La radicación de la ponencia de la reforma laboral en Colombia sufrió un traspiés en el trámite, ya que no se presentó dentro de los tiempos estipulados. Aunque se esperaba que el martes iniciara la discusión sobre el proyecto de ley, la Comisión Séptima no avanzó lo suficiente en el debate de la reforma a la salud.
Al respecto, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que, si bien el proyecto de ley no ha sido discutido, las proyecciones permiten vislumbrar el panorama en términos de producción nacional.
En las últimas horas, un informe del Banco de la República advirtió sobre el impacto negativo que esta propuesta gubernamental tendría sobre la economía nacional. De acuerdo con Villar, el mayor riesgo es la pérdida de la formalidad laboral, resultado del incremento en los costos salariales que, a su vez, redundaría en la pérdida de 450.000 empleos formales entre los próximos 3 y 4 años, aunque la cifra podría llegar a ser de 746.000 puestos de trabajo.
Para los empresarios nacionales o extranjeros, las condiciones que impondría la reforma laboral se verían reflejadas en un aumento en los costos operacionales, principalmente por los aumentos en la remuneración laboral de los trabajadores en jornada nocturna o por el horario extendido. Otros de los factores que tendrían una repercusión negativa, de acuerdo con el informe trimestral, son las indemnizaciones por despidos sin justa causa.
De acuerdo con los cálculos, los costos para las compañías aumentarían en 6,73 %, excluyendo las indemnizaciones. Si este indicador se integra, aumentarían en 1,59 % adicionales. Al considerar otros criterios como la división entre jornadas de trabajo (diurna, nocturna, horas extras) o reducción en las horas semanales el promedio rondaría los 3,4%.
“El costo de las indemnizaciones por despidos sin justa causa genera un riesgo muy importante: que las empresas dejen de contratar trabajadores formales. Al no contratar un trabajador formal por lo que conlleva el despido, hará que muchos empleadores reconsideren las opciones de contratación”, aseguró el gerente durante el debate de control político.
¿Qué pasaría con los contratistas independientes si se aprueba la reforma laboral?
Según el estudio del Banco de la República, la reforma laboral tampoco beneficiaría a los contratistas independientes del país. Si las directrices se mantienen, es decir que los trabajadores que ejecuten labores permanentes deberán ser vinculados a término indefinido, dentro del sector público no podría implementarse, debido a la inviabilidad que representa la propuesta. Así quedó evidenciado en el proyecto de ley, pues no se incluyeron los lineamientos para éste.
“Se supone que el sector económico que reporta el contratista es el mismo que el de la empresa para la que trabaja; de esta manera, se excluye a los contratistas que reportan haber cotizado a seguridad social por actividades del sector de administración pública, los cuales no están cobijados por este punto de la reforma. Teniendo en cuenta estos criterios, se encuentran alrededor de 661.000 contratistas independientes”, se lee en el análisis de la reforma laboral.
En ese sentido, el sobrecosto por masa laboral ascendería al 4,6% ($9 billones) en el escenario de alto impacto y llegaría al 2,3% ($4.6 billones). “Ante esta perspectiva, en el sector público se tendría que prescindir de los servicios de muchísimas personas”, resaltó el gerente del Banco de la República.
Ahora bien, si se habla de los contratos de aprendizaje, la aprobación de la reforma laboral tendría como consecuencia un incremento del 33% en el costo salarial por aprendiz. El aumento sería directo sobre las compañías que tienen la obligación legal de incluir en su planta al talento humano en desarrollo, independientemente del sector económico en el que hagan presencia.
Asimismo es importante tener en cuenta el impacto económico de las licencias de paternidad. En la actualidad, se contempla un tiempo de dos semanas, el cual sería ampliado por una semana adicional por cada punto porcentual de reducción en la tasa de desempleo estructural. El costo se mantendría a cargo de las EPS, aunque no está claro quien asumiría la responsabilidad con la nueva reforma a la salud.
“En el caso de que el desempleo mantuviera o se ubicara por arriba de su nivel estructural y, por tanto, la licencia de paternidad se mantuviera en dos semanas, la reforma tendría un incremento en costo fiscal de la licencia de $1,07 billones. En el caso de que el desempleo en 2025 disminuyera en 3 pp o más de su nivel estructural, el sobrecosto sería de $0,74 billones”.
CONSULTORSALUD pone a disposición de su audiencia el informe publicado por el Banco de la República sobre la reforma laboral. El documento es de libre descarga.
