A raíz de las dudas y críticas sobre el aumento de la UPC, el Ministerio de Salud llevó a cabo una rueda de prensa en la que explicó el proceso a la opinión pública. “En las zonas más dispersas y más vulnerables es donde menos se gasta en salud”, dijo el titular de la cartera, Guillermo Jaramillo al presentar los ajustes de riesgo aplicables al cálculo de la unidad de pago por capitación. “En donde más necesitamos recursos, allá no llegan los dineros. En donde más es costosa la atención, es en donde menos recursos estamos recibiendo”.
La información que se utiliza para hacer el ajuste proviene de las EPS: variables demográficas, de prestación de servicios de salud y de gasto. En el último estudio de suficiencia, se evidenció que solamente los datos de 4 EPS eran consistentes con los reportes: Salud Total, Sura, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Nueva EPS. En otros casos, como el de Compensar, se observó un costo equivalente al 243% del promedio, en comparación con las otras entidades que integraban el estudio.
Como se observa en la gráfica, las frecuencias de la prestación de servicios remontan a los niveles prepandémicos. El gasto, a su vez, no refleja modificaciones significativas. “La información de las EPS no coincide con lo que dicen públicamente”, enfatizó el titular del Ministerio de Salud.
No obstante, para la cartera, el cálculo de la UPC no debería ser objeto de preocupación. Por el contrario, cuestiona severamente la falta de datos precisos. “Uno no puede encontrar que no den datos. ¿Cómo es posible que unas empresas que recibieron el año pasado $83 billones no den datos? De las 28 EPS solamente 4 entregan datos confiables. Y son los datos con los que nos piden hacer la UPC”.
El Ministerio reiteró que los pagos por UPC, para el año 2023, se hicieron en las fechas estipuladas, siguiendo el cronograma definido. Al mismo tiempo calificó como ‘irresponsable’ la aseveración hecha en septiembre, en la que un grupo de EPS aseguraba que el dinero sería insuficiente para cubrir las necesidades en salud de sus afiliados. Sin embargo, según los datos disponibles, el 70% de los presupuestos máximos son recursos que se destinan al régimen contributivo.
“Hay algo más grave todavía. El año pasado se estaban presupuestando $45 billones para el régimen contributivo. $45 billones cuesta atender el régimen contributivo y lo que nosotros todos apropiamos, a través de nuestro salario, es apenas $19 billones. El 55% para la atención de este régimen sale del presupuesto nacional”, aseguró el ministro Jaramillo.
Otros elementos considerados para las inclusiones de la UPC 2024
Durante la rueda de prensa, el ministro Jaramillo mencionó los grupos de tecnologías que se incluyeron en la UPC de este año: medicamentos para diversas enfermedades huérfanas (que no sean de Baja Utilidad Terapéutica – BUT), nutricionales APME (únicamente en el ámbito hospitalario) y procedimientos. Esta integración representa un costo de $455.009 millones en el régimen contributivo. Además de lo anterior, otras consideraciones para la actualización de la unidad de pago por capitación fueron:
- Análisis de impacto presupuestal de las formas farmacéuticas: actualización del AIP elaborado por el IETS durante 2022, por valor de $14.310 millones para el régimen contributivo.
- Análisis de impacto presupuestal para la forma terapéutica lista para el consumo (FTLP): AIP elaborado por el IETS durante 2023, por valor de $5.775 millones para el régimen contributivo.
- Análisis de incremento de la meta de la intervención de tamizaje de ADN-VPH: aumentar la meta representa un valor de $37.814 millones para el régimen contributivo.
“En 2022, las inclusiones a la UPC democratizaron el gasto y beneficiaron a más de 6 millones de personas. Se triplicaron las personas únicas que se beneficiaron de estas tecnologías en salud y se redujo en tres veces el valor per cápita”, indicó el titular de la cartera.
