no pago de salarios a trabajadores de la salud. Esto como tal revela la inestabilidad laboral y las deudas en las instituciones, atribuibles al mal manejo de las EPS y la integración vertical. Asimismo, estas deficiencias han presentado consecuencias graves, como retrasos en tratamientos, suspensiones y falta de intervención preventiva, impactando negativamente en los pacientes, todo impulsado por la defensa de intereses particulares.
8. Finalmente, la organización gremial destacó que es preocupante que los gremios médicos, responsables de salvaguardar el derecho a la salud y el trabajo digno de los trabajadores del sector, muestren un fuerte respaldo a las EPS a pesar de ser víctimas directas de su mal manejo financiero. La ausencia de propuestas concretas para superar la crisis y la negativa a abordar los problemas estructurales del modelo actual plantean dudas sobre su integridad ética y su compromiso con el bienestar colectivo.
