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La Salud en el Paro del 21 de Noviembre

Análisis del sistema de salud y el Paro Nacional presentado en 21 de noviembre por los principales actores de Colombia.

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La Salud en el Paro del 21 de Noviembre

El paro desarrollado el pasado 21 de noviembre convocado por las centrales obreras, las organizaciones indígenas y campesinas, que presentó la adhesión por parte de la conferencia episcopal, los movimientos estudiantiles, diversas organizaciones del sector salud, entre ellas las agremiaciones médicas, fue convocado en el contexto del anuncio del Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de llevar a cabo una reforma pensional que conduzca a pensionar conforme al ahorro individual, lo que supone acabar con el régimen solidario de prima media de Colpensiones y favorecer los fondos privados. El otro tema que detonó la movilización fue la radicación por parte del Senador Álvaro Uribe Vélez, del proyecto de ley 212 de 2019, en el cual se establece un régimen laboral especial para los jóvenes para ser contratados con salarios inferiores al mínimo.

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Perspectiva del sector salud con el paro nacional

Desde la perspectiva del sector salud, en la última década se ha visto un aumento de la expresión de demandas sociales desde el escenario de la calle. La promulgación de la ley 100 de 1993, significó, entre otras, la restricción de la prestación del servicio de salud a lo considerado en un listado de tratamientos y tecnologías, que las Empresas Promotoras de Salud EPS definían de manera arbitraria, o mediante la captura de los organismos reguladores del Estado colombiano, que tenían que definir qué servicios financiaba el sistema de salud y cuáles no. En ese contexto, la tutela se constituyó en el mecanismo mediante el cual los colombianos accedían a servicios de salud y rompían las barreras de acceso que imponían las EPS, para quienes era rentable negar servicios para hacerse a la UPC unidad de pago por capitación, recursos públicos que gira el Estado a estas entidades para la atención de la población.

Y la acción de tutela…

Y por su parte, las tutelas en Colombia demandando atención en salud, superan las tres millones desde la expedición de la ley 100 de 1993. Debido a esto, la Corte Constitucional en el año 2008, decide seleccionar 120 de estas, establecer los elementos comunes de las mismas, concluyendo, que estas se presentabas por fallas en la estructura del sistema de salud, problemas de la regulación del Estado para dar cumplimiento a sus fines con la atención de la población, por lo que decidió promulgar la Sentencia T 760 de 2008, en la cual establece 16 órdenes referidas a situaciones individuales expresadas en la tutela y otras 16 órdenes dirigidas al ejecutivo, que buscan que este cumpla con las medidas establecidas por el ordenamiento legal que permitan la garantía del derecho a la salud. Este hecho, constituyó un hecho político, generado desde la Corte para movilizar el debate en torno a la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno frente al aumento del gasto en salud?

La respuesta a este hecho, desde el Gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, fue la emisión de los Decretos de emergencia Social en el año 2009 (4975), con el cual el Gobierno expresaba su preocupación por el aumento del gasto en salud, debido a la demanda social y a la acción de los jueces que garantizaban mediante la tutela el acceso a los servicios de salud. En este decreto se proponían volver al médico ordenador del gasto, para controlar y amedrentarlo en la prescripción, y establecer medidas para aumentar el gasto de bolsillo en salud de los ciudadanos. La expedición de este decreto generó una enorme movilización nacional de los gremios de profesionales de la salud, pacientes, y ciudadanos que pedían al Gobierno desistir del mismo. El Gobierno de Alvaro Uribe no escuchó esta demanda social y continuó adelante con la medida. En el año 2010 la Corte Constitucional tumbó este decreto, declarando su inexequibilidad en una vehemente defensa del derecho a la salud y de la función constitucional de los jueces de tutelar este derecho. Una vez más la Corte, cumplía con su deber de ser el bastión de defensa de los derechos humanos de los colombianos.

Este hecho condujo a la exhortación por parte de la Corte, al Congreso de la República, para que tramitara una ley estatutaria en salud. Esta iniciativa fue recogida por las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, que asociaba más de 90 organizaciones ciudadanas, gremiales y sindicales, que se propusieron adelantar un proyecto de ley estatutaria en salud que declara la salud como un derecho humano fundamental. En el año 2012 se presentó la radicación de esta propuesta en cabeza de 25 senadores, de 5 partidos políticos diversos. Este proyecto de ley no tuvo éxito en tanto fue hundido por las mayorías parlamentarias del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

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Crisis legitima de la salud

Posteriormente, en el año 2013 la Gran Junta Médica Nacional, conformada por los Presidentes de los Gremios Médicos de carácter nacional (Federación Médica Colombiana, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana Médica Estudiantil, Asociación Médica Sindical, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano), recogió los elementos centrales de la ANSA y presentó de nuevo el proyecto de ley con el respaldo del Presidente Juan Manuel Santos, quien tenía que sortear una crisis de legitimidad en la salud, porque en ese momento, era conocido para la opinión pública el desfalco que habían generado las EPS de Acemi en el sistema de salud, por recobros fraudulentos, debido a la cartelización de estas entidades.

Le ley estatutaria que declara la salud como derecho social fundamental, la dignidad de los trabajadores del sector, fue aprobada en el año 2015, no sin dificultades, por los enormes poderes que debió enfrentar el trámite para que este derecho se abriera paso en el marco constitucional y legal colombiano. En la actualidad esta ley se encuentra engavetada, poderosos intereses se oponen a que sea implementada.

Reforma Ordinaria de Salud

Mientras se avanzaba en ese trámite legislativo, el entonces Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, férreo opositor de la ley estatutaria, se empeñó en presentar una reforma ordinaria de salud, consignada en el proyecto de ley 210 de 2013, en el sentido de mantener el sistema con arreglos institucionales de carácter cosmético, manteniendo la intermediación financiera de las EPS. Este proyecto de ley no tuvo suerte en el Congreso de la República, porque el obcecado Ministro, tuvo que enfrentar las movilizaciones de las centrales sindicales ante el no reconocimiento de la formalización laboral en el proyecto de ley, la estocada final de la misma, se presentó, cuando introdujo la titulación de médicos especialistas por parte de las instituciones hospitalarias, propuesta que desató una enorme movilización nacional por parte de los estudiantes de la salud, trabajadores, pacientes, universidades, quienes solicitaban al Congreso de la República el hundimiento de esa reforma a la salud. Estas movilizaciones generaron la inviabilidad política del trámite de esta iniciativa en el Congreso, la cual se hundió sin alcanzar el segundo debate.

La movilización

Como se observa, el sector salud, desde la movilización ha tenido una actitud propositiva ante el régimen político para que este desarrolle políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales. En esa perspectiva, en el año 2018, fue tramitada y sancionada por el Congreso de la República, la ley 1917 que reglamenta el Sistema de Residencias Médicas, con la cual se logró la remuneración de 5000 médicos residentes y la regulación de las onerosas matrículas, esta fue una iniciativa de la sociedad civil representada en los gremios médicos. El logro de esta iniciativa, implicó la movilización nacional por parte de estudiantes, médicos, e intensos debates ante la opinión pública, dado que esta iniciativa debía abrirse paso entre los intereses de algunas universidades, que extraen sustancioso lucro de las exorbitantes matrículas que cobran, y las objeciones del Gobierno Nacional para reconocer los recursos que del sistema general de seguridad social debían destinarse  para la remuneración de estos médicos trabajadores.

Plan Nacional de Desarrollo

El más reciente suceso en torno a la salud, estuvo dado por el trámite y expedición del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Presidente Iván Duque, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2018-2022), una vez más el gobierno en su propuesta insiste en desconocer el marco constitucional de la ley estatutaria de la salud como derecho, adopta medidas para reeditar la emergencia social en salud del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Adoptan medidas que conducen a la inviabilidad de los 900 hospitales públicos del país, que responden por la atención en salud de 23 millones de colombianos que habitan en zonas rurales y dispersas del territorio nacional, fortalecen las EPS entregándoles más recursos a manera de incentivos, además de revertir el giro directo, medida que había permitido la garantía del flujo de recursos a las clínicas y hospitales ante las conocidas actuaciones fraudulentas de las EPS, reconocidas en los informes financieros desarrollados por la Superintendencia Nacional de Salud. A esto se suma, la incorporación de artículos que buscan obligar a 2,4 millones de colombianos a bajos recursos a pagar para acceder a la atención en salud, mientras al unísono en la ley de financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite, se facultaron enormes exenciones de impuestos a algunos sectores del empresariado, en demérito del recaudo de recursos para destinar al gasto público social.

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precarización laboral en el sector de la salud

Las anteriores razones, sumadas a la precarización laboral a la que han sido sometidos los trabajadores de la salud, que en un 80% trabajan bajo formas indignas e ilegales de contratación, sin que esto haya ameritado medida alguna por parte de los anteriores gobiernos y el actual, motivan a que diversas organizaciones del sector salud y gremios médicos apoyen las marchas que se desarrollan en la jornada del 21 de noviembre. El Gobierno del Presidente Duque, sumido en una profunda crisis de legitimidad, debería escuchar y acoger las distintas demandas sociales expresadas en el paro, que deben ser transformadas en reformas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, si persiste en la línea equivocada que ha adoptado su gobierno, se profundizará la crisis de legitimidad que perpetuará el desgobierno que en este momento asume. Ahora el debate público se trasladó a las calles.

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Recuperar el equilibrio en la nueva normalidad

En varios escenarios técnicos y académicos, hoy se discute intensamente sobre las condiciones de eso que los teóricos denominan la nueva normalidad.

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Recuperar el equilibrio en la nueva normalidad

Por: Juan Carlos Giraldo,  Director General de la ACHC

En varios escenarios técnicos y académicos, hoy se discute intensamente sobre las condiciones de eso que los teóricos denominan la nueva normalidad. Al respecto, desde el gremio venimos proponiendo que esa nueva normalidad efectivamente sea una nueva y mejor realidad y no sea simplemente otra versión de la vieja anormalidad, lo que es usual en el sistema de salud. En este editorial queremos resaltar algunos aspectos que son ilustrativos de la dirección que vamos tomando como país y como sector.

Los medios de comunicación y los funcionarios señalan que “el sector salud es el motor y facilitador de la nueva normalidad”. Sin embargo, llama la atención que ese nuevo estatus parece dominado por una sola enfermedad (COVID-19) y que la restante y abrumadora carga de enfermedad rutinaria va a desaparecer o se ha minimizado. Ese pensamiento va en contravía de una necesidad sentida que expresamos desde los hospitales: la reanudación o reapertura de servicios de salud. El mensaje que se da desde la ACHC al Gobierno nacional es que tiene que avanzar simultáneamente en la contención de la pandemia, pero debe procurar las políticas de reinicio seguro, gradual y sostenido para, de manera adecuada, enfrentar las oleadas de patologías urgentes, crónicas descompensadas y mentales que van llegando. Tenemos la capacidad, pero debe haber una directriz clara y un compromiso con la reapertura. No hacerlo implicará perpetuar un círculo vicioso de represa-congestión-cierres periódicos.

Relacionado con lo anterior está el asunto de la disponibilidad, muy evidente cuando de las UCI se habla, pero que aplica a todo el circuito asistencial y de prestación de servicios. En esta pandemia se estrenaron mecanismos para garantizar una ampliación de oferta y el mantenimiento de ella. Pues bien, esas nuevas formas tienen que ser sostenidas en el tiempo de modo que se garantice la efectiva existencia y funcionalidad de las facilidades dispuestas. La disponibilidad tiene que ser financiada y, por lo tanto, los anticipos deben ser fondeados por periodos nuevos para el 2021. Se tiene que cuidar al sector prestador en general, y eso pasa por ayudar al mantenimiento de su dotación, por combatir el desabastecimiento de medicamentos e insumos vitales y también por garantizar la existencia y el pago efectivo de los elementos de protección personal.

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A lo anterior se tiene que sumar que los prestadores individuales y el talento humano en salud deberían ser objeto de nuevas políticas de bienestar, de nuevos reconocimientos y también de nuevas o estables primas de servicio, financiadas desde el presupuesto de la emergencia. ¿Por qué tanto interés en la disponibilidad? Por una razón básica: la apertura general de la economía y la sociedad encuentra su soporte o su tranquilidad en la real existencia de una oferta sanitaria que pueda enfrentar los nuevos picos.

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Respecto a las reincorporaciones de más sectores a la nueva normalidad, debe reiterarse que el sector salud es clave para dar las pautas para esos avances. Permitir que los trabajadores vuelvan a sus empleos y que los estudiantes retornen a las aulas pasa por unos previos conceptos sanitarios. El más evidente es el de la detección de casos y contactos de esos casos con la aplicación de pruebas procesadas en importante porcentaje por nuestros laboratorios y nuestro talento humano. Luego está el trabajo de inteligencia epidemiológica que permite entender los focos, sectorizar las acciones y hacer seguimiento en la comunidad con verificación de entornos.

Todo eso para dar la tranquilidad a los trabajadores y estudiantes que van, pero que también vuelven a sus hogares. Ya se habló de la disponibilidad y lo que significa, pero vale la pena sugerir a los competentes (Administradores de Riesgos Laborales, Ministerios de Trabajo, Salud y Educación, entre otros) que los sectores que se van abriendo deberían brindarle a sus trabajadores o comunidades un nuevo examen de ingreso que contemple no solo lo obvio respecto a COVID-19, sino que también explore el estado general de salud, la presencia de patologías crónicas o trazadoras, y muy especialmente que se detenga y examine el estado de salud mental de todos. Tiene lógica la propuesta cuando muchas personas están efectuando duelos, o sufren estrés postraumático o están afectados por Burnout, por ansiedad o presentan síntomas de depresión. La salud mental debe ser prioridad en esa nueva normalidad.

De otra parte, vale la pena recordar que nuestro gremio viene hablando sobre la necesidad de cambiar los métodos asistenciales y por eso anticipamos la llegada y la validez de atenciones ambulatorias, domiciliarias y de la telemedicina, como complementos —que no sustitutos— de la tradicional asistencia presencial, institucional e intrahospitalaria. Pues bien, la pandemia aceleró esa transición y hoy se ve crecer el segmento de la telemedicina. Sin embargo, de manera precoz se va notando que es necesario delimitar esta manera de operar el sistema y entender cuáles son los alcances y las limitaciones. En los alcances se debe definir para qué sirve y para qué no es funcional.

De aquí se colige que no todo puede ser atendido en la virtualidad y un excederse en las atribuciones del método lo va a envilecer. De igual manera, en las limitaciones se deberían responder dos interrogantes básicos, a saber: i) ¿El paciente está satisfecho con esa modalidad de atención? Y, ii) ¿El profesional que atiende se siente cómodo con esa actuación? Estas modalidades llegaron y se quedarán, pero debemos asignarles el sitio que les corresponde. Algunos compradores de servicios, hoy alborozados, anuncian el milagro de la telemedicina y creen que es un simple ejercicio contable que cambia real por virtual y “abarata” el sistema. El gremio hospitalario cree que no es así, y desde ya alertamos e insistimos: todo debe tener equilibrio o luego vendrá la frustración y la represa de enfermedades mal tratadas.

Pero también queremos recordar que todos estos métodos y soluciones no aplican solo para lo
asistencial. La administración del sistema de salud debería verse beneficiada —como lo hemos
anunciado con lustros de anticipación— por la automatización, la inteligencia artificial, big data, blockchain, los contratos inteligentes. Si no somos capaces como sistema de disminuir o facilitar las transacciones en el sistema, continuaremos en la vieja anormalidad. Indudablemente, hacer más automático el sistema, hacer más inteligente la administración, debería ser un rédito que nos quede de esta época. Las auditorias innecesarias, los reprocesos, las glosas injustificadas, las practicas indebidas contractuales, deberían eliminarse con la implementación de las herramientas descritas.

Por último, hemos observado cómo el debate público a nivel global se va concentrando en el crucial asunto de la vacuna contra la COVID-19. Al respecto, un par de anotaciones. La primera: algunos de los que se refieren a este asunto dan a entender como si fuera la primera vez que se realizara esto en el país, pues hablan de un reto logístico aparentemente insuperable. Es más que justo recordar que desde hace décadas tenemos un Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) robusto, generoso y eficaz. La llegada de la vacuna contra COVID-19 debería ser entendida como la inclusión de un nuevo elemento dentro de ese PAI. Claro que habrá nuevos requerimientos, pero creemos que la experiencia de coordinación adquirida después de tantas jornadas nacionales de vacunación dará las respuestas necesarias en este momento.

La segunda anotación tiene que ver con los mensajes que deja la detallada discusión sobre las vacunas, sus tipologías, los mecanismos internacionales de cooperación, los cambios legales domésticos, las polémicas con los fabricantes, las reacciones en los países que ya se aplican, etc. De estas discusiones va quedando la sensación que la inmunización es la respuesta única y se va olvidando que esto es uno más de los componentes de lo que debe ser una gran estrategia.

La prevención, la higiene social, el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos, el diagnostico oportuno, la disponibilidad de facilidades hospitalarias, las UCI, la llegada de terapéutica especifica (antivirales nuevos) y la inmunización hacen parte de un continuum terapéutico y de intervención. Da mucho temor que este debate —omnipresente por estas fechas— haga olvidar que se requiere equilibrio entre todas las acciones. Los pilares de abordaje individual, asistencial y colectivo siguen en pie. Por lo tanto, se debe reforzar el mensaje, pero de forma completa, integral. Si bajamos la guardia y nos concentramos en la ilusión de una cura mágica, podremos perder todo lo logrado hasta ahora.

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Opinión

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA EN LA REGIÓN? ¿SE HA FORTALECIDO CON LA PANDEMIA?

El Dr. Jorge Rico presenta un artículo que detalla la participación de la nefrología colombiana en eventos internacionales y la visibilización regional

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Decidí escribir estas líneas, porque en días pasados revisé de manera minuciosa el informe que presentó el doctor Gustavo Aroca, nefrólogo, presidente saliente de nuestra Asociación Colombiana de Nefrología e hipertensión (ASOCOLNEF). Al final de esta lectura quede gratamente sorprendido, pero a la vez feliz y motivado por todos los logros y posicionamiento que ha tenido la nefrología colombiana no solamente a nivel local sino también internacional.

LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA EN EVENTOS INTERNACIONALES EN LA REGIÓN

La nefrología colombiana ha sido importante para Latinoamérica y considero que el aporte que ha tenido ha sido muy valioso, mucho más en los últimos años, pero también es válido que este puede y debe ser mayor.

Haciendo un recordéris de los eventos académicos más importantes en los últimos años, en abril del año 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, el XVI Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión 2012. En esa oportunidad estaba de presidente de la SLANH el doctor Ricardo Correa-Rotter, como presidente de ASOCOLNEF, el doctor Rafael Gómez y como miembros del comité científico, el doctor Walter Douthat (expresidente de la SLANH) y mi persona.

En abril del año 2018, Colombia también fue protagonista. Cartagena fue sede del XII Congreso Internacional de la ISHD (Sociedad Internacional de Hemodiálisis). Un evento exitoso y con una excelente asistencia. La doctora Adriana Robayo figuraba como presidenta de la ASOCOLNEF.

En el año 2019, participamos con la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial en el XVI
Congreso Latinoamericano y V Congreso Central y del Caribe de Hipertensión Arterial. También, se han hecho eventos académicos internacionales en apoyo y asocio con la SLANH, en diferentes áreas de la nefrología.

Nefrocaribe, institución caribeña, que reúne un buen número de nefrólogos principalmente de la Costa Atlántica de Colombia, también ha liderado simposios internacionales, (en total hasta el año 2020: 11 eventos) en donde siempre han contado con expositores y asistentes de América Latina y el Caribe.

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Este año 2020, en plena época de pandemia, Colombia se destacó por los muchos eventos virtuales que se desarrollaron, muchos de ellos de talla internacional y varios –un número considerable- con el aval de la SLANH.

Para resaltar, nuestro XXII Congreso Internacional Virtual y extendido de Nefrología y Trasplante, con la asistencia de más de 1000 participantes no solo de Colombia, sino de la región. Un evento altamente
exitoso, de excelente nivel académico, con el aval de ISN y de la SLANH, siendo considerado uno de los congresos más importantes de la región realizados este año y en esta modalidad virtual.

En fin. muy seguramente se me escaparán eventos pero la idea es dejar como conclusión el importante papel de la nefrología colombiana en el ámbito regional.

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CÓMO ESTÁ REPRESENTADA LA NEFROLOGÍA COLOMBIANA EN LATINOAMÉRICA

Por otro lado, vemos como nefrólogos colombianos hacen parte de manera muy activa en varios comités académicos de la SLANH. El doctor César Restrepo, actual presidente ASOCOLNEF, en el comité de nefrología intervencionista, el doctor Camilo González, en el comité de guías clínicas y la doctora Adriana Robayo, en el comité de salud renal, entre otros.

En la junta directiva de la SLANH, en los últimos años, los doctores Rafael Gómez y Jaime Torres, ambos expresidentes de ASOCOLNEF, ocuparon el cargo de vicepresidentes de la región 3. Actualmente, tengo el honor y privilegio de ser el consejero para la región 3 de la SLANH.

Recientemente por iniciativa del comité de nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología, se presentó el proyecto de la creación del comité de nefrodiabetes de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Este proyecto fue aprobado; es decir, este comité latinoamericano es una realidad. Tengo el privilegio de ser uno de sus coordinadores, en representación de Colombia, al lado del doctor Ricardo Correa-Rotter, nefrólogo mexicano, expresidente de la SLANH.

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME DE JUNTA DIRECTIVA DE ASOCOLNEF

Quiero hacer una mención especial a la recién saliente junta directiva de ASOCOLNEF, en cabeza del doctor Gustavo Aroca, nefrólogo, profesor, académico e investigador, quienes hicieron una gran labor, sobre todo en esta época de pandemia, en donde se logró consolidar a la nefrología colombiana como un referente en Latinoamérica.

Para resaltar varios aspectos: ASOCOLNEF es una de las sociedades científicas más importantes del país, con alrededor de 340 socios y con una importante presencia en la región. Se fortaleció la gestión académica con la consolidación de los comités en diferentes tópicos de la nefrología, con proyección internacional y creación de guías, consensos, recomendaciones y una muy buena productividad académica. Además de lo anterior, se creó el centro de gestión del conocimiento.

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Vale la pena, también exaltar, la revista de la Asociación Colombiana de Nefrología e HTA. Hoy en día nuestra revista, es una de las más importantes en la región. Cuenta con la participación de muchos colegas no solo de Latinoamérica sino de otros continentes.

La Asociación Colombiana de Nefrología, con el liderazgo del doctor Jorge Coronado, tiene grupo propio de investigación para Colciencias, con varias líneas en diferentes tópicos de la nefrología. Estamos participando en proyectos y trabajos de investigación, locales y multicéntricos, varios de estos, con otros grupos de otros países de América Latina y el Caribe.

CONCLUSIÓN

Por último, como suelo terminar estas columnas, he tratado de plasmar en estas líneas de manera resumida el papel de la nefrología colombiana en la región. Estoy seguro, y lo puedo afirmar con orgullo, que nuestra especialidad es importante y valiosa a nivel nacional e internacional, especialmente dentro de Latinoamérica y por eso recalco que debemos ser protagonistas del desarrollo y no cómplices del subdesarrollo. Debemos continuar este viaje, navegando por el mar del saber y seguir afianzándonos en América Latina.

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Opinión

EL AÑO 2020… UNA VORÁGINE DE SENTIMIENTOS PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Este es el artículo de la Dra. Adriana Torres Vega Médica General – Abogada, presentado a nombre de SOCOMEG sobre el talento humano en salud. Hace parte de la revista Formarsalud edición diciembre 2020

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Se conoce como vorágine a un remolino de gran intensidad que se produce en grandes masas de agua, provocando una gran confusión y caos. Así ha sido el 2020 para el mundo entero, principalmente para sus protagonistas: los trabajadores de la salud, quienes han tenido que cargar bajos sus hombros el peso de una pandemia que simplemente nadie vio venir, pero que ha afectado de múltiples formas a la humanidad.

Gracias a estos acontecimientos, se ha reconocido el papel fundamental que cumplen los profesionales de la salud en la sociedad, desenmascarando la condición precaria y olvidada en la que se tiene a este grupo poblacional; ha salido a la luz como las empresas prestadoras de la salud y sus instituciones prestadoras de salud, adscritas en gran medida, explotan al recurso humano, teniendo un alto porcentaje de condiciones no adecuadas de vinculación “laboral”.

Los contratos por prestación de servicios han permeado la vinculación del recurso humano, con lo cual las entidades se desentienden de las merecidas prestaciones laborales que acarrea su vinculación, como debería ser, por un contrato legal de trabajo. Es lamentable para la SOCOMEG recibir múltiples comunicados de sus asociados en calidad de médicos en servicio social obligatorio y médicos generales en ejercicio, quejarse insistentemente de este modo de contratación, la sobrecarga laboral, la escasez de insumos para prestar el servicio de una forma ética, profesional y oportuna como lo dicta la ley.

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El talento humano en salud necesita condiciones de trabajo equitativas

Los médicos generales se ven enfrentados a un medio laboral lascivo, que exige permanentemente de ellos, al parecer sin límites, y sin una contraprestación equitativa. Es ampliamente conocido como este año, en medio del contexto de esta pandemia, muchos profesionales no han contado con los elementos de protección personal adecuados y oportunos, teniendo en casos extremos que interponer tutelas a ARL e IPS para la consecución de los mismos. Muchos respaldándose en el hecho de vincular los profesionales por OPS, razón por la cual aseveraban no estar obligados a entregar estos importantes elementos para el ejercicio médico y de todos los profesionales de la salud.

Hemos tenido que despedir, con profunda tristeza, a muchos profesionales de la salud a todo nivel: enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas; duele ver cómo han partido prematuramente, dejando un gran vacío no solo en sus familias sino también en la sociedad que, aunque en muchos casos es indiferente, reconoce la gran pérdida que significa que fallezca un profesional de esta área.

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Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció en el caso de una tutela interpuesta por una auxiliar de enfermería, quien fue retirada de su puesto de trabajo en una empresa social del estado, y donde estaba vinculada en calidad de contratista. El documento exalta como los auxiliares de enfermería son el 70% de los trabajadores de la salud, cuya labor es invaluable y no puede ser suspendida injustificadamente ya que pone en riesgo la prestación del servicio de salud. Exalta, también, que su labor no puede ser contratada bajo esta figura toda vez que se precisa de cumplir la labor con un horario, bajo subordinación y percibiendo un salario, por lo cual se trata de un contrato de trabajo disfrazado, vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.

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Pues este no es solo el caso de estos valiosos profesionales. Lo es de la misma forma el caso de los terapeutas, jefes de enfermería, médicos generales y especialistas, a quienes se les vulneran sus derechos en todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado.

Nos queda una pregunta en mente… maravilloso concepto el de la Corte Constitucional, pero ¿por qué medio se va a obligar a las instituciones a vincular al talento humano en salud por medio de contrato de trabajo?, ¿cuándo se va a pronunciar el Ministerio de Salud al respecto?, ¿cuándo se va a legislar en el Congreso un proyecto de ley que proteja los derechos laborales del recurso humano de la salud? o todo esto continuarán como los sueños rotos de unos niños que solo quieren salvar vidas, a costa de la suya propia y la de sus familias.

Urge darle a cada quien lo que le corresponde, como un gesto inédito de justicia. Es un derecho más que merecido conceder a los profesionales una vinculación justa, sin contar con otras garantías en el ámbito académico y social, una verdadera deuda de la sociedad colombiana que permanece con aquellos que salvan vidas.

Proponemos que, como requisito de habilitación institucional, se incluya la vinculación por contratos de trabajo al talento humano en salud como única forma; para que esto sea una realidad, se requiere que a la resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, del Ministerio de Salud, se le adicione este requerimiento.

Mientras tanto, cada mañana y cada noche, miles de profesionales van a dejar en sus hogares a sus hijos, parejas y a sus padres, para ir a trabajar en la institución de salud que probablemente le debe su
sueldo, donde tienen una sobrecarga laboral, en muchos casos con elementos de protección personal inadecuados, con equipos de trabajo incompletos, ya que sus colegas están aislados o incapacitados a causa de la pandemia, con la zozobra de no saber si se es el próximo en enfermar o en el peor de los casos en fallecer.

Estas líneas buscan que cada actor vinculado a la proyección y desarrollo de políticas públicas de salud en nuestro país, involucrado en garantizar el goce del derecho fundamental a la vida, la salud, la dignidad humana, se concientice de fortalecer el talento humano en salud, que es la piedra angular del sistema, y que es quien puede traducir estos esfuerzos en una mejor prestación del servicio de salud.

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Editorial – Me parece

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Nefrólogo- miembro de la Academia de Medicina de Medellín
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José Elías Cabrejo Paredes (1)

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Médico Hemato-Oncólogo
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Medicina Interna - Oncología Clínica
Sergio Camilo Lizarazo Riaño

Sergio Camilo Lizarazo Riaño (1)

Periodista, especialista en comunicaciones estratégicas
Virginia Abello PoloVirginia Abello Polo

Virginia Abello Polo (5)

Médica Internista & Hematóloga
William Javier Vega VargasWilliam Javier Vega Vargas

William Javier Vega Vargas (2)

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

 

 

 

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