Las dificultades para obtener citas especializadas, autorizaciones y medicamentos continúan generando peticiones, quejas, tutelas e incidentes de desacato contra varias EPS del país. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación presentó los resultados de las actuaciones de vigilancia preventiva y control de gestión adelantadas sobre Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS (antes Cajacopi) y Nueva EPS.
La revisión tuvo como propósito examinar las condiciones administrativas, financieras y asistenciales de estas aseguradoras, además de recopilar elementos sobre posibles faltas disciplinarias. Las actuaciones involucran a servidores públicos y particulares que prestan servicios públicos, así como a las entidades responsables de supervisar y administrar las EPS sometidas a medidas especiales.
Aunque cada aseguradora presenta circunstancias particulares y su impacto sobre el sistema no tiene la misma magnitud, la Procuraduría identificó problemas estructurales compartidos. Entre ellos se encuentran la persistencia de barreras de acceso, el crecimiento de las reclamaciones y un deterioro financiero que podría comprometer la sostenibilidad y continuidad de las entidades examinadas.
¿Qué problemas encontró la Procuraduría en las cuatro EPS?
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social señaló que continúan las dificultades que afectan la oportunidad y efectividad de la atención. El organismo también advirtió que las condiciones financieras de las cuatro entidades siguen deteriorándose, aunque precisó que cada una enfrenta una situación administrativa diferente.
El informe registró un incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos, acciones de tutela e incidentes de desacato. De acuerdo con la Procuraduría, estas inconformidades se concentran principalmente en dificultades que afectan el acceso efectivo de los afiliados a consultas, tratamientos, medicamentos y otras tecnologías en salud:
- Demoras en la asignación de citas médicas especializadas.
- Dificultades en la autorización de servicios y tecnologías en salud.
- Retrasos en la entrega de medicamentos a los pacientes.
- Barreras administrativas que limitan el acceso efectivo a la atención.
- Respuestas insuficientes frente a solicitudes y órdenes judiciales.
Estas situaciones continúan afectando la prestación oportuna de los servicios y obligan a numerosos usuarios a recurrir a mecanismos administrativos y judiciales. La Procuraduría relacionó la persistencia de estas barreras con el deterioro de las condiciones financieras, debido a que ambas problemáticas pueden comprometer la capacidad operativa y la continuidad de las aseguradoras.
Nueva EPS mantiene un riesgo sistémico y estructural
En el caso de Nueva EPS, el Ministerio Público concluyó que persiste un riesgo sistémico y estructural para la garantía del derecho fundamental a la salud y para la sostenibilidad financiera. El informe señaló que los estados financieros de la entidad todavía no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal, situación incluida dentro de las alertas formuladas por el organismo.
Con corte a 2024, la aseguradora registraba pasivos superiores a los $22 billones y pérdidas acumuladas por más de $11 billones, según los resultados presentados por la Procuraduría. Estas cifras fueron incorporadas en la revisión junto con los indicadores de acceso, las reclamaciones judiciales y las condiciones administrativas de la EPS.
La Procuraduría también llamó la atención sobre la alta rotación de los agentes especiales interventores encargados de administrar Nueva EPS. Durante un periodo de 24 meses fueron designados cinco agentes, mientras continuaban las dificultades financieras y los problemas relacionados con la respuesta a las necesidades de los afiliados.
¿Qué muestran las tutelas y los incidentes de desacato?
Los indicadores examinados por el organismo de control muestran un deterioro progresivo en el acceso de los usuarios de Nueva EPS. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 40.668 acciones de tutela contra la aseguradora, una cifra que concentra una parte significativa de las reclamaciones judiciales relacionadas con la prestación de servicios.
La cantidad reportada durante esos tres meses equivale al 60 % del total de tutelas presentadas contra Nueva EPS durante toda la vigencia de 2023. La Procuraduría utilizó esta comparación para advertir sobre el crecimiento de las solicitudes de protección judicial formuladas por los afiliados ante dificultades para recibir atención.
El reporte también registró 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 % continuaba sin atender. Estos procedimientos están relacionados con el presunto incumplimiento de órdenes judiciales emitidas para proteger los derechos de los usuarios y garantizar la prestación de servicios previamente ordenados.
Procuraduría examina actuaciones de Minsalud y Supersalud
Los resultados incorporaron presuntas responsabilidades disciplinarias relacionadas con la actuación del Ministerio de Salud y Protección Social. La Procuraduría mencionó una posible inactividad en la expedición de directrices destinadas a optimizar el flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La revisión también comprende a la Superintendencia Nacional de Salud por posibles falencias en sus procesos de inspección, vigilancia y control frente a las aseguradoras examinadas. El organismo incluyó, además, el seguimiento realizado por la Supersalud a los agentes interventores nombrados para administrar las entidades sometidas a estas medidas.
Estos señalamientos corresponden a posibles responsabilidades que deberán ser examinadas dentro de las actuaciones disciplinarias respectivas. La presentación de los resultados no constituye una decisión definitiva ni establece, por sí misma, la responsabilidad individual de los funcionarios, particulares o agentes interventores involucrados.
Las actuaciones continuarán en el ámbito disciplinario
La Procuraduría señaló que los resultados obtenidos servirán de base para examinar posibles faltas disciplinarias relacionadas con servidores públicos y particulares que prestan servicios públicos. La revisión comprende la gestión de las EPS, la actuación de las autoridades encargadas de su supervisión y el desempeño de los agentes especiales designados para administrar las aseguradoras intervenidas.
Con los elementos recopilados durante la vigilancia preventiva y el control de gestión, el organismo deberá establecer si existen méritos para avanzar en actuaciones disciplinarias. Entretanto, continuará el seguimiento a las condiciones administrativas, financieras y asistenciales de Mutual Ser, Emssanar, Proteger y Nueva EPS, así como a la respuesta de las entidades responsables.
El alcance de este proceso no se limita a la determinación de posibles responsabilidades. También plantea la necesidad de que las acciones de vigilancia se traduzcan en decisiones concretas para reducir las barreras de acceso, fortalecer el control sobre las intervenciones y evitar que el deterioro financiero siga afectando la continuidad de los servicios.
La efectividad de las medidas dependerá de la coordinación entre las EPS, el Ministerio de Salud, la Supersalud y los agentes interventores. La atención oportuna, el cumplimiento de las órdenes judiciales y la recuperación de condiciones operativas permitirán establecer si las decisiones adoptadas producen cambios verificables para los afiliados.
