Las últimas estadísticas publicadas por la Superintendencia de Salud revelaron que en enero de 2021 se presentaron 72.974 solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en contra de las entidades de salud, registrando un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado (65.475). Algunos expertos han dicho que esto se debe en parte a la pandemia, la cual ha suscitado una inconformidad por la atención y la falta de servicios prestados por las IPS.
Luego de un proceso ante el ente de control, varias de estas solicitudes terminan convirtiéndose en problemas legales mayores que pueden afectar no solo a la entidad en el ámbito administrativo sino también económico.
De acuerdo con el abogado Jesús Albrey González, gerente general de la firma González Páez Abogados y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, la pandemia ha mostrado la necesidad de que, ante el aumento de dichas demandas, los prestadores de servicios en salud fortalezcan sus competencias en riesgos legales, ya que el no hacerlo puede generarles grandes daños.
“La pandemia y la adaptación de los procesos de los prestadores a esta nueva realidad necesariamente conllevará a la disminución de su riesgo legal, pues se obliga a incorporar la gerencia del riesgo jurídico como un aspecto clave en el impacto organizacional, financiero y reputacional de los prestadores de servicios de salud”, resaltó González.
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Asimismo, desde su firma han logrado percibir que algunos de los mayores inconvenientes legales que pueden estar teniendo las prestadoras de salud están relacionadas con el vínculo que hay entre el médico – paciente y el riesgo frente a la responsabilidad patrimonial en que incurre la institución para reparar eventuales perjuicios derivados de un evento de responsabilidad médica.
Otras demandas derivan de los conflictos laborales asociados al talento humano en salud, pero también están aquellas que surgen a causa de las dificultades en el recaudo de cartera y que se presentan cuando el establecimiento tiene una cartera adeudada, y algunos eventos como la liquidación de EPS, que están pendientes de pago a los prestadores.
Debido a ello, indicó que las dificultades en el flujo de recursos del sistema están impactando negativamente el patrimonio de las IPS, “sumado a que las liquidaciones de varias EPS han dejado en situación de incertidumbre el pago de las prestaciones de servicios brindadas a la población en el marco del Sistema General de Seguridad Social”.
Entre otras de las cifras entregadas por el ente de control, las regiones con mayor demanda de PQRD son Bogotá con 17.893; tras ella, le siguen Valle del Cauca (11.036) y Antioquia (10.612). Las tres terminan representando el 54% del total de las peticiones.
Mientras que uno de los principales macromotivos de denuncia de los usuarios es por la restricción en el acceso a los servicios de salud, que equivalieron al 80,6% de las peticiones presentadas y que representan un total de 58.693. La menor de las solicitudes tuvo que ver con la falta de disponibilidad o inapropiado manejo del recursos humano y físico para la atención (89).
Para el gerente de González Páez Abogados, otros de los procesos jurídicos que suelen recibir en gran medida las IPS son las investigaciones y procesos administrativos sancionatorios, originados en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control que se desarrollan en el sector salud y que se presentan por falencias en el cumplimiento de obligaciones de carácter normativo por parte de los prestadores.
No menos importante de destacar es el cierre de los servicios originado por las falencias en el cumplimiento de las condiciones de habilitación y del sistema obligatorio de garantía de la calidad (SOGC).
De esta manera, la pandemia ha generado la necesidad de estimular planes jurídicos en estas entidades, a quienes el aumento de las denuncias y demandas los ha afectado de alguna u otra manera.
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