El Gobierno Nacional urgió al Congreso de la República a retomar la discusión de la reforma a la salud, que permanece detenida desde abril de 2025. Durante su intervención en la Comisión VII del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la iniciativa “contiene los fundamentos necesarios para atender la coyuntura del sector y permitirá inyectar nuevos recursos, con mejor manejo, para la estabilidad del sistema de salud”.
De acuerdo con el jefe de cartera, la crisis actual no es reciente ni atribuible únicamente al Gobierno actual, sino que responde a problemas financieros acumulados durante más de 25 años. Señaló que en la actualidad ninguna EPS cumple con los requisitos para operar como aseguradora.
Recursos en entredicho
Jaramillo subrayó que los informes de la Contraloría General de la República han puesto en evidencia la falta de justificación sobre el uso de cerca de 16 billones de pesos por parte de las EPS en los últimos años. Según el ministro, los recursos deben ser girados directamente a hospitales y clínicas con el fin de garantizar la atención oportuna de los pacientes.
“Este no es un problema nuevo, ni de este gobierno. Es una crisis estructural del sistema que debemos resolver con la reforma”, enfatizó.
La propuesta contempla la asignación de más de 4 billones de pesos para hospitales públicos con el objetivo de saldar deudas históricas y asegurar su sostenibilidad. Adicionalmente, se plantea la entrega de créditos con tasa compensada respaldados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Contraloría: advertencias reiteradas
El ministro recordó que desde 2012 la Contraloría advirtió sobre la entrega de recursos a EPS que no cumplían requisitos legales en materia de capital, reservas y patrimonio. Asimismo, destacó que entre 2023 y 2024 el presupuesto del sector aumentó en 12,9 %, llegando a 87,8 billones de pesos, aunque las EPS reportaron ingresos 2,7 billones de pesos por debajo de lo girado por el Estado.
A este déficit se suman los 1,5 billones de pesos en copagos y cuotas moderadoras que, según el ministro, tampoco aparecen reflejados en los reportes oficiales de las aseguradoras.
Fortalecimiento del primer nivel de atención
La reforma a la salud incluye un énfasis en el fortalecimiento del primer nivel hospitalario y en la ampliación de los servicios resolutivos en las comunidades. Según Jaramillo, cada hospital local debe contar con infraestructura y talento humano para ofrecer ecografías, rayos X, cirugía básica, hospitalización, atención en urgencias y especialistas en ginecología, pediatría, medicina interna, psiquiatría y cirugía.
El propósito es evitar remisiones innecesarias y garantizar que los procedimientos sencillos y electivos puedan realizarse cerca de la población, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la oportunidad de la atención.
Anticipos y falta de auditoría
Otro de los puntos críticos expuestos por el ministro fue el manejo de los anticipos. Desde 2022, se entregaron cerca de 5 billones de pesos, de los cuales, según cifras oficiales, el 85 % habría sido utilizado en negocios propios de las EPS.
“Se entregaban dineros sin control ni verificación de facturas”, advirtió Jaramillo, cuestionando la ausencia de auditorías efectivas sobre el destino de los recursos.
Auditorías reales y transparencia
El ministro recalcó que la reforma propuesta establece un sistema de auditorías reales, en el cual los gestores de los recursos tendrán la obligación de revisar y verificar cada cuenta, garantizando un uso transparente de los fondos públicos.
“Fue este Gobierno el que puso en evidencia estas irregularidades”, sostuvo el ministro, quien insistió en que la reforma es el camino para recuperar la confianza y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Un llamado político urgente para retomar discusión de la reforma
Durante la sesión, Jaramillo reiteró que mientras al actual Gobierno se le exigen mayores justificaciones para asignar recursos, en administraciones pasadas se entregaron sumas millonarias sin claridad en su uso. De acuerdo con la Contraloría, entre 2020 y 2023 no se tiene certeza sobre 15 billones de pesos destinados a las EPS.
“Vino Petro y se acabó la fiesta”, concluyó el ministro, señalando que la reforma no solo busca corregir fallas técnicas y financieras, sino también cerrar la puerta a prácticas que han debilitado el sistema durante décadas.