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Empresas deben prevenir factores de riesgo psicosocial que afectan la salud mental de trabajadores: Mintrabajo

Esto se estipula en la Resolución 2404 de 2019 de Mintrabajo, mediante la cual se adoptan los métodos e instrumentos obligatorios para la identificación, evaluación, prevención e intervención del riesgo psicosocial en el trabajo.

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De acuerdo con el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo), el 66% de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales están expuestos a factores de riesgo psicosocial y han manifestado sentir altos niveles de estrés.

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Los factores de riesgo psicosocial pueden tener origen intralaboral, que se generan dentro del entorno laboral y dependen de las condiciones de trabajo.

Los factores pueden ser extralaborales, situaciones externas al trabajo, o individuales, que se relacionan con las condiciones de vida o necesidades del empleado.

En ese sentido, si el trabajador está expuesto a estos riesgos, puede presentar síntomas de alarma como:

  • poca motivación o entusiasmo
  • disminuir sus niveles de productividad
  • padecer constantes enfermedades comunes
  • sentir estrés, ansiedad y depresión
  • Todo esto afecta considerablemente su calidad de vida y perjudica su salud mental.

Fortalecer la prevención

La situación descrita evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención de los factores de riesgo psicosocial dentro de las empresas, para lo cual Mintrabajo expidió la Resolución  2404 de 2019 (Adjunta al final del documento), mediante la cual se adoptan los métodos e instrumentos obligatorios para la identificación, evaluación, prevención e intervención de estos riesgos.

Con esta norma el Mintrabajo busca brindar a las empresas herramientas idóneas, confiables y unificadas para realizar todos los procesos de identificación, evaluación, e intervención de los factores del riesgo psicosocial.

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“Estas herramientas son de acceso gratuito para todos los trabajadores y se encuentran publicadas en la página web del Fondo de Riesgos Laborales”, aseguró Marcela Soler, Profesional de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, durante un Facebook Live organizado por Colmena Seguros.

“Es deber de las empresas garantizar condiciones de trabajo positivas, que promuevan el bienestar y la calidad de vida laboral de todos los trabajadores”

MINTRABAJO

Las ARL, un actor fundamental

De acuerdo con la resolución, las ARL juegan un papel fundamental en el proceso de prevención de estos riesgos, pues deben generar estrategias, programas y acciones de promoción de la salud mental.

Asimismo, las ARL deben garantizar que sus empresas afiliadas incluyan en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial.

Isabel Cristina Marulanda, Líder de Productos y Servicios de Colmena Seguros, indicó que según la Resolución 2404 de 2019 , la evaluación de los factores de riesgo psicosocial debe realizarse de forma periódica, de acuerdo con el nivel de riesgo en las empresas.

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En primer lugar están las organizaciones en las cuales se identifica un nivel alto de factores psicosociales nocivos, o que están causando efectos negativos en la salud y bienestar en el trabajo.

Estas empresas en nivel alto deben realizar la evaluación de forma anual.

Por su parte, las empresas en las cuales se ha identificado nivel de riesgo medio o bajo deben realizar la evaluación cada dos años.

La delegada del Mintrabajo, Marcela Soler dijo al finalizar este Facebook Live, que las empresas que incumplan la norma podrían pagar multas hasta de 500SMLMV.

Además, en caso de reincidencia, Mintrabajo podría ordenar suspender actividades a la empresa hasta por 120 días, o el cierre de la misma.

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

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¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

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¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

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Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

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Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

dOCUMENTO ADJUNTO

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

documento adjunto

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