El más reciente reporte de vinculación de personas con discapacidad del sector público señala que apenas 46 entidades públicas cumplen el Decreto 2011 de 2017.
Esta normativa estipula que al finalizar 2019, al menos 2% de plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad.
Si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.
Panorama poco alentador
Hasta febrero pasado, 441, de las más de 6 mil entidades públicas del país, reportaron en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad.
Si bien el número de entidades que reportan es bastante bajo respecto al total, el resultado de las que sí reportaron muestra un panorama poco alentador respecto al cumplimiento del decreto 2011 del 2017, sobre vinculación de personas con discapacidad.
El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, destacó que con estos informes se “busca ser un instrumento que brinde elementos a las entidades para la toma de decisiones en torno al cumplimiento del Decreto, tanto a nivel nacional como territorial”.
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Los que sí cumplen
El balance permite determinar que, en la Rama Ejecutiva del orden nacional, son 28 las entidades que ya pueden dar un parte positivo en lo que al cumplimiento del Decreto se refiere: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, Dian, Inpec, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Sanidad, Dirección General de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Instituto Colombiano Agropecuario y Superintendencia del Subsidio Familiar.
Así mismo, se incluyen en este listado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Instituto Nacional Para Ciegos, Instituto Nacional Para Sordos, Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, Comisión de Regulación de Comunicaciones y Ministerio de Transporte.
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Adicionalmente, se destacan en este balance la Superintendencia de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Órganos de control y entes territoriales
En cuanto a los órganos de control, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República registran el cumplimiento anticipado de la norma para el año 2019.
Por su parte, la Fiscalía General cumple con el decreto, al igual que las Corporaciones autónomas regionales del Alto Magdalena y del Quindío.
En el orden territorial, las gobernaciones de Antioquia, Meta, San Andrés, Casanare y Caquetá cumplen con la cuota de vinculación de personas con discapacidad.
Al cumplimiento de la medida se suman las alcaldías de Medellín, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Montería y Puerto Carreño.
Alcance del decreto
El Decreto 2011 de 2017 estipula nuevas metas en la vinculación de personas con discapacidad en los próximos años.
Las plantas de personal de 1 a 1.000 empleos deben destinar el 3% y el 4% para diciembre de 2023 y de 2027, respectivamente.
Las plantas de 1.001 a 3.000 empleos, deben destinar el 2% y el 3% de sus empleos en los periodos descritos; y, finalmente, las entidades con más de 3.000 empleos deberán destinar el 1% y el 2%.
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“Esperamos que todas las entidades públicas se sumen a este listado y que sean un ejemplo de inclusión laboral; además, se debe tener en cuenta que las disposiciones del Decreto tienen una segunda y tercera fase, en diciembre de 2023 y de 2027, en el que los porcentajes crecen significativamente respecto a lo estipulado para diciembre de 2019″, concluyó el director de Función Pública.
