La Defensoría del Pueblo pidió a Nueva EPS restablecer de inmediato los servicios de alimentación y transporte suspendidos en albergues de Bogotá, Villavicencio y Vaupés, donde cerca de 100 personas, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, enfrentan barreras para asistir a citas médicas, continuar tratamientos y permanecer en condiciones dignas mientras reciben atención en salud.
La Defensoría del Pueblo elevó una solicitud directa a Nueva EPS tras verificar afectaciones en albergues que atienden a afiliados provenientes de Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada, Meta y otros territorios apartados del país. El pronunciamiento involucra a la EPS, a los operadores de estos espacios de alojamiento temporal y a pacientes que debieron desplazarse a otras ciudades para acceder a servicios de salud. Para el sector, el caso adquiere relevancia porque expone cómo fallas administrativas o contractuales pueden traducirse en barreras concretas para poblaciones en condición de vulnerabilidad.
¿Qué advirtió la Defensoría sobre pacientes indígenas de Nueva EPS?
La Defensoría informó que continuó verificando las afectaciones registradas en albergues ubicados en Bogotá, Villavicencio y Vaupés. Estos espacios reciben a usuarios afiliados a Nueva EPS que llegan desde zonas apartadas para acceder a atención médica, lo que convierte su funcionamiento en un componente clave de la ruta asistencial.
Durante las visitas y acciones de seguimiento, la entidad identificó cerca de 100 personas afectadas. La mayoría pertenece a comunidades indígenas y se encuentra fuera de su territorio de origen por razones asociadas a la atención en salud. Entre los grupos mencionados por la Defensoría figuran adultos mayores, mujeres y niños, perfiles que incrementan la sensibilidad institucional del caso.
La afectación descrita no se reduce a una dificultad operativa de los albergues. La entidad señaló que la interrupción de apoyos básicos compromete el ejercicio de derechos fundamentales, porque incide en la capacidad de los usuarios para llegar a consultas, sostener tratamientos y permanecer en condiciones adecuadas durante su proceso de atención. En términos operativos, la interrupción de estos apoyos puede afectar la asistencia a citas médicas, la continuidad de tratamientos y las condiciones dignas de permanencia durante el proceso asistencial.
¿Por qué los albergues son críticos para garantizar la atención en salud?
Para pacientes que se trasladan desde territorios dispersos o apartados, los albergues cumplen una función de soporte durante la permanencia en ciudades donde reciben servicios médicos. La Defensoría no los presenta como un elemento accesorio, sino como parte de las condiciones que permiten que la atención sea efectivamente accesible para personas que no cuentan con redes locales de apoyo.
En este caso, la entidad evidenció que la falta de condiciones de manutención y movilidad impacta directamente la asistencia a citas médicas y la continuidad de tratamientos. Esa relación es central para comprender el alcance del pronunciamiento: el problema no está únicamente en la prestación clínica, sino en los factores que permiten o impiden que el paciente llegue al servicio y permanezca en el lugar donde debe ser atendido.
Ante la situación, la Defensoría gestionó acciones de atención humanitaria con el objetivo de mitigar los efectos inmediatos mientras se estabiliza la operación. Esta intervención busca reducir el impacto sobre los usuarios, pero no reemplaza las obligaciones que deben cumplirse para restablecer la atención integral.
¿Qué le solicita la Defensoría a Nueva EPS y qué implicaciones tiene?
La Defensoría indicó que la situación estaría relacionada con obligaciones financieras pendientes entre Nueva EPS y los operadores de los albergues. Frente a ese escenario, reiteró que las “dificultades administrativas o contractuales no pueden afectar la atención ni el bienestar de los pacientes”.
El organismo solicitó a Nueva EPS restablecer de manera inmediata los servicios suspendidos, normalizar los pagos a los operadores, garantizar la atención integral de las y los usuarios afectados y adoptar medidas para evitar nuevas afectaciones. La solicitud delimita responsabilidades concretas y prioriza la protección de los pacientes sobre la controversia financiera u operativa.
Para gestores del sistema, EPS, prestadores y autoridades, el caso plantea una alerta sobre la continuidad de los apoyos asociados a la atención de poblaciones vulnerables. Cuando una persona ya se encuentra desplazada de su territorio por motivos de salud, cualquier interrupción en las condiciones básicas de permanencia puede aumentar las barreras de acceso y comprometer la oportunidad del proceso asistencial.
La Defensoría anunció que continuará realizando seguimiento y ejercerá las acciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas. El cierre institucional mantiene el foco en la garantía de derechos y en la necesidad de evitar que situaciones administrativas se trasladen al usuario final.
Cuando un paciente debe desplazarse para recibir atención especializada o continuar un tratamiento, la alimentación y el transporte no son componentes accesorios: pueden incidir en la oportunidad, continuidad y efectividad del proceso asistencial.
¿Qué implicaciones tiene este caso para la atención en salud?
Desde una perspectiva institucional, el pronunciamiento de la Defensoría exige diferenciar entre el conflicto operativo o financiero y la garantía efectiva del derecho a la salud. La entidad no resuelve la relación contractual entre Nueva EPS y los operadores, pero sí advierte que esas dificultades no pueden traducirse en barreras para los usuarios.
Para los prestadores y gestores del sistema, la advertencia también plantea una señal sobre la necesidad de mecanismos de seguimiento y respuesta temprana cuando los servicios de apoyo a pacientes vulnerables se interrumpen. La afectación identificada involucra personas que ya habían salido de sus territorios para acceder a atención, por lo que cualquier interrupción logística puede agravar su situación.
La Defensoría del Pueblo mantendrá seguimiento a la situación y ejercerá las acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Su pronunciamiento ubica el caso como una alerta sobre la continuidad de servicios esenciales para pacientes indígenas afiliados a Nueva EPS y sobre la obligación de impedir que problemas administrativos, financieros o contractuales comprometan la atención, el bienestar y la dignidad de quienes dependen de estos apoyos para acceder al sistema de salud.
