El movimiento ‘Pacto por una mejor salud’, a través de un nuevo comunicado, reiteró su preocupación por el avance del trámite de la reforma en la Cámara de Representantes. Para sus integrantes, el informe de la Comisión Accidental no refleja “las modificaciones esperadas para asegurar un adecuado y oportuno acceso de los pacientes y usuarios a los servicios de salud, como tampoco para el mejoramiento de los estándares de calidad que se requieren”.
El disenso del ‘Pacto por una mejor salud’ se observa en varios frentes: falta de mecanismos para garantizar la estabilidad financiera; desarticulación en todos los niveles de atención; retroceso en los avances adquiridos para los pacientes; falta de soluciones para la inestabilidad laboral de más de cien mil personas.
“Llama la atención el mensaje del Gobierno Nacional en el sentido de manifestarle a la opinión pública que esta reforma no cambia nada en la operación actual del Sistema de Seguridad Social en Salud y sólo modifica el responsable del manejo de los recursos financieros”, aseguran las más de 80 organizaciones sectoriales, el sector farmacéutico, los prestadores de servicios de salud, aseguradores, profesionales sanitarios y usuarios que integran este movimiento.
“Si esto es así, no se justifica que continúe la discusión sobre el proyecto de Ley 339; debería entonces
archivarse y presentar un nuevo articulado centrado en ese cambio sobre el responsable de los giros y los pagos en el sistema”, añaden.
Deficiencias que no se resolvieron, según el ‘Pacto por una mejor salud’
El ‘Pacto por una mejor salud’ concentra sus observaciones en las siguientes:
- Se mantiene la preocupación sobre la fragmentación y la desarticulación de los niveles de atención. La garantía en la continuidad de los tratamientos de los pacientes no se halla asegurada. No se establecen responsables precisos para procesos clave en materia del agenciamiento de los pacientes y usuarios, y se desnaturaliza el rol de los centros de atención primaria, por lo cual se incrementan sus riesgos ante los mayores trámites y barreras de acceso que se presentarían.
- La gestión de los riesgos financieros, operativos y técnicos en salud no tienen un responsable preciso que le responda al sistema por la sostenibilidad de los recursos y por el control del presupuesto; así como a los usuarios y pacientes por sus necesidades en salud. La compleja operación del sistema que propone la reforma mantiene la falta de garantía para mejores resultados en prevención y promoción de la salud. Persisten los mecanismos imprecisos para una adecuada gestión del riesgo en salud.
- Avances adquiridos para los usuarios y pacientes en el goce efectivo del derecho a la salud, como la universalidad del aseguramiento, la solidaridad, la garantía de un plan de beneficios explicito, la libre elección y la protección financiera, en la práctica se encuentran amenazados y en entre dicho. El eventual período de transición no presenta aún reglas claras que protejan los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en ese goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso.
- Se complejiza para los usuarios y pacientes el accionar de los mecanismos constitucionales de protección de derechos, tales como la acción de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento, acciones populares, entre otras. No obstante, vemos con preocupación un potencial incremento en la utilización de estos mecanismos por parte de usuarios y pacientes ante la ambigüedad del proyecto de ley y ante el posible incremento en las barreras de acceso que enfrentarían. Alertamos al sector judicial del país sobre esta eventualidad.
- Se mantienen los riesgos de un desborde presupuestal con esta reforma. Siguen sin ser claros los mecanismos de contención apropiados. No se ha despejado la financiación sostenible de esta reforma ni la manera como se evitaría una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación.
Finalmente, el ‘Pacto por una mejor salud’, y como se señaló previamente, se renuevan los llamados al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se construya de manera conjunta una reforma. Según sus miembros, la reforma a la salud deberá guiarse por el mandato constitucional que garantiza el derecho fundamental a la salud, así como el derecho irrenunciable a la seguridad social y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.
Asimismo, se debería mantener como prioridad la progresividad, sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud, principales objetivos de la reforma a la salud. Pero, ante todo, se busca mejorar la atención, garantizando que sea oportuna y de calidad para todos los colombianos en todo el territorio nacional.
