La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos en Caldas durante los recorridos de verificación humanitaria realizados después del terremoto del pasado 10 de agosto. La entidad identificó interrupciones en el suministro de risperidona, quetiapina y escitalopram en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores, una situación que, según señaló, representa un riesgo para personas que requieren continuidad en su atención psiquiátrica y de salud mental.
La alerta forma parte de un conjunto de afectaciones detectadas en el departamento, particularmente en las zonas rurales, donde también se reportan daños en viviendas, medios de subsistencia e infraestructura pública estratégica. Frente al componente sanitario, la Defensoría pidió a EPS e IPS adoptar medidas inmediatas que permitan asegurar la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos, además de remover posibles barreras administrativas para el acceso a los servicios de salud.
Desabastecimiento de medicamentos psiquiátricos en Caldas afecta puntos de atención prioritaria
La situación identificada por la Defensoría adquiere especial relevancia por los lugares en los que se han registrado las interrupciones. Los albergues temporales concentran población desplazada de sus viviendas como consecuencia de la emergencia, mientras que los Centros de Larga Estancia atienden a personas mayores que pueden requerir continuidad en tratamientos previamente establecidos.
El pronunciamiento identifica problemas de suministro en escenarios específicos relacionados con la respuesta humanitaria y la atención de población vulnerable. Esta diferenciación resulta necesaria para dimensionar correctamente el alcance de la alerta.
Defensoría pide respuestas inmediatas a EPS e IPS
Ante los hallazgos, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades responsables de la atención sanitaria a garantizar oportunamente los medicamentos y tratamientos requeridos por los pacientes afectados.
El llamado involucra tanto a EPS como a IPS y pone énfasis en evitar que trámites o barreras administrativas interfieran con la continuidad de la atención durante la emergencia. La entidad considera prioritario que las personas que ya reciben atención psiquiátrica puedan mantener sus tratamientos mientras permanecen en albergues o instituciones destinadas al cuidado de personas mayores.
La emergencia plantea así una dificultad adicional para la prestación de servicios de salud. Además de responder a las consecuencias directas del terremoto, las instituciones deben sostener la atención de pacientes con necesidades previas que pueden verse afectadas por los cambios de residencia, los daños en infraestructura y las alteraciones en los mecanismos habituales de entrega de medicamentos.
Asociaciones médicas apoyan entrega directa de medicamentos e insumos
Como respuesta inmediata a las dificultades identificadas, la Defensoría informó que articuló acciones con asociaciones médicas de Caldas para gestionar la donación y entrega directa de medicamentos e insumos a pacientes con necesidades prioritarias de atención psiquiátrica y salud mental.
Los recursos están dirigidos especialmente a los albergues habilitados durante la emergencia. El objetivo de la intervención es prevenir interrupciones en los tratamientos y disminuir los riesgos relacionados con la falta de acceso oportuno a medicamentos especializados.
La medida constituye una respuesta puntual frente a las necesidades detectadas durante los recorridos humanitarios. Al mismo tiempo, el llamado dirigido a EPS e IPS mantiene sobre los actores del sistema de salud la necesidad de restablecer y asegurar los mecanismos regulares de suministro y atención a las personas afectadas.
Daños rurales e infraestructura afectada presionan la respuesta institucional
Los recorridos realizados por la Defensoría también identificaron que una parte importante de las afectaciones se concentra en las zonas rurales de Caldas. Allí, numerosas familias presentan daños en sus viviendas y en sus medios de subsistencia, lo que amplía las necesidades de asistencia posteriores al terremoto.
A estas dificultades se suman afectaciones en infraestructura considerada estratégica para responder a la contingencia. La entidad reportó daños en centros hospitalarios, sedes administrativas, estaciones de Policía y organismos de socorro.
Este escenario puede limitar la capacidad institucional disponible para atender simultáneamente las necesidades sanitarias, humanitarias y sociales derivadas de la emergencia. Por ese motivo, la Defensoría solicitó a los gobiernos departamental y nacional acelerar la asignación de recursos y la ejecución de las intervenciones prioritarias acordadas en el Puesto de Mando Unificado.
¿Cómo se está vigilando la situación de las comunidades afectadas?
Además de las gestiones relacionadas con medicamentos y atención en salud mental, la Defensoría mantiene seguimiento a la consolidación de los censos oficiales de personas afectadas y a la evaluación de las condiciones de habitabilidad en los territorios.
Estos procesos permitirán precisar el número de personas que necesitan asistencia y establecer las condiciones en las que se encuentran las viviendas y comunidades impactadas. La entidad también verifica que la ayuda humanitaria sea entregada de manera oportuna y suficiente.
El seguimiento incorpora un enfoque diferencial dirigido particularmente a comunidades campesinas, personas mayores y otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad después del terremoto. La vigilancia busca establecer si las respuestas institucionales están llegando efectivamente a quienes presentan mayores necesidades.
¿Qué implica la alerta para la continuidad de la atención en salud mental?
La advertencia de la Defensoría pone el foco en un componente de la emergencia que trasciende la atención inmediata de lesiones o daños físicos. La continuidad de los tratamientos psiquiátricos también forma parte de las necesidades sanitarias que deben mantenerse durante la respuesta posterior al terremoto.
La identificación de problemas de suministro en albergues temporales y centros para personas mayores muestra la necesidad de garantizar que los cambios derivados de la emergencia no interrumpan tratamientos previamente establecidos. La gestión adelantada con asociaciones médicas busca responder de manera inmediata a los casos prioritarios, mientras la Defensoría reclama soluciones oportunas por parte de EPS e IPS.
El seguimiento continuará ligado tanto al acceso a medicamentos como a las condiciones generales de las comunidades afectadas. En Caldas, la respuesta sanitaria deberá desarrollarse paralelamente a la recuperación de infraestructura, la atención humanitaria y la evaluación de las condiciones de habitabilidad que dejó el terremoto.
