En respuesta a la creciente crisis migratoria que enfrenta el país, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) ha emitido la Resolución 1769 de 2024, mediante la cual se asignan más de 326 mil millones de pesos para cofinanciar los servicios de urgencias prestados a la población migrante no asegurada o en condición irregular. Este monto está destinado a aliviar las deudas de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), tanto públicas como privadas, que han brindado atención de emergencia a esta población desde 2020 hasta mediados de 2024.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó: “Nuestro gobierno está comprometido con garantizar la salud de todos los colombianos y mejorar las capacidades de nuestros hospitales públicos. Esta inversión es una muestra de nuestra voluntad de fortalecer el sistema público y asegurar una atención de calidad para todos los ciudadanos, especialmente en las regiones más necesitadas”
Asignación de recursos: prioridades y criterios de distribución
El mecanismo de asignación de los recursos ha sido cuidadosamente diseñado para hacer frente a la masiva deuda acumulada por los servicios de urgencias prestados a migrantes no asegurados. La Resolución 1769 establece tres criterios fundamentales que priorizan la distribución de los fondos, teniendo en cuenta el estado financiero de las IPS y la concentración de migrantes en las diferentes regiones del país.
- Saneamiento total de deudas en entidades territoriales con menores niveles de deuda: El primer criterio tiene como objetivo cubrir completamente las deudas de las entidades territoriales que reportan un monto pendiente menor a los 8.279 millones de pesos. Estas entidades, que pertenecen al quintil más bajo en términos de deuda, recibirán la totalidad de los recursos necesarios para liquidar sus compromisos financieros con las IPS. Esto garantiza que las regiones con menor presión financiera puedan cerrar sus brechas en el pago de las urgencias, evitando que se agraven sus problemas operativos.
- Priorización de las IPS en capitales departamentales con alta concentración de migrantes: El segundo criterio se enfoca en las IPS públicas ubicadas en las capitales departamentales, que han absorbido la mayor parte de la atención de urgencias a migrantes. De acuerdo con el informe interactivo de Migración Colombia, el 72,3% de los migrantes irregulares en el país están ubicados en las principales ciudades, lo que ha puesto una presión desproporcionada sobre las instituciones de estas áreas. Con este criterio, el Ministerio busca garantizar que los hospitales y centros de salud más afectados puedan recibir los recursos necesarios para mantenerse operativos. Además, se prioriza la cobertura de las deudas de IPS en municipios con grandes poblaciones migrantes, siempre que la deuda total de estas instituciones esté en el percentil más alto (percentil 95) del país.
- Distribución proporcional de los recursos restantes: Finalmente, el tercer criterio se aplica una vez se han asignado los fondos bajo los dos primeros criterios. El saldo de los recursos disponibles se distribuirá proporcionalmente entre las entidades territoriales que aún tengan deudas pendientes con las IPS, tanto públicas como privadas, asegurando que los recursos restantes se utilicen para cubrir parcialmente las obligaciones financieras en las regiones más necesitadas.
Esta estructura de asignación tiene como objetivo no solo aliviar la presión económica sobre las IPS, sino también asegurar que los recursos lleguen a las áreas más afectadas, donde la demanda de servicios de urgencias por parte de la población migrante ha sido más alta.
Desafíos económicos: la deuda supera los recursos disponibles
A pesar de la significativa asignación de 326 mil millones de pesos, la realidad económica es que los recursos son insuficientes para cubrir la totalidad de las deudas acumuladas por la atención a la población migrante. Según los datos presentados en la resolución, la deuda total reconocida por las entidades territoriales asciende a 675.311 millones de pesos, lo que significa que los recursos disponibles solo cubren aproximadamente el 48% del total de la deuda. Esta situación obliga al Ministerio de Salud a tomar decisiones difíciles sobre la distribución de los recursos.
Este déficit financiero pone en evidencia la magnitud del reto que enfrenta el sistema de salud colombiano en medio de la crisis migratoria. Con una deuda tan elevada, las entidades territoriales se ven obligadas a gestionar sus recursos de manera estratégica, priorizando aquellas IPS que prestan servicios en áreas críticas y que atienden a la mayor parte de la población migrante.
El caso de departamentos como La Guajira, con una deuda de 26.226 millones de pesos, y Cundinamarca, con una deuda de 23.002 millones, es representativo del inmenso desafío financiero que enfrentan. Estas regiones, que han sido receptoras de grandes cantidades de migrantes, particularmente de origen venezolano, han visto un incremento considerable en la demanda de servicios de urgencias. Aunque la resolución busca aliviar parte de la deuda, es claro que las IPS en estas áreas seguirán operando bajo presión, con una deuda significativa aún pendiente.
Además, la situación es aún más crítica cuando se observa que el 79,09% de la deuda se concentra en IPS públicas, las cuales son fundamentales para garantizar el acceso a la atención de urgencias en todo el territorio nacional. Estas instituciones dependen en gran medida de los recursos asignados por el gobierno y cualquier retraso o insuficiencia en los pagos puede afectar gravemente su operación, comprometiendo la capacidad de respuesta frente a emergencias de salud.
La deuda restante, que en su mayoría seguirá sin ser cubierta, refleja un desbalance estructural entre la capacidad financiera del gobierno y las necesidades de atención médica derivadas de la crisis migratoria. A medida que esta situación se prolonga, existe el riesgo de que más IPS se vean forzadas a reducir o incluso cesar la prestación de servicios, lo que agravaría la situación sanitaria en las regiones más vulnerables del país.
Impacto en las IPS y el sistema de salud
El impacto de esta asignación de recursos en las IPS, especialmente las públicas, será crucial para su estabilidad operativa. Muchas de estas instituciones han enfrentado serias dificultades para mantenerse a flote debido a la acumulación de deudas. Sin embargo, la resolución también tiene como uno de sus objetivos principales priorizar el pago de las deudas laborales en las IPS, incluidas aquellas relacionadas con los parafiscales y los salarios de los profesionales de la salud.
La resolución establece que una vez las IPS reciban los recursos, deberán destinarlos principalmente a pagar las obligaciones laborales y los servicios prestados por los profesionales de la salud que tienen contratos vigentes. Esto garantiza que el personal médico, que ha estado en la primera línea de la crisis, reciba una compensación adecuada por su trabajo, lo que es esencial para evitar fugas de talento en el sistema sanitario.
Las IPS beneficiadas, tanto públicas como privadas, tendrán un respiro temporal que les permitirá continuar brindando servicios críticos. No obstante, el nivel de endeudamiento y la falta de recursos suficientes sugieren que el sistema de salud en su conjunto seguirá bajo presión en el futuro inmediato, especialmente si no se implementan mecanismos adicionales de financiación a largo plazo.
Además, el hecho de que el 56,92% de la deuda reportada por las IPS públicas se concentre en capitales departamentales subraya la importancia de estas regiones en la provisión de servicios esenciales, no solo para la población migrante, sino también para la población general. Sin una inyección constante de recursos, estas IPS podrían enfrentar recortes en sus operaciones, lo que limitaría el acceso a atención médica oportuna.
Entre tanto, la Resolución 1769 de 2024 es un paso importante hacia la solución de las deudas acumuladas por la atención a la población migrante no asegurada. Sin embargo, con casi 350 mil millones de pesos en deuda aún por cubrir, el sistema de salud colombiano enfrentará desafíos considerables en el corto y mediano plazo. El éxito de este plan de asignación de recursos dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para gestionar eficientemente los fondos asignados, así como de la posibilidad de obtener recursos adicionales en el futuro.
Descargue aquí la resolución 1769 de 2024:
