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Solo 46 entidades públicas cumplen con vinculación de personas con discapacidad

Las 46 entidades que cumplen con el decreto 2011 de 2017, hacen parte de las 441, de las más de 6 mil entidades públicas del país, que sí reportaron en el SIGEP el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad.

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Solo 46 entidades públicas cumplen con vinculación de personas con discapacidad

El más reciente reporte de vinculación de personas con discapacidad del sector público señala que apenas 46 entidades públicas cumplen el Decreto 2011 de 2017.

Esta normativa estipula que al finalizar 2019, al menos 2% de plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad.

Si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.

Panorama poco alentador

Hasta febrero pasado, 441, de las más de 6 mil entidades públicas del país, reportaron en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad.

Si bien el número de entidades que reportan es bastante bajo respecto al total, el resultado de las que sí reportaron muestra un panorama poco alentador respecto al cumplimiento del decreto 2011 del 2017, sobre vinculación de personas con discapacidad.

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, destacó que con estos informes se “busca ser un instrumento que brinde elementos a las entidades para la toma de decisiones en torno al cumplimiento del Decreto, tanto a nivel nacional como territorial”.

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Los que sí cumplen

El balance permite determinar que, en la Rama Ejecutiva del orden nacional, son 28 las entidades que ya pueden dar un parte positivo en lo que al cumplimiento del Decreto se refiere: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, Dian, Inpec, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Sanidad, Dirección General de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Instituto Colombiano Agropecuario y Superintendencia del Subsidio Familiar.

Así mismo, se incluyen en este listado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Instituto Nacional Para Ciegos, Instituto Nacional Para Sordos, Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, Comisión de Regulación de Comunicaciones y Ministerio de Transporte.

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Adicionalmente, se destacan en este balance la Superintendencia de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Ministerio de Cultura, Instituto Caro y Cuervo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Órganos de control y entes territoriales

En cuanto a los órganos de control, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República registran el cumplimiento anticipado de la norma para el año 2019.

Por su parte, la Fiscalía General cumple con el decreto, al igual que las Corporaciones autónomas regionales del Alto Magdalena y del Quindío.

En el orden territorial, las gobernaciones de Antioquia, Meta, San Andrés, Casanare y Caquetá cumplen con la cuota de vinculación de personas con discapacidad.

Al cumplimiento de la medida se suman las alcaldías de Medellín, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga, Valledupar, Arauca, Montería y Puerto Carreño.

Alcance del decreto

El Decreto 2011 de 2017 estipula nuevas metas en la vinculación de personas con discapacidad en los próximos años.

Las plantas de personal de 1 a 1.000 empleos deben destinar el 3% y el 4% para diciembre de 2023 y de 2027, respectivamente.

Las plantas de 1.001 a 3.000 empleos, deben destinar el 2% y el 3% de sus empleos en los periodos descritos; y, finalmente, las entidades con más de 3.000 empleos deberán destinar el 1% y el 2%.

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“Esperamos que todas las entidades públicas se sumen a este listado y que sean un ejemplo de inclusión laboral; además, se debe tener en cuenta que las disposiciones del Decreto tienen una segunda y tercera fase, en diciembre de 2023 y de 2027, en el que los porcentajes crecen significativamente respecto a lo estipulado para diciembre de 2019″, concluyó el director de Función Pública.

Documentos adjuntos

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Consejo de Estado tumba medidas cautelares impuestas a MEDIMAS EPS

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Medimás EPS ganó una batalla ante el Consejo de Estado que el pasado 9 de agosto de 2019, y a través de la consejera Dra. Nubia Margoth Peña Garzon de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con referencia al medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos solicitados por Jorge Enrique Robledo y Jose Roberto Acosta, resolvió dejar sin efecto los autos de 23 de enero y 12 de febrero emitidos en sala unitaria por la Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Magistrada de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

PORQUE SE HABÍAN ESTABLECIDO MEDIDAS CAUTELARES CONTRA MEDIMAS EPS

Los señores JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO Y JOSÉ ROBERTO ACOSTA, en nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en EI artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto 1983, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y CAFESALUD E.P.S. S.A., tendiente a que se protegiera el derecho colectivo al acceso al servicio público de seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

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Los actores y la Procuradora 1 Judicial para Asuntos Laborales de la Procuraduría General de la Nación, en escritos separados solicitaron a título de medidas cautelares de urgencia, ordenarles a PRESTNEWCO S.A.S., a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, al MINISTERIO DE SALUD Y a la AGENTE LIQUIDADORA DE SALUDCOOP E.P.S., en Liquidación, abstenerse de autorizar:

  1. la modificación de la composición accionaria de MEDIMÁS EPS S.A.S.,
  2. cualquier actividad encaminada a sustituir la posición contractual de PRESTNEWCO SAS por la sociedad DYNAMIC BUSINESS & MEDICAL SOLUTIONS INC – DBMS, o
  3. efectuar cualquier negociación cesionaria de los activos, pasivos y contratos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.

QUE ESTABLECÍAN LAS PROVIDENCIAS DE LA DRA. LOZZI

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 23 de enero de 2019, adicionada el 12 de febrero siguiente, decretó medidas cautelares de urgencia consistentes en que:

  1. SALUDCOOP en Liquidación y CAFESALUD E.P.S. suspendieran cualquier negociación y/o suscripción de la venta de activos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.;
  2. la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD se abstuviera de autorizar cualquier negociación cesionaria que implique el cambio de la composición accionaria de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.; y
  3. las sociedades PRESTNEWCO S.A.S. y PRESTMES S.A.S. se abstuvieran de efectuar cualquier negociación cesionaria de los activos, pasivos y contratos de MEDIMÁS EPS S.A.S. y ESIMED S.A.S.

LA APELACION Y EL ESTADO ACTUAL

La anterior decisión fue apelada por los apoderados de PRESTNEWCO S.A.S. MEDIMÁS EPS S.A.S. y el Consejo de Estado concluyó que: siendo ello así, al revisar el caso concreto, se observa que el auto de 23 de enero de 2019, adicionado el 12 de febrero siguiente, a través del cual la Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno decretó medidas cautelares de urgencia, ha debido proferirse por la Sala, pues por disposición expresa de la ley, esta es la competente para el efecto y no el Magistrado ponente.

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Siendo ello así, en atención al deber de saneamiento que le asiste al juez, es del caso dejar sin efecto los autos de 23 de enero y de 12 de febrero de 2019, habida cuenta que la Magistrada que lo profirió carecía de competencia, por lo que, en consecuencia, se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen, con el fin de que la decisión sea adoptada por la Sala competente.

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Punto Final continúa: ADRES giró $172.304 millones a las EPS y sus beneficiarios

ADRES adelantó el pago de $172.304 millones por concepto de la deuda pendiente que tenía con las EPS colombianas.

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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- adelantó el pago de $172.304 millones por concepto de la deuda pendiente que tenía con las EPS por servicios no financiados a cargo de la UPC del 2017 y que la entidad había certificado a través del mecanismo de glosa trasversal.

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Cabe mencionar que dicho valor fue girado en su totalidad a las IPS y proveedores de servicios de salud que habían recibido la certificación de deuda, por disposición de las EPS. Estos recursos sólo podían ser distribuidos entre los centros médicos y proveedores de servicios de salud que eran titulares de las certificaciones de deuda que emitió la ADRES en 2017. Estos recursos corresponden al segundo desembolso que ha hecho la ADRES con la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo. El primer giro se realizó en julio pasado, por valor de $570.252 millones que corresponden al pago previo ajustado de los recobros de servicios no financiados con la UPC, radicados durante los meses de agosto a diciembre de 2018.

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Antioquia destina 10 mil millones para atención primaria en salud

Los recursos se destinan para fortalecer los entornos saludables a partir de la Estrategia Atención Primaria en Salud APS, desarrollada en el marco del Plan Decenal de Salud Pública.

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Mediante Decreto # 2018070004271 del 27 de diciembre de 2018 del presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2019, la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia entregó esta semana, recursos por $10 mil 414 millones a 124 municipios del departamento para fortalecer los entornos saludables a partir de la Estrategia Atención Primaria en Salud APS, desarrollada en el marco del Plan Decenal de Salud Pública.

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En ese sentido, la secretaria de Salud, Gabriela Cano, anunció una estrategia para atender menores de 15 años con problemas de salud visual y adultos mayores de 55.

Para ello, informó Cano, se dedicaron recursos por $1.500 millones.

Asimismo, el Gobierno departamental dispuso de $1.200 millones para adelantar la dotación de bancos de movilidad que faciliten la entrega de aparatos de locomoción a las personas en condición de discapacidad.

¿Cómo se entregaron los recursos?

En la reunión desarrollada en el salón Pedro Justo Berrío del Centro Administrativo Departamental CAD, se entregaron recursos por $7 mil 271 millones a 83 municipios que demostraron una ejecución superior del 85% de los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas y del 100% de la concurrencia departamental para el fortalecimiento de la estrategia APS.

Para 31 localidades que hicieron una ejecución superior al 85% del Plan de Intervenciones Colectivas pero, que por falta de ejecución deben devolver recursos de la estrategia APS, se les restringe el acceso a recursos por $2 mil 570 millones, hasta tanto no reintegren los recursos correspondientes al valor objetado, con sus respectivos rendimientos financieros.

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Y para 10 municipios cuya ejecución fue inferior al 85% del Plan de Intervenciones Colectivas, se les rebajó el 20% de los  recursos asignados en el presupuesto del 2018, y para el año 2019, la nueva asignación llega a $573 millones.

A los municipios que cuentan con Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se les asignó un monto diferencial de $20 millones adicionales, con el fin de que en estos lugares y en las veredas aledañas se realicen las intervenciones necesarias en los Entornos objeto de la Atención Primaria en Salud.

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