Conéctate con nosotros

Biblioteca

Como la sentencia T-760/2008 Cambió el sistema de salud

La sentencia T-760 es la compilación de sentencias de tutela en las cuales la Corte Constitucional observó, como el derecho a la salud fue vulnerado, en algunos casos con la negación de un procedimiento médico, en otros con la de un medicamento o la libertad de elección de la entidad encargada de garantizarle el acceso a la prestación de servicio, entre otros.

Publicado

el

T760

En el 2008 la corte constitucional a través de la sentencia T-760 ordenó a las entidades responsables de la salud en Colombia corregir las fallas que presentaba el sistema de salud pública. La corte acumuló 22 acciones de tutela, al fallarlas, determinó que esos casos representaban violaciones recurrentes provocadas por problemas estructurales. La sentencia marcó un punto de partida para nuevas transformaciones en el sistema de salud pública  

De estas 22 tutelas, 20 fueron interpuestas por los ciudadanos a quienes se le vulneró el derecho a la salud y 2 por la EPS Sanitas en contra del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de la Protección Social para solicitar claridad respecto a las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS, ante en ese entonces, llamado el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)

A medida que estas tutelas fueron llegado a la Corte, se fueron acumulando con un doble propósito: tener una muestra lo más comprensiva posible del tipo de problemas que han llevado a los tutelantes a acudir a la justicia constitucional para obtener la satisfacción de sus derechos. De otro lado la acumulación de procesos permite a la Corte analizar diferentes facetas del derecho a la salud y valorar sus implicaciones siempre con la finalidad de garantizar el goce universal, equitativo y efectivo de este derecho.

Como resultado de esta visión de conjunto, tanto de los problemas de regulación como de las facetas del derecho a la salud, la Corte identificó dos tipos de problemas jurídicos a resolver.

También puede leer: Chile promueve los remedios bioequivalentes

Problemas jurídicos concretos

  • Desconocer el derecho a la salud especialmente una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios requeridos, cuando no se autoriza a una persona o niños y niñas, por no poder costearlo por si misma, y por el hecho de que no se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud o por que la vida o integridad de la persona no dependa de la prestación del servicio.
  • Desconocer el derecho a la salud especialmente una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios requeridos cuando fue ordenado por un médico que no está adscrito a la entidad respectiva, pero es especialista en la materia y trataba a la persona.
  • Desconocer el derecho a la salud de una persona, una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud al interrumpir el suministro de estos, porque ya transcurrió un mes luego del momento en que la persona dejó de cotizar, en razón a que ahora es desempleado.

Problemas jurídicos generales

Estos problemas hacen referencia a cuestiones de orden constitucional que tienen que ver con la regulación del sistema de protección del derecho a la salud, que afectan la posibilidad de que éste sea gozado efectivamente por las personas. En total se expidieron16 órdenes de carácter general  (puede consultar el documento al final) que le dicen al Estado y a las autoridades en salud como debería operar, y que asuntos deben regularse en el futuro para que el sistema mejore.

La sentencia T-760, es un punto de partida que resume los principales problemas del sistema de Salud desde la Ley 100 de 1993; está sentencia generó una serie de cambios en la estructura del Sistema de Salud, y gracias a ella se empieza a observar a la salud como un derecho fundamental autónomo.

¿Cómo se observaba antes el sistema de salud?

Con la ley 100 de 1993 la salud se observaba como un derecho público obligatorio, es decir se ofrecía, pero no necesariamente se garantizaba; por ende, la gente tenía que recurrir a la justicia para hacerlo valer, mediante mecanismos como la acción de tutela.

La ley 100 de 1993 introdujo cambios sustanciales a la Seguridad Social y al Sistema en Salud, buscando la cobertura de toda la población, pero mantuvo durante muchos años diferencias importantes entre el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y subsidiado.

Que ocurría entre  2002-2010

La sentencia T-760 hizo notar que los problemas en el flujo de recursos del sistema de salud podrían hacerlo colapsar; por ello ordenó diversas medidas relacionadas con el tema. Entre 2003 y 2009 el crecimiento anual promedio en el valor de los rembolsos por medicamentos No POS fue de 68%;  la magnitud de este problema impulsó al gobierno de Uribe a declarar un “estado de emergencia social”; el Gobierno aprobó varios decretos (algunos muy criticados); sin embargo, no se incluía ningún esfuerzo de regulación a los precios de medicamentos.  

Más adelante la Corte Constitucional declaro inconstitucional la emergencia social y recordó su jurisprudencia en el sentido que, sólo es posible recurrir a la emergencia social cuando se está frente a la imposibilidad o insuperable insuficiencia de las instituciones normales para solucionar la crisis que la Corte catalogó como “un problema estructural” y que venía generándose de tiempo atrás. 

La Corte Constitucional con la Sentencia T-760 impartió órdenes agrupadas en seis ejes temáticos a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) para hacer efectivos los contenidos de la Ley 1122 de 2007, especialmente en cuanto a la cobertura universal y la actualización de los planes obligatorios de salud (POS),

Entre las ordenes se destacan la Unificación de los Planes Obligatorios de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado para niños y niñas entre los cero y 12 años, y que finaliza en 2012 con la unificación para la población mayor a 18 años y menor a 60 años.

También ordenó a la CRES actualizar anualmente el POS, buscando el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes de beneficios de los dos regímenes

En el gobierno de Santos

En este gobierno se adoptaron diversas medidas respecto a la corrupción asociada a los recobros, y en relación con el control de precios de medicamentos. Respecto al tema de corrupción, en mayo de 2011, el Presidente de la República, la Contralora General de la República, el Ministro de Salud y el Director General de la Policía anunciaron al país que durante los últimos años había existido un sistema de corrupción caracterizado entre otros elementos, por el recobro de medicamentos con sobrecostos superiores al 1.000 por ciento a pagos de personas que no estaban identificadas, o no existían y cobros a nombres de otras personas que nunca recibían tratamientos.  Ello condujo a intervenciones de control en diversos niveles incluida la reacción del sistema penal y la intervención de algunas aseguradoras por parte de la Superintendencia de Salud

Impactos posteriores al sistema de salud 

Bajo el Gobierno de Santos se impusieron diversas reformas al sistema de salud y algunas de las propuestas han estado influenciadas por lo señalado en la sentencia T-760. En particular se destaca la Ley 1438 de 2011 y diversos proyectos de ley estatutaria presentados por el Gobierno y algunos congresistas.

Respecto a la Ley 1438 de 2011, buscaba fortalecer el sistema de salud, mediante medidas como la Atención primaria en salud (APS), mejoramiento en el sistema de información y nuevas funciones a la Superintendencia de Salud. También el hecho que el plan de beneficios debiera actualizarse cada dos años.

Para el 2013 se presentó un nuevo proyecto de reforma que incluye la eliminación de la integración vertical y la disminución de la intermediación financiera por parte de las EPS. En particular las EPS solo serian gestoras de servicios de salud. La afiliación y manejo de fondos estaría a cargo de una nueva entidad estatal. Este proyecto legislativo no prosperó.

Sobre el Plan de Beneficios en Salud PBS

La atención integral del PBS apenas comenzó a realizarse en 2009, quince años después de expedida la Ley 100, en desarrollo de la Sentencia T-760;  antes solo se reconocieron algunas inclusiones puntuales derivadas de solicitudes individuales o de agremiaciones.

En cuanto a la Unificación del PBS, la Comisión de Regulación en Salud (C.R.E.S) estableció que a partir del 1 de octubre de 2009 los afiliados al régimen subsidiado con edades entre 0 y 12 años disfrutarían del mismo plan del régimen contributivo. Luego de varias medidas similares en 2012 se puso en marcha la unificación de PBS para toda la población del país.

Siete años después se aprueba la histórica Ley 1751 de 2015 conocida como Ley Estatutaria que garantiza el acceso a la salud como un derecho fundamental.

Paradójicamente aumenta la cobertura, pero sigue habiendo un aumento de las tutelas, como puede verse en la siguiente gráfica

t760

 La sentencia T-760 constituye un hito en la historia del Sistema de Salud colombiano, y da cuenta de como ha evolucionado la política pública en salud. Por una parte, la tutela se convirtió en el mecanismo por el cual se busca garantizar el derecho a la salud, en lo que se refiere al acceso. Por otro lado, la Sentencia T-760 se convierte en una expresión del papel que ha jugado la Corte en la construcción de las nuevas políticas públicas

A continuación, algunos avances gracias a la sentencia T-760

t760 mejoras

Biblioteca

Cambiarán los datos y la validación del RIPS – Proyecto de resolución

Los datos que deben reportar los diferentes integrantes del sistema de salud en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas cambiarán según un nuevo proyecto de resolución.

Publicado

el

Cambiarán los datos y la validación del RIPS

Los datos que deben reportar los diferentes integrantes del sistema de salud en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas cambiarán según un nuevo proyecto de resolución expedido por el Ministerio de Salud, a estos cambios se suman otras modificaciones a las reglas de validación que se le aplica al Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS-.

Recordemos, que el RIPS es el conjunto de datos que el SGSSS requiere para los procesos de dirección regulación y control, cuya estructura se ha estandarizado para todos los actores que deben emitir este registro. Estos además funcionan como soporte de cobro de la factura de venta de los servicios en tecnologías en salud.

Las fuentes de datos sobre la prestación individual de servicios y tecnologías de salud son las historias clínicas de los pacientes y las facturas de venta de servicios y tecnologías de salud. En este sentido todas las entidades que realicen RIPS deben utilizar los mismos datos básicos que se refieren a la transacción, al servicio y al valor facturado:

También puede leer: Uso de telesalud para las especialidades quirúrgicas cayó en 2020

  1. Datos relativos a la transacción
  2. Datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados:
    • Datos de identificación de usuarios
    • Datos de las consultas
    • Datos de los procedimientos
    • Datos de la urgencia con observación
    • Datos de hospitalización
    • Datos de recién nacidos
    • Datos de otros servicios
    • Datos de medicamentos

Todas las entidades están obligadas a reportar los RIPS de todas las atenciones de salud realizadas y deberán enviarlos como soporte de la factura electrónica de venta de las mismas a la entidad responsable de pago, con las especificaciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En este sentido, esta es una fuente de información autorizada para los procesos de prestación de servicios de salud y su facturación, por tanto deben ser consistentes con la factura de venta y los soportes que se adhieran a esta. La estructura del RIPS (modificada y descargable al final del artículo) debe ser incorporada en todos los procesos de información.

Los obligados a reportar deberán enviar los RIPS al Ministerio de Salud para la validación de los datos. Una vez superada la validación, el Ministerio acreditará la validación de RIPS con destino a las partes y dispondrá en el repositorio institucional los RIPS con validación previa a las entidades responsables de pago (ERP). El Ministerio de Salud establecerá el mecanismo tecnológico para la validación única de los datos y la entrega del resultado de la misma.

Las reglas únicas de validación según las cuales se evaluarán las condiciones de calidad y cobertura de la información reportada se definen en el Anexo Técnico de esta resolución y los lineamientos técnicos serán dispuestos en la página institucional del Ministerio de Salud

Las entidades responsables de pago no podrán usar reglas de validación diferentes o adicionales a las definidas por el Ministerio de Salud y su incumplimiento dará lugar a las sanciones por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control.

Cuando se realicen notas crédito, notas débito y demás instrumentos electrónicos a la factura electrónica de venta, los RIPS deberán actualizarse conforme a dichos documentos, debiendo enviarse por parte de los obligados a reportar los archivos RIPS que los soportan, los cuales surtirán el proceso de validación previa y disposición en el repositorio institucional.

Cabe mencionar, que las entidades responsables de pago no podrán solicitar a los obligados a reportar, datos adicionales en el registro en RIPS a los definidos en esta Resolución, ni estadísticas o reportes consolidados que puedan ser obtenidos a partir de éstos.

También puede leer: Reforma a la salud perdió su esencia – Ajustes al proyecto de ley 010 de 2020

Procesos informáticos en los prestadores de servicios de salud

Los prestadores de servicios de salud son responsables de los siguientes procesos informáticos:

  • En la actualización de datos, deben:
    • Estandarizar las formas de registro manual o automatizado, que incluyan los contenidos y la estructura definida en la presente resolución;
    • Hacer el registro de los datos simultáneamente con la prestación del servicio de salud, y
    • Garantizar la confiabilidad, calidad, oportunidad y validez de los datos.
  • En la validación de los datos, previo a su transferencia, deben verificar la consistencia de éstos, en cuanto a los valores que asumen las variables y referencia cruzada de las mismas.
  • En la transferencia de datos al Minsalud deben enviar los datos en los respectivos archivos que soportan la factura electrónica de venta.

El reporte de la información debe enviarse al ministerio a través de la Plataforma de Integración de Datos PISUS del SISPRO de acuerdo a las especificaciones que determine el Ministerio de Salud.

Documento adjunto

Continuar leyendo

Biblioteca

Estos serían los requisitos para la adquisición de vacunas por privados

El Ministerio de Salud en un proyecto de resolución ha presentado los posibles requisitos que deberán cumplir las compañías del sector privado interesadas en vincularse al PNV

Publicado

el

Requisitos adquisicion vacunas por privados

El Ministerio de Salud ya cuenta con un proyecto de resolución, cuyo propósito es establecer los requisitos de adquisición e importación de vacunas contra el Sars-Cov-2 por parte de privados. Es importante tener en cuenta que desde hace algunas semanas, este ha sido un tema de conversación entre el gobierno nacional y los representantes del sector privado para que éstos últimos puedan unirse a la estrategia de inmunización del país.

La normativa ha sido planteada fundamentalmente como una forma de apoyo al Plan Nacional de Vacunación y así lograr la superación de la pandemia. Sin embargo, dentro de la normativa propuesta para los privados, se ha establecido que no se podrán utilizar la capacidad operativa de los prestadores de servicios de salud -destinada al PNV- sino que deberán usar una red ampliada y alterna a la ya existente. De igual forma, se mantendrá la gratuidad en la vacunación; es decir, el proceso de inmunización deberá efectuarse a costo cero para los beneficiarios de la aplicación.

Adicional a ello, antes de comenzar con la inmunización por parte de privados, se deberá tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos para la inmunización. Los lugares deberán estar habilitados por las secretarías de salud departamentales, distritales o las entidades que hagas sus veces. Asimismo, los departamentos y distritos serán los encargados de vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento,así como los requisitos para su distribución y aplicación.

También le puede interesar: Gobierno abre puertas al sector privado en Plan Nacional de Vacunación

Estas son las condiciones para que los privados importen vacunas

Las personas de derecho privado podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano vacunas anticovid bajo el cumplimiento de los siguientes parámetros:

  • Las vacunas objeto de importación deben contarcon una Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1787 de 2020.
  • Garantizar la aplicación de las vacunas importadas en prestadores de servicios desalud o en espacios diferentes a estos, que tenga el servicio de vacunación habilitado. En el respectivo acuerdo con el prestador de servicios autorizado o la entidad autorizada, deberá dejarse constancia acerca de que la aplicación de las respectivas vacunas no afectará la ejecución del Plan Nacional de Vacunación-PNV.
  • Garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas.
  • Contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos durante el tiempo que el agente de derecho privado tenga la custodia del mismo.
  • Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vacuna.
  • Asumir no solamente los costos de la importación y de los biológicos, sino también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma.
  • Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
  • Establecer el procedimiento, registrar y asumir los costos del registro, de las personas vacunadas con los biológicos importados, en la plataforma PAIWEB 2.0.
  • Radicar en el Ministerio de Salud y Protección Social el Plan de Vacunación que seguirá con las vacunas adquiridas.

¿Y qué sucede con los privados en caso de reacciones adversas?

Según lo establecido por el Ministerio de Salud en este proyecto de resolución, las personas de derecho privado que negocien y adquieran vacunas contra el Covid-19 con recursos de naturaleza privada, serán directos responsables por los términos de la negociación y por los compromisos que se adquieran producto de la misma.

Finalmente y en cuánto a los precios de adquisición de vacunas, las empresas del sector privado deberán tener en cuenta que el artículo 88 de la Ley 1438 de 2011 -modificado por el artículo 71 de la Ley 1753 de 2015- establece que los precios resultantes de las negociaciones centralizadas serán obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos de servicios de salud y éstos no podrán negociarlos a precios superiores a los establecidos.

Consulte el documento con el proyecto de resolución haciendo clic en el botón “Descargar”.

También le puede interesar: Autismo en Colombia: panorama nacional

Continuar leyendo

Biblioteca

¿Bajo qué parámetros se podrá adquirir el 10% del capital o patrimonio de una EPS?

El Ministerio de Salud estableció los parámetros y los criterios para identificar los beneficiarios de la adquisición del 10% o más del patrimonio de una EPS.

Publicado

el

¿Quién y bajo qué parámetros se podrá adquirir el 10% del capital o patrimonio de una EPS

El Ministerio de Salud establecerá los criterios generales y las pautas orientativas para la Superintendencia Nacional de Salud para definir e identificar a los beneficiarios (nacionales o internacionales) de la adquisición del 10% o más del patrimonio o capital de una EPS.

Recordemos, que la apropiación de este porcentaje estaba previamente contemplado en la Ley 1955 de 2019 que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Allí se determina que toda persona jurídica o natural que esté interesada en la adquisición de dicho porcentaje deberá ser autorizado por la SNS, previa verificación de los parámetros, que en este proyecto de resolución el Ministerio de Salud está estableciendo.

También puede leer: Imponen nuevas medidas en Colombia por tercera ola covid-19

¿Beneficiario real de la transferencia?

Según el documento el beneficiario real de la transferencia es cualquier persona natural o grupo de personas naturales que, individual o conjuntamente, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquiera otra manera, tenga respecto de una acción, cuota, parte de interés o participación o derecho de una sociedad o de cualquier otra forma de organización o asociación la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes, o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen.

Estas personas deberán (según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI—) revelar a la Superintendencia Nacional de Salud la información de los beneficiarios reales de manera clara, suficiente, adecuada, precisa y actualizada, sin lugar a opacidad o ambigüedad.

Posteriormente, y con base en la información presentada en la solicitud, en el informe de la EPS sobre la debida diligencia y en la información adicional que se requiera, la Supersalud verificará la identidad del beneficiario de la adquisición.

También puede leer: Plan Adicional de Salud sería obligatorio para personas de ingresos altos

Criterios para identificar el beneficiario real de la adquisición de patrimonio de una EPS

La Superintendencia Nacional de Salud aplicará los siguientes criterios que, de manera orientativa, se establecen para identificar al beneficiario real:

  1. Tendrá en cuenta que el beneficiario real de una entidad o estructura jurídica solamente puede ser una o varias personas naturales.
  2. Si el adquirente es una persona natural, deberá establecer si esta actúa en nombre propio.
  3. Identificará a los individuos que tengan el control sobre las decisiones en la elección de directivas o representantes, y sobre el sentido de los derechos patrimoniales y políticos
  4. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 256 de 2021, podrá solicitar certificación suscrita por el representante legal de la sociedad sobre la titularidad de las acciones nominativas, la cual se entenderá emitida bajo la gravedad del juramento.
  5. Cuando, de acuerdo con los criterios que anteceden, no se pueda identificar ninguna persona natural como beneficiaria real, se debe verificar la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior.
  6. Cuando al acto de adquisición involucra una estructura corporativa en la que existen empresas entre el adquirente y el beneficiario real, y cuando existen estructuras complejas.
  7. Cuando entre quien realiza la adquisición y el beneficiario real medien vehículos operativos o estructuras jurídicas como cooperativas, fondos de empleados, fundaciones, organizaciones no gubernamentales.
  8. Entenderá que una persona natural o jurídica, o una unión temporal, consorcio u otra forma de asociación es vinculada a una sociedad o a una entidad promotora de salud cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:
    1. Tenga la capacidad de designar al representante legal o a un miembro de junta directiva o a un funcionario de alto nivel directivo de la sociedad o de la entidad promotora de salud; o es dueña de instrumentos de deuda convertibles en acciones, o cuenta con el 5% o más de la participación directa o indirectamente en esta.
    2. Cuando la entidad promotora de salud tiene la capacidad de designar un miembro de junta directiva o un funcionario de alto nivel directivo o representante legal de la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación, o es dueña de instrumentos de deuda convertibles en acciones de la persona jurídica; o cuenta con el 5% o más de la participación directa o indirectamente en la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación.
Continuar leyendo

RECOMENDADO

Innovación

Latinoamércia

Productos destacados

Tendencias

Indicadores / Cifras