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Supersalud dice NO a EPS de Cajas de Sucre, Córdoba, Cartagena y Huila – Resolucion 10349 de 2018

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Mediante la resolución 10349 de 2018, La Superintendencia Nacional de Salud  NEGÓ la aprobación del Plan de Reorganización Institucional presentado por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR COMFAMILIAR, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CÓRDOBA – COMFACOR, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE – COMFASUCRE y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA – COMFAMILIAR, consistente en la Creación de una nueva entidad de aseguramiento denominada EPS Familiar de Colombia SAS; a continuacion CONSULTORSALUD te cuenta los principales detalles:

 

Antecedentes de esta petición de las CCF de Cartagena, Córdoba, Sucre y Huila para escindirse y crear una nueva entidad EPS denominada “EPS Familiar de Colombia SAS”

El 7 de marzo de 2018, se radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud, el Plan de Reorganización Institucional – Escisión, de los programas de EPSS de las cajas de Compensación Familiar Comfasucre, Comfamiliar Cartagena, Comfamiliar Huila y Comfacor (córdoba), solicitando:

  1. Autorización de la Escisión parcial de activos y pasivos de los programas de EPSS de las Cajas de Compensación Familiar Comfasucre, Comfamiliar Cartagena, Comfamiliar Huila y Comfacor a favor de la nueva entidad denominada “EPS Familiar de Colombia SAS.”
  2. Aprobación del Plan de Reorganización Institucional con las consecuencias de este.
  3. Acompañamiento técnico durante el proceso de perfeccionamiento de la escisión y reorganización institucional.

La solicitud fue suscrita por la doctora Erika Ahumada Rodriguez, Directora Administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Sucre – Comfasucre, sin aportar poder o autorización para presentarla en nombre y representación de todas las entidades intervinientes en el plan de reorganización propuesto.

 

Modelo de atención fallido por inconsistencias presentadas por las cuatro (4) Cajas de Compensación Familiar – CCF

La resolución 10349 de 2018 detectó al menos las siguientes inconsistencias:

  • Frente a la caracterización poblacional, la entidad menciona que se realiza con los indicadores de la CAPO, con fuentes definidas por el Ministerio de salud y Protección Social, sin embargo, se evidencian diferentes fechas de corte para los componentes (2014, 2015 y 2016), situación para la cual no se observa sustento técnico, pues a la fecha de presentación de la información, las entidades ya deberían haber reportado información a 2016.
  • Frente a la priorización de los riesgos, es importante resaltar que no se presenta consolidado para la totalidad de la población a ceder, sino independientemente para cada EPS, y no es evidente el sustento técnico para ello; lo cual dificulta interpretar si esta priorización es coherente con las estrategias propuestas en el modelo de atención.
  • Frente al análisis del comportamiento de la red de servicios, se evidencia un análisis descriptivo básico sin fuentes de información definidas, en el que no se evidencia análisis de atributos de calidad
  • En relación con el análisis de la nota técnica del modelo, se presentan los parámetros generales en su construcción, pero no los resultados que permitan la correspondiente priorización de riesgos en el modelo.

 

Problemas con la caracterización, la red prestadora y los procesos

  • En cuanto a la territorialidad del modelo, se hace referencia a que todos los componentes se desarrollaran de manera diferencial de acuerdo con la geografía, los aspectos demográficos y determinantes en salud, no obstante, no se señala como se logrará esta premisa.
  • Si bien el Objetivo principal del Modelo, es garantizar que su población desde el punto de vista individual y familiar permanezcan saludables, no se plantean los indicadores a través de los cuales se medirá el cumplimiento del objetivo,
  • Frente a la intervención del riesgo individual, llama la atención que se plantea la operativización del proyecto “salud sin límites” en algunos municipios priorizados, pero no es clara la razón de la priorización.
  • La entidad no presenta las RIAS que según cronograma ya deberían estar socializadas.
  • Los aspectos presentados en el modelo frente a las RIAS, más allá de auditoria, no se contemplan las acciones que desarrollará la entidad en su rol de EPS.
  • La entidad presento las Guías del País, pero no es claro cuáles son las acciones que desarrollará la EPS para su aplicación y seguimiento, ni los responsables de la ejecución en la entidad.
  • Así mismo, no se presentan la totalidad de manuales, procesos y procedimientos mencionados en el modelo, ni tampoco se hace referencia a un cronograma de desarrollo e implementación.
  • No es posible evidenciar si la entidad cuenta con una red prestadora de servicios de salud que incorpore los centros de salud con servicios ampliados CESSA toda vez que, según el cronograma de implementación del modelo, ya deberían estar en marcha y como se mencionó anteriormente, los contratos a ceder, asociados al régimen subsidiado, se encuentran vencidos.
  • No se presentan manuales, procesos, procedimientos, ni contratos con prestadores de servicios de salud que permitan evidenciar el desarrollo de las estrategias para garantizar el cumplimiento de los indicadores en salud expuestos.

 

Pasivos que se iban a ceder por parte de las cuatro (4) Cajas de compensación familiar de Sucre, Córdoba, Cartagena y Huila

Deudas a ceder por las CCF de sucre, huila cartagena y cordoba

De acuerdo con la resolución 10349 de 2018 de la superintendencia nacional de salud, las CCF pretendían ceder $ 186.128 millones de pesos, como se muestra en la siguiente tabla:

En este sentido, los $185.000.000.000 corresponden a los pasivos de la red prestadora de servicios de las entidades escindentes y que esperan se conviertan en acciones de pago en la nueva entidad y los $1.128.000.000 corresponderían a pasivos que la nueva entidad debería asumir.

 

Pasivos a ceder y capitalización de acreencias

capitalizacion de acreencias CCF sucre, cordoba, cartagena y huila

 

Dudas de la Supersalud frente a la propuesta económica de la “EPS Familiar de Colombia SAS”

No obstante, se observan inconsistencias, dado que en el mismo documento Anexo 01 “Plan de Reorganización Institucional”, en el numeral 5.2 “Objetivos Específicos específicos literal K indica: “Constituir la EPS Familiar de Colombia S.A. S a partir de la escisión de activos y pasivos de las Cajas Comfasucre EPSS, Comfacor EPSS, Comfahuila EPSS, Comfamiliar Cartagena EPSS, y la capitalización de pasivos por $131.000 mil millones de pesos y pasivos por valor de $54.000 millones que deberán ser pagados a dos años, de modo que nazca saneada financieramente.

Como se evidencia, la entidad presenta dos escenarios:

  • El primero donde pretende capitalizar acreencias por $185.000.000.000 por concepto de pasivos de la red prestadora de servicios de las entidades escindentes y,
  • El segundo donde dichas capitalizaciones corresponderían solamente a $131.000.000.000 y asumirían el pasivo restante por $54. 000. 000. 000.

Las anteriores situaciones evidenciadas, generan incertidumbre frente al monto real de capitalización de acreencias, de los inversionistas que finalmente participarían y del total de los pasivos que entraría asumirla nueva entidad.

 

Concepto de la Superintendencia Nacional de salud frente a la “EPS Familiar de Colombia SAS”

La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional en apoyo de la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos de acuerdo a lo conceptuado mediante memorando radicado bajo el NURC 3-2018-015197 de 14 de septiembre de 2018, y la Dirección de Inspección y Vigilancia para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y previo análisis de la documentación radicada mediante comunicaciones que hacen parte de los soportes para la evaluación del trámite solicitado, verificó que la solicitud de Plan de reorganización institucional -creación de nueva entidad, de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA “COMFAMLAR CARTAGENA”, CAJA DE COMPENSAClÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA COMFACOR, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA “COMFAMILIAR”, NO se ajusta a la normatividad vigente que rige este tipo de procedimientos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud—SGSSS-, y concluye que NO CUMPLE con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.2.1 de la circular externa 005 de la Superintendencia Nacional de Salud, relativos a la Primera etapa del Proyecto del Plan de Reorganización Institucional de creación de la nueva entidad.

 

Descargue la resolución 10349 de 2018 de la superintendencia nacional de salud

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Estos son los campos de datos adicionales en la generación de la factura electrónica en salud

El Ministerio de Salud estableció los campos adicionales que tendrá la factura electrónica en salud, y que deberán ser adoptados por todos los actores del sistema.

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Estos son los campos de datos adicionales en la generación de la factura electrónica en salud

La Resolución 506 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud establece cuales serán los campos de datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la factura electrónica de venta, que contiene los campos de datos en formato XML como requisitos adicionales que deberán cumplir los actores del sistema de salud para generar la factura electrónica.

Este anexo, lo podrá encontrar en el siguiente vínculo http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronico habilitado por la DIAN en la Resolución 0042 de 2020. Este anexo debe ser adoptado a más tardar el 31 de julio de este año y acatado por todos los facturadores electrónicos del sistema. Entiéndase facturador electrónico como las entidades encargadas de la prestación o provisión de los servicios y tecnologías en salud.

Entre las entidades que deberán tener en cuenta este nuevo anexo están: las IPS, las EPS; los operadores logísticos, entes territoriales, ADRES y las ARL entre otras.

Para diligenciar este anexo, se tendrá como fuente de información, los acuerdos de voluntades suscritos entre los facturadores y las secretarias, la EPS, las ARL, las compañías de SOAT o cualquier otro pagador. Sin embargo, la información de los campos adicionales debe ser consistente con la representación gráfica de la factura de venta y con la información que se reporte en el RIPS como soporte de la misma.

Si no existe un contrato aceptable, las entidades responsables de pago y otros pagadores deben dar la información para el diligenciamiento de los campos de datos adicionales del sector salud en el formato XML que le requiera el facturador. De haber inconsistencias en los campos de datos, estas no serán causal de devolución, glosa o no pago.

También puede leer: Decreto 415 de 2021 busca reactivar eventos de interés nacional

Trazabilidad de la factura electrónica en salud

Los facturadores electrónicos del sector salud y los proveedores tecnológicos tienen la obligación de presentar la factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN a las entidades responsables del pago y demás pagadores.

Es preciso aclarar, que los pagadores no podrán exigir ni incluir campos de datos adicionales ni modificar los ya definidos, ya que quien incumpla se le impondrá vigilancia y otras medidas de seguimiento por parte de las entidades de control. Estas acciones estarán encabezadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Campos adicionales en la Factura electrónica

  1. Código del prestador de servicios de salud
  2. Tipo de número de identificación del usuario
  3. Número de documento de identificación del Usuario
  4. Primer apellido del usuario
  5. Segundo apellido del usuario
  6. Primer nombre del usuario
  7. Segundo nombre del usuario
  8. Tipo de usuario
  9. Modalidades de contratación y pago
  10. Cobertura o plan de beneficios
  11. Número de autorización
  12. Número de mi prescripción -MIPRES-
  13. Número de ID entrega de mi prescripción -MIPRES-
  14. Número de contrato
  15. Número de póliza
  16. Copago
  17. Cuota moderadora
  18. Cuota de recuperación
  19. Pagos compartidos en planes voluntarios de salud
  20. Fecha de inicio del periodo de facturación
  21. Fecha final del periodo de facturación

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Decreto 415 de 2021 busca reactivar eventos de interés nacional

Con el decreto 415 de 2020 se crea una comisión que evaluará individualmente la realización de ciertos eventos de interés nacional, pero la decisión final será tomada por el Ministerio de Salud.

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Decreto 415 de 2021 busca reactivar eventos de interés nacional

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 415 de 2021 a través del cual se conforma una instancia de alto nivel para coordinar la celebración de eventos y actividades consideradas de interés nacional, aplicando protocolos que permitan prevenir o mitigar los riesgos de contagio de Covid-19 en el país.

Esta instancia estará conformada por:

  1. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien la presidirá.
  2. El Ministro del Interior o su delegado.
  3. El Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado.
  4. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
  5. El Ministro de Trabajo o su delegado.
  6. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
  7. El Ministro de Transporte o su delegado.
  8. El Ministro de Cultura o su delegado.
  9. El Ministro del Deporte o su delegado.
  10. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.

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Cabe resaltar, que a las sesiones de la comisión podrán invitarse otras entidades públicas, cuyos delegados tendrán derecho a voz y voto cuando los temas a tratar tengan relación directa con las funciones y competencias de las entidades y organismos que. representan. Así mismo, se podrán invitar a las sesiones de la instancia de coordinación y asesoría a representantes de organizaciones del sector privado y la sociedad civil o la academia, según los temas a tratar, quienes tendrán voz, pero no voto. La instancia de coordinación y asesoría sesionará con mínimo seis de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple.

La comisión, deberá específicamente: analizar a petición del ministro o director respectivo, las solicitudes de autorización para la realización de actividades de interés de carácter nacional, ponderar el costo/beneficio de la realización de la actividad y recomendar al Ministerio de Salud la autorización de actividades de interés nacional.

No obstante, el presidente Iván Duque explicó que la norma se aplicará en casos como la isla de Providencia, “donde ya se hizo una vacunación generalizada a la población, pero tenemos la atención también de circunstancias de emergencia que ameritan el cubrimiento de personal que está adelantando labores de reconstrucción, de tal manera que se proteja también a la comunidad y se proteja a quienes están adelantando estas tareas excepcionales”.

Eventos futbolísticos

Durante el programa de “Prevención y Acción”, el primer mandatario en compañía del Ministro de Salud, Fernando Ruiz detallaron una parte del protocolo que se aplicaría por ejemplo en eventos futbolísticos:

  • Toda delegación necesita una prueba negativa PCR, 72 horas antes del viaje. Podrán participar solo aquellos que tengan, obviamente, la prueba negativa.
  • El grupo médico a cargo del equipo será responsable de la vigilancia, cumplimiento del protocolo y la identificación de casos específicos que se presenten.
  • Durante el viaje las concentraciones deportivas deberán permanecer juntas, los traslados se deben hacer de manera grupal, en buses previamente desinfectados.
  • El conductor que haga el transporte debe tener también una prueba PCR negativa.
  • Siempre deben usar tapabocas N 95 y, en el caso de los equipos colombianos que oficien como equipos locales, el conductor del vehículo también está sometido a prueba PCR negativa y entrar en aislamiento preventivo.
  • La llegada al aeropuerto debe darse por vuelo chárter cerrado, donde únicamente viajen los integrantes de los equipos de fútbol. Contarán con un proceso migratorio preferencial y en el hotel una acomodación individual.
  • No se permiten las salidas fuera del hotel, se debe mantener el uso de tapabocas permanente y todo el tema de comidas deberán seguir los protocolos completos.

Finalmente, el Decreto 415 de 2021 faculta al Ministerio de Salud para autorizar o no la realización de las actividades de interés de carácter nacional de los diferentes sectores sociales, económicos y culturales, entre otros. En cada una de las resoluciones con las que se otorgue la autorización, se identificarán las medidas de bioseguridad que se deberán adoptar para realizar la actividad.

En caso de que se niegue la autorización, a pesar de contar con concepto favorable de la instancia de coordinación y asesoría para realizar la actividad, el Ministerio de Salud sustentará su decisión.

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¿Cuáles criterios deben cumplir los privados para la compra de vacunas?: Resolución 507

El Gobierno Nacional incluyó a los privados en el PNV contra el Covid-19. La Resolución 507 presenta los criterios que aplicarán para que las empresas privadas apoyen este proceso

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Resolucion 507 compra vacunas covid-19 privados

El Gobierno Nacional autorizó al sector privado para adquirir vacunas contra covid-19. El anuncio se conoció ayer 20 de abril, tras varias semanas de conversaciones entre los representantes de los privados con las diferentes instancias gubernamentales que participan en el Plan Nacional de Vacunación (PNV) contra el coronavirus.

“Después de varias mesas de trabajo, hemos sacado adelante la Resolución 507, del Ministerio de Salud, que habilita la compra y contribución del sector privado al Plan Nacional de Vacunación”, indicó el Presidente Iván Duque al informar a la opinión pública. Se debe tener en cuenta que este proceso de adquisición adicional no deberá tener repercusiones económicas a los usuarios del sistema de salud. Es decir, la inmunización al Sars-CoV-2 continuará siendo gratuita para todos los colombianos.

Si bien la normativa permite la compra de vacunas, las empresas del sector privado que decidan unirse al PNV solo podrán negociar con biológicos autorizados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos – INVIMA para uso de emergencia. Como explicó el mandatario, estos acuerdos solo podrán realizarse con “a través de la casa matriz de la farmacéutica o a través de distribuidores autorizados por parte del Invima”.

El objetivo del Gobierno Nacional con la Resolución 507 es apoyarse en la capacidad y disposición de agentes adicionales para superar la pandemia en todo el territorio nacional.

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¿Cuál es el proceso para que los privados compren vacunas anticovid?

Para que las empresas del sector privado adquieran las vacunas, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud han elaborado unos lineamientos precisos. Esto tiene como propósito minimizar cualquier riesgo, considerando que ya no habrá control directo del Ministerio de Salud sobre los biológicos que lleguen al país para inmunizar contra el covid-19. La Resolución 507 establece los siguientes parámetros, además de asumir directamente los costos que la compra implique:

  • Solicitar la modificación sanitaria de Autorización de Uso de Emergencia ante el INVIMA para que el privado interesado se incluya dentro de la categoría de importadores, diferentes al titular de la Autorización.
  • Garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas por los fabricantes para la conservación de las vacunas que serán objeto de importación, que se encuentren en el acto administrativo en el que se otorgó la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia.
  • Dar cumplimiento a los numerales 12.2 y 12.5 del artículo 12 del Decreto 1787 de 2020 sobre la trazabilidad y disposición final de los biológicos.
  • Dar cumplimiento al Decreto 1787 de 2020 sobre etiquetas, empaques e injertos.
  • Asumir directamente las condiciones negociadas para la importación de vacunas contra el covid-19.

Se debe tener en cuenta que el régimen de responsabilidad especial, definido en el artículo 5 de la Ley 2064 de 2020, no aplicará para la adquisición de vacunas por parte de privados. De acuerdo con dicho artículo, los fabricantes de vacunas contra la Covid-19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación.

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Requisitos para la aplicación de vacunas adquiridas por privados

Más allá de la compra e importación, la participación de los privados en el PNV también está reglamentada por deberes que regirán con la adquisición de los fármacos. De acuerdo con la Resolución 507, los privados estarán en la obligación de asumir los costos individuales de las dosis, asegurar el esquema de vacunación completo (si el fármaco requiere más de una dosis). Otros de los más importantes se consideran:

  • Garantizar la aplicación de vacunas importadas con prestadores de servicios de salud y establecimientos habilitados para la vacunación contra el covid-19 y cuyo servicio esté habilitado por la secretaría de salud departamental, distrital o la entidad que haga sus veces.
  • Garantizar que el proceso de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para cada vacuna y en la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia aprobada por el INVIMA.
  • Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones en relación con contraindicaciones, precauciones y advertencias; reacciones adversas; interacciones; vía de administración; dosificación; grupo etario; presentaciones y farmacovigilancia contenidas en la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia.
  • Garantizar el registro en la plataforma PAIWEB 2.0 de: lote de vacunas adquiridas; marca; personas vacunadas con los biológicos importados. Este costo también estará a cargo de los privados.
  • Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado definido por el Ministerio de Salud.

En el marco de la aplicación de vacunas, la Resolución 507 autoriza a los privados a establecer la priorización de estos biológicos. Se debe tener en cuenta que las empresas privadas deberán aplicar las vacunas a “las personas naturales que tengan, con ellas, un vínculo laboral o contractual y que habiten el territorio nacional”. No se podrá excluir de este proceso a “ninguna persona que  tenga con ellas algún vínculo contractual o laboral”.

Además de lo anterior, los privados podrán utilizar la red de prestadores de servicios de salud y establecimientos habilitados para proceder con la vacunación. Lo anterior está permitido siempre y cuando no se utilicen los mismos puntos de vacunación, ni los equipos requeridos para la operación asignados por el PNV o el PAI. Esto quiere decir que los prestadores de servicios de salud deberá crear puntos adicionales para tal fin y se deberá dejar una constancia de ello.

“Se tendrá que fortalecer el recurso humano adicional con el cual se contará para la aplicación de esas vacunas, para que no choque con el personal que está en ese momento adelantando el Plan Nacional de Vacunación, de conformidad con el principio de equidad y de gratuidad y según los grupos etarios poblacionales determinados”, explicó el Jefe de Estado.

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Empresarios solicitan aclaración de sus responsabilidades

Tras conocerse la Resolución 507, el sector privado manifestó que persisten las inquietudes sobre su responsabilidad directa en lo concerniente a la salud pública. En el documento no se definen con claridad sus límites, generando un vacío legal para todas las partes que integran el Plan Nacional de Vacunación. La resolución no cuenta con una garantía de indemnidad; como explicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi en entrevista con W Radio, “Hemos avanzado mucho, pero es complicado. Solo estamos apoyando el Plan Nacional de Vacunación, estamos incluyendo el mismo universo. Le decimos al Gobierno: lo podemos apoyar, pero denos la tranquilidad de que la entidad privada no tendrá una responsabilidad que no maneja y no conoce”.

Consulte la Resolución 507 de 2021 haciendo clic en el botón “Descargar”.

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