El Grupo de Acuerdos Fundamentales, conformado por 22 organizaciones representativas del sector salud, ha emitido un comunicado manifestando su descontento respecto al informe de acumulación de los proyectos de ley 312/2024 y 135/2024 de la Cámara. Con más de 300.000 afiliados respaldando sus propuestas, estas organizaciones consideran inaceptable que el informe presentado solo haya incluido los puntos de acuerdo y no las diferencias sustanciales que deberían ser consideradas por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Uno de los puntos clave de discordia entre las propuestas del gobierno y la bancada independiente es la composición y funciones del Consejo Nacional de Salud (CNS). Mientras que el Proyecto de Ley 312/2024 asigna al Ministerio de Salud y Protección Social la competencia exclusiva para fijar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el PL 135/2024 plantea que sea el CNS quien determine la metodología de cálculo de este valor. Además, se hace énfasis en la necesidad de dotar al CNS de una secretaría técnica independiente, lo cual, según las organizaciones, permitiría una mayor transparencia y efectividad en la gestión.
Gestoras de salud y la garantía de continuidad del servicio
Otro punto de divergencia es la gestión del riesgo en salud y el operativo. El Proyecto 312/2024 propone un modelo de adscripción que, según el Grupo de Acuerdos Fundamentales, desconoce los principios de libre elección y portabilidad nacional establecidos en la Ley Estatutaria de Salud. Por su parte, el Proyecto 135/2024 resalta la importancia de un modelo de afiliación individual que garantice la representación integral del paciente a lo largo de toda la vida y de la ruta de atención. Esto incluye la gestión del riesgo por parte de las gestoras, mientras que el riesgo financiero sería asumido por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como lo estipula el parágrafo del artículo 334 de la Constitución.
Sostenibilidad del sistema y recursos adicionales
La sostenibilidad económica del sistema de salud también ha sido motivo de crítica por parte del Grupo de Acuerdos Fundamentales. El PL 312/2024, así como el texto de la ponencia para primer debate, reconocen la necesidad de nuevos recursos, pero, según el Grupo, lo hacen de manera insuficiente. El PL 135/2024 presenta propuestas concretas para garantizar la suficiencia de recursos y asegurar una atención equitativa y oportuna, las cuales fueron omitidas en la ponencia. Para las organizaciones, estos elementos son esenciales para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Distribución de los recursos y atención integral
El PL 135/2024 también propone una distribución de recursos para el modelo de atención en salud teniendo en cuenta los cambios demográficos, el perfil epidemiológico y los avances tecnológicos. Las organizaciones consideran fundamental que la Comisión Séptima tenga en cuenta estas propuestas para enmarcar la atención en el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, garantizando así una atención adaptada a las necesidades actuales de la población.
Contratación de redes integradas de servicios de salud
La contratación de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS) también es motivo de divergencia significativa. La propuesta del Gobierno Nacional, aboga por la celebración de acuerdos centralizados entre los prestadores de servicios y la ADRES. Este proceso resulta inviable para el Grupo de Acuerdos Fundamentales, considerando la complejidad del sistema de salud en Colombia, donde existen cerca de 10.800 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y 80.000 prestadores en total, incluyendo profesionales independientes.
Por otro lado, el PL 135/2024 propone un modelo más descentralizado, donde las gestoras coordinen las RIISS y celebren acuerdos de voluntades que establezcan los servicios a proveer, las condiciones de calidad esperadas y la modalidad de pago. Además, se incluirían compromisos de resultados en salud y auditorías para garantizar el giro directo por parte de ADRES, evitando así los problemas de insolvencia y pagos tardíos que enfrentan muchas Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).
Condiciones laborales para los trabajadores de la salud
El régimen laboral especial para los trabajadores de la salud es otro tema relevante abordado por los proyectos de ley. La ponencia para primer debate del PL 312/2024 plantea otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear un régimen especial, sin concertación previa con el sector. El PL 135/2024, en cambio, propone un régimen laboral especial concertado, con condiciones laborales que garanticen estabilidad, seguridad y continuidad, así como la actualización integral del personal sanitario. Este aspecto también fue descartado de la ponencia, aduciendo la falta de una vía clara para su reglamentación posterior.
Rendición de cuentas y manejo de recursos públicos
La definición de incentivos y la rendición de cuentas también son puntos cruciales de discrepancia. El gobierno, a través del PL 312/2024, elimina los controles sobre el manejo de los recursos públicos concentrados en la ADRES. Por el contrario, el PL 135/2024 establece que la ADRES deberá rendir cuentas de su gestión ante el CNS, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y otros órganos de control. Para el Grupo de Acuerdos Fundamentales, esta rendición de cuentas es esencial para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y la eficiencia del sistema.
En su comunicado, el Grupo de Acuerdos Fundamentales reitera su compromiso con la construcción de un sistema de salud eficiente, justo y sostenible, que garantice el acceso integral para todos los ciudadanos y reconozca los derechos de todos los actores del sector. Las organizaciones hacen un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a todos los estamentos pertinentes a revisar con detenimiento los aspectos planteados y a considerar las propuestas no incluidas en la ponencia para el primer debate.
La discusión en torno a los proyectos de ley 312/2024 y 135/2024 resulta fundamental para el futuro del sistema de salud en Colombia. Las diferencias entre las propuestas del gobierno y las planteadas por la bancada independiente reflejan visiones contrapuestas sobre cómo debe ser la estructura del sistema de salud y cómo se deben gestionar los recursos, los riesgos y la representación de los pacientes. Los acuerdos fundamentales que el sector salud busca alcanzar no son meramente una cuestión técnica, sino una oportunidad para construir un sistema más equitativo y sostenible que esté al servicio de todos los colombianos.
