Este viernes 13 de septiembre, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, radicó el proyecto de ley de reforma a la salud que busca garantizar el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera.
El documento de 225 páginas denominado ‘Hacia un sistema de salud garantista, universal, eficiente y solidario que privilegie la vida’ contempla 49 importantes artículos que abordan los puntos más cruciales del sector, entre ellos: la organización de servicios de salud que contempla la transformación de las EPS a Gestoras de Salud y Vida.
Este capítulo ha sido uno de los más polémicos desde el anterior proyecto hundido por el Senado, dado que busca la transformación de las EPS en gestoras de vida como una necesidad urgente en el marco de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano, exponiendo con claridad los problemas que han afectado a las EPS desde su creación, incluyendo su inestabilidad operativa y financiera.
De acuerdo con el documento, las EPS que actualmente se encuentran operando en el SGSSS continuarán haciéndolo hasta por dos años siempre y cuando cumplan con las condiciones de permanencia que les aplica. Asimismo, las EPS que quieran transformarse si presentan un plan de saneamiento de pasivos aprobado y cumplen con indicadores de satisfacción al usuario y resultados en salud, entre otros requisitos.
- Si la EPS, desea transformarse en Gestora de Salud y Vida deberá presentar el proyecto de habilitación como Gestora de Salud y Vida.
- Si la EPS no está interesada en transformarse en Gestora de Salud y Vida deberá presentar su plan de retiro voluntario.
En caso de querer ser Gestora, durante el periodo de transición, deberán colaborar en la organización de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), y adoptar reformas administrativas y operativas. Además, se les exigirá articularse con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), gestionar el riesgo en salud, y presentar planes de saneamiento de pasivos en un plazo máximo de 48 meses. Al finalizar este periodo, las EPS que cumplan con los requisitos podrán transformarse oficialmente en Gestoras de Salud y Vida, bajo condiciones y plazos definidos por la ley. Cabe mencionar que la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de supervisar el cumplimiento de estos procesos y aprobar las respectivas transformaciones.
En cuanto a la remuneración de las entidades Gestoras de salud y vida, a estas se le reconocerá el cinco por ciento (5%) del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asignada para financiar la atención en salud de la población de la cual la Gestora participa en su atención integral. En caso no cumpla los estándares de gestión establecidos, recibirá hasta un treinta por ciento (30%) menos de su ingreso por remuneración.
Estas entidades también podrán recibir hasta tres por ciento (3%) del valor de la UPC asignada para financiar la atención en salud de la población a la cual la Gestora participa en su atención integral, de incentivos por resultados en salud, uso eficiente de recursos y satisfacción del usuario.
¿Por qué el colapso de las EPS en Colombia?: un problema estructural que exige soluciones inmediatas
El proyecto de reforma a la salud presentado en 2024 pone en evidencia una problemática que ha afectado al sistema de salud colombiano desde su creación: la inestabilidad financiera y operativa de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De acuerdo con el documento presentado por Minsalud, a lo largo de los últimos 30 años, las EPS han sido protagonistas de múltiples intervenciones, liquidaciones y reestructuraciones, una tendencia que continúa con el pasar de los gobiernos.
Desde su creación en 1994, 157 EPS fueron autorizadas para operar, de las cuales solo 27 continúan activas, mientras que 130 han sido liquidadas o se encuentran en proceso de liquidación. Esta realidad plantea serios interrogantes sobre la viabilidad del modelo actual de aseguramiento y la administración de los recursos públicos en el sector salud.
Es importante mencionar que la liquidación masiva de EPS ha sido una constante en la historia del SGSSS. Entre los años 1998 y 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana, 78 EPS fueron intervenidas para su liquidación, un periodo que representa el mayor número de intervenciones en la historia del sistema. A pesar de los intentos por fortalecer el sistema, las cifras de liquidaciones continúan creciendo en los gobiernos posteriores. Entre 2018 y 2022, bajo la administración de Iván Duque, 11 EPS fueron liquidadas, mientras que en los años recientes del gobierno de Gustavo Petro se han intervenido cuatro EPS, en un esfuerzo por mejorar la prestación de los servicios y garantizar el derecho fundamental a la salud.
Uno de los efectos más preocupantes de este proceso es el saldo de deudas que las EPS dejan tras su liquidación. Entre 2008 y 2024, se estima que los valores reclamados por acreedores de EPS liquidadas ascienden a más de 30 billones de pesos, de los cuales solo se ha reconocido alrededor del 30% y se ha pagado apenas un 11%. Este panorama evidencia no solo el fracaso de las EPS en cumplir su objeto social, sino también la enorme carga financiera que estas dejan en el sector salud, afectando a prestadores, proveedores y al personal de salud que queda sin recibir sus pagos.
La erosión de la confianza en las EPS
Ante este panorama que pone en alerta al sistema de salud, actualmente 9 EPS tienen algún tipo de medida especial, ya sea una intervención forzosa para administrativo medida de vigilancia especial. Esto revela que el 52% de la población afiliada al sistema de salud está vinculada a EPS que actualmente se encuentran bajo alguna medida especial.
Entre las EPS intervenidas se encuentran algunas de las más grandes del país, como Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, y EPS Sanitas, con más de 5 millones. Y los hallazgos presentados por la Superintendencia son alarmantes: incremento en gastos operativos injustificados, ocultamiento de facturación, aumento en el costo médico entre 2022 y 2023, debilidad en los registros de atenciones, pagos a prestadores sin cumplir con los contratos y conflictos de interés en la asignación de contratos.
Estos importantes hallazgos han obligado a los actores involucrados a continuar estudiando y cuestionando la eficacia y transparencia con la que son manejados los dineros públicos del sistema de salud. Además, han puesto en relieve la falsa sensación de estabilidad permitida por la flexibilización normativa para su operación y funcionamiento; así como los llamados de la Contraloría General de la República sobre la situación.
La flexibilidad normativa y su contribución a la crisis del sistema de salud
Otro de los aspectos clave que ha contribuido a esta crisis es la flexibilidad normativa con la que se han manejado las EPS a lo largo de los años. De acuerdo con el proyecto de ley, desde 1994, el gobierno ha emitido múltiples decretos que han permitido a las EPS operar bajo condiciones financieras más laxas, lo que ha dado lugar a una falsa sensación de estabilidad en el sistema.
Por ejemplo, el Decreto 1485 de 1994, modificado por el Decreto 882 de 1998, fue uno de los primeros en flexibilizar los requisitos financieros de las EPS, permitiéndoles operar con márgenes de solvencia mínimos y posponer el pago de sus obligaciones.
A lo largo de los años, esta tendencia se ha mantenido con la expedición de al menos 18 decretos entre 2007 y 2022, que han ampliado los plazos para que las EPS constituyan reservas técnicas, flexibilizado los requisitos de solvencia y autorizado el uso de recursos públicos para cubrir sus pasivos. Con ello, la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República han advertido repetidamente sobre los riesgos de esta flexibilidad normativa, pero las reformas han continuado favoreciendo a las EPS en detrimento de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.
De otro lado, el documento presentado por Minsalud enfatiza en que las EPS que han ejecutado Plan de Reorganización Institucional o Plan de Ajuste Financiero, la mayoría han empeorado progresivamente su operación y ha llevado a que varias entren en proceso de liquidación tales como Coomeva, Cafesalud y Medimás EPS. A esto se suma que las EPS Asmetsalud, Ecoopsos y Emssanar, con corte a diciembre de 2022, están categorizadas en alto riesgo por la Superintendencia Nacional de Salud.
Proyecciones de cumplimiento de indicadores financieros
Con base en el comportamiento financiero de las EPS durante el periodo 2018 hasta marzo de 2024, Minsalud llevó a cabo una proyección de la tendencia que seguirán sus principales indicadores financieros en los próximos años. La metodología utilizada para la estimación de estos indicadores se fundamenta en la información proveniente del catálogo de cuentas de las EPS, publicado por la Superintendencia Nacional de Salud.
Los datos comprendidos entre 2018 y 2020 se emplearon como base para realizar los pronósticos de cada indicador y el cálculo de la proyección se efectuó mediante la fórmula de pronóstico estadístico, que utiliza un algoritmo de suavizado exponencial triple, tomando los valores correspondientes a los años entre 2018 y 2024 como referencia para establecer la tendencia de los indicadores en los próximos cinco años.
Los resultados que arrojo está proyección son alarmantes:
- EPS del régimen contributivo (9 EPS): La mayoría muestra una tendencia a la pérdida, aunque algunas aún tienen patrimonios positivos. La capacidad para cubrir sus cuentas por pagar es deficiente en la mayoría, y el índice de riesgo financiero se deteriora en 7 de ellas, lo que indica una fuerte tendencia hacia la inviabilidad financiera.
- EPS en ambos regímenes (3 EPS): Este grupo presenta los mejores resultados, con indicadores de sostenibilidad y bajo riesgo financiero, lo que sugiere una proyección positiva.
- EPS del régimen subsidiado (5 EPS): Al menos 3 de 5 EPS tienen indicadores de inviabilidad tanto actual como futura, con pérdidas sostenidas, patrimonios negativos, y dificultades para pagar sus cuentas. Estas EPS se encuentran en una franja de alto o muy alto riesgo financiero, lo que muestra una tendencia clara hacia la inviabilidad.
- EPS de las Cajas de Compensación Familiar con régimen subsidiado (3 EPS): Dos de estas EPS muestran tendencias similares a las del grupo del Régimen Subsidiado, con indicadores que apuntan hacia la inviabilidad.
Por lo anterior, el fracaso de las EPS para cumplir con su objeto social y la constante necesidad de intervenciones y liquidaciones es un claro indicativo de que el modelo actual de aseguramiento está en crisis. Las propuestas de reforma presentadas en el proyecto de ley de 2024 buscan abordar estas problemáticas, pero el reto es inmenso. Es necesario un replanteamiento profundo de las reglas del juego para garantizar que los recursos públicos destinados a la salud sean administrados con transparencia y eficiencia.
Descargue aquí el proyecto de ley:
