Reforma a la salud: la ponencia alternativa fija nuevas reglas para talento humano, auditoría del gasto y transición del sistema

La Reforma a la salud en Colombia avanza con la presentación de la ponencia alternativa de los proyectos PL 410 de 2025 (Senado) y 312 de 2024 (Cámara). Este texto busca ofrecer una ruta distinta a la ponencia mayoritaria, con un enfoque progresivo que prioriza la estabilidad del talento humano, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la continuidad de la atención a los pacientes.

La ponencia alternativa no plantea una ruptura abrupta con el modelo vigente, sino una transición gradual con controles financieros, laborales y asistenciales. Además, introduce innovaciones para zonas rurales, regula el trabajo en salud con nuevas garantías, fortalece la inspección del gasto y propone mecanismos de continuidad en tratamientos de pacientes con enfermedades de alto costo o condiciones crónicas.

Lo esencial de la ponencia alternativa de la Reforma a la Salud

Entre los puntos más destacados de la ponencia alternativa se encuentran medidas concretas que buscan transformar el sistema sin poner en riesgo su sostenibilidad. La propuesta incluye:

• Talento humano: Examen nacional único para especializaciones, becas con enfoque territorial y registro profesional a través de ReTHUS con tarifas diferenciadas.
• Régimen laboral: Formalización laboral dentro de las Empresas Sociales del Estado (ESE), garantías en privados y mixtos, incentivos en zonas apartadas y programas de bienestar y salud mental.
• Autonomía clínica: Eliminación de autorizaciones administrativas adicionales y creación de CARP y JMR para resolución de discrepancias médicas.
• Cobertura territorial: Creación de ESE itinerantes y transporte multimodal en áreas rurales, fronterizas e insulares.
• Control del gasto: Creación del Sistema Nacional de Auditoría del Gasto en Salud (SNAGS) y articulación con SPUIIS.
• Transición: Continuidad en tratamientos, giro directo de ADRES, saneamiento de deudas y reglas de territorialización.
• Otros puntos: Fortalecimiento del INVIMA, alivios en sanciones, política nacional de autocuidado y cobertura obligatoria para extranjeros.

Cada una de estas medidas se convierte en un eje de discusión dentro del debate legislativo, pues busca equilibrar el cambio estructural con la estabilidad financiera y asistencial del sistema.

Talento humano en salud: examen único y becas para zonas apartadas

Uno de los ejes centrales de esta ponencia es el fortalecimiento del talento humano en salud, considerado clave para la sostenibilidad del sistema. El documento crea un examen nacional único habilitante para el acceso a especialidades médico-quirúrgicas en universidades públicas y privadas. Este examen contará con un puntaje mínimo fijado por los ministerios competentes y vigilado por la Procuraduría. Además, el Gobierno deberá publicar simulacros y respuestas oficiales, de modo que el proceso sea transparente y accesible a todos los aspirantes.

El planteamiento busca estandarizar el acceso a la educación especializada en salud, garantizando meritocracia y calidad. En un país con brechas significativas en la distribución del talento humano, este mecanismo puede convertirse en un filtro para mejorar la formación de especialistas y atender la creciente demanda en regiones apartadas.

Programa de becas con enfoque territorial

La ponencia también establece un programa nacional de becas para pregrado y posgrado, enfocado en cerrar las desigualdades regionales. Tendrán prioridad estudiantes y profesionales de zonas PDET, ZOMAC, municipios de categorías 4 a 6, víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reincorporación.

Un aspecto clave es la obligación de retribuir con trabajo en la misma región el tiempo equivalente a la duración de los estudios financiados. Esta condición busca incentivar la permanencia del talento humano en lugares donde la rotación y la falta de personal son permanentes.

Registro profesional y ReTHUS

La ponencia ajusta la Identificación Única del Talento Humano en Salud, a través del ReTHUS, con tarifas diferenciadas que consideran el número de egresados por año. El cobro inicial será de 9 SMDLV para profesiones con ≤ 3.000 graduados anuales, 7 SMDLV para aquellas con más de 3.000, y 7 SMDLV para técnicos y tecnólogos. Las novedades y duplicados se cobrarán al 40% del valor inicial.

Este sistema busca ordenar y actualizar el registro profesional, asegurando que los datos sobre el talento humano en salud sean confiables, transparentes y auditables.

Cupos mínimos de formación en salud

Cada RIITS (Red Integral e Integrada Territorial de Salud) deberá ofrecer un número mínimo de cupos de formación. Con ello, se busca integrar la formación académica con las necesidades del sistema, garantizando práctica clínica y proyección de nuevos profesionales en cada territorio.

Trabajo digno en salud: formalización y nuevas garantías

El capítulo laboral de la ponencia alternativa es uno de los más robustos y pretende responder a una de las críticas históricas del sector: la precarización laboral en salud.

En las Empresas Sociales del Estado (ESE)

Se ratifican las modalidades de libre nombramiento, carrera administrativa y trabajadores oficiales. Al mismo tiempo, se prohíben los contratos de prestación de servicios para funciones misionales, que han sido la regla en gran parte del sector público en salud. Se ordena además la vinculación inmediata del personal en servicio, garantizando que no haya solución de continuidad.

La propuesta también habilita un sistema especial de estímulos para reconocer la labor de quienes trabajan en condiciones difíciles o en territorios apartados. La transición hacia la laboralización se hará bajo principios de meritocracia y permanencia, con la creación de plantas temporales mientras se consolidan las definitivas. En este punto, el DAFP y el Ministerio de Salud deberán diseñar en un año un modelo estandarizado de plantas de personal en las ESE.

En clínicas y hospitales privados

En el sector privado, la ponencia pone límites claros: se prohíbe la intermediación laboral que vulnere derechos. Se fijan incentivos salariales y no salariales para la permanencia en zonas apartadas, y se exige implementar programas de bienestar y salud mental con enfoque diferencial. Entre estos destacan los tamizajes continuos y las actividades de prevención, que deberán realizarse al menos dos veces al año y reportarse al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo.

Otro punto relevante es la vinculación de especialistas médico-quirúrgicos. Se permite que las instituciones recurran a diferentes modalidades contractuales en caso de déficit de oferta, pero se obliga a reconocer relación laboral cuando existan sus elementos. Además, se prohíben las cláusulas de exclusividad salvo que estén expresamente pactadas en un contrato laboral.

Este apartado busca cerrar las brechas entre las condiciones de trabajo en el sector público y el privado, elevando los estándares de formalización y garantizando estabilidad a largo plazo.

Autonomía médica sin trabas administrativas

La ponencia alternativa refuerza la autonomía profesional, recogida en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. El principio es claro: “no se requerirán autorizaciones administrativas adicionales dentro de las RIISS, puesto que la orden médica se constituye en el único requisito”.

Este planteamiento elimina los trámites que históricamente han retrasado la atención de los pacientes, especialmente en casos de alto costo o patologías crónicas. Con ello, se pretende que la decisión médica prime sobre las barreras administrativas que generan demoras en procedimientos y tratamientos.

Como parte de este refuerzo, se crean los Comités de Autorregulación Profesional (CARP) y las Juntas Médicas Reguladoras (JMR). Estas instancias resolverán discrepancias diagnósticas o terapéuticas, garantizando que las decisiones estén basadas en evidencia científica, criterios de costo-eficiencia y el consentimiento informado de los pacientes. De esta manera, se institucionaliza un mecanismo colegiado para garantizar decisiones más justas y transparentes.

Más cobertura: hospitales itinerantes y transporte multimodal

La ponencia alternativa introduce un elemento innovador; la creación de Empresas Sociales del Estado Itinerantes, que llevarán servicios de salud a las zonas más alejadas del país. Estas entidades ofrecerán atención básica, preventiva y especializada, y contarán con apoyo logístico de la Fuerza Pública para llegar a territorios dispersos, insulares o de difícil acceso.

Este modelo busca cubrir las necesidades de salud de comunidades históricamente desatendidas, donde las barreras geográficas han sido determinantes. La implementación de las ESE itinerantes se acompañará de una estrategia de transporte multimodal, aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, que garantizará que los pacientes puedan acceder a servicios de mediana y alta complejidad en tiempos oportunos.

La propuesta contempla que estas estrategias se prioricen en los municipios PDET y ZOMAC, así como en departamentos fronterizos e insulares. Con ello, se fortalece el principio de equidad territorial, uno de los vacíos más señalados del sistema de salud actual.

Control del gasto en salud: nace el SNAGS

El uso eficiente y transparente de los recursos es otro eje central. La ponencia crea el Sistema Nacional de Auditoría del Gasto en Salud (SNAGS), adscrito a la Contraloría General de la República, con el fin de auditar de manera concurrente los flujos financieros.

El SNAGS contará con una unidad técnica especializada para:

• Auditar flujos financieros en tiempo real.
• Verificar pagos y la razonabilidad de las cuentas.
• Cruzar información con el SPUIIS.
• Emitir alertas tempranas.
• Publicar informes periódicos, tanto trimestrales como anuales.

Este sistema se articulará con la Supersalud, la Procuraduría y la Fiscalía, y contará con la participación de expertos independientes y la academia. Además, obliga al Gobierno a reglamentar lineamientos técnicos e interoperabilidad en un plazo de seis meses.

El componente de control interno también se fortalece, pues el Ministerio de Salud tendrá un año para reglamentar los componentes mínimos de auditoría y autorregulación que deberán implementar todos los actores del sector.

Transición con continuidad: el papel de ADRES y las nuevas Gestoras

La ponencia alternativa establece un régimen de transición de tres años, que busca garantizar que ninguna persona pierda acceso a servicios de salud mientras se transforma el sistema. Durante este periodo:

• Ningún tratamiento podrá suspenderse sin orden médica.
• Pacientes con enfermedades crónicas, raras o de alto costo continuarán en sus IPS actuales.
• La ADRES realizará giros directos a prestadores y proveedores, asegurando la continuidad de la atención.
• Durante la transición de EPS a Gestoras de Salud y Vida, los usuarios seguirán atendidos en su IPS primaria.
• Las EPS que no se transformen deberán entregar gradualmente a su población afiliada.

La entrada en vigencia del nuevo modelo estará condicionada al saneamiento de deudas del sector salud, que deberá ser certificado trimestralmente por la Supersalud y la Contraloría. Se incluyen los ajustes de la UPC 2021-2024, y se autoriza a la CISA para gestionar activos de EPS en liquidación o transformación.

El Grupo Bicentenario, por su parte, podrá ofrecer créditos con respaldo de ADRES. En caso de incumplimiento, se habilita el descuento directo de acreencias como mecanismo de garantía.

Deudas y financiamiento

Este apartado muestra que la transición no será solo asistencial, sino también financiera, lo que implica un reto enorme para el Estado y los actores del sector. Más allá de los componentes laborales y financieros, la ponencia también introduce medidas complementarias:

• El INVIMA operará 24/7 en puertos, aeropuertos y fronteras, con más personal, procesos automatizados y estándares internacionales como los de la FDA y la EMA.
• Se fijan descuentos en intereses de sanciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, con alivios escalonados según el momento del pago.
• El Gobierno deberá implementar una política nacional de autocuidado, con campañas de alfabetización en salud, alimentación saludable, actividad física e higiene.
• Los extranjeros deberán contar con seguro de salud para visitas temporales y afiliarse al sistema si su estancia supera los 90 días.

Con estas medidas, la ponencia busca fortalecer tanto la capacidad regulatoria como la cultura de prevención y responsabilidad individual en salud.

Entre tanto, la ponencia alternativa de la Reforma a la salud se configura como una propuesta de cambio estructural con enfoque gradual. Prioriza la continuidad de la atención, la formalización laboral y la transparencia en el manejo de recursos. Su énfasis en la equidad territorial, la vigilancia concurrente y las garantías al talento humano la diferencian de la ponencia mayoritaria.

El debate legislativo será definitivo para saber si este enfoque gana apoyo político suficiente. Sin embargo, la discusión ya ha puesto sobre la mesa un elemento clave; la necesidad de avanzar hacia un sistema más justo, estable y transparente, que responda tanto a las demandas de cambio como a la necesidad de estabilidad en la atención de salud.

Descargue aquí la ponencia alternativa completa: