El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Nueva EPS poner al día la información financiera correspondiente a las vigencias 2023, 2024 y 2025, en una decisión que llega en medio de la intervención forzosa para administrar que enfrenta la entidad y de las advertencias sobre inconsistencias, falta de confiabilidad y debilidades en sus sistemas de información contable. La providencia fijó un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la firmeza del fallo, para que la EPS elabore, certifique, difunda y publique sus estados financieros de propósito general.
La decisión fue adoptada por la Sección Primera, Subsección C, al resolver una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, FEDe Colombia, contra Nueva EPS. La organización solicitó que la entidad cumpliera las obligaciones previstas en la Ley 222 de 1995 y en la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, normas que obligan a las sociedades y a las entidades vigiladas del sector salud a preparar y publicar su información financiera dentro de los plazos establecidos.
Para el Tribunal, Nueva EPS tenía un deber legal claro, vigente y exigible. La Sala consideró que la publicación de los estados financieros no podía quedar aplazada por procesos internos de revisión, saneamiento, conciliación o depuración contable, debido a que la obligación no se satisface con gestiones preparatorias, sino con la entrega efectiva de información financiera completa, certificada y disponible para el control institucional.
¿Qué deberá cumplir Nueva EPS?
La providencia dejó una ruta precisa para que Nueva EPS regularice la información pendiente. La entidad deberá elaborar los estados financieros de propósito general de las vigencias 2023, 2024 y 2025, certificar esa información conforme a la regulación aplicable, difundirla debidamente, publicarla en su página web oficial y cumplir con los requisitos definidos por la Circular Externa 016 de 2016 de la Supersalud.
Además, el Tribunal ordenó que la EPS aporte pruebas documentales que demuestren el cumplimiento de la orden dentro del mismo plazo de tres meses. Este punto resulta relevante porque la decisión no se limita a solicitar una actuación administrativa interna, sino que exige evidencia verificable de que la información fue efectivamente elaborada, certificada y publicada conforme a las reglas aplicables a las entidades vigiladas.
El fallo también precisó que no habrá condena en costas, al tratarse de una acción de cumplimiento de naturaleza pública y constitucional.
El Tribunal no aceptó que los procesos internos justificaran la demora
Durante el trámite judicial, Nueva EPS informó que adelantaba actividades de validación, conciliación, revisión documental y depuración contable. También indicó que los estados financieros de 2023 no habían sido aprobados por la Asamblea General de Accionistas y que la administración continuaba trabajando en el cierre financiero de las vigencias pendientes.
Sin embargo, el Tribunal desestimó esos argumentos porque consideró que las obligaciones contenidas en la Ley 222 de 1995 y en la Circular Externa 016 de 2016 imponen una obligación de resultado. En términos prácticos, para la Sala no era suficiente afirmar que existían procesos de saneamiento o validación si los estados financieros seguían sin publicarse.
La providencia recordó que las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud deben publicar sus estados financieros con corte al 31 de diciembre, junto con el dictamen del revisor fiscal cuando aplique, a más tardar el 30 de abril siguiente al cierre del año. En el caso de Nueva EPS, el Tribunal encontró que los términos de las vigencias revisadas ya estaban vencidos y que la entidad no había acreditado la publicación correspondiente.
Estados financieros pendientes y consecuencias para el sector salud
El desconocimiento público de los estados financieros de Nueva EPS ha tenido un impacto que supera el incumplimiento de una obligación societaria o regulatoria. En una EPS intervenida, con alta participación dentro del aseguramiento en salud, la ausencia de reportes completos limita la posibilidad de conocer con precisión el estado de sus cuentas, el alcance de sus obligaciones y su capacidad real de respuesta frente a prestadores, proveedores, usuarios y autoridades.
La consecuencia más inmediata ha sido la pérdida de trazabilidad financiera. Sin estados financieros disponibles, el sistema cuenta con menos elementos para dimensionar el estado económico de una entidad que administra recursos del aseguramiento y cuya operación tiene incidencia directa sobre la red de prestadores y proveedores. Esta falta de información también dificulta el seguimiento de la intervención, porque reduce la posibilidad de contrastar las medidas adoptadas con datos contables certificados y publicados.
En ese escenario, las consecuencias sectoriales pueden leerse en varios frentes:
- Menor claridad sobre la situación económica real de Nueva EPS y sobre el alcance de sus obligaciones financieras.
- Mayor dificultad para hacer seguimiento efectivo a una entidad que ya se encuentra bajo intervención de la Supersalud.
- Incertidumbre para prestadores y proveedores que requieren información confiable sobre compromisos, pagos y riesgos financieros.
- Debilitamiento de la transparencia en una EPS con peso significativo dentro del aseguramiento en salud.
- Dudas sobre la calidad de los insumos disponibles para decisiones sectoriales sensibles.
- Presión adicional sobre la confianza institucional en un momento de alta tensión financiera para el sistema.
El fallo recoge además una advertencia de la demanda con implicaciones más amplias: la ausencia de estados financieros podía incidir en la información disponible para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Según el planteamiento de la parte demandante, los estudios para fijar la UPC se habrían realizado sin la información correspondiente a una de las EPS con mayor número de afiliados del país, lo que podía afectar la representatividad de la base de datos, la estimación del costo del aseguramiento y la asignación de recursos.
Ese punto explica por qué la discusión no se agota en la publicación de unos documentos contables. La falta de información financiera completa puede afectar la calidad de los datos con los que se toman decisiones de alto impacto, especialmente cuando se trata de una entidad de gran tamaño dentro del sistema. También alimenta la incertidumbre entre actores que necesitan reportes confiables para evaluar riesgos, proyectar flujos de pago, entender obligaciones pendientes y seguir el comportamiento financiero de la EPS.
Una decisión que llega en medio de la intervención
Nueva EPS se encuentra bajo intervención forzosa para administrar, medida ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024 y prorrogada en marzo de 2025. En el fallo se señala que, dentro de ese proceso, la autoridad había advertido deficiencias relacionadas con inconsistencias, falta de confiabilidad, debilidades en los sistemas de información y problemas en la publicación de los estados financieros.
Por esa razón, la providencia adquiere relevancia en el contexto de la vigilancia del sistema. La publicación de los estados financieros no solo permitirá cumplir una obligación legal, sino que también puede aportar información necesaria para evaluar la situación de la EPS durante la intervención, hacer seguimiento a sus obligaciones y reducir la incertidumbre sobre su comportamiento financiero.
La decisión también envía un mensaje sobre la necesidad de que las entidades vigiladas mantengan información oportuna, completa y accesible. En un sistema atravesado por tensiones financieras, cartera creciente y debates sobre suficiencia de recursos, la ausencia de reportes financieros en una EPS de gran tamaño tiene efectos sobre la confianza de los actores y sobre la capacidad de las autoridades para tomar decisiones sustentadas en datos verificables.
Con este fallo, Nueva EPS queda obligada a publicar sus estados financieros de 2023, 2024 y 2025 dentro del plazo definido por el Tribunal y a demostrar que cumplió la orden. La medida se suma al debate sobre la transparencia de las EPS intervenidas y sobre la importancia de que la información financiera del sistema esté disponible para la vigilancia, el control y la toma de decisiones sectoriales.
