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“Liquidar” Medimás EPS, pide la Procuraduría a la Supersalud

La Procuraduría General de la Nación envió una misiva a la Supersalud, con el objetivo de requerirle al Dr. Fabio Aristizábal Ángel superintendente nacional de salud, la protección de los derechos fundamentales de los usuarios, del ordenamiento jurídico y de los recursos del sistema de Medimás EPS.

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Procuraduría pide liquidar Medimás

La Procuraduría General de la Nación envió una misiva a la Supersalud, con el objetivo de requerirle al Dr. Fabio Aristizábal Ángel superintendente nacional de salud, la protección de los derechos fundamentales de los usuarios, del ordenamiento jurídico y de los recursos del sistema de  Medimás EPS.

Esas garantías se logran mediante la Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar a Medimas EPS.

En la carta firmada por el procurador Fernando Carrillo se exponen las causas por las que esta EPS debe ser liquidada.

Aspectos financieros

Desde enero hasta agosto del año 2019, la EPS Medimás presenta pérdidas acumuladas de 868.338 millones de pesos, además de tener un patrimonio negativo de -1.02 billones de pesos.

Así mismo, las pérdidas mensuales que arroja Medimás EPS corresponden a $108.542 millones de pesos, el procurador advierte sobre la necesidad de que se asegure el punto de equilibrio financiero para que se garantice al menos el pago de las obligaciones corrientes.

Posiblemente, la más grave situación de la EPS está relacionada con el capital mínimo que Medimás debería acreditar por valor de 13.479 millones de pesos, y que se encuentra reportado como negativo, por un valor superior a -1 billón de pesos.

Del mismo modo, la EPS ha venido incumpliendo con el régimen de inversiones de las reservas técnicas que deberían estar fondeadas en al menos 30%, y apenas alcanzan el 4.76%, con lo cual se hace urgente la inyección de los recursos, que le aseguren viabilidad como negocio, el pago de las obligaciones con la Red de Prestadores de Servicios de Salud, y supere la barrera de acceso a la prestación de servicios, sin olvidar encontrar el punto de equilibrio anteriormente mencionado.

Medimás, además tiene la deuda correspondiente a la liquidación de Saludcoop EPS, una suma correspondiente a $205.194 millones de pesos.

Igualmente, las metas propuestas no se han cumplido ya que la obligación de alcanzar en cada periodo la legalización del 30% de los pagos a IPS efectuados en calidad de anticipos no se logró, se señala además la práctica irregular de la entrega de anticipos a las IPS que reciben recursos públicos del sistema de salud, y no prestan los servicios o no los facturan.

Se evidencia que los giros hechos por la EPS no se les aplica ningún tipo de control ni auditoria.

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La garantía de la prestación de servicios de salud

Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 Medimás ha perdido el 16% de sus afiliados, es decir 650.951 usuarios, esto comprueba la incompetencia de la EPS para garantizar el acceso a los servicios de salud, del mismo modo lo comprueba el indicador de siniestralidad.

La inexistencia de una red de servicios completa e integral se ve reflejada en el cierre de la prestación de algunos servicios que desemboca en el alto número de PQRD tanto del régimen contributivo como el del subsidiado, así lo confirma un reporte de la Supersalud.

Del mismo modo, la EPS incumple con los tiempos establecidos para la entrega de medicamentos por lo tanto tampoco hay continuidad en el servicio

Jurídicos administrativos

La incompetencia de Medimás ha disparado las acciones legales por parte de la ciudadanía, a la fecha la EPS presenta 17.333 tutelas 16% más que el mismo periodo del año pasado.

La irregularidad en la prestación del servicio se hace más evidente considerando que el 56% de esas tutelas son con el objetivo de buscar la prestación de un servicio que está incluido en el Plan de Beneficios en Salud.

Igualmente, a la fecha existen 458 procesos judiciales en contra de Medimás cuyas pretensiones económicas se estiman en 226.429 millones de pesos.

Por todo lo anterior la EPS Medimás debe ser liquidada teniendo en cuenta los artículos 48 ,49, 334 y 365 a 370 de la constitución política y otras leyes expuestas a continuación:

  • Ley 100 de 1993, donde se establece el carácter obligatorio de la seguridad social en salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes. Igualmente, se enuncia que se debe evitar que los recursos destinados a la seguridad social se destinen a fines diferentes

La misma ley establece específicamente que cuando se compruebe que las EPS no cumplen efectivamente con la prestación del servicio se les debe revocar o suspender el “certificado de autorización”

  • La ley 715 de 2001 en su artículo 68 establece que la Superintendencia Nacional de Salud en su competencia de vigilancia y control “ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar entre otras, Empresas Promotoras de Salud”.
  • La ley 1438 de 2011 en su artículo 116 ordena dar lugar a suspensión de giros y revocatoria de la certificación de habilitación en el caso de las EPS que no cumplan con el reporte oportuno de la información necesaria para la operación de sistema de monitoreo, de los sistemas de información del sector salud. Del mismo modo en esta ley se establece que muchas de las conductas de operación de Medimás vulneran SGSSS.

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Consideraciones del ministerio publico

Las conductas representadas en acciones y omisiones, desplegadas por MEDIMÁS S.A.S. E.P.S., que han puesto en riesgo el manejo de los recursos públicos de la seguridad social y la prestación del Plan Obligatorio de Salud a sus usuarios, se encuentran descritas en el ordenamiento jurídico vigente como causales de intervención del Estado para toma de posesión, suspensión, o revocatoria del certificado de autorización para operar (habilitación) otorgado (cedido por Cafesalud) tal como se encuentra establecido en el artículo 23012 y 153 numeral 4ºde la Ley 100 de 1993; Artículos 2.5.5.1.8; 2.5.5.1.9. y 2.5.2.3.14 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud – Decreto Ley 780 de 2016 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Ley 663 de 2003.

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Supersalud desde 2017 resultan inocuas para la EPS, ya que las conductas representadas en acciones y omisiones desplegadas por Medimás han puesto en riesgo el manejo de los recursos públicos.

Del mismo modo se evidencia que las acciones de la EPS son causales indiscutibles de revocatoria según lo establecido en la ley.

Finalmente, la misiva argumenta que resulta inexplicable que la Superintendencia Nacional de Salud insista en ignorar el vertiginoso proceso de declive de Medimás EPS.

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Comentario de CONSULTORSALUD

Este explosivo pronunciamiento del Procurador Fernando Carrillo Florez, viene cargado de evidencias que han sido de conocimiento público desde hace mucho tiempo, pero que ahora con esta postura, invita claramente a la adopción de nuevas e inmediatas decisiones por parte de la Supersalud.

De manera paralela, queremos llamar la atención sobre otros efectos que esta alerta de liquidación lanzada sobre esta gigantesca EPS, va a traer sobre pacientes, prestadores y proveedores, y especialmente en la inevitable reacción defensiva de las IPS, que comenzarán a restringir aún más los servicios a los millones de afiliados a Medimás.

Conocemos lógicamente las normas que prohíben la restricción de servicios, pero la realidad del país no ha mostrado que, inevitablemente frente a estas circunstancias, son los pacientes lo que enfrentan las peores consecuencias de los anuncios que no contienen en sí mismos, decisiones consolidadas.

Muy difícil la nueva postura en la que queda el Señor Superintendente, cuando el ente de control ha exhibido pruebas irrefutables de las condiciones que legalmente obligan a la intervención para liquidación de Medimas EPS, pues no adoptar la decisión le puede ocasionar el inicio de investigaciones y potenciales sanciones, y liquidar sumiría al aseguramiento en una crisis para pacientes, EPS receptoras de usuarios mal gestionados, y prestadores y proveedores que se quedarían sin garantías del pago de sus acreencias.

Sabiduría Dr. Aristizabal para tomar la decisión.

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Minsalud adoptó Manual para la Gestión Integral de Residuos hospitalarios

Minsalud adopta Manual para la Gestión Integral de Residuos en la Atención hospitalaria con el fin de prevenir y disminuir los riesgos en salud pública.

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Minsalud adoptó Manual para la Gestión Integral de Residuos hospitalarios

Mediante un proyecto de resolución el ministerio de  Salud y Protección Social   adoptó el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención hospitalaria, esto con el fin de prevenir y disminuir los riesgos en salud pública e impactos al ambiente.

Así mismo, menciona el Minsalud, con este proyecto se busca también establecer los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares que se deben adoptar y realizar en la gestión integral de los residuos generados.

Aihospital contigo, ¿en qué consiste y cómo nos beneficia?

Según este documento, el presente Manual debe ser adoptado por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten y  almacenen finalmente los residuos generados, en desarrollo de las actividades relacionadas en el artículo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016.

Normas transitorias

El proyecto contempla  las siguientes normas transitorias:

  1. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados, tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento a las mismas.
  • Durante este plazo, continuará vigente la Resolución 1164 de 2002, salvo lo relacionado con el plazo de implementación del código de colores, que se rige por lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Sin embargo, para la gestión interna de las plantas de beneficio animal entrarán a regir a partir de los dieciocho (18) meses contados desde la expedición de los lineamientos que en esa materia establezca el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

En consecuencia, durante este plazo se aplicará lo establecido en la Resolución 1164 de 2002.

Documento adjunto

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Exclusiones en salud – así se fortalece el equipo técnico de análisis

El Ministerio de salud modificará la conformación del Grupo de Análisis técnico Científico, establecido en la Resolución 330 de 2017 para el análisis de las tecnologías que serán excluidas de financiamiento con recursos públicos.

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Exclusiones en salud – así se fortalece el equipo técnico de análisis

El Ministerio de salud modificará la conformación del Grupo de Análisis técnico científico, establecido en la Resolución 330 de 2017 para el análisis de las tecnologías que serán excluidas de financiamiento con recursos públicos.

Conformación del equipo

Para este efecto, la conformación será de la siguiente manera:

  1. Un representante de la Academia Nacional de Medicina.
  2. Uno o varios representantes de las asociaciones de profesionales de la salud.
  3. Un representante de las Federaciones de Profesionales del área de la salud.
  4. Un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame).
  5. Una persona que represente el Colegio de Químicos Farmacéutico, Odontológico, Nutricionista, Optómetras, Psicólogos, Terapeutas, u otras asociaciones profesionales de la salud, según sea el caso.
  6. Un representante del Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalles aclaratorios

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Es preciso recordar, que el Ministerio de Salud es el encargado de realizar la convocatoria que reunirá a estos representantes, cuando los estudios se lleven a cabo, los órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Supersalud participarán también en calidad de observadores.

Del mismo modo para el desarrollo de la sesión del grupo de análisis, se requerirá como mínimo la participación de cinco (5) asociaciones o agremiaciones de profesionales. Las sesiones serán grabadas y sólo participarán los delegados e invitados acreditados.

Así mismo, el experto debe certificar su delegación por parte de la agremiación o sociedad científica al momento de la apertura de la sesión del Grupo de análisis técnico-científico.

Finalmente, cabe resaltar que los integrantes del Grupo tienen ser expertos independientes y por tanto deberán declarar las posibles situaciones que puedan considerarse como conflictos de intereses, por escrito y de viva voz, en la sesión de análisis técnico científico.

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Proyecto de ley busca ampliar licencia de paternidad en partos múltiples o prematuros

Se plantea la ampliación de la licencia de paternidad que pasaría de ser 8 días a 20 días, si el parto es prematuro o múltiple.

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Proyecto de ley busca ampliar licencia de paternidad en partos múltiples o prematuros

Este proyecto de ley plantea la ampliación de la licencia de paternidad que pasaría de ser 8 días a 20 días, si el parto de su compañera es prematuro o múltiple.

También, se plantea establecer mecanismos de protección al cónyuge o compañero permanente de la mujer embarazada, lactante, que se encuentre trabajando, para que él también vele por el bienestar de sus hijos.

¿Quién asumiría los costos?

Cuando se trate de partos prematuros o múltiples, se aplicará una licencia remunerada de veinte días hábiles. Esta licencia estará a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas que correspondan al período de gestación de la madre.

Cabe resaltar, que si el parto de su compañera permanente no es prematuro ni múltiple solo tendrá derecho a la licencia de paternidad de 8 días establecidos por ley.

Así mismo, durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia parental, sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él. La duración del período posterior a la licencia de maternidad, la duración y las condiciones de la licencia para el inicio temprano de la lactancia materna que protege al recién nacido de las infecciones y reduce la mortalidad neonatal.

Del mismo modo, se pretende establecer que la lactancia sea de 60 minutos continuos para las madres con partos múltiples, los cuales podrán tomarse en dos jornadas de una hora, o según criterio y necesidad expuesta de la madre, sin dejar de lado que tales beneficios son aplicables a los miembros de la Fuerza Pública.

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Sentencias alusivas al tema en la Corte Constitucional

En la sentencia C-174 de 2009 se destacó la importancia de que los padres se involucren en el proceso de crianza brindando asistencia y cuidado en los primeros días de vida, para garantizar el desarrollo integral del recién nacido.

Igualmente, la Corte Constitucional se pronunció frente al tema que propone este proyecto, esto a través de la sentencia C-005/17, en donde extendió a los hombres el derecho a la estabilidad laboral reforzada durante el tiempo del embarazo o lactancia de sus hijos.

Justificación del proyecto

La senadora Emma Castellanos quien planteó el proyecto de ley afirmó que “según cifras del DANE, en el 2016 se registraron 11.325 casos de padres con hijos, frutos de partos múltiples o prematuros. Este proyecto ofrece flexibilidad horaria, para que realice el plan de bebé canguro. También otorga a la madre una extensión de 60 minutos para amamantar a su hijo durante la jornada laboral, sin que se le descuente en su salario. Asimismo, protege la estabilidad familiar, al prohibir el despido del cónyuge, o compañero permanente, de la mujer embarazada o lactante”

Emma Castellanos, además apuntó que no existe ninguna razón con respaldo constitucional que justifique la exclusión del padre trabajador o la pareja de la madre gestante que representa su sostén económico, emocional y familiar, de la protección prevista en los preceptos acusados únicamente para la madre trabajadora gestante o lactante.

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