La Procuraduría General de Nación sancionó al exalcalde de Cartagena, William Dau y a José Fortich Rebollo, director Administrativo Distrital de Cartagena, con una inhabilidad de 9 años por presuntas irregularidades en la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19 durante el año 2020. De acuerdo con el Ministerio Público, Dau fue investigador por la ejecución del contrato S.A. BUS – DADIS-UAC-047-2021, el cual se celebró para la compra de pruebas rápidas en plena pandemia.
Según el fallo de la Procuraduría, el exalcalde de Cartagena, para ese momento al parecer “desconoció el principio responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir el Contrato 08 de 2020 para la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico y contención del COVID 19 con ventas, distribución y marketing LTDA, no obstante que la referida empresa al parecer no tenía la capacidad para ejecutar el objeto contractual”.
En su momento, el exalcalde recordó que Cartagena había sido la primera ciudad en adquirir estas pruebas de covid-19, cuando el gobierno del entonces presidente Duque ni siquiera había establecido lineamientos ni precios para esta compra.
En vista de lo anterior, se puede afirmar con un alto grado de probabilidad que Dau, en su calidad de alcalde de Cartagena en el momento de los hechos, “pudo haber incurrido en la falta disciplinaria señalada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 724 de 2002, vigente en ese periodo”.
Sanción al director del Departamento Administrativo Distrital de Cartagena
De igual manera, el Ministerio Público también declaró responsable disciplinalmente a José Fortich Rebollo, en su condición de director del Departamento Administrativo Distrital de Cartagena, por encontrarse probado y no desvirtuado el cargo imputado. Como consecuencia de esto, se impuso la sanción disciplinaria para la destitución e inhabilidad general en función pública durante el término de 9 años.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la contratación pública y la rendición de cuentas, especialmente durante situaciones críticas como la pandemia. En tales momentos, la gestión eficiente de los recursos y la idoneidad de los contratistas son cruciales para proteger la salud y los intereses de la sociedad.
Es importante mencionar que a esta nueva sancionó se suma una ya anunciada el pasado 16 de julio, cuando la Procuraduría General de la Nación decidiera suspender e inhabilitar por 4 meses al exmandatario debido a unos comentarios desobligantes que hizo en funcionar en contra de los directivos de la Universidad de Cartagena, además de una serio de procesos acumulados durante su gestión.
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