La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) envió una carta formal al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que expone preocupaciones sobre el decreto 182 de 2026 y su alcance en la operación del aseguramiento y giros hacia las IPS.
El gremio advierte que, en el contexto actual del sistema, la medida podría tensionar aún más la relación entre aseguramiento, red prestadora y flujo de recursos, en un momento marcado por dificultades de pago y aumento de presiones asistenciales.
Decreto 182 de 2026: ACHC formaliza alertas sobre la operación del aseguramiento y los giros a IPS
En primera instancia, la Asociación señala que el decreto 182 de febrero de 2026 adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 y modifica varios artículos del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en lo relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, y se dictan otras disposiciones.
También deja constancia de que, bajo condiciones idóneas del sistema, particularmente, cuando las EPS cumplieran cabalmente con los indicadores de permanencia, medidas de reorganización como las planteadas en el decreto 182, podrían mejorar las condiciones de acceso de los usuarios y equilibrar la operación del sistema.
Sin embargo, la ACHC sostiene que el marco real de funcionamiento del aseguramiento y la red prestadora dista de ese escenario. En su lectura, el desempeño institucional de múltiples EPS y el entorno de pagos a la red condicionan la efectividad de cualquier medida de reorganización, especialmente si deriva en cambios operativos que impliquen traslados de población o ajustes de redes sin resolver previamente los cuellos de botella financieros y administrativos.
En el mismo documento, el gremio enmarca su pronunciamiento como una alerta sectorial desde las IPS públicas y privadas del país, al expresar su preocupación por el alcance e impacto del decreto 182. La solicitud explícita es que el Gobierno adopte medidas de solución para esta coyuntura, con énfasis en instrumentos que promuevan liquidez inmediata a prestadores.
¿Qué implica el Decreto 182 de 2026 en un escenario con EPS bajo medidas especiales?
Entre tanto, la ACHC describe un panorama en el que, con corte a junio de 2025, el sistema contaba con 28 EPS habilitadas, de las cuales 8 estaban bajo medida de intervención para administrar, 2 en vigilancia especial y 18 sin medidas especiales. A ese corte, añade que solo dos cumplían los indicadores de permanencia y representan menos del 1% de la población afiliada.
Bajo ese contexto, la carta atribuye parte de la disfunción a señales operativas y de relacionamiento con usuarios y prestadores: incremento de las peticiones, quejas y reclamos, junto con la creciente deuda con la red prestadora de servicios de salud. La ACHC afirma también que las IPS atraviesan serias dificultades” por la falta de pago constante y acorde con los servicios prestados.
Por otra parte agrega que, ante la presión financiera, algunas instituciones han tenido que contraer servicios o limitar su capacidad por no contar con los insumos necesarios para una adecuada atención. Esta situación, según el gremio, repercute en la demanda de atención; ante la ausencia de una red estable, los usuarios se ven obligados a acudir a los servicios de urgencias, un servicio ya desbordado, agravado además por dificultades en referencia y contra referencia.
También introduce una preocupación adicional por el principio de libertad de elección de los usuarios, al señalar como “de gran preocupación el ejercicio pleno de la libertad de elección… principio de orden fundamental y estatutario”, en la medida en que ciertas medidas asociadas al traslado de afiliados podrían incidir en esa garantía.
Nueva EPS concentra la mayor deuda reportada por la ACHC en su estudio de cartera
La carta dedica un apartado específico a la EPS con mayor número de afiliados y mayor presencia territorial, descrita como una entidad con medida de intervención para administrar. En ese punto, la ACHC afirma que “no se conocen sus estados financieros recientes, ni el régimen de inversión de las reservas técnicas”.
Con base en su estudio de cartera con corte a junio de 2025, que compila información de 227 prestadores, la Asociación reporta que la cartera total de las EPS en operación asciende a $16 billones. En ese total, indica que esta EPS acumula $6,7 billones de deuda “en ambos regímenes”, cifra que representa el 43,1% del total de esa deuda, con una morosidad del 60,9%.
A partir de esos elementos, sostiene que “la Nueva EPS no tiene la capacidad para responder a sus usuarios actuales y menos aún para recibir más población y garantizar el equilibrio [y] estabilidad de la red de IPS”, y plantea que la entidad requiere “capitalizaciones” y “saneamiento de la deuda” para acercarse al cumplimiento de los indicadores de permanencia.
De esta manera, la ACHC plantea como salida operativa ajustar el número de usuarios actuales de acuerdo con la capacidad financiera, operativa y técnica real de la EPS. Al mismo tiempo, advierte que los traslados de afiliados podrían empeorar las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales y afectar a quienes hoy mantienen cierto grado de estabilidad.
Circular 015, circular 046 y medidas de liquidez inmediata para la red prestadora
En su llamado al Gobierno nacional, la ACHC solicita que las soluciones a la coyuntura comiencen por el cumplimiento de disposiciones recientemente expedidas, en particular la circular 015, que “busca equilibrar el giro directo, y la circular 046, que establece incrementos a las IPS conforme al incremento de la UPC.
También enumera acciones adicionales que, a juicio del gremio, deberían impulsarse mediante normas o reglamentaciones: ampliación del giro directo, desinversión de las reservas técnicas para el pago de deuda y la necesidad de reglamentar la línea de crédito con aval de la ADRES.
Y finalmente pide solucionar las dificultades con reclamaciones SOAT y revisar que no se generen glosas injustificadas o devoluciones masivas de cuentas, enfatizando en el propósito inmediato de tener medidas que promuevan de forma inmediata liquidez.
