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Opinión

La Salud en el Paro del 21 de Noviembre

Análisis del sistema de salud y el Paro Nacional presentado en 21 de noviembre por los principales actores de Colombia.

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El paro desarrollado el pasado 21 de noviembre convocado por las centrales obreras, las organizaciones indígenas y campesinas, que presentó la adhesión por parte de la conferencia episcopal, los movimientos estudiantiles, diversas organizaciones del sector salud, entre ellas las agremiaciones médicas, fue convocado en el contexto del anuncio del Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de llevar a cabo una reforma pensional que conduzca a pensionar conforme al ahorro individual, lo que supone acabar con el régimen solidario de prima media de Colpensiones y favorecer los fondos privados. El otro tema que detonó la movilización fue la radicación por parte del Senador Álvaro Uribe Vélez, del proyecto de ley 212 de 2019, en el cual se establece un régimen laboral especial para los jóvenes para ser contratados con salarios inferiores al mínimo.

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Perspectiva del sector salud con el paro nacional

Desde la perspectiva del sector salud, en la última década se ha visto un aumento de la expresión de demandas sociales desde el escenario de la calle. La promulgación de la ley 100 de 1993, significó, entre otras, la restricción de la prestación del servicio de salud a lo considerado en un listado de tratamientos y tecnologías, que las Empresas Promotoras de Salud EPS definían de manera arbitraria, o mediante la captura de los organismos reguladores del Estado colombiano, que tenían que definir qué servicios financiaba el sistema de salud y cuáles no. En ese contexto, la tutela se constituyó en el mecanismo mediante el cual los colombianos accedían a servicios de salud y rompían las barreras de acceso que imponían las EPS, para quienes era rentable negar servicios para hacerse a la UPC unidad de pago por capitación, recursos públicos que gira el Estado a estas entidades para la atención de la población.

Y la acción de tutela…

Y por su parte, las tutelas en Colombia demandando atención en salud, superan las tres millones desde la expedición de la ley 100 de 1993. Debido a esto, la Corte Constitucional en el año 2008, decide seleccionar 120 de estas, establecer los elementos comunes de las mismas, concluyendo, que estas se presentabas por fallas en la estructura del sistema de salud, problemas de la regulación del Estado para dar cumplimiento a sus fines con la atención de la población, por lo que decidió promulgar la Sentencia T 760 de 2008, en la cual establece 16 órdenes referidas a situaciones individuales expresadas en la tutela y otras 16 órdenes dirigidas al ejecutivo, que buscan que este cumpla con las medidas establecidas por el ordenamiento legal que permitan la garantía del derecho a la salud. Este hecho, constituyó un hecho político, generado desde la Corte para movilizar el debate en torno a la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno frente al aumento del gasto en salud?

La respuesta a este hecho, desde el Gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, fue la emisión de los Decretos de emergencia Social en el año 2009 (4975), con el cual el Gobierno expresaba su preocupación por el aumento del gasto en salud, debido a la demanda social y a la acción de los jueces que garantizaban mediante la tutela el acceso a los servicios de salud. En este decreto se proponían volver al médico ordenador del gasto, para controlar y amedrentarlo en la prescripción, y establecer medidas para aumentar el gasto de bolsillo en salud de los ciudadanos. La expedición de este decreto generó una enorme movilización nacional de los gremios de profesionales de la salud, pacientes, y ciudadanos que pedían al Gobierno desistir del mismo. El Gobierno de Alvaro Uribe no escuchó esta demanda social y continuó adelante con la medida. En el año 2010 la Corte Constitucional tumbó este decreto, declarando su inexequibilidad en una vehemente defensa del derecho a la salud y de la función constitucional de los jueces de tutelar este derecho. Una vez más la Corte, cumplía con su deber de ser el bastión de defensa de los derechos humanos de los colombianos.

Este hecho condujo a la exhortación por parte de la Corte, al Congreso de la República, para que tramitara una ley estatutaria en salud. Esta iniciativa fue recogida por las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, que asociaba más de 90 organizaciones ciudadanas, gremiales y sindicales, que se propusieron adelantar un proyecto de ley estatutaria en salud que declara la salud como un derecho humano fundamental. En el año 2012 se presentó la radicación de esta propuesta en cabeza de 25 senadores, de 5 partidos políticos diversos. Este proyecto de ley no tuvo éxito en tanto fue hundido por las mayorías parlamentarias del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Crisis legitima de la salud

Posteriormente, en el año 2013 la Gran Junta Médica Nacional, conformada por los Presidentes de los Gremios Médicos de carácter nacional (Federación Médica Colombiana, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana Médica Estudiantil, Asociación Médica Sindical, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano), recogió los elementos centrales de la ANSA y presentó de nuevo el proyecto de ley con el respaldo del Presidente Juan Manuel Santos, quien tenía que sortear una crisis de legitimidad en la salud, porque en ese momento, era conocido para la opinión pública el desfalco que habían generado las EPS de Acemi en el sistema de salud, por recobros fraudulentos, debido a la cartelización de estas entidades.

Le ley estatutaria que declara la salud como derecho social fundamental, la dignidad de los trabajadores del sector, fue aprobada en el año 2015, no sin dificultades, por los enormes poderes que debió enfrentar el trámite para que este derecho se abriera paso en el marco constitucional y legal colombiano. En la actualidad esta ley se encuentra engavetada, poderosos intereses se oponen a que sea implementada.

Reforma Ordinaria de Salud

Mientras se avanzaba en ese trámite legislativo, el entonces Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, férreo opositor de la ley estatutaria, se empeñó en presentar una reforma ordinaria de salud, consignada en el proyecto de ley 210 de 2013, en el sentido de mantener el sistema con arreglos institucionales de carácter cosmético, manteniendo la intermediación financiera de las EPS. Este proyecto de ley no tuvo suerte en el Congreso de la República, porque el obcecado Ministro, tuvo que enfrentar las movilizaciones de las centrales sindicales ante el no reconocimiento de la formalización laboral en el proyecto de ley, la estocada final de la misma, se presentó, cuando introdujo la titulación de médicos especialistas por parte de las instituciones hospitalarias, propuesta que desató una enorme movilización nacional por parte de los estudiantes de la salud, trabajadores, pacientes, universidades, quienes solicitaban al Congreso de la República el hundimiento de esa reforma a la salud. Estas movilizaciones generaron la inviabilidad política del trámite de esta iniciativa en el Congreso, la cual se hundió sin alcanzar el segundo debate.

La movilización

Como se observa, el sector salud, desde la movilización ha tenido una actitud propositiva ante el régimen político para que este desarrolle políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales. En esa perspectiva, en el año 2018, fue tramitada y sancionada por el Congreso de la República, la ley 1917 que reglamenta el Sistema de Residencias Médicas, con la cual se logró la remuneración de 5000 médicos residentes y la regulación de las onerosas matrículas, esta fue una iniciativa de la sociedad civil representada en los gremios médicos. El logro de esta iniciativa, implicó la movilización nacional por parte de estudiantes, médicos, e intensos debates ante la opinión pública, dado que esta iniciativa debía abrirse paso entre los intereses de algunas universidades, que extraen sustancioso lucro de las exorbitantes matrículas que cobran, y las objeciones del Gobierno Nacional para reconocer los recursos que del sistema general de seguridad social debían destinarse  para la remuneración de estos médicos trabajadores.

Plan Nacional de Desarrollo

El más reciente suceso en torno a la salud, estuvo dado por el trámite y expedición del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Iván Duque, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2018-2022), una vez más el gobierno en su propuesta insiste en desconocer el marco constitucional de la ley estatutaria de la salud como derecho, adopta medidas para reeditar la emergencia social en salud del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Adoptan medidas que conducen a la inviabilidad de los 900 hospitales públicos del país, que responden por la atención en salud de 23 millones de colombianos que habitan en zonas rurales y dispersas del territorio nacional, fortalecen las EPS entregándoles más recursos a manera de incentivos, además de revertir el giro directo, medida que había permitido la garantía del flujo de recursos a las clínicas y hospitales ante las conocidas actuaciones fraudulentas de las EPS, reconocidas en los informes financieros desarrollados por la Superintendencia Nacional de Salud. A esto se suma, la incorporación de artículos que buscan obligar a 2,4 millones de colombianos a bajos recursos a pagar para acceder a la atención en salud, mientras al unísono en la ley de financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite, se facultaron enormes exenciones de impuestos a algunos sectores del empresariado, en demérito del recaudo de recursos para destinar al gasto público social.

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precarización laboral en el sector de la salud

Las anteriores razones, sumadas a la precarización laboral a la que han sido sometidos los trabajadores de la salud, que en un 80% trabajan bajo formas indignas e ilegales de contratación, sin que esto haya ameritado medida alguna por parte de los anteriores gobiernos y el actual, motivan a que diversas organizaciones del sector salud y gremios médicos apoyen las marchas que se desarrollan en la jornada del 21 de noviembre. El Gobierno del Presidente Duque, sumido en una profunda crisis de legitimidad, debería escuchar y acoger las distintas demandas sociales expresadas en el paro, que deben ser transformadas en reformas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, si persiste en la línea equivocada que ha adoptado su gobierno, se profundizará la crisis de legitimidad que perpetuará el desgobierno que en este momento asume. Ahora el debate público se trasladó a las calles.

Contenido Exclusivo

Salud y Competitividad en Colombia

Estamos derivando los recursos de trascendencia cultural a los factores básicos del desarrollo. Es claro que el matrimonio salud/competitividad no se ha consumado en nuestro país.

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Opinión

La Nueva Pirámide del Cuidado en Salud

La salud es una construcción multidimensional, un recurso autogestionable por individuos y comunidades para enfrentar la vida

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piramide de la salud

Luis Eduardo Pino Villarreal M.D. Msc. MBA. 

Desde el año 2004, quienes trabajamos en salud conocemos la pirámide del cuidado, diseñada por el grupo del Kaiser Permanente (una organización norteamericana enfocada en atención primaria con más de 9 millones de usuarios). 

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Esta pirámide divide a las personas con enfermedades crónicas en 3 niveles de cuidado en salud: 

1. En la base se encuentra el 70 a 80% de pacientes, quienes son tratados a través del autocuidado fomentando la educación y la experticia tanto de enfermos como de cuidadores con una baja dependencia de recursos sanitarios especializados (enfoque de “Paciente Experto”).

 2. En la mitad se encuentra el 25% de las personas, ellas son pacientes con necesidades más complejas de resolver en el ámbito del autocuidado y requieren atención específica para su enfermedad. En este grupo la participación de equipos multidisciplinarios integrados con la comunidad es fundamental (enfoque de manejo de enfermedad).

3. En la parte superior de la pirámide se encuentra el 5% de la población. Estos son pacientes crónicos complejos, con pluripatologías. Estos casos requieren un alto consumo mixto de servicios de salud (atención primaria, servicios sociales, servicios hospitalarios de alto nivel de complejidad etc.). El nivel de gasto de este grupo de pacientes es variable, pero se encuentra en el rango de 40 a 50% del gasto total de atenciones en salud, y es por tanto el grupo al cual los sistemas de salud tratan de manejar mediante enfoque de casos.

Centrándonos en este último grupo, los estudios demuestran que si bien los programas de enfoque de casos para ellos mejoran la experiencia de atención y los niveles de calidad en salud no se logran mejores desenlaces y menor gasto.

Recientemente, el grupo de Kaiser Permanente publicó en la revista Harvard Business Review una descripción de sus pacientes crónicos complejos (Pearl and Madvig, 2020). Esta “disección” del grupo nos permite entender, al menos parcialmente, por qué se obtienen resultados divergentes usando un abordaje de casos genérico.

Para ello se analizaron 4 millones de usuarios en el estado de California, encontrando que dentro del grupo de crónicos complejos existe una alta heterogeneidad que puede resumirse así:

Subgrupo 1: Aquellos pacientes pluripatológicos cuyas condiciones médicas pueden ser optimizadas y/o controladas mediante intervenciones múltiples (es decir el grupo originalmente descrito en la pirámide de Kaiser Permanente). 

Subgrupo 2: Aquellos pacientes que han sufrido un problema de salud único, pero de alta severidad con mínimas posibilidades de retornar a la línea de base. Ejemplos de estos casos son pacientes sobrevivientes de un trauma mayor, prematuros extremos o pacientes con neoplasias agudas de mal pronóstico.

Subgrupo 3: Aquellos pacientes pluripatológicos que han sobrepasado la línea del control de la enfermedad y que solamente consumen recursos sin retorno a la salud.

Estos subgrupos tienen una distribución casi equitativa dentro del 5% de la pirámide, pero los subgrupos 1 y 2 cambian año tras año en forma impredecible. Por ejemplo, los pacientes del subgrupo 1 pasan al 3 una vez se deterioran clínicamente en forma irreversible, y los del grupo 2 desaparecen de la pirámide al morir o un pequeño porcentaje al recuperarse. Estos son los “migrantes” entre categorías. (Ver Gráfico)

Esta nueva estratificación de los pacientes crónicos complejos permite pensar que los programas de manejo de casos solamente servirían en el subgrupo 1, en donde hay menor variabilidad. Pero entonces, ¿qué hacer con los subgrupos 2 y 3?

Kaiser Permanente diseñó para estos subgrupos un programa que denominaron Basado en Atención Primaria (Leveraged Primary-Care Model), en el cual utilizando recursos tecnológicos (incluyendo elementos de inteligencia artificial, internet de las cosas y machine learning), personal con nivel básico de entrenamiento (similares a promotores de salud) y un elemento de gestión farmacéutica muy efectivo lograron disminuir el consumo de servicios hospitalarios de estos pacientes en forma importante, específicamente tasas de hospitalización. Este modelo además debe tener un fuerte componente comunitario y de cuidados paliativos en casa ya que como se describió la posibilidad de lograr niveles adecuados de salud en estas personas es casi nulo. 

En nuestro país, debido a múltiples factores derivados de modelos fragmentados e ineficientes para la gestión del riesgo del paciente crónico complejo, es muy posible (no hay datos) que la mayoría de esta población se ubique en el subgrupo 2 (35% para el Kaiser Permanente). Esto nos debe llevar a replantear las actividades de enfoque de caso y enfoque de enfermedad que tradicionalmente se han ejecutado en estos pacientes por unas de siguiente nivel que integren las dimensiones sanitarias, sociales y comunitarias mediante herramientas de optimización de recursos.

Es importante también, con esta estratificación del paciente crónico complejo, un nuevo enfoque de indicadores para los subgrupos 2 y 3, que tendrán como principal objetivo el cuidado en salud enfocado a una mejor transición a lo inevitable y evitar así el uso de recursos que no tendrán un impacto real. En el subgrupo 1 por el contrario, deberán

intensificarse las actividades de cuidado que permitan retornar a dichos pacientes al mejor nivel lograble de salud. Estos indicadores deberían ser diseñados y medidos en forma conjunta con los prestadores, los pacientes y la comunidad. El ICHOM (Instituto para la Optimización de la Salud – Desenlaces reportados por el Paciente) es una iniciativa global muy interesante, que en un buen grupo de enfermedades tiene ya un listado de nuevos indicadores pragmáticos para el redireccionamiento de los programas en este grupo de pacientes.

La salud es una construcción multidimensional, un recurso autogestionable por individuos y comunidades para enfrentar la vida. Es por ello impensable que solamente el uso de recursos sanitarios pueda tener un impacto global. En salud pública como en todo, tenemos que pensar diferente y enfocar los recursos en forma inteligente, pragmática, coordinada y creativa para poder enfrentar los inmensos retos venideros. De otra forma la sostenibilidad será solo una ilusión.

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ACHO

LA LEY DE PRESUPUESTOS MÁXIMOS – VISIÓN DE UN MÉDICO

Lo que es costo-efectivo en salud es ofrecer buena atención que resulte en mejores desenlaces en términos de supervivencia libre de enfermedad, progresión y calidad de vida, y de eso, en esta norma no hay ni una palabra.

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Virginia Abello Polo

“Doctor, ese paciente no se puede transfundir, es de cápita”. “Doctor, a ese paciente con mieloma en recaída hay que darle salida sin tratamiento, es de cápita”. Estas frases que parecen mentira, en un país donde la salud está consagrada como un derecho fundamental, las escucharon dos colegas en el último año y no acatarlas les costó a los dos su puesto de trabajo.

¿Por qué las menciono hoy? Porque eso es lo que sucede cuando a algún actor del sistema se le entrega un monto de dinero fijo para administrar la salud, sin exigirle rendir cuentas en los términos que deberían interesarle más a todo el sistema: Resultados en Salud e Indicadores de Calidad en la Atención.

En plena época de novenas, sin muchos anuncios y con apenas dos semanas que incluyen Navidad y Año Nuevo para hacer comentarios, publicó el Ministerio de Salud el proyecto de resolución de Presupuesto Máximo Anual para los Regímenes Contributivo y Subsidiado, conocida como Ley de Topes.

Una norma motivada en la necesidad urgente de frenar de alguna forma el crecimiento desbordado del NO PBS (Plan Básico de Salud, antes NO POS), que cuesta alrededor de 3 billones de pesos al año.

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La acertada introducción del Mipres durante el Ministerio de Alejandro Gaviria, (herramienta que, a pesar de la reticencia inicial de los médicos, ha terminado demostrándole a quienes se opusieron a ella que estaban equivocados, al resultar un instrumento eficiente y amigable), ha destapado el hoyo negro de las tecnologías no financiadas con UPC.

Ahora sabemos en qué se gasta: en el aparentemente escandaloso rubro del NO PBS.

Así el Ministerio de Salud, de forma muy técnica y claramente con buenas intenciones, llegó a unas fórmulas muy complicadas para calcular a partir de los datos de los últimos tres años, cuánto le entregará a cada EPS para que gestione ella misma sus gastos por estos conceptos.

Suena muy lógico a primera vista; todos queremos que se ponga coto a los desbordados precios de algunos medicamentos, en especial los de nueva tecnología, que se gestionen las ineficiencias del sistema relacionados con la intermediación, y que se acabe con la pesadilla del recobro a ADRES y por lo tanto ahorremos dinero.

Tiene, sin embargo, un gran problema: toda la norma no hace ni una vez mención a resultados en salud o indicadores de calidad en atención en salud.

Al preguntarle a la viceministra sobre el tema responde, que eso hará después, en algún momento del 2020; como médico, no puedo evitar inquietarme, por decir lo menos, con esa respuesta.

Los muy serios y técnicos funcionarios del Ministerio parecen nunca haberse parado frente a un paciente en progresión de su leucemia crónica, porque la EPS no ha entregado por meses su medicamento; no han sufrido nunca el dolor de ver morir un paciente con leucemia aguda por falta de transfusiones que la IPS no autoriza porque se acabó el dinero de la cápita, o un paciente con Mieloma quedar parapléjico porque no le dieron el tratamiento que la ciencia ha demostrado hace más de 20 años evita esas complicaciones, por falta de autorización de la EPS.

Todo por medir la salud únicamente en términos de pérdidas y ganancias, ahorros y gastos. Por eso lo médicos temblamos cuando proponen entregarle a cualquier actor del sistema, una cantidad fija para atender a una población, sin exigirle resultados en salud; con el perverso incentivo, además, de que si le sobra un porcentaje de su presupuesto anual, puede quedarse con el 40% de lo que le sobró como lo dice esta norma.

Repite una y otra vez el proyecto, que por ningún motivo la norma podría vulnerar la calidad de la atención y que si el presupuesto se está gastando antes de terminar el año se podrán hacer ajustes; En el papel, lógico y tranquilizador; en la vida real de un médico colombiano que ha tratado pacientes oncológicos en la era Medimas, aterrador.

Es una realidad, de hecho, que en Colombia no hay quien vigile y haga que eso se cumpla. Las cifras de las Fundaciones de pacientes no mienten. A pesar de tutela, desacato y quejas a la Supersalud, los pacientes de algunas EPS no recibirán sus medicamentos si así lo determinan las finanzas de las mismas.

Según la Fundación Leucemia Linfoma, 35% de los pacientes con Mieloma tienen que acudir a tutelas para recibir su tratamiento, 30% de los pacientes con Leucemia Mieloide Crónica tienen barreras de acceso a sus medicamentos y 75% de los pacientes en el régimen subsidiado con Leucemia Linfocítica Crónica no reciben sus medicamentos a tiempo.

Eso en una era sin limitación de presupuesto máximo y a la vista de todo el sistema, sin que nadie parezca poder hacer algo.

Si no se exige medir los resultados en salud de la mano del ahorro, corremos el riesgo ya conocido de las cápitas; no habrá ninguna forma de proteger a los pacientes de que los ahorros destinados a hacerse en precio de medicamentos y servicios, se traslade a algo mucho más fácil: negar los servicios.

Por otra parte, ¿quien va a vigilar y proteger la autonomía médica, consagrada también en la ley estatutaria, al reconocer que sólo el médico tratante sabe que es lo mejor en términos de resultados para su paciente?

Las presiones vendrán más frecuentes y más fuertes.

La misma norma dice textualmente “se debe desincentivar el uso de NO PBS”; en ningún sitio se menciona siquiera, que eso se haga sin perjudicar la mejor atención al paciente según lo considere su médico tratante.

¿Cómo se va a hacer eso sin afectar la calidad de la atención en un país donde todos sabemos que el ritmo al que se ha actualizado el PBS, dista mucho del ritmo en que mejoran las tecnologías en salud con mejores resultados?

Un porcentaje muy importante de medicamentos considerados por la OMS como esenciales en Oncología siguen fuera del PBS, sin contar con los medicamentos de las guías internacionales de tratamiento para enfermedades hematológicas y oncológicas.

Esta resolución representa, desde mi visión como médico, una forma burda, aunque este llena de fórmulas complicadas, de contención de gastos.

Una política seria de optimización de recursos de la salud, incluiría diseñar y hacer cumplir rutas de atención integral por enfermedades, que garanticen prevención, detección temprana, tratamiento adecuado y seguimiento.

Lo que es costo-efectivo en salud es ofrecer buena atención que resulte en mejores desenlaces en términos de supervivencia libre de enfermedad, progresión y calidad de vida, y de eso, en esta norma no hay ni una palabra.

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Editorial – Me parece

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